Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Pamplona, Vitoria, Sevilla, Zaragoza y Toledo, entre otras ciudades, acogieron el 27 y 28 de julio concentraciones de solidaridad en calles y plazas con los presos políticos saharauis. Se convocaron una semana después que el Tribunal de Apelaciones de Rabat condenara a una veintena de los 24 activistas saharauis por su […]
Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Pamplona, Vitoria, Sevilla, Zaragoza y Toledo, entre otras ciudades, acogieron el 27 y 28 de julio concentraciones de solidaridad en calles y plazas con los presos políticos saharauis. Se convocaron una semana después que el Tribunal de Apelaciones de Rabat condenara a una veintena de los 24 activistas saharauis por su participación en el «Campamento de la Dignidad» de Gdeim Izik, desalojado de manera violenta por Marruecos en noviembre de 2010. El colectivo de periodistas Equipe Media, que informa de las violaciones de los derechos humanos en el Sahara ocupado, ha denunciado «irregularidades» y «falta de garantías» en el proceso, calificado como «castigo marroquí» a los activistas y presos políticos. Ocho de los activistas saharauis han sido condenados a cadena perpetua; otros tres a una pena de treinta años de prisión; cinco, a veinticinco años de cárcel; y tres, a una pena de veinte años. Otros dos condenados fueron puestos en libertad, dado que la pena impuesta supera el tiempo que han permanecido en prisión.
Emplazado a 15 kilómetros de El Aaiun (Sahara Occidental), en el campamento de Gdeim Izik llegaron a concentrarse en 2010 más de 20.000 saharauis para denunciar, de manera pacífica, la privación de derechos económicos y sociales a las que se ven sometidos por el Reino de Marruecos. Las reivindicaciones tienen ya un largo recorrido, pues se retrotraen a los orígenes de la ocupación y a la llamada «Marcha Verde» sobre la entonces colonia española, que se inició el seis de noviembre de 1975. En 1999 y 2005 los saharauis de la ciudad de El Aaiun ya vivieron importantes episodios de represión. Cinco años después, en el desalojo de Gdeim Izik, el Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA) denunció asesinatos, violaciones, desapariciones, detenciones, torturas, atropellos con los coches de las fuerzas de seguridad marroquíes, abortos, utilización de gases lacrimógenos, allanamiento y destrozo de hogares, castigos colectivos, desplazamientos colectivos y actitudes racistas.
Las organizaciones de derechos humanos niegan que la de Gdeim Izik fuera una represión improvisada. Así, un informe de Codesa (2010) atribuye los hechos a un plan «minuciosamente orquestado» por la cúpula de la inteligencia militar de Marruecos, para liquidar esta protesta «pacífica y sin precedentes» en El Aaiun. En la ejecución del plan participaron unidades del ejército marroquí, la gendarmería y fuerzas paramilitares, integradas por centenares de miembros de los servicios de seguridad; estos efectivos recibieron el apoyo de helicópteros y tanques, agrega el informe.
La nota informativa de Equipe Media calificaba el proceso contra los activistas de «juicio farsa», pues las acusaciones se apoyaban en «supuestas» declaraciones y confesiones obtenidas «bajo terribles torturas y otros tratos crueles e inhumanos» por parte de la policía marroquí. El colectivo de periodistas cita diferentes organizaciones que se han hecho eco de las denuncias, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro Robert F. Kennedy y Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura. La portavoz de Amnistía Internacional, Heba Morayef, explicó que durante el juicio la mayoría de los acusados declararon haber sufrido torturas para confesar o incriminar a terceros. «Si el tribunal hubiera querido darles un juicio justo, habría investigado estas denuncias o excluido las pruebas cuestionables», añadió Morayef. Asimismo señalaron «irregularidades» y falta de garantías procesales las abogadas especialistas en Derecho Internacional, Ouled y Metton, en un exhaustivo informe. «Se trata de un procedimiento nulo a todos los efectos», concluye el catedrático de Derecho Internacional, Juan Soroeta Liceras.
La ausencia de pesquisas judiciales se ha prolongado durante seis años; en un proceso que se ha eternizado y podría equipararse a un laberinto kafkiano, ya que en 2013 un tribunal militar marroquí estableció para los acusados «penas de igual severidad en un juicio manifiestamente injusto», recuerda Amnistía Internacional. En julio de 2016 el Tribunal de Casación de Marruecos, la más alta instancia en materia de apelaciones, anuló la condena y ordenó un nuevo procedimiento, en esta ocasión ante un tribunal civil (en 2015 una nueva legislación en Marruecos estableció el final de los juicios a civiles en tribunales militares). El juicio ante el Tribunal de Apelaciones de Rabat comenzó el 26 de diciembre de 2016.
