Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti
Los grupos paramilitares colombianos cambian de estrategia electoral. En lugar de simplemente ir por los fondos de los municipios y departamentos, como siempre hacen, este vez están trabajando para que las autoridades locales «cooperen» con los distintos eslabones de la cadena del narcotráfico, ayudando a expandir su poder. Lo demuestra un estudio encargado por el senador liberal Juan Manuel Galán, que explica cómo, de acuerdo con el mapa de las áreas de mayor riesgo en las próximas departamentales, resulta que 24 de los 32 departamentos están en peligro. No sólo por la presencia de los candidatos dudosos, sino por las fallas del sistema electoral y la debilidad de los partidos para repararlas. Es un hecho que el dinero sucio está financiando la campaña de muchos políticos y y que el poder territorial en Colombia se basa principalmente en la corrupción. De ello se deduce que los grupos ilegales no están muy lejos de influir en el proceso democrático y que las elecciones del 30 de octubre serán cruciales para los llamados BACRIM (bandas armadas emergentes) que organizarán después sus próximos «planes criminales».
Los paramilitares son la verdadera amenaza subterránea de las elecciones colombianas bajo tierra, mucho más allá de la influencia que ejercerán las guerrillas izquierdistas FARC y ELN. Lo llega a admitir el proprio gobierno al admitir que se trata de simples bandas de delincuentes comunes asociados con el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, aunque se sigue negando su fin político.
Tesis negada precisamente por Galán, quien, papeles en la mano, insiste en que los BACRIM no sólo son los herederos del paramilitarismo de Estado, sino que llevan años estudiando estrategias para tomar el poder en sus áreas de influencia. Lo confirman varios miembros de estas bandas que se han entregado a las autoridades, otros que han concedido entrevistas a periodistas, y también las denuncias que ha recogido el Defensor del Pueblo. Mientras el gobierno resta importancia al asunto diciendo que tan sólo se trata de siete bandas con unos tres mil hombres, la realidad es muy diferente. Estos grupos – como no se cansa de repetir Galán – no tienen campos de entrenamiento, están en sus casas y fijan encuentros a última hora para recibir órdenes de sus jefes. Se trata de bandas que proporcionan servicios de seguridad a terceros, principalmente a traficantes de drogas que necesitan para proteger todas las cadenas del negocio: carreteras, corredores de movilidad y todo el resto de intercambios relacionados, como el tráfico de armas. De todo ello se deriva un control territorial, que les permite aprovechar todos los recursos utilizando la extorsión y el lavado de dinero. La relación de las BACRIM con el narcotráfico no es, pues, la razón de su existencia; es más: no va más allá del servicio de seguridad que proporciona el control del territorio. Y a los narcotraficantes les interesa blindar su negocio. Por eso financian las BACRIM.
Las próximas elecciones son, en consecuencia, determinantes para las BACRIM: deben consolidar su control sobre el territorio. De ahí la búsqueda afanosa de políticos conniventes que marquen la línea de la actuación de las instituciones del Estado. De ahí la necesidad de alcalde que no presenten denuncias, para no atraer la atención del gobierno central. Un alcalde complaciente es crucial, ya que dará lugar a la posibilidad de controlar a la policía e impedir el desarrollo de un territorio. «A ellos les interesa que no haya desarrollo porque se facilitan así sus negocios. Que no haya carreteras. Que no haya medios de comunicación. Su fuerza es el control del territorio», explicó Galán. Por tanto, su trabajo preelectoral es identificar antes de las elecciones a los candidatos idóneos, pagarles la campaña electoral, conseguir votos, y amenazar a los políticos incómodos. Y llegado el caso, no echarse atrás a la hora de quitárselos de encima, asesinándolos.
El nombre del candidato a quien hay que votar le llega a todo el mundo como una orden del «patrón». Para que se le respete, cuenta con la fuerza y el dinero. Cuando todo ello no basta se busca la colaboración de los tribunales, infiltrándose en las comisiones electorales. En la investigación se ha demostrado que puede ocurrir que la guerrilla y los paramilitares hablen el mismo idioma. Se producen a veces acuerdos temporales entre grupos ilegales, como ocurrió en Medellín, donde según informó el diario El Colombiano, hubo contactos entre el Tabaco de las BACRIM, los Urabeños y Molina, jefe del Frente 18 de las FARC. Acuerdos a corto plazo alcanzados para controlar el comercio en algunos municipios, asegurar el lavado de dinero, ofrecer seguridad y ganarse la confianza de la gente.
La principal conclusión de la investigación es, pues, que «la democracia está minada en su raíz por grupos armados ilegales» y sin embargo el Gobierno central sigue ostentando seguridad, parapetándose trás algunas reformas diseñadas a posta para fingir que se limitan los males. La última ha sido la petición del Ministro del Interior, Vargas Lleras, de una comisión de vigilancia internacional para todos los municipios que se hallan en el corredor preferido por el narcotráfico. Serán los resultados y el tiempo quien diga si el Estado conseguirá, queriendo o sin querer, garantizar unas elecciones transparentes y limpias.
Fuente: http://it.peacereporter.net/articolo/30932/Colombia%2C+assalto+alla+democrazia