“Siempre habrá evidente contraste entre el servilismo y la dignidad”. José Ingenieros.
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Las clases dominantes de Colombia, el Estado y sus fuerzas militares aparte de exportar mercenarios y sicarios para matar presidentes de otros países, lo cual se acaba de rubricar en Haití, también exportan cinismo, como un nuevo renglón más de nuestras exportaciones no tradicionales, con la creencia de que eso va a mejorar la balanza comercial de la abyección y el entreguismo, en la que se disputan el primer lugar con otros cipayos de América Latina y el mundo.
Durante el régimen del subpresidente de Iván Duque hemos asistido a inverosímiles muestras de cinismo y mentira, de las que vale recordar algunas muestras representativas. En plena Asamblea de las Naciones Unidas de 2019, Duque sostuvo: «Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia», y luego entregó un dossier con dichas pruebas. Estas incluían informaciones falsas, fotografías que no correspondían al territorio venezolano, sino que habían sido tomadas en Colombia y para completar se había robado la propiedad intelectual a la France Pres, dueña de tres de esas fotos. A pesar de ser descubierto in fraganti, Duque nunca ofreció disculpas a la ONU y falsimedia mundial jamás condenó este cinismo mentiroso, un falso positivo diplomático ‒como lo denominó el gobierno de Venezuela‒, inflado con la finalidad de orquestar una invasión contra la patria de Bolívar.
Otra muestra de cinismo fue la supuesta ayuda humanitaria con el destino al pueblo venezolano en febrero de 2019, con concierto incluido, y con presencia de paramilitares y gusanería de Miami, en la que terminó recibiendo como héroe al autoproclamado Juan Guaidó, que atravesó la frontera, custodiado por el grupo paramilitar de Los Rastrojos, como se confirmó con registro fotográfico al poco tiempo. Cuando quisieron ingresar camiones a Venezuela estos ardieron y se culpó al gobierno de Nicolás Maduro, aunque The New York Times haya dicho después, con pruebas indiscutibles, que los vehículos fueron incendiados desde Colombia, por guarimberos, gusanos y paramilitares. Y, en esta ocasión, nuevamente Duque dijo que todo había sido hecho en regla.
Una tercera muestra de cinismo es la Operación Gedeón, que se planeó, organizó, financió y armó desde Colombia para invadir a Venezuela, lo cual se intentó hacer efectiva el primero de mayo de 2020. Pese a las incontrovertibles pruebas, suministradas por los mismos mercenarios que participaron en la conspiración de la participación del gobierno de Duque, este se lavó las manos y sostuvo que nunca había visto nada.
De la misma forma, debe recordarse que el régimen del subpresidente Iván Duque encabezó la denuncia contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad, con la autoridad moral que le otorga el terrorismo de Estado a la colombiana, con un saldo de miles de personas desparecidas, torturadas y masacradas en los últimos setenta años en nuestro país.
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En esta misma dirección tenemos el hecho más reciente, y objeto central de este artículo, la declaración de la cancillería colombiana, a cargo de la cual está la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, enemiga jurada de la protesta social y de la movilización popular. Esta burócrata ha pelechado de diversos gobiernos en los últimos 25 años para robustecer sus negocios privados, mantiene oscuros vínculos con mafiosos y narcos, tiene un pasado turbio como represora, ya que fue responsable directa, cuando se desempeñaba el cargo de ministra de Defensa (sic), de la Operación Orión (2002) en la que el Estado colombiano en alianza con bandas paramilitares asesinó y desapareció a centenares de jóvenes colombianos a los que enterró en La Escombrera. También es corresponsable de los asesinatos de Estado, conocidos con el eufemismo de “falsos positivos”, nombre que se le ha dado a los miles de colombianos pobres masacrados por el ejército, para obtener ascensos y aumentar las cifras exitosas de la guerra.
Esta “demócrata” es la misma funcionaria que desde su alto cargo en reiteradas ocasiones se ha opuesto a la protesta popular en Colombia y ha legitimado el terrorismo de Estado. Vale citar al respecto algunas de sus “civilistas” apreciaciones. Refiriéndose a la minga indígena ha dicho: «Me dicen que cuesta aproximadamente $1.000 millones diarios sostener minga que llegó a Cali. Quiénes están detrás de su financiación? Qué actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden y proteger a la mayoría ciudadana pacífica». Y ha agregado que “algunos que se han tomado la vocería indígena abusivamente para generar el caos en Cauca, hoy han hecho lo mismo en Cali. Ellos no representan a todos los pueblos indígenas sino los intereses políticos de quienes quieren el poder para hacer borrón y cuenta nueva”.
Al hacer referencia a los cacerolazos en la protesta de diciembre de 2019 sostuvo: “Jamás saldré a darle a la cacerola porque lo único que quiero es el progreso y no la destrucción de Colombia”. En Colombia los cacerolazos son destrucción, pero en Venezuela encarnan el progreso, porque los cacerolazos de las guarimbas si fueron apoyados por la actual canciller y vicepresidenta del régimen de Duque.
