En Caquetá, Guaviare y Putumayo hubo un primer incremento de las cifras de personas expulsadas de sus territorios a partir de mediados de la década de los noventas y un segundo proceso a finales de la misma década. Luego siguió un momento de cifras significativamente altas que no se redujeron sino hasta 2015. En principio, […]
En Caquetá, Guaviare y Putumayo hubo un primer incremento de las cifras de personas expulsadas de sus territorios a partir de mediados de la década de los noventas y un segundo proceso a finales de la misma década. Luego siguió un momento de cifras significativamente altas que no se redujeron sino hasta 2015. En principio, esta tendencia puede ser entendida en el marco del «conflicto armado», sin embargo, el «ruido» que estos altos índices producen invisibiliza fenómenos subyacentes que pueden propiciar el desplazamiento forzado aún ante una eventual finalización del conflicto armado.
Así, abordaremos cuatro elementos que se deben tener en cuenta al pensar en los fenómenos de desplazamiento: el problema de las drogas, la tierra y la ganadería, los enfrentamientos bélicos y la minería.
El problema de las drogas, la tierra, los enfrentamientos bélicos y la minería
El narcotráfico ha sido visto como generador de violencia en estos territorios. Sin embargo, hacer un matiz sobre esta afirmación cambia la comprensión del fenómeno. En los territorios de Putumayo, Caquetá y Guaviare el conflicto no ha estado vinculado al cultivo de coca sino a la forma en que este ha sido combatido. Así, el problema de las drogas no es problema por el carácter alucinógeno de estas, sino por las afectaciones que ha tenido la lucha antinarcóticos en el occidente de la Amazonía colombiana.
La primera percepción al observar los datos de personas expulsadas y el de cultivos de coca es que estos no coinciden (ver gráfica siguiente). Durante los 90 hubo un aumento progresivo de los cultivos de coca que no correspondió con un aumento del desplazamiento forzado. Por su parte, la disminución de los cultivos en la primera década del siglo xx se acompañó con un alto desplazamiento. Esto se puede observar viendo la serie completa de datos con los que contamos para el caso del Putumayo.
La violencia intrínseca al desarrollo de una economía ilícita generó desplazamiento cuando se disputó el control del negocio. Esto es perceptible con la entrada del paramilitarismo de las Auc a finales de la década de los 90. En1997 los paramilitares ejecutaron la masacre de Mapiripán 5 y en 1998 la de Puerto Alvira, en el Guaviare. En 1999, Macaco, con dineros del Cartel del Norte del Valle, realizó las masacres de El Tigre y El Placer, dos importantes centros de comercialización de pasta base, con el objeto de controlar el negocio de la coca. (cnmh, 2016:195). Así mismo, en el sur del Caquetá la entrada del paramilitarismo en este mismo periodo generó las cifras más altas de desplazamiento en el departamento.
Por fuera de esta disputa entre actores ilegales, a la que como veremos se le sumará la ofensiva de la Fuerza Pública, la literatura sobre el tema ha mostrado cómo los cultivos de uso ilícito pueden tener otra cara para estos territorios. María Clemencia Ramírez ha sostenido sobre la coca «a diferencia de otras actividades económicas orientadas hacia la extracción y exportación que se han llevado a cabo en la región, como la extracción de quina, caucho y la minería, la inversión de parte de las ganancias de la coca mejoró considerablemente la calidad de vida de los colonos» (Ramírez, 2001:80).
La economía de la coca dio lugar a la consolidación o creación de poblaciones como Car tagena del Chairá,Valle del Guamuez (1985), Puer to Caicedo (1992), San Miguel (1994) y Puerto Guzmán (1994). En un contexto de crisis de colonización, y de declive de la economía petrolera (para el caso del Putumayo) la coca le dio a los campesinos una posibilidad de subsistencia (cnmh, 2016). Estefanía Ciro sostiene incluso que «el cocalero, en tanto campesino, es un actor que le apostó a quedarse en el campo. La decisión de cultivar coca está marcada por su renuencia a migrar a la ciudad» (Ciro, 2016) y puede leerse como un acto de resistencia y de defensa de la vida campesina. El cultivo de coca tiene entonces caras que van más allá de su carácter ilícito o violento.
Mientras el cultivo de coca está más relacionado con el poblamiento que con el vaciamiento de estos territorios, las cifras de personas expulsadas muestran que su aumento está asociado a la «guerra» contra las drogas y en particular, a la implementación de la aspersión aérea a mediados de la década de los 90.
