Un acuerdo humanitario que permita el intercambio de secuestrados en poder de la guerrilla izquierdista de las FARC por miembros de esa organización que están presos no parecería estar muy cercano en Colombia, a pesar de recientes declaraciones que han generado ilusiones y expectativas. Para algunos observadores, la principal dificultad radica en que aún no […]
Un acuerdo humanitario que permita el intercambio de secuestrados en poder de la guerrilla izquierdista de las FARC por miembros de esa organización que están presos no parecería estar muy cercano en Colombia, a pesar de recientes declaraciones que han generado ilusiones y expectativas.
Para algunos observadores, la principal dificultad radica en que aún no está claro si la desmilitarización de dos municipios en el suroccidental departamento del Valle del Cauca, que exigen las FARC, es para negociar las condiciones del intercambio humanitario o para liberar a los 52 militares, políticos y asesores extranjeros que están en su poder.
Pero, además, aún no se sabe quiénes serían objeto de intercambio.
Zona de encuentro
El miércoles en la noche el presidente Álvaro Uribe dijo en la ciudad de Barranquilla que su gobierno tiene la voluntad «de aceptar una zona de encuentro con las FARC, con condiciones propicias para la eficacia del Acuerdo Humanitario y de la Paz».
Uribe, que criticó duramente a su antecesor Andrés Pastrana por desmilitarizar una extensa del suroriente del país para dialogar con las FARC, advirtió que la zona de encuentro «no podrá ser un campo de recuperación militar para el terrorismo, presionado por una guerra política».
Esa es la razón por la cual el gobierno no habla de zona de despeje, como se conoció en tiempos de Pastrana, sino de zona de encuentro.
El anuncio de Uribe se produjo después de que las FARC dijeron que los acercamientos estaban en un punto cero y acusaron al gobierno de «engañar» a las familias de los secuestrados.
Horas después de la declaración presidencial, el ex ministro Álvaro Leyva Durán, que actúa como facilitador del acuerdo humanitario, declaró que los municipios que está dispuesto a desmilitarizar el gobierno son Florida y Pradera.
«Eso lo puedo asegurar debido a conversaciones que sostuve con el presidente Uribe el 4 de agosto y el 11 de septiembre, con presencia de los ministros (del Interior y de Justicia) Carlos Holguín Sardi y (de Defensa) Juan Manuel Santos…», afirmó Leyva, en diálogo con la cadena RCN.
Sin embargo, el ministro de Defensa informó que el tema no está definido y que está descartado que la Fuerza Pública salga de los dos municipios para que entre la guerrilla.
Secuestros
Aunque Leyva cree que están dadas las circunstancias para hacer un intercambio humanitario, expertos en el conflicto consultados por BBC Mundo, como Antonio Sanguino, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, no son tan optimistas.
«Yo creo que al tema del despeje se le sigue dando un tratamiento más militar, asociado a la confrontación, que humanitario», dijo Sanguino, quien hizo parte de la Corriente de Renovación Socialista, una facción del grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional que dejó las armas a mediados de los años 90.
Sanguino insiste en que mientras las FARC piden un despeje para hablar de acuerdo humanitario, el gobierno está dispuesto a concederlo para que la guerrilla libere a los secuestrados.
El experto opina, también, que es equivocado creer que un acuerdo humanitario -algo típico de una confrontación armada- será un primer paso para la paz.
Las FARC tienen en su poder a varios ex congresistas, un ex ministro, un ex gobernador; a oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía, y a tres contratistas estadounidenses que asesoraban al gobierno en fumigación de cultivos ilícitos.
Algunos de los militares y efectivos policiales en poder de las FARC llevan casi nueve años cautivos.
Sanguino le dijo a BBC Mundo que la negociación de un acuerdo humanitario se dificulta, además, porque mientras hay presiones del gobierno de Estados Unidos para lograr la liberación de los tres contratistas secuestrados, las FARC exigen que dos de sus miembros extraditados a ese país sean liberados.
Se trata de «Simón Trinidad» y «