El tema de la coca cobra vigencia de nuevo en el Colombia de Duque, aunque la verdad es que nunca dejó de ser importante para el Estado. Las bofetadas de Trump a Duque por no hacer lo suficiente para detener el flujo de cocaína hacía los EE.UU. y las propias visiones de Duque y su […]
El tema de la coca cobra vigencia de nuevo en el Colombia de Duque, aunque la verdad es que nunca dejó de ser importante para el Estado. Las bofetadas de Trump a Duque por no hacer lo suficiente para detener el flujo de cocaína hacía los EE.UU. y las propias visiones de Duque y su amo Uribe, una vez más, ponen sobre la mesa el uso de glifosato para erradicar el cultivo. Es algo que algunos pensaban era del pasado, pero ya es de nuestro presente, diga lo que diga el punto 4 del Acuerdo de La Habana.
No es para menos, al parecer el país ha experimentado un aumento en la extensión de cultivos ilícitos. Según el informe sombra presentada por la Coalición Acciones por el Cambio a la 62ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) en marzo de 2019, entre 1994 y 2015 Colombia fumigó 1.9 millones de hectáreas, y aun así, siguen habiendo cultivos ilícitos en el país. La fumigación forzosa fracasó, a pesar de todo el dinero que costó y a pesar de que se le advirtió tanto al gobierno de los EE.UU. y al gobierno colombiano que sus esfuerzos de erradicación estaban mandados a recoger y no iban a funcionar.
La respuesta a dicha dinámica socio-económica es la misma de siempre. El gobierno exige erradicación, las ONG ofrecen mediar la sustitución de cultivos y de paso piden, humildemente que el gobierno cumpla con lo pactado en el punto 4 del Acuerdo de La Habana firmado con las FARC. Pero hay que señalar algo que han olvidado, aunque era el refrán más común cuando implementaron el Plan Colombia: la sustitución de cultivos ha fracasado y siempre fracasará sin cambios estructurales. Los campesinos no son pobres por equivocarse a la hora de sembrar algo, sino es el resultado directo de políticas estatales. Los nuevos intentos de sustitución también fracasarán.
Una de las primeras cosas que las ONG han señalado, y con toda razón, es que el presupuesto del Estado para la sustitución no alcanza ni para sus mediocres y poco imaginativos metas. Frente a lo presupuestado, Indepaz señala que para el año 2018:
«En la rendición de cuentas de Eduardo Díaz, Director de Sustitución de cultivos de uso ilícito hasta el 7 de agosto de 2018, presentó cifras sobre erradicación en los pactos y habló de un saldo de novecientos mil millones de pesos ($900.000.000.000) autorizados por el Ministerio de Hacienda, disponibles para cumplir este año con las familias vinculadas. Hasta la fecha esos millones se han quedado guardados.
Si en realidad se quieren cumplir los contratos firmados, en el presupuesto de 2019 tienen que incluir por lo menos 2,5 billones para el Plan de Atención Inmediata(PAI) de las 79.497 familias vinculadas y otras partidas para cubrir los compromisos comunitarios y con grupos vulnerables.»
El incumplimiento presupuestal con todo lo que tiene que ver con desarrollo rural, salud, educación etc., es común en el país. No se entiende por que algunos creían que iba a ser distinto esta vez. Como parte de su compromiso con las comunidades y el cumplimiento del Acuerdo de La Habana el gobierno ha puesto en marcha un programa de acuerdos de sustitución como son los Planes de Atención Inmediata (PAI), componente del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Sin embargo, esos nuevos planes ya experimentan los problemas de siempre.
«‘Es muy curioso que en Nariño, Putumayo y Catatumbo, las tres zonas con más coca del país, haya tan poco andamiaje institucional y focalización de recursos para el programa de sustitución. Las comunidades se quejan de un papel ineficiente de la Unodc y de operadores de la Asistencia Técnica, de sobrecostos en insumos para seguridad alimentaria, de exclusiones de familias sin justificación, pero sobre todo de demoras’.
De hecho, un informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que por lo menos 13.351 familias han sido suspendidas del programa en 49 municipios en los que opera el PNIS y siete municipios concentran el 62 % de los casos: Tumaco, en Nariño (3.735 suspensiones); Tarazá, en Antioquia (1.043); Orito (1.138), Puerto Asís (986), Puerto Guzmán (879) y San Miguel (539), en Putumayo, y Cartagena del Chairá, en Caquetá (721 suspensiones).»
En un principio los PAI deben ir más allá de simplemente cambiar la coca por un cultivo como el caucho o cacao y supuestamente incluye la cuestión de la infraestructura. La realidad es distinta. Hasta la fecha el gobierno ha celebrado 54 acuerdos, para PAI, 44 de ellos en los dos departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo. Los acuerdos no son iguales en cada zona del país.
En el acuerdo firmado en Tibú, en enero 2017, se limita a acordar los montos estándares de dinero para las familias. Nada más. En parte, eso es lo que las FARC esperaba de los acuerdos, que su base social, o la que las FARC creían era su base social tuviese un subsidio de dinero en efectivo como parte de un programa de sustitución. De esta manera, podían decir en las campañas electorales que esa plata es gracias a ellos y esperar que las comunidades la vieran como una especie de soborno y compra de voto, al viejo estilo de los partidos tradicionales. No les funcionó tan bien como ellos pensaban pero esa era la idea.