De la anterior gráfica no se concluye que la aspersión aérea es la única variable a tener en cuenta para comprender los desplazamientos en la Amazonía occidental pero sí que hace parte de los procesos que subyacen al fenómeno del desplazamiento en la región. Si bien la aspersión ha sido denunciada por los campesinos como un motivo de desplazamiento (Codhes, 2004), al ser el cultivo de coca una actividad ilícita, habría que preguntarse qué tantas personas se atreven a declarar haber sido desplazadas por las políticas de aspersión y no aducen otros motivos relacionados con el conflicto armado.
Paralelo a la aspersión aérea, y como parte de la misma política frente al territorio amazónico, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se dió inicio a lo que se llamó el Plan Colombia. Detrás de ambas políticas está la misma filosofía que, amparada en el discurso de la «lucha contra las drogas» -que le siguió al anticomunista de la guerra fría-, ve a la población dela Amazonía como lo suficientemente «ilegal» como para ser tratada a través de la violencia y para que pierda su condición de ciudadanía.
A partir del Plan Colombia, iniciado en 2000, empezaron toda una serie de planes militares que tenían como objeto «recuperar» el territorio de las manos de la insurgencia y el narcotráfico.Así, con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se estableció la política de «Seguridad Democrática» que implementó el «Plan Patriota» (2004) y el «Plan Consolidación» (2008). En este contexto se establecieron centros de contraguerrilla y antinarcóticos en la Base Militar Larandia y de Tres Esquinas en el Caquetá. Además, se puso en funcionamiento la Fuerza de Despliegue Rápido (fudra), la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la Brigada Móvil Número 13 y los planes Espada de Honor I y II que crearon el Comando Conjunto Número 3, suroriente con cincuenta mil hombres y la Fuerza de Tarea Júpiter con doce mil hombres.
En 2009 y 2010 se establecieron Centros de Coordinación de Acción Intengral (ccai) en Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Puerto Asís, Orito, Valles del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguízamo.Es en el marco de esta ofensiva militar que se produjo el mayor número de víctimas en la historia de la región y el más alto desplazamiento forzado.
Entender las lógicas del desplazamiento en la Amazonía occidental a través de los órdenes territoriales que les sucedieron permite comprender los intereses y amenazas que se ciernen sobre los territorios. En este sentido, más que al tipo de acciones derivadas del conflicto armado que ocasionan desplazamiento(amenazas, restricciones, aspersión, capturas ilegales, campos minados, entre otras), nos interesa pensar en cómo el desplazamiento genera un nuevo modelo de ocupación. Aquí es importante considerar el tema de la tierra. ¿Hay abandono? ¿Hay despojo? ¿Qué pasa con las tierras en este contexto? Al respecto, nos referiremos a dos elementos: el problema de la propiedad de la tierra y el modelo minero.
Los territorios de la Amazonía occidental se han caracterizado, por un lado, por la alta informalidad en la tenencia de la tierra.Y por el otro, por ser un suelo ácido poco fértil para la agricultura. Por fuera de la ganadería (que es más fuerte en el Caquetá), las actividades que son rentables dentro de la lógica capitalista en esta región son las de enclave y extractivistas. Bajo este modelo, la rentabilidad depende de la rapidez y del aprovechamiento de ventajas geoestratégicas, no del control sobre la tierra (cnmh, 2016). Esto se ve para el caso del Putumayo en el tipo de solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (rtdaf). El 83 % de las solicitudes son por abandono forzado y solo el 7 % son por despojo. Para el Caquetá, el 69,4 % de las solicitudes son por abandono y el 28 % por despojo (cnmh, 2016a: 379).
Así pues, detrás del desplazamiento habría más un interés por apropiarse de circuitos de mercadeo y posiciones militares que por adueñarse de la tierra, caso contrario a lo que se observa en el norte del país, en donde el despojo tiende a formalizarse (cnmh, 2016). Como plantea Vásquez, en la Amazonía lo que importa no es el control sobre la tierra sino sobre la población (Vásquez, 2004). Ahora bien, según el estudio de tierras de la cnmh, la poca formalización del despojo en el sur del país también podría tener que ver con la falta de titulación en estos territorios (cnmh, 2016a: 379).
