La masacre de Tumaco del pasado jueves 5 de octubre demuestra no solo que la Fuerza Pública sigue dispuesta a dar trato de guerra a la protesta social sino la incapacidad del Estado para resolver por un método diferente a la violencia el grave problema de la población que sobrevive gracias a los cultivos de […]
La masacre de Tumaco del pasado jueves 5 de octubre demuestra no solo que la Fuerza Pública sigue dispuesta a dar trato de guerra a la protesta social sino la incapacidad del Estado para resolver por un método diferente a la violencia el grave problema de la población que sobrevive gracias a los cultivos de uso ilícito y, así, cumplir con lo acordado en La Habana.
Los hechos ocurrieron cuando la Policía abrió fuego contra los campesinos, afrodescendientes e indígenas que protestaban en contra de la erradicación forzada de cultivos de coca en el consejo comunitario afro de Alto Mira y Frontera del corregimiento de Llorente del puerto nariñense, dejando al menos 6 muertos y 20 heridos de bala hasta donde ha podido comprobar la Defensoría del Pueblo.