En Briceño, Antioquia, uno de las zonas emblemáticas, el acuerdo, firmado en marzo 2017, es algo más elaborado, pero banal. Menciona, sin entrar en mucho detalle, varios compromisos respecto a la infraestructura, la tercera edad etc. Pero en últimas instancias, el acuerdo es uno de plata, de unas subvenciones. También incluye explícitamente las circunstancias en que el gobierno puede proceder a erradicar forzosamente la coca, es decir, es sustitución voluntaria, de la misma forma que en un robo armado uno voluntariamente entrega la plata, pues las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves.
El acuerdo de Cumaribo, Vichada, repite algunas de las banalidades pero incluye un compromiso con las comunidades de entregarles algunos documentos públicos, como el Plan de Ordenamiento Territorial, los planes de desarrollo, etc., es decir, la información pública a la cual todo ciudadano tiene derecho pero con frecuencia su entrega es negada por las autoridades. Por lo menos con base en esa información las organizaciones pueden ver que es lo que el Estado pretende hacer en su región. Pero cambiar la coca por caucho o cacao es simplemente cambiar un agroexportable por otro, sin mejorar la situación real del campesino y en esos programas, hay que montar un nuevo circuito económico para el cultivo que incluye a todos, desde las mujeres que preparan la comida en las fincas cocaleros, hasta los que transportan y venden los insumos químicos que se emplean. Los PAI sí incluyen a los raspachines, una novedad para los programas estatales, pero siguen siendo insuficientes.
Las Vías
Aunque el Estado habla de desarrollo y los planes supuestamente incluyen la cuestión de la pésima infraestructura en las regiones cocaleras, poco o nada se hace. Si miramos el caso del departamento del Norte de Santander vemos una situación desastrosa en cuanto al estado de las vías. Tiene una red vial compuesta por 736 kilómetros de vías primarias, bajo la responsabilidad del gobierno nacional, 1.383 kilómetros de vías secundarías, a cargo de la gobernación del departamento, y 6.494 terciarias cuyo mantenimiento generalmente corresponde a los municipios (74%). En total existen, 8.613 Km. De forma sorprendente 16% de las vías primarias del departamento no están pavimentadas. Solo 29% de las vías secundarias están pavimentadas, 69% afirmadas, y el restante sin pavimentar. En el caso de las vías terciarias, 74% están sin pavimentar, y esas son las vías que más usan los campesinos para sacar sus productos, para llegar a los hospitales o para que sus hijos lleguen a la escuela. En su vida cotidiana, son las vías más importantes. Pero esas vías no deben depender de un acuerdo de sustitución de coca, pues las comunidades tienen derecho a vías en buen estado, independientemente de si hay coca o no. Las vías son educación, son el derecho a la salud, son los derechos que tienen todos los colombianos pero son negados sistemáticamente por las autoridades quienes con frecuencias roban el dinero destinado a la mejora o construcción de vías pavimentadas.
Libre Comercio
Ausente del Acuerdo de la Habana y las discusiones actuales alrededor del problema de los cultivos ilícitos es el tema del libre comercio. El Acuerdo acepta explícitamente el modelo económico actual, el agronegocio, producción de escala, el libre comercio y las FARC apuestan por jugar dentro de esa realidad, pidiendo en algunos casos, medidas de mitigación de los impactos de la mal llamada globalización y no medidas en contra de dicho fenómeno. No es nada sorprendente, pues es un acuerdo con un gobierno abiertamente neoliberal. El problema no es que lo piense el gobierno, sino que las ONG y muchas comunidades han aceptado los marcos conceptuales del Estado frente al fenómeno. Cuando Clinton impuso el Plan Colombia, surgieron un sin fin de artículos, análisis de expertos en la materia, explicando como los cambios en la economía provocados por los cambios en las políticas estatales crearon una crisis en el campo colombiano que empujó el campesinado hacia la coca. Hemos olvidado que en los 80 Colombia no era autosuficiente en hoja de coca, se importaba de otros lados. La situación en que nos encontramos es el resultado de políticas muy específicas, basta con leer la documentación de las ONG, las FARC, los grupos de izquierda y el mundo académico de los años 90 para saber cuales son esas políticas, algo que casi todos ellos no quieren revisar, ni siquiera los documentos de su propia autoría.
La legalización de las drogas tampoco resuelve el problema del campo, pues resuelve varios temas como la calidad del producto consumido, la cuestión carcelaria, tanto en los países productores y consumidores y por supuesto cambia la relación de poder de las mafias ilegales y su control sobre la cadena de producción. Pero para nada resuelve el asunto de la pobreza del campo y la legalización, aunque sea una buena idea, impactará el precio que el campesino recibe, pues una parte del valor agregado tiene que ver con la clandestinidad del negocio.
Los PAI y demás programas por haber, son paños tibios, no pueden solucionar los problemas de los campesinos cocaleros ni pondrán fin a la producción de cocaína. Parte del problema reside en el consumo, por supuesto, pero en cuanto a la producción, si no hay cambios estructurales de fondo, hay y habrá coca para buen rato. Pretender solucionar el problema de la coca con acuerdos puntuales en zonas específicas que no solo no tocan el modelo actual de producción agrícola sino lo apoyan abiertamente es repetir los fracasos del pasado. Como dijo el arquitecto del Plan Colombia, Bill Clinton, «¡es la economía, bobo!». Claro Clinton nunca aplicó su refrán al tema de las drogas ilegales, las ONG y el Estado colombiano tampoco lo hacen hoy en día.
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