Desde la mediados de diciembre se presentaron casos de detenciones masivas de líderes agrarios, a la vez que se dio a conocer un fallo que condenó en segunda instancia al profesor Miguel Ángel Beltrán por el delito de rebelión. Además, el Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda de pérdida de investidura presentada en contra […]
Desde la mediados de diciembre se presentaron casos de detenciones masivas de líderes agrarios, a la vez que se dio a conocer un fallo que condenó en segunda instancia al profesor Miguel Ángel Beltrán por el delito de rebelión. Además, el Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda de pérdida de investidura presentada en contra del senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro, por el debate citado sobre los nexos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo. Un fin de año que deja mucho que pensar sobre la voluntad de paz del Estado.
En esta ocasión, las detenciones arbitrarias iniciaron en la localidad de Sumapaz en Bogotá. Allí se produjo la captura de 14 campesinos pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz -Sintrapaz- entre los cuales se encuentra el Edil por el Polo Democrático Alternativo, Alexander Guzmán, bajo la acusación de pertenecer a una red de apoyo del «terrorismo». Recientemente los habitantes del Sumapaz habían denunciado la militarización de la zona y la estigmatización de la cual han sido objeto por años, según afirmó Sintrapaz en su página web.
Varias organizaciones se solidarizaron con los campesinos detenidos. La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -Andas- exigió al gobierno y a las autoridades judiciales «cesar toda acción hostil contra la comunidad campesina de Sumapaz, al tiempo que d garantías y debido proceso a quienes han sido infortunadamente privados de la libertad». Por su parte, la comisión de Derechos Humanos de la organización social y política Marcha Patriótica realizó una denuncia en la que exige al Estado colombiano que muestre compromisos y acciones reales de Paz que conduzcan a una solución política y negociada al conflicto interno del país, entendiendo que las principales víctimas son las comunidades campesinas, que siguen siendo señaladas y estigmatizadas por miembros de la Fuerza Pública.
Pensamiento crítico en vilo
Sin embargo, esta numerosa captura fue el primer hecho de una serie que apuntan a los mismos señalamientos. En la noche del jueves pasado se difundió el fallo de segunda instancia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en el que se condenó a 100 meses de prisión al profesor Miguel Ángel Beltrán. Ya la Procuraduría había destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 13 años al profesor Beltrán por las mismas acusaciones.
Esta decisión fue condenada por las organizaciones sociales del país que calificaron la sentencia como un ataque al pensamiento crítico: «Nos pronunciamos por la inmediata liberación del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas y el cese a la persecución de académicos e intelectuales colombianos comprometidos con su pueblo. El camino de la paz para Colombia también incluye el pleno e irrestricto respeto a quienes impulsan el pensamiento crítico», afirmó la Red de de Intelectuales, Artistas y Movimientos sociales en defensa de la humanidad a través de un comunicado difundido el lunes 22 de diciembre.
La Federación de Estudiantes Universitarios -FEU- anunció en una comunicación escrita titulada La paz son hechos que «rechaza enfáticamente las recientes manifestaciones de persecución, señalamiento y criminalización del pensamiento crítico y la protesta social, a propósito de la condena judicial del profesor». La FEU aseguró que mientras el país real se afianza a un inmenso clamor por la paz, la generalización del uso arbitrario del sistema judicial contra reconocidos dirigentes sociales, integrantes del movimiento popular, activistas de diversa índole y académicos con orientación crítica «avanza en contravía de la solución dialogada del conflicto social y armado. Esta situación evidencia con claridad la intencionalidad del régimen político por anular cualquier brote de inconformismo social mediante la combinación de la más brutal coerción violenta con artilugios jurídicos de toda suerte».
Hasta en el Congreso
Para completar la serie de fallos y acciones judiciales, la Sección Segunda del Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda de pérdida de investidura presentada en contra del senador Iván Cepeda. En la demanda presentada por el Centro Democrático se aseguró que Cepeda estaba impedido para citar el debate sobre los vínculos de Álvaro Uribe con los paramilitares por en la Comisión Segunda ya que en su contra existía una denuncia por injuria y calumnia presentada por el mismo Uribe.
No obstante, Cepeda afirmó ante la opinión pública que está listo para afrontar el proceso en su contra. «No tengo absolutamente ningún tipo de temor con relación a mis actuaciones», sostuvo.
¿Y la paz?
Los hechos ocurren en medio de un cese de hostilidades unilateral declarado por las FARC desde el 20 de este mes, gesto que las organizaciones sociales y los sectores populares del país han caracterizado como positivo para avanzar en el desescalamiento de la guerra.
La FEU llamó a la concreción de una paz verdaderamente estable y duradera. «Para la paz se requiere de que se dote de verdaderas garantías democráticas la actividad cotidiana de quienes piensan, sueñan y luchan por un país diferente. Es momento de que cesen las acciones de guerra contra el pueblo enmascaradas con una falsa retórica de paz. Ni la academia ni el país lo soportan más», concluyó la organización estudiantil en su comunicado.