A cada salto del camión, Pablo recordaba la oración a la Virgen de Copacabana. La patrona de Bolivia le inspiraba confianza en ese camión cargado de compatriotas, once compañeros que esperaban encontrar en Chile lo que en su pueblo no había: trabajo, casa, comida. Un par de saltos, unos rezos, y la imagen de su […]
A cada salto del camión, Pablo recordaba la oración a la Virgen de Copacabana. La patrona de Bolivia le inspiraba confianza en ese camión cargado de compatriotas, once compañeros que esperaban encontrar en Chile lo que en su pueblo no había: trabajo, casa, comida. Un par de saltos, unos rezos, y la imagen de su casa en la pobreza, el piso de tierra, sus pies embarrados. El calor y el aliento de los doce en el mismo sueño.
Pablo tiene 15 años, aunque su casi metro ochenta, sugiera otra cosa. El viaje de la esperanza duró cinco horas. Cruzaron la frontera por el Paso de Ascotán. Pablo miró el reloj. Pasaban minutos de las cinco de la tarde. Una hora después llegaron a Ollagüe. Al llegar al pueblo, una patrulla de Carabineros interceptó el camión que conducía un chileno. Minutos después, Pablo estaba preso.
Ollagüe aparece como un pueblo de nubosidad espesa, donde el sol pega fuerte en la cara. Es uno de los puntos de la zona por el que transitan más indocumentados, que se vienen cargados de esperanzas. Ahí los controles de la policía detiene camiones cargados con frecuencia. Muchos de los casi cinco mil bolivianos ilegales han entrado por ese paso.
«También estoy con mi mamá», dice Pablo en las afueras del juzgado de Menores de Calama, donde esperaba comparecer ante el magistrado. Apuntaba a una mujer que agachaba la cabeza y a la que se le acababa de romper el sueño de cambiar su suerte de campesina por la de una mujer asalariada: «En Copacabana no hay trabajo, veníamos por mejores expectativas y acá estamos».
En Calama, un transporte con extranjeros indocumentados no es nada nuevo para las autoridades. «En el 99% de los casos en que Carabineros o Investigaciones realizan controles fronterizos, son detectados ciudadanos intentando ingresar de ese modo a nuestro país. He conocido casos de personas que llevan 10 años viviendo en Calama en forma clandestina, y en estas situaciones los detectamos no sólo por los controles policiales, sino también porque en ocasiones ellos se acercan a regularizar su situación. Ahí surge la gran pregunta de si estamos ante un delito permanente y, si es así, éste nunca prescribe», señala el fiscal de Calama, Cristián Aliaga.
Del total de denuncias que ingresaron a la fiscalía de Calama en 2004, 204 correspondieron a infracción de la Ley de Extranjería. Esto significa, una por cada día y medio.
¿Más inmigrantes?
Ésta es una realidad que no sólo quedó al descubierto ese 30 de enero, en que los doce bolivianos ocupantes de un camión intentaron ingresar ilegalmente a nuestro país. En el norte hay decenas de puertas fantasmas, pasos clandestinos que les dan la bienvenida a los forasteros, mientras que en Chile no son pocos los que se aprovechan de que así sea. Las mafias ya empezaron a funcionar.
De acuerdo a cifras de la Policía de Investigaciones, el año 2004 entraron clandestinamente al país 635 personas, cifra considerablemente superior a la registrada en el año 2003, cuando sólo fueron detectados 323 casos. Y en enero de 2005 ya se han detenido a 85 extranjeros.
Desde 1990 a la fecha, el número de extranjeros ha aumentado considerablemente y son los inmigrantes de Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia los que más se interesan por trabajar en tierra chilena. La variación que se registra entre los censos de 1992 y 2002 es la mayor de los últimos 50 años, comparable sólo a lo que se registró a fines del siglo XIX.
Las leyes para los inmigrantes son claras. Se les entrega una visa de turista por tres meses, aunque de ahí para delante muchos prefieren seguir trabajando en la ilegalidad. Lo hacen por poco dinero y, por supuesto, tras la falsa protección de un patrón que lucra con mano de obra barata, extensas jornadas de trabajo, eludiendo el pago de imposiciones y bajo la promesa de regularizar su situación en un futuro.
Raúl Paiba -presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile- centra su crítica en la ley de migración: «La norma es muy antigua. Está hecha para alguien que pisa suelo chileno al bajarse de un avión, pero no se han atendido las características geográficas del territorio, sobre todo en el norte. Por eso hay quienes lucran con el tema. Lo hacen en Chile y también en la frontera».