Para ella, el paro nacional es simplemente una expresión del “terrorismo [que] jamás podrá justificarse como expresión del disenso legitimo ni del derecho a protestar. Estos actos terroristas merecen una justicia eficaz e implacable y respaldo a nuestra institucionalidad”.
Pero la perla de las estupideces que ha dicho sobre el paro nacional en Colombia se relaciona con las armas que supuestamente portan los manifestantes cuando salen por las calles, plazas y barrios de este país: “Realmente vemos una gran cantidad de criminales. 40.000 armas ha tenido que incautar la fuerza pública. Estas son personas que salieron a una protesta, no de manera pacífica, sino salieron armados y con la intención de destruir”. Claro, entre las armas incautadas había cuchillos, cortaúñas y libros, estos son los más peligrosas si tenemos en cuenta el bagaje cultural de la ex reina de belleza Marta Lucia Ramírez.
En síntesis, para ella el paro, es «un proceso de destrucción sistemático, organizado, planeado y financiado para deteriorar las condiciones sociales políticas y económicas del país» y existe «una extraña coincidencia con el proceso electoral de Colombia (…) desafortunadamente hay gente que pretende llegar al poder destruyendo el sistema vigente que tenemos en Colombia».
En síntesis, Marta Lucía Ramírez tiene unas credencias de larga data comprometida con el terrorismo de Estado en Colombia y si existiera justicia en este país hace años estaría tras las rejas, pagando varias cadenas perpetuas por sus múltiples responsabilidades, por acción y omisión, en numerosas acciones criminales llevadas a cabo por ese Estado. En esas condiciones, si algún funcionario de alto nivel del gobierno de Duque está impedido para darle lecciones a algún país en materia de democracia y derechos humanos esa es Marta Lucia Ramírez, puesto que no tiene la más mínima autoridad moral al respecto.
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Sin embargo, hete aquí que el 14 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a cuya cabeza se encuentra la mencionada Marta Lucía Ramírez, emitió esta breve declaración sobre Cuba:
“El Gobierno de Colombia reafirma su pleno compromiso con la democracia y los derechos humanos. Según aparece registrado en diferentes medios de comunicación, las protestas que han tenido lugar en Cuba, con una excepción por la lamentable muerte de una persona, han sido pacíficas, sin vandalismo, ni destrucción de bienes públicos, por lo cual exhortamos a todos los actores a mantener esa actitud pacífica; y a las autoridades en Cuba a respetar ese derecho y a garantizar la libertad de expresión del pueblo.
Las manifestaciones pacíficas como forma de comunicación de descontento y de proposición ciudadana, están reconocidas en el derecho internacional como parte esencial de la democracia y constituyen mecanismo legítimo para reivindicar las demandas sociales y libertades individuales, fundamentales para todas las naciones del mundo.
La democracia es el camino para nuestras naciones”.
Esta breve declaración es una muestra elocuente de que el cinismo del régimen del subpresidente Iván Duque no parece tener límites. Para empezar, en este país, su Estado y clases dominantes están acostumbrados a ser unos lacayos incondicionales de los Estados Unidos, y por eso no saben que es la autodeterminación y la soberanía nacional y piensan que pueden intervenir en los asuntos internos de otro Estado, para complacer a sus amos de Washington. Los hechos demuestran que no tienen la menor idea de los principios de la diplomacia, máxime cuando es ese Estado el que viene diciendo hace años, sin prueba de ninguna índole, que Cuba está interfiriendo en nuestros asuntos internos e incluso ha insinuado que el paro nacional ha sido promovido desde el extranjero por Rusia, Venezuela, Cuba y hasta Argentina. Con este irrespeto arrogante al derecho del pueblo cubano, cuando en forma atrevida e indigna pretende darle catedra al gobierno de Cuba, simplemente el régimen duquista-uribista establece más bases para que cualquier gobierno extranjero intervenga en los asuntos de Colombia. Con razón Benito Juárez afirmaba que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, pero a un régimen traqueto como el colombiano lo que le importa es la guerra, la muerte, las masacres como lo acaban de experimentar los haitianos en carne propia.