Por el control de territorios más que por la posesión de la tierra se entienden procesos de desplazamiento forzado paradigmáticos como los de la Unión Peneya y Peñas Coloradas en el Caquetá. En el 2004, en el marco de la ofensiva militar, el Ejército desplazó la totalidad de la población de estos dos poblados, puntos estratégicos de la lucha antisubversiva. Para el caso de Peñas Coloradas, lo convirtió en sede de la Brigada XII.
Esto se observa también para el caso del paramilitarismo. Como se mencionó anteriormente, el interés por controlar territorios importantes para el narcotráfico generó las masacres de Mapiripán (1997), Puerto Alvira (1998), El Tigre y el Placer (1999) (cnmh, 2016: 195). Así mismo, en el sur del Caquetá la incursión paramilitar generó las tasas más altas de desplazamiento en el departamento. Si bien en términos netos el mayor número de desplazados en el Caquetá proviene de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, al norte, viendo las cifras según tasas por cien mil habitantes la mayor expulsión entre 2000 y 2010 estuvo al sur en Curillo, Solita y Valparaíso, territorio con dominio paramilitar. (Codhes, 2010:36). Sin embargo, según Reyes, la generalidad fue que los paramilitares no hicieron traspaso de la propiedad «simplemente copaban territorios y utilizaban la tierra para sembrar coca, procesarla y sacarla del departamento» (Reyes, 2009:290).
El control territorial y de población no se dio únicamente a través de la presión para que la gente se fuera, también a través del confinamiento. Para el sur del Caquetá es conocido el caso de Puerto Torres, en Belén de los Andakies, poblado usado como base paramilitar y centro de torturas y de donde no se permitió salir a sus habitantes (cnmh, 2014).
Si bien hay relación entre el conflicto armado y los casos de despojo y abandono de tierras, al cruzar las cifras del Cinep de homicidios y eventos de conflicto armado con los registros de abandono, se ve que estas no necesariamente coinciden. Los niveles más altos de homicidio y conflicto armado tuvieron sus niveles más altos entre 1999 y 2002, mientras los de abandono se concentran en 2007 y 2008 (cnmh, 2016a: 376).
Ahora bien, las Farc fueron propiciadoras del desplazamiento forzado en la región. Sin embargo, al igual que los otros actores, detrás del desplazamiento hubo más un interés por hacer control de población, de circuitos del narcotráfico y de posiciones estratégicas, que de usufructuar la tierra. Así,entre las denuncias por desplazamiento contra esta antigua organización insurgente está la expulsión de población acusada de colaborar con el Ejército, por haber prestado servicio militar obligatorio o por presión de reclutamiento forzado. Estos casos de desplazamiento forzado no suelen tener detrás un interés de formalización de las tierras abandonadas, de ahí que la Unidad de Restitución de Tierras en Putumayo se haya enfocado principalmente en la formalización de predios abandonados (cnmh, 2016:232).
En este contexto, las Farc tuvieron capacidad de comprar predios, particularmente en el Yarí (Reyes, 2009: 285). Aquí cabe considerar las estructuras de poder local en la que participaron las Farc en ciertos territorios. Los manuales de convivencia, construidos en el marco de una compleja relación entre las comunidades y la insurgencia, incluyeron regulaciones respecto a la propiedad y uso de la tierra. Permisos para realizar negocios, exigencias sobre productividad,obligación de sembrar huertas o resolución de problemas de linderos pudieron entrar dentro de la órbita de decisión de las Farc. Si una persona quería comprar tierras en estos territorios debía llevar carta de recomendación de la Junta de Acción Comunal de donde provenía. El control de la población en un territorio de retaguardia era un asunto de estrategia militar.
La ofensiva militar de la fuerza pública generó altas cifras de desplazamiento en territorios de retaguardia guerrillera. Las políticas de aspersión y la incursión del Ejército hacen que 2004 sea recordado como un año de desplazamiento masivo en territorios como los de Cartagena del Chairá en Caquetá. Según campesinos de la región, el decir era que quienes abandonaban la tierra era porque «no la necesitaban» y en aras de evitar el vaciamiento del territorio la juntas se encargaban de redistribuir parte de estos predios. Por ejemplo, a «raspachines» que habitaban la región pero que por su trabajo no tenían tierras en posesión. Sin embargo, según los mismos campesinos, para evitar conflictos futuros se buscaba contactar a quienes abandonaban las tierras para llegar a un acuerdo monetario por ellas.
