El actual jefe del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Castro, perteneció a la Central Nacional de Inteligencia, (CNI) en los negros años de la dictadura pinochetista. Así como Castro, cientos de otros militares actualmente en servicio fueron funcionarios de la dictadura, en los organismos responsables de las más brutales violaciones a los derechos humanos contra […]
El actual jefe del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Castro, perteneció a la Central Nacional de Inteligencia, (CNI) en los negros años de la dictadura pinochetista. Así como Castro, cientos de otros militares actualmente en servicio fueron funcionarios de la dictadura, en los organismos responsables de las más brutales violaciones a los derechos humanos contra los trabajadores, el pueblo pobre, las organizaciones políticas y sociales, como la CNI o la DINA.
Concertación, derecha y reconciliación nacional
Durante estos días ha salido a la luz pública la pertenencia de Guillermo Castro y otros altos oficiales del ejército como Alejandro Maggi, a la CNI. Este último aparece en una lista de agentes que fueron parte de la investigación en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982 y Castro aparece relacionado (aunque no judicialmente inculpado) en el asesinato de 22 campesinos en Paine en 1973. Estos casos no son aislados. Se calcula que un 20% de los militares activos estuvieron implicados en violaciones a los derechos humanos.
¿Qué explica esta situación? Básicamente las políticas de la transición pactada de la Concertación y la derecha, las que a la salida de la dictadura mantuvieron la impunidad de los represores, avalando la existencia de la Ley de Amnistía de la dictadura, mediante la política de reconciliación nacional, buscando limpiar la imagen del ejército y su rol como una de las instituciones fundamentales del orden de la democracia para ricos. Esto posibilitó que gran parte de los milicos genocidas quedaran libres e incluso que gran parte de ellos nunca fueran juzgados. La política de la mesa de diálogo de Lagos contribuyó a crear este clima de unidad nacional, como también la política de judicialización en las que los tribunales (los mismos que en dictadura mantuvieron un silencio cómplice) se encargaron de encarcelar a algunos militares emblemáticos, permitiendo que Pinochet y otros tantos militares terminaran sus días libres y sin castigo.
El gobierno de Piñera ha anunciando que mantendrá en servicio a todos los militares que no estén implicados en violaciones a derechos humanos, siguiendo la política de la Concertación. Mientras Cardemil pide la amnistía y libertad a los militares encarcelados. El gobierno ha señalado también una serie de reformas, entre ellas, discutir sobre la ley de financiamiento del 10% del cobre para los militares. Sin embargo, estas reformas cosméticas encubren una fuerte política de represión contra los luchadores obreros y populares, como vimos en el caso de la huelga de hambre mapuche, con la reforma y la profundización de la ley antiterrorista o las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado recientemente en Magallanes. Los sectores más «duros» de la derecha, como el diputado Ulloa de la UDI, ha salido claramente a defender a estos militares, diciendo que la CNI no era más que «una repartición más, de manera que cualquier funcionario del Ejército que haya pasado por la CNI, por el sólo hecho de haber estado ahí, no es esa una condición que le impida acceder a una nueva destinación o algún ascenso» (La Tercera, 2 de Febrero de 2011). Iván Moreira, vicepresidente UDI, señaló que «hay sectores que quieren linchar a cualquier persona que hay tenido vínculos con el Gobierno militar» y que se trata de «una persecución política» (Noticias 123, 2 de febrero de 2011).
