Se llama Ley de Seguridad Ciudadana, pero sus efectos en la ciudadanía, lejos de aportar seguridad, han sido mayormente represivos. De ahí que se conozca como Ley Mordaza. La norma fue aprobada el 1 de julio de 2015 por el gobierno del PP y, pese a la avalancha de críticas recibidas y las promesas de derogación desde la izquierda, el hecho es que la ley, la llamemos como la llamemos, sigue estando ahí. Con el PSOE y Sumar en el Gobierno. Este jueves, sin embargo, ha habido avances para su reforma, tras el encallamiento la pasada legislatura.
El grupo parlamentario de Bildu en el Congreso ha pactado con el Gobierno de coalición algunas modificaciones que giran en torno a dos asuntos principales. En primer lugar, el acuerdo incluye la retirada de las pelotas de goma usadas por los antidisturbios y su sustitución progresiva por material “menos lesivo” que no cause “lesiones irreparables”. Como la pérdida de un ojo. Y se pretende, además, incorporar la «objetividad» en cuanto a lo que se puede considerar como desobediencia a la Policía.
Esto último ha permitido a los agentes sancionar de una manera «muy subjetiva» a cientos de ciudadanos y ciudadanas que ejercían su derecho a la manifestación y ha limitado en muchas ocasiones la labor informativa de los profesionales del periodismo. «A partir de ahora esas sanciones deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la discrecionalidad o subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión«, ha explicado la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.
Como primer paso, las faltas por desobediencia pasarán de falta grave a falta leve. Y únicamente podrán sancionarse los «insultos o injurias» que no sean delito, pero sí expresiones relevantes. “Para entender cometida la infracción deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”, dice el texto.
Seis meses para intentar poner fin a las devoluciones en caliente
El segundo eje de la reforma se centra en las devoluciones en caliente de migrantes sin documentación nada más cruzar la frontera: en el plazo máximo de seis meses debe incluirse una nueva disposición adicional de la Ley de Extranjería para establecer como criterios “el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”.
Según el acuerdo alcanzado, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión.
En este caso, la modificación de la Ley de Extranjería tendrá que ser aprobada, para salir adelante, en el Congreso.
La portavoz de Bildu ha destacado en una rueda de prensa que el pacto «recoge todos los acuerdos y avances logrados» en la anterior legislatura entre PSOE, PNV y Unidas Podemos, pero que no contaron con el apoyo de Bildu y ERC por entender que eran insuficientes, por ejemplo en lo que tenía que ver con las pelotas de goma. PP, Vox, Ciudadanos, Junts y Grupo Mixto votaron en contra en aquella ocasión.