El colectivo denuncia que trabaja «en un gueto, de forma precaria y manual, como hace cuarenta años»
«No queremos su dinero, queremos trabajar». Este ha sido uno de los gritos que han entonado este martes los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola en Lucha frente al Congreso de los Diputados. La plataforma exige el cumplimiento de las sentencias judiciales dictadas a su favor y que el gobierno de Pedro Sánchez deroge la reforma laboral «que ha permitido esta situación», denuncian.
Juan Carlos Asenjo, presidente del comité de empresa de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada, asegura que en la actualidad el colectivo trabaja «en un gueto, con un trabajo precario y manual como hace cuarenta años». Por ello, reclama que el Congreso obligue a la multinacional a cumplir con los términos dictaminados por la justicia que ahora mismo no se están llevando a cabo.
«Es una responsabilidad política y judicial, y por ello estamos aquí», clama Asenjo, que avisa que si en septiembre Coca-Cola no pone una solución al conflicto «por la vía del diálogo» llevarán el caso a Estrasburgo. Para ello, esperan contar con el apoyo de los partidos de la izquierda, incluido un PSOE que, asegura el líder sindical, «en 2014 estuvo con nosotros, pero después desapareció». Juan Carlos Asenjo tiene, además, otro frente abierto con la multinacional de refrescos después de que la empresa embotelladora, Coca-Cola Iberian Partners (ahora integrada dentro Coca-Cola European Partners) acusara al sindicalista de delitos de usurpación y coacción por las acciones llevadas a cabo durante casi dos años por los trabajadores a las puertas de las fábricas, cuando permanecieron acampados como forma de protesta. La embotelladora pide para él dos años y nueve meses de cárcel, aunque el sindicalista afronta la querella «con entereza»: «Les traslado un mensaje a mis compañeros y compañeras para que ellos también aguanten», añade Asenjo, que viste una camiseta en la que se podía leer una frase del histórico sindicalista de Comisiones Obreras Marcelino Camacho: «Ni nos domaron, ni nos doblaron ni nos van a domesticar».
Esta lucha de los espartanos y espartanas se remonta a enero de 2014, cuando la multinacional puso en marcha un ERE que afectaba a 821 personas, además del cierre de las embotelladoras en las que trabajaban. Tras varias disputas legales, el expediente de regulación de empleo fue declarado nulo por la Audiencia Nacional, y fue ratificado en 2017 por el Tribunal Supremo, que obligaba a Coca-Cola a readmitir a los empleados y a reabrir la fábrica de Fuenlabrada, la más importante del país.
Apoyos políticos
Hacia las 14.30 de la tarde, al finalizar el Pleno en el Congreso, donde había comparecido Pedro Sánchez, algunos cargos políticos se han acercado a la concentración para mostrar su solidaridad. Entre ellos se encontraban los senadores de Izquierda Unida Iñaki Bernal y Vanessa Angustia, y los diputados de Unidos Podemos Alberto Rodríguez, Ana Marcello y Rafael Mayoral. Este último, altavoz en mano, les aseguró el apoyo de su grupo «hasta que Coca-Cola asuma que no está por encima de la ley». También hizo alusión a la necesidad de «no modificar o maquillar» sino «derogar la reforma laboral».