Hizpeter ha señalado, con razón, que fue durante los gobiernos de la Concertación que el general Castro y otros militares fueron ascendiendo. Francisco Vidal, ex vocero del gobierno de Bachelet, confirmó lo dicho por Hizpeter, señalando que para la Concertación se permitía la permanencia de casos como el de castro, «mientras no tuvieran problemas judiciales» (Terra, 4 de Febrero de 2011). Otros sectores de la Concertación como el PPD o PS intentaron desmarcarse de los dichos de Vidal, sin embargo los hechos hablan más que mil palabras: lo cierto es que fue la Concertación la que permitió la impunidad de muchos violadores a los derechos humanos, permitiendo no sólo su ascenso sino también manteniendo las leyes de la impunidad de la dictadura. El propio diputado DC Gabriel Ascenso planteó que «¿Por qué le reprochan a Vidal una situación que todo el mundo conocía perfectamente?». (Terra, 4 de Febrero de 2011). Esta misma Concertación con la que el Partido Comunista viene pactando hace tiempo.
Dictadura, democracia para ricos y represión
La salida de la dictadura generó enormes expectativas en amplios sectores de los trabajadores y el pueblo. Entre ellas la de juicio y castigo a todos los militares implicados en violaciones a los derechos humanos. La Concertación y la derecha se encargaron de impedir que las FFAA fueran cuestionadas, intentando salvaguardarlas como una de las instituciones claves de la transición y la democracia para ricos. Esto permitió lavar la cara a los militares, carabineros, la policía, las que se transformaron, según las encuestas, en alguna de las instituciones más legitimadas. ¿Cuál es el objetivo de esta política? Claramente, que sean una de las instituciones de defensa del orden de la democracia para ricos, reprimiendo cada una de las luchas de los trabajadores, el pueblo pobre, los mapuche, los estudiantes. Durante los años de la Concertación y la derecha vimos decenas de asesinatos, torturas, cárcel y persecución a todos aquellos que se atrevieron a cuestionar la democracia para ricos. Hasta el día de hoy, las comunidades mapuche son constantemente allanadas y viven en un verdadero estado de sitio. Poblaciones como la Legua son también permanentemente reprimidas, sus pobladores perseguidos y torturados, como el caso del poblador Juan Berríos, al que carabineros preguntaba si quería ser un nuevo «detenido desaparecido».
Algunos sectores de la Concertación como el PPD Antonio Leal o Enrique Acorsi, ¡si, los mismos que durante veinte años permitieron la impunidad de los violadores a los derechos humanos! han anunciado la presentación de un proyecto de ley para impedir que militares miembros de organismos de represión en dictadura, sean excluidos de las FFAA. El Partido Comunista y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, envió una carta al Ministro de Defensa, Andrés Allamand, exigiendo la destitución de Castro. Una vez más, el PC deposita su confianza en la justicia para ricos. Según Hugo Gutiérrez «uno puede concluir que el poder judicial es el poder del Estado que no se puede incriminar en cuanto a su quehacer, a los que se puede incriminar es al poder ejecutivo y al legislativo que, hasta el día de hoy, mantiene una ley espúrea como es la de amnistía que se mantiene vigente» ( Lunes, 312 de enero de 2011)http://www.pcchile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2592&Itemid=99)
Estos no son los únicos casos por los que los militares han estado cuestionados: también por los casos de corrupción, como la compra millonaria y secreta del puente mecano o la casa del general Le Dantec.
Porque los genocidas de ayer son los represores de hoy: cárcel y castigo
Desde el PTR-CcC decimos no a las políticas de impunidad y reconciliación nacional de la derecha y la Concertación. Exigimos juicio y castigo a todos los milicos genocidas, responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¡Basta de impunidad!
Mientras el Partido Comunista nos llama a confiar en esta justicia patronal, haciendo pactos con la Concertación, los mismos que permitieron la libertad de los militares genocidas, nosotros creemos que es necesario confiar sólo en nuestras propias fuerzas. ¡Hay que poner de pie un gran movimiento nacional de lucha, encabezado por las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos y federaciones estudiantiles, las organizaciones de izquierda, obreras y populares, que luche por la cárcel y el castigo a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos! No es confiando en la justicia patronal como conseguiremos esta lucha, sino en nuestra movilización independiente.
Ni olvido, ni perdón. Cárcel para todos los milicos genocidas