Banquete para las mafias
La Policía de Investigaciones, a través de la Jefatura de Extranjería, ha detectado 25 pasos clandestinos en todo el territorio nacional, aunque no descartan la existencia de por lo menos 80 puertas fantasmas.
El prefecto Juan Varas -jefe nacional (S) de Extranjería y Policía Internacional de Investigaciones- señala que en el norte es común ver situaciones como la que se registró en Calama, incluyendo a choferes chilenos que hacen las veces de conductores de ganado a cambio de dinero.
En este caso en particular, se hizo difícil comprobar la existencia de una organización. Los doce ocupantes del camión declararon en un primer momento que le habían pagado al conductor chileno, relato que desmintieron posteriormente en Investigaciones. Juan Varas asegura que los ha sorprendido el nivel de preparación que existe en Tacna. «En Perú los están esperando, los hacen pasar con documentación falsa y, si algo falla, los toman de nuevo y analizan qué otra posibilidad existe para intentar su ingreso otra vez», asegura.
Entre los peruanos que viven en nuestro país es un grito a voces que tanto en Tacna como en Arica se pueden conseguir cédulas chilenas adulteradas. Hay taxistas chilenos que transportan ilegales y, cuando los sorprenden, sólo se defienden diciendo que ellos creyeron que la documentación que les mostraron era la correcta.
Pero las mafias en la frontera no sólo operan con las cédulas de identidad. «Es increíble, pero han llegado a falsificar el timbre de Policía Internacional, también documentos que piden al ingreso cuando el extranjero es un comerciante», dice Raúl Paiba.
En Chile, la policía está atenta a estos movimientos y, aunque no se puede controlar lo que sucede en Tacna, sí se toman en cuenta todas las informaciones para evitar que Chile se transforme tristemente en un reducto de «espaldas mojadas» (mexicanos que pierden dinero e incluso la vida por alcanzar el sueño norteamericano).
Los métodos que utilizan las mafias en Tacna para ingresar extranjeros clandestinamente al país son conocidos por todos los peruanos. José entró con visa de turista, pero antes de hacerlo los ofrecimientos fueron variados. En la frontera, y utilizando la ruta de la coca, los llamados coyotes cobran 200 dólares por enseñarles el camino hasta Chile. Recorren con ellos cerca de un kilómetro y, luego, los dejan cuando ya toman el sendero seguro, aunque no siempre es así. «A veces los dejan tirados en la madrugada, solos, porque ya han recibido el dinero y les dicen ‘ándate caminando solo'», cuenta José.
Con los años esta situación se ha sofisticado y no sólo participan peruanos, sino que también chilenos. «Los pasadores -dice José, refiriéndose a quienes trasladan desde la frontera hasta Chile a los extranjeros- ya no son sólo gente que presta sus vehículos y recibe dinero a cambio, ahora también participan agencias de viajes e incluso personal de conocidas líneas de buses que conocen la situación y suben a clandestinos a las máquinas».
La esposa de José debió entrar a Chile utilizando estas mafias. En Tacna, Mariela pagó 100 dólares a alguien que le prometió «sellar» su pasaporte con un timbre igual al que utiliza Policía Internacional. Y le dio resultado, Mariela ya lleva dos años y medio en Chile legalmente.
Hace unas semanas, llamó la atención de las autoridades migratorias chilenas el tráfico de un cargamento de drogas vía marítima desde Tacna hasta Arica. «Nunca hemos sorprendido a balseros como en Cuba, pero todos estos datos nos sirven para ampliar la fiscalización también hasta al mar», señala el prefecto Juan Varas.
Control insuficiente
El artículo 69 de la Ley de Extranjería sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo, es decir 5 años, a los extranjeros que ingresen al país clandestinamente. Si lo hacen por un paso no habilitado, la sanción va desde los 61 días hasta los 5 años de cárcel. Sin embargo, si entran teniendo causales de impedimento o prohibición de ingreso, la pena a la que se exponen es de hasta 10 años.
Una vez cumplida la sanción, los extranjeros son expulsados del país. Sólo como ejemplo, los 12 bolivianos sorprendidos en Ollagüe prestaron declaración y, luego de un día en estas diligencias, fueron deportados.
Muchos inmigrantes no reconocen la legalidad de las fronteras. Las han recorrido desde que nacieron. Son campesinos que han vivido toda su vida a sólo kilómetros de los pasos internacionales y, por lo tanto, no entienden que su documento peruano o boliviano, según sea el caso, les impida ingresar a Chile.
El problema de contención de los inmigrantes no sólo recrudece en Chile, sino que también en nuestras naciones vecinas. Lo que podría parecer casi obvio, no lo es tanto para los bolivianos. Hace más de cuatro años, el gobierno de ese país mantiene una campaña para lograr dar cédula de identidad a cada uno de sus ciudadanos. El problema no deja de ser importante, ya que hay pueblos en los que no se cuenta con oficinas para obtener el documento y hay otros que, a la hora de viajar, no tienen los 85 dólares que exige Bolivia para entregar un pasaporte.
El vicecónsul de Bolivia en Chile, José Miguel Vargas, cuenta que el paso de ilegales es también un problema cultural: «Hay ignorancia de la gente, no van a sacar sus cédulas, incluso el gobierno las ha entregado de forma gratuita, pero la gente no va a buscarlas, y hay bolivianos que han caminado ancestralmente estas rutas para trabajar en las cosechas. Por eso sienten que no hay impedimentos para cruzar hacia Chile».
El abuso en Chile
Algunos inmigrantes ilegales siguen arriesgando todo para ingresar a nuestro país. A pesar de que las fronteras continúan siendo un impedimento que se puede vulnerar, siempre existen puestos laborales esperando por un extranjero sin papeles.
El senador Carlos Cantero pidió que se ponga atención a lo que sucede en el norte y se regularice la situación de cientos de indocumentados. Su denuncia apunta principalmente a la cárcel que se construye en las afueras de la ciudad de Antofagasta. «Hay extranjeros que, con visa de turista, están trabajando en las obras del penal, e incluso hay personeros gerenciales que están en igual condición», acusa.
El Comité de Refugiados Peruanos en Chile ha comenzado a denunciar en los tribunales casos de los abusos que se cometen contra los clandestinos. Uno de los más emblemáticos para esa comunidad es el que afectó a Fanny, quien prefiere mantener su nombre en reserva por miedo a que el caso repercuta en su nuevo puesto laboral.
Ella trabajó en Santiago con la capitán de Carabineros Dianne Dúmenez Salazar como asesora del hogar durante 12 meses. Luego de ese tiempo, Fanny le pidió a su empleadora regularizar su situación, es decir que le hiciera un contrato para obtener el pago de sus imposiciones y acceder también a los servicios de salud. Pero la madre de Fanny se enfermó y necesitó entonces viajar con urgencia a Perú. Dúmenez ofreció gestionar papeles para una visa de turista, hecho que Fanny desechó de plano, porque sería perpetuarse en la ilegalidad. Frente a la insistencia de Fanny, la capitán Dúmenez la detuvo el 26 de enero de 2003 con la ayuda de cuatro carabineros. El cargo: extranjera en condición irregular.
Carabineros de Chile -a través de una carta firmada por el Departamento de Comunicaciones- señaló a LND que en su oportunidad la institución tomó conocimiento del hecho, que lo investigó formalmente, estableciendo que hubo una irregularidad de carácter laboral que fue corregida e informada a los tribunales pertinentes, adoptando además las medidas administrativas inherentes, aunque no quiso explicar cuáles fueron esas medidas.
No es sólo una situación aislada. Los clandestinos ocupan plazas laborales en la construcción, el servicio doméstico, el comercio y explotación agrícola en los valles interiores de la Primera Región. Lo mismo sucede en el resto del país. Es lo que vive Omar, que tiene 23 años y dejó el distrito de Jesús María, en Lima, para vivir en Chile. Allá ganaba casi 180 mil pesos como recepcionista de una empresa, pero prefirió dejar todo por venirse a nuestro país. Piensa en su madre y en sus dos hermanas menores. Entró con visa de turista, pero se quedó a la mala y hoy ocupa una casa con otros de sus compatriotas, también sin papeles. Omar quiere quedarse en Chile y luchar para que la colonia peruana reciba un trato digno y trabajos que guarden relación con sus conocimientos: «Yo comencé a tener muchos problemas, porque la discriminación en el trabajo es muy fuerte, trabajas más, muchas horas más que los demás y cuando preguntas por qué y exiges tus derechos, te recuerdan que no t ienes contrato y menos un papel que te dé permiso para trabajar».
Lo peor es el círculo vicioso legal. Para trabajar, necesitan permiso de residencia. Para tener permiso de residencia, les exigen contrato de trabajo. A pesar que en Chile aún no se puede hablar de «oleada» de inmigrantes, sí es cierto de que es una situación histórica, que nuestro país ya vivió en el siglo XIX. Muchos peruanos que llevan años en este país recuerdan que hasta hace poco cientos de miles de chilenos tuvieron que emigrar por la dictadura. Y reclaman sobre la mala memoria de este pueblo, que ahora mira para otro lado mientras ellos son carne de mafias y abusos.