La concentración organizada en Valencia por la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià reclamó la anulación de los juicios y recordó en las octavillas distribuidas una sentencia del Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu: «Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor». En entrevista mantenida a los pocos días del acto reivindicativo, el delegado del Frente Polisario en el País Valenciano desde 2014, Abderrahman Mohamed (El Aaiun, 1967), afirma respecto a los juicios: «Esperábamos que cambiaran las penas en relación con las dictadas por el tribunal militar; a los activistas se les ha acusado de violencia, sabotaje y haber matado a policías, pero sin aportar ninguna prueba». Sobre las reivindicaciones de los activistas en Gdeim Izik, afirma: «Los saharauis son ciudadanos de segunda en los territorios ocupados, están marginados; salvo ciertas personas de nombre saharaui, que desempeñan cargos en la administración y son muy fieles al sistema marroquí; porque se benefician de éste, pero son muy pocos».
«El exilio es muy duro, nadie se adapta sabiendo que han usurpado su tierra», afirma el delegado saharaui, que viaja a los territorios ocupados al menos dos veces al año. Se caracteriza como «autodidacta y al servicio de la causa». Mediados los años 80 del siglo pasado, estuvo en el frente, en el muro de separación con los combatientes saharauis; recuerda a dos compañeros que allí perdieron la vida (un periodista y un técnico de sonido), debido a un obús lanzado por la artillería marroquí. Siempre ha vivido en los campamentos de refugiados de Auserd. Destaca que buena parte de la población subsiste como puede y requiere la ayuda internacional, en un territorio -el saharaui- rico en fosfatos y minerales «que explotan los marroquíes».
Con motivo del Día de los Océanos, el pasado ocho de junio la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) condenó desde Quito el «sistemático e inmoral expolio marroquí de los recursos marinos» pertenecientes al pueblo saharaui. Recuerda la violación de «innumerables» resoluciones de Naciones Unidas, la Unión Africana y otros organismos regionales e internacionales por parte del reino alauita. Los bancos pesqueros del Sahara Occidental ocupado -añade la plataforma de organizaciones sociales- tienen como centro de acopio y procesamiento dos ciudades del litoral: El Aaiun y Dajlay. Allí se ubican numerosas empresas marroquíes, pero también del estado español, Portugal, Nueva Zelanda, Japón y Francia, que comercializan «ilegalmente» -según el documento- una extensa tipología de peces y cefalópodos en mercados como el europeo. Los réditos de industria pesquera engordan además la hacienda marroquí y generan empleo entre los trabajadores de la nación ocupante, mientras que el pueblo saharaui no recibe beneficio alguno, afirma el documento del PIDHDD.
Abderrahman Mohamed encuentra pocas diferencias en la política respecto al Sahara entre el difunto monarca Hasán II (máxima autoridad de Marruecos entre 1961 y 1999) y su hijo Mohamed VI. El rey padre fue «un dictador y hombre sanguinario, pero un dictador ‘ilustrado'», que dio algún paso para celebrar el referéndum de autodeterminación; «su hijo dio marcha atrás e hizo borrón y cuenta nueva», subraya el delegado saharaui. Critica, además, la manera en que Mohamed VI proyecta ante la opinión pública las inversiones de Marruecos en el Sahara, pues «es una manera de movilizar a sus ciudadanos y de enfrentar a estos con los saharauis». Por ejemplo en febrero de 2016, el periódico Marruecos Negocios informó de la presentación, en la ciudad de Dajla, del «Plan de Desarrollo del Río de Oro», en el sur del Sahara Occidental. El rey alauí anunció una inversión de 17.700 millones de dirhams (unos 1.600 millones de euros). La financiación de una tercera parte del plan correría a cargo del Estado de Marruecos.
Uno de los argumentos oficiales apunta a que, supuestamente, por cada dirham que Marruecos obtiene del Sahara, el reino alauí lo devuelve multiplicado en inversiones. «Pero ese dirham que extraen de nuestro territorio es de oro», rebate Abderrahman Mohamed. Se han producido ejemplos recientes, que atañen al estado español. El pasado 22 de mayo la Associació d’Amics del Poble Saharaui de Baleares denunció que la arena del desierto se había convertido en objeto de negocio. La asociación informó en un comunicado que un barco, construido por una naviera española, transportaba a Palma de Mallorca 35.000 toneladas de arena procedente del Sahara Occidental. «Es un saqueo interminable, día y noche», añade el portavoz del Frente Polisario.
Pero el Sahara no constituye una excepción. «El expolio y la violación de los derechos humanos está ocurriendo en todo el mundo», afirma Abderrahman Mohamed. «Las democracias occidentales alaban sistemas como el de Arabia Saudí y Marruecos, que al mismo tiempo alimentan guerras civiles; mientras, atacan a Venezuela, que cuenta con un parlamento elegido democráticamente y es opositor». Mantiene además una posición crítica respecto a la ONU y las funciones de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), establecida en 1991. No sólo han pasado 26 años sin que se efectúe la consulta, sino que son «testigos mudos de lo que está ocurriendo en el Sahara». Por ejemplo, el desmantelamiento de Gdeim Izik: «Se llevó a cabo con tiros e incendios, allí había ancianos y gente civil desarmada».
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