Que las personas estén preocupadas por gastar lo poco que tienen en el pago de servicios públicos, significa el grado de chantaje y criminalidad de un modelo económico que privatizó derechos esenciales para la vida y naturalizó esta infamia en la mentalidad de la población.
El problema aquí no radica en si hay o no recursos para congelar el pago de servicios públicos, el problema radica en que, sí o sí, toca hacerlo para garantizar la vida de la población que debe priorizar lo poco que le queda, después de quedarse sin trabajo, para comprar alimentos.
Debido a la calamidad social y económica, la gente dejará de pagar servicios públicos, no tendrá cómo hacerlo luego de ser exprimidas en esta última facturación, y por tanto el Estado tendrá que intervenir las empresas prestadoras dentro de poco. Lo hará inyectando capital, al igual que lo ha hecho con los bancos, para garantizar su negocio y desangre de la población.
Por ello, durante el tiempo que dure la pandemia, desde ya debe plantearse la necesidad de la intervenir las empresas prestadoras de servicios públicos, pero con el enfoque social, no mercantilista, que le permita garantizar estos servicios fundamentales a la población, a la vez que destine los recursos y desarrolle formas de trabajo solidario que permitan minimizar costos para congelar el pago de servicios.
En la ciudad de Palmira (Valle del Cauca) esta exigencia ya circula. A través de un comunicado, bajo el título “Cobrar servicios públicos es un acto contra la vida y la dignidad”, la comunidad palmirana además plantea que existe el riesgo latente de alteraciones del orden público que se generaría por la frustración de no poder alimentar sus familias.
“Esta medida de atención evitaría la inconformidad ciudadana y la alteración del orden público, pues no hay efecto más frustrante que el sentimiento de engaño a una población que estará siendo obligada a pagar servicios públicos cuando se quedará sin comida”, reza el comunicado (ver documento).
Pero mientras la comunidad exige la única solución posible para mitigar la crisis, de manera momentánea, el Concejo de este municipio adelanta gestión para mantener el negocio de los servicios públicos, buscando solo rebajas en el pago, dejando a la población endeudada en presente y futuro y sin ingresos para abastecerse de comida.
Según comunicado oficial, el Concejo le solicitará al Alcalde: “Que el municipio de Palmira gestione ante la Comisión de regulación de servicios públicos para rebajar la tarifa del servicio de Agua, Energía y Aseo en la ciudad” (ver comunicado).
Quizá haya buena intención en la postura del Concejo, creyendo que lo hacen porque de verdad no han dimensionado lo que significa enfrentarnos a una Pandemia que puede borrar, y lo está haciendo en otros países, a todo un sector poblacional del municipio, de Colombia, del planeta.
Alcaldes, Gobernadores, Concejos municipales, Asambleas Departamentales, Congreso de la República, si hubo un momento en la vida donde se requirió decisiones radicales para salvaguardar la vida, es éste. Por favor, ¡qué falta para entender que nos enfrentamos a una pandemia!
Ha echar lápiz, proyecciones, estadísticas para presentar y exigir soluciones de emergencia al Gobierno Nacional para congelar el pago de servicios públicos como primera medida.
Por mi parte no pagaré recibos, hacerlo implicaría dejar de comer en casa. Y tampoco tengo forma de pagar los que se vienen. Esta es la realidad de la gente del común en estos momentos.