La garantía real de los derechos humanos y su contenido mismo no escapa al tipo de sociedad en que vivimos. Es la realidad la que dicta si nos encontramos en un Estado social y democrático de derecho, como reza la constitución (concordante con declaraciones y tratados internacionales) o si por el contrario, la legislación y […]
La garantía real de los derechos humanos y su contenido mismo no escapa al tipo de sociedad en que vivimos. Es la realidad la que dicta si nos encontramos en un Estado social y democrático de derecho, como reza la constitución (concordante con declaraciones y tratados internacionales) o si por el contrario, la legislación y en general toda la institucionalidad (y la para-institucionalidad) se ajusta a la defensa y protección de los intereses de cerradas élites nacionales o extranjeras.
Mientras el Gobierno Nacional hablaba de paz en La Habana, promovía la aprobación en el congreso de una de las más retrógradas normas en materia de derechos civiles y políticos: el Código de Policía, que podríamos decir -a grandes rasgos- se caracteriza por a) Convertir en públicos los espacios privados, legitimando la invasión estatal en las esferas íntimas del/a ciudadano/a; b) Volver privado el espacio público, impidiendo o limitando severamente el uso del mismo; y c) Cercenar a muerte el ejercicio de libertades (individuales y colectivas). Así, tras la deliberada sensación de peligro y miedo que se infunde en la población (principalmente urbana), las libertades han sido tomadas como rehén por la «Seguridad». De esta manera se justifica la represión institucional y en general el recorte de derechos.
El código de policía acaba de cumplir un año de vigencia, en el transcurso del cual nos han saturado con discursos de paz y pacificación. El movimiento social, los sectores populares organizados, han sido una de las principales víctimas de este tipo de expresiones que consideramos parte de un engranaje desde el cual se construye y legitima la eliminación, de esa otredad indeseable al actual sistema. Quien protesta, exige, cuestiona, piensa, reclama, proyecta, así como los pobres, las y los campesinos y comunidades indígenas que ocupan tierras sobre las cuales se disputan intereses económicos, etc, todos ellos/as – nosotros/as, han y seguirán/seguiremos siendo los blancos de una práctica genocida que se sigue negando e invisibilizando.
A propósito del aniversario del infausto código de policía y el concreto efecto sobre las libertades ciudadanas, dialogamos con José Mauricio Valencia Tamayo, de la Secretaría política y derechos humanos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario – SINALTRAINAL.
EJP- Se cumplió en enero un año de entrada en vigencia del Código de Policía. Uds. como organización sindical, ¿Cómo consideran que esta norma ha incidido en la vida de las y los ciudadanos y en particular en el movimiento social?
JMVT. En el debate de la libertad del pueblo en materia de derechos humanos, y derechos concebidos desde la estructuración del Estado Colombiano que dice ser «Estado Social de Derechos», presentamos algunas de las dificultades que tienen aquellos en quien cae desde el aparato legislativo las leyes de control (Que analizado en términos de la concepción de la sociedad divida en clases sociales) esta diseñado para garantizar los intereses de una clase (la burguesía) y para acallar las voces de quienes de manera decidida, se organizan, se movilizan y confrontan a estas políticas en los diferentes escenarios de contradicción como es el caso de los obreros.
Entendiendo el momento por el que pasa el mundo y nuestro país; en el que si revisamos el devenir histórico en materia de derechos, los aparatos del Estado el legislativo, el judicial, el ejecutivo y las organizaciones que fueron descentralizadas, han modificado los derechos de los ciudadanos, del movimiento social y político en el que cabe el movimiento sindical, de tal manera que estas disposiciones legales, han conducido a la desaparición de la democracia en nuestro país y en la profundización de la crisis social, así como también en el favorecimiento de los sectores dominantes caso los empresarios, grupos económicos y las empresas multinacionales.
La incidencia de esta norma, es tal que aniquila en la progresividad en el tiempo y el desarrollo de su ejecución, derechos humanos como la libertad de opinión y expresión[1], así como también en la eliminación total de la democracia.
En el caso del movimiento sindical, el Código de policía, ha favorecido el aumento de las utilidades, la inestabilidad laboral, la precariedad de los salarios, y la eliminación de la protesta social y la movilización de los obreros. Convirtiendo las instituciones como la policía nacional en un instrumento manoseado por los empresarios y sus agentes en el Estado para impedir que denunciemos activamente las arbitrariedades de los sectores público y privado, la vulneración de derechos laborales, de derechos constitucionales y las diferentes violaciones de los derechos humanos; transformando éste aún más, en otro aparato represivo vulnerador también de derechos humanos.
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