Al margen de este elemento de fondo ‒no intervenir en los asuntos de otros estados‒, la breve nota de la Cancillería no tiene desperdicio, por el conjunto de sandeces que dice. Empieza con un chiste de quinta categoría, cuando dice que “el Gobierno de Colombia reafirma su pleno compromiso con la democracia y los derechos humanos”. Esta afirmación bien puede quedar inscrita en los anales de la infamia universal, tanto por la historia contemporánea del país, como por lo que viene aconteciendo desde el 28 de abril. Miremos algunas perlas que demuestran hasta dónde llega el respeto a la democracia y a los derechos humanos por parte del Estado colombiano, solo referidas a la actualidad: 80 colombianos, por lo menos, asesinados por fuerzas estatales y paraestales, cientos de desaparecidos, miles de detenidos, 25 mujeres violadas, decenas de personas que han perdido sus ojos por proyectiles del Esmad y la policía, jóvenes que han sido secuestrados por fuerzas represivas y cuyos cuerpos después han aparecido sin vida en ríos y caños de diversos lugares del país (en el Valle del Cauca, en Risaralda, en Bogotá….). Esta es una elocuente muestra de la autoridad moral que tiene el régimen de Iván Duque para hablar del respeto de los derechos humanos y pretender darle lecciones a cualquier país del mundo, y en este caso a Cuba. Ese es el prontuario de derechos humanos en Colombia, una verdadera vergüenza para el mundo entero, al que debe agregársele los crímenes de Estado (6402 de ellos cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Balas) y las numerosas masacres que se presentan a lo largo y ancho del país, con un registro en lo que va corrido de este año de 50 masacres, con un saldo de 190 muertos. Esas son las enseñanzas de que se precia el régimen colombiano en materia de protección y respeto a los derechos humanos. Lo de la democracia mejor ni hablar, con la cifra de 300 ex combatientes de las Farc asesinados desde que firmaron el acuerdo en el 2016. Esa es la democracia genocida, como la ha caracterizado el sacerdote Javier Giraldo.
Seguidamente, la nota diplomática se refiere al respeto que Colombia haría de la protesta pacífica y de la libertad de expresión, otro embuste que durante el paro nacional ha quedado hecho añicos, por los ataques aleves y a mansalva que la policía, el Esmad, el Goes y el Ejército han hecho contra personas que protestan pacíficamente, incluyendo ataques contra medios de comunicación alternativos, e incluso contra los oficiales. Con esta autoridad moral, la cancillería exhorta “a las autoridades en Cuba a respetar ese derecho y a garantizar la libertad de expresión del pueblo”. Por supuesto, una exhortación que se rubrica con el ejemplar comportamiento del Estado colombiano en los últimos dos meses, en que solo ha matado, repetimos, a unos 80 jóvenes colombianos.
Concluye la lacónica comunicación de la Cancillería destacando que “las manifestaciones pacíficas como forma de comunicación de descontento y de proposición ciudadana, están reconocidas en el derecho internacional como parte esencial de la democracia y constituyen mecanismo legítimo para reivindicar las demandas sociales y libertades individuales, fundamentales para todas las naciones del mundo”. Nuevamente, de tan sublime declaración emana una autoridad moral del Estado colombiano por su incuestionable respeto a la movilización social durante el paro, cuando quienes protestan pacíficamente, como quienes han realizado bloqueos, han sido levantados a sangre y fuego, y se les ha perseguido incluso en sus residencias, porque barrios enteros han sido sometidos a un estado de excepción, con la acción conjunta y coordinada de fueras represivas del Estado y grupos paramilitares, quienes les disparan impunemente a los manifestantes, con el aval y respaldo de las primeras.
Finalmente, concluye la declaración diciendo que “La democracia es el camino para nuestras naciones”, pero cuál democracia, la del genocidio perpetuo, la del terrorismo de Estado, la de las masacres y desapariciones, la del saboteo de procesos democráticos en otros países de la región, la del asesinato de presidentes extranjeros. ¡Qué bello ideal de democracia profesa Marta Lucia Ramírez, hasta el punto de convertirse en un nuevo canon para el derecho internacional!
En lugar de estar pensando en Cuba e intentar darle lecciones, el régimen de Iván Duque y su ministra de Aberraciones Exteriores debería ocuparse de explicar la participación del Estado colombiano en el asesinato del presidente de Haití, los nexos entre Iván Duque y el criminal venezolano, radicado en Miami, Antonio Intriago, dueño de la empresa de mercenarios CTU Security, la que contrató a los sicarios del Ejército colombiano que masacraron al presidente Jovenel Möise. Con ese criminal internacional, Antonio Intriago, Duque posa en varias fotografías como buenos amigos. Asimismo, un funcionario del alto gobierno, Rafael Guarín, el asesor en materia de Seguridad Nacional, debería aclarar que hacia un primo hermano suyo, que responde al nombre de Manuel Alberto Grosso Marín, en el comando de sicarios que mató al presidente de Haití. ¿Es acaso creíble su disculpa de que sí es su primo, pero que no lo conocía y nunca lo ha tratado, siendo que se mueven en el mismo ámbito de la contrainsurgencia? Es poco creíble que el Alto Consejero para la Seguridad no supiera que un primo suyo formaba parte de las Fuerzas Armadas y no lo conociera, ni supiera quién es. Estos dos elementos simplemente confirman que el gobierno de Iván Duque está implicado, como testaferro de los Estados Unidos, en un magnicidio. ¿A quién puede sorprender eso, si hay antecedentes de participación del Estado colombiano en varios atentados contra el presidente de Venezuela?
En conclusión, al régimen de Iván Duque no le conviene abrir tanto la boca, para pretender darle catedra de derechos humanos, de democracia y libertad al gobierno de Cuba, por la sencilla razón de que tiene un sangriento prontuario, más allá de nuestras fronteras, como se comprueba con lo acontecido en días recientes en el empobrecido Haití. Al respecto es bueno recordarle el viejo y sabio adagio: en boca cerrada no entran moscas.