Particularmente en el Caquetá, la relación de la antigua Farc con la tierra en las zonas de retaguardia se dio en el marco de una productiva economía ganadera. Según el Inventario Bovino de Fedegán, SanVicente del Caguán es el municipio colombiano con mayor número de cabezas de ganado. Ahora, si bien faltan estudios al respecto, esta economía ganadera contrasta con la del norte del país en la medida en que sigue siendo preponderantemente campesina.
Sin embargo, un nuevo fenómeno ha empezado en territorios del Bajo Caguán. La crisis de la economía de la coca generada por la ofensiva del Estado colombiano, el acuerdo de paz de La Habana y el cierre de la frontera agraria en el piedemonte caqueteño han hecho que inversionistas ganaderos de Florencia y de San Vicente del Caguán hayan empezado a comprar tierras en el Bajo Caguán. Esta situación no solo ha intensificado la amenaza de deforestación en el territorio, sino que ha generado el desplazamiento del as familias campesinas pues mientras una finca coquera daba empleo hasta a veinte o treinta personas, la ganadería solo necesita a dos o tres.
Ahora bien, a la economía ganadera se le suma un tercer elemento: las empresas mineras. Este asunto cobra relevancia por cuanto no es un actor coyuntural, sino que encierra detrás el interés por cambiar el modelo de ocupación en la Amazonía colombiana.
Para el caso del Caquetá, la ofensiva militar de la Fuerza Pública a partir del 2002 buscando «recuperar» la región del Caguán coincidió con la entrada de las petroleras al territorio. En 2006, en uno de los momentos más intensos del conflicto armado, Emerald Energy empezó a hacer operaciones de sísmica en San Vicente del Caguán y en 2009 inició la explotación de crudo pesado (Ciro, Barbosa, Ciro, 2016: 417). En 2010, Alange Energy, que sería comprada por Pacific Rubiales, empezó operaciones en San José del Fragua. Por suparte,en 2014 Emerald entró aValparaíso y en 2016 inició exploración en El Paujil y Doncello. La entrada del modelo petrolero al Caquetá se da después de la mayor confrontación armada por el territorio, con las cifras más altas de desplazamiento forzado de los últimos treinta años y en el marco de los diálogos de paz de La Habana que iniciaron en 2012 y que supusieron una pacificación de la región.
Al igual que la ganadería en el Bajo Caguán, la incursión minera se da paralela a la persecución al cultivo de coca. La relación entre la aspersión de cultivos de coca y la incursión petrolera es hecha por los campesinos afectados. La incursión del modelo petrolero ha despertado en el Caquetá una amplia resistencia dentro de la ciudadanía que se ha manifestado a través de marchas y bloqueos pacíficos. Sin embargo, ha sido contrarrestada a través de la protección militar de los intereses de las petroleras y el uso indiscriminado del Esmad.
Igual proceso se vivió en Putumayo. La explotación petrolera en Putumayo es de vieja data, pero tras su declive en 1980 volvió a reactivarse entre 2005 y 2006, coincidiendo con la nueva ofensiva militar y la caída de la economía de la coca (cnmh, 2016). Según Culma, a diferencia de otras actividades económicas de enclave y extractivistas, el petróleo sí se interesa por el control sobre la tierra (cnmh, 2016:22).Tras la reactivación de la industria petrolera, las empresas petroleras aumentaron ostensiblemente su participación en el mercado formal de tierras en Putumayo (cnmh, 2016:278). Esto no solo contrasta con la informalidad generalizada de la tenencia de tierra por parte de los campesinos en Putumayo sino que también valoriza la tierra a tal punto que la hace de difícil acceso para colonos, indígenas y afrodescendientes.
Al igual que para el caso del Caquetá, la incursión petrolera ha significado una presencia estatal enfocada principalmente en defender militarmente los intereses de las empresas, en contravía con el bienestar de los pobladores.
Paralelo a la intensificación del conflicto armado, en el sur del Meta y norte del Guaviare se han adjudicado desde 2008 amplias porciones de tierras para el cultivo de palma de aceite y también se ha iniciado exploración petrolera. (Codhes, 2010:52).
A diferencia de la violencia de mediados de siglo, cuando el desplazamiento se hacía hacia la selva, en la actualidad gran parte de los campesinos desplazados se dirigen a los centros poblados de sus regiones. Según Codhes (2010) en Florencia, Caquetá y San José del Guaviare por lo menos la tercera parte de su población es víctima de desplazamiento.