La lógica del crecimiento ilimitado, la expansión sin freno y la competitividad desmesurada. 479.171: es la cifra –récord- de contenedores movilizados en abril en el puerto de Valencia, un 10% más que en abril de 2020, informa la entidad pública Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
En el primer cuatrimestre del año se gestionaron 28 millones de toneladas de mercancías en los muelles de Valencia, Sagunto y Gandía. Las macrocifras se hicieron públicas el 16 de mayo, un año y dos meses después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificara el contagio de la COVID-19 como pandemia.
En un contexto desarrollista y de tráfico desproporcionado, el BOE publicó -el pasado 12 de abril- una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que asigna a la APV la competencia ambiental en el proyecto de macroampliación norte del Puerto de Valencia. Anteriormente el organismo competente era el ente público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, cuyo titular es José Luis Ábalos, del PSOE.
Asimismo un informe técnico jurídico de Puertos del Estado con fecha 9 de abril, y de carácter informativo, señalaba que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 para la ampliación del puerto continúa vigente, y que corresponde a la APV decidir si somete, o no, a una nueva evaluación ambiental las obras para el desarrollo de una cuarta terminal de containers.
La APV es el ente público que promueve la nueva instalación de contenedores, una de las cuatro radicadas en el puerto de Valencia; está previsto que se ubique en la ampliación norte del puerto, donde ya se ejecutaron las obras de abrigo entre 2008 y 2012. El proyecto de nueva terminal incluye un muelle de 137 hectáreas de explanada, 1.970 metros de línea de atraque y una anchura de 700 metros, con una capacidad para la importación y exportación de cinco millones de TEUs (unidad de medida de los contenedores estándar) anuales.
La inversión prevista (público-privada) suma 1,6 millones de euros, de los que 650.000 euros corresponden a la APV. La compañía seleccionada por la Autoridad Portuaria para la construcción y explotación es Terminal Investment Limited (TIL), del gigante naviero Mediterranean Shipping Company (MSC) con sede en Suiza, que ya explota una de las terminales en el recinto valenciano. La iniciativa está pendiente de adjudicación.
La vigencia o caducidad de la DIA de agosto de 2007 no es una cuestión menor; y la Resolución del Ministerio para la Transición Ecológica así como el informe jurídico y nota técnica de Puertos del Estado no constituyen un simple trámite administrativo (en una nota informativa la administración portuaria expresó su “agradecimiento” y “satisfacción” por el informe). La APV interpreta que representa un aval para la construcción de la nueva macrozona de containers.
Sin embargo la Comissió Ciutat-Port, integrada por Acció Ecologista Agró, la Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Ecologistes en Acció-València, la Plataforma Litoral per al Poble, Per l’Horta y Valencia Saludable, entre otros colectivos, hace una valoración distinta. El 3 de mayo la Comissió informó de que preparaba acciones judiciales y había interpuesto ya un recurso de alzada contra la Resolución ministerial, que considera “dictada en fraude de ley”. El motivo es que la Resolución permite que Puertos del Estado se “desentienda” de sus responsabilidades respecto a las obras que planea ejecutar la APV, a la que convierte en “juez y parte”.
Las obras que promueve la APV no se ajustan a las autorizadas en la declaración ambiental de 2007, denuncian los movimientos sociales; “no sólo por el volumen de materiales de relleno que se pretenden utilizar, y que superan en casi 4 millones de metros cúbicos las contempladas en la DIA, sino también por la demolición de un contradique y muelle de cruceros (acabados en 2012, dentro de lo que fue la primera fase), el aumento del consumo de recursos naturales y el incremento de dragados en zonas exteriores a la dársena actual, con los consiguientes efectos negativos sobre las playas del sur, ya detectados durante estos años”, argumentan.
En octubre la Comissió Ciutat-Port inició la campaña Menys port, més ciutat,que incluía movilizaciones en la calle, la colocación de pancartas en Valencia y el área metropolitana, la recogida de firmas, vídeos y acciones en las redes sociales. Criticaron, entre otros puntos, que la APV y su presidente Aurelio Martínez, quien mediados los años 90 fue conseller de Economía en el gobierno del PSPV-PSOE, “obstruya la participación ciudadana y el acceso a la documentación que solicitamos”. Asimismo señalaron la incompatibilidad de la macrampliación portuaria con la declaración de emergencia climática en el País Valenciano, aprobada por el Consell en septiembre de 2019.
En mayo y junio la plataforma ciudadana y la Universitat de València organizaron cuatro sesiones de debate crítico, tituladas Port o ciutat? Repensant el port i la ciutat que volem.Asimismo la CGT, que forma parte de la Comissió, celebró una conferencia por el canal youtube y en la Biblioteca Ferrer i Guàrdia del sindicato. Una de las participantes, Pau Monasterio, de Ecologistes en Acció, destacó que el volumen de dragados previstos en el proyecto es 14 veces superior al autorizado por la DIA de 2007. Por otra parte “si se realiza la terminal nueva, podría pasarse de los cinco millones de contenedores anuales que se mueven actualmente, a 12,5 millones, lo que implicaría más infraestructuras y nuevos accesos”, explicó la activista (6.000 camiones entran diariamente en el puerto de Valencia).
En el acto de la CGT participó también Marian Sintes, miembro de València en Bici-Acció Ecologista Agró además de médico de familia y comunitaria. “Los barrios colindantes con el puerto han sufrido mucho por las sucesivas ampliaciones; por ejemplo el barrio de Natzaret se quedó sin la playa y ahora sufre una alta contaminación atmosférica y acústica”. A ello se suman, subraya la activista, las regresiones en las playas del sur –El Saler o Pinedo-, la destrucción de l’Horta de La Punta o el impacto de autovías como la V-30, circunvalación sur de Valencia que permite el acceso rápido al puerto.
Marian Sintes menciona el informe Desigualdades en salud en la Comunitat Valenciana, publicado en 2018 por la Conselleria de Sanitat. El documento señala que un ciudadano que viajara en la línea 4 del metro de la ciudad podría subirse en la estación de La Cadena, en el Distrito Marítimo inmediato al puerto, en el que la esperanza de vida para los hombres era de 73,4 años en el periodo 2000-2007; y bajarse en el Pont de Fusta, cuya esperanza vital se elevaba a 79,2 años.
Asimismo la plataforma València per l’Aire y la asociación Mesura ubican a la zona Serrería-Avenida del Puerto (Distrito Marítimo) en la séptima posición de 49 respecto a la concentración promedio de NO2 durante el periodo 2017-2020, según los puntos de muestreo en Valencia ciudad.
Lucía Moreno, bióloga y miembro de Acció Ecologista Agró, resalta en la jornada de CGT el impacto que tendría la macroampliación portuaria en el Parc Natural de L’Albufera, de 21.120 hectáreas. Este humedal costero forma parte de la Red Natura 2000 de conservación de la biodiversidad en la UE y está declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). “L’Albufera correría riesgos de salinización”, advierte.
Además de los impactos sobre la actividad económica (la laguna está rodeada por 14.000 hectáreas de arrozales), podrían producirse otros sobre aves amenazadas que nidifican en el parque natural, como el chorlitejo patinegro; también en l’Albufera nidifican los charranes y crían las colonias de garzas. En el contexto actual de cambio climático, la zona húmeda es relevante por su capacidad para absorber emisiones de CO2.
La Comissió Ciutat-Port se reunió a finales de abril con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, para manifestarle que el movimiento rechaza la ampliación portuaria “con DIA o sin DIA” (el Ministerio de Transición Ecológica remitió una carta a la autoridad portuaria en la que se señala que hay diferencias “apreciables” entre el proyecto actual de TIL-MSC y el autorizado en la DIA de 2007, informó eldiario.es).
Vecinos y ecologistas remarcaron ante la alcaldía que podría tratarse de “la mayor y peor intervención urbanística de las últimas décadas en la ciudad” y exigieron a Ribó un posicionamiento “irreversible” y “contundente” contra la nueva terminal en la zona norte. Y el 5 de enero, movimientos sociales de Valencia entregaron un saco de carbón al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, del PSPV-PSOE, entre otras razones –según recordó el rey Baltasar- por su apoyo a la macroampliación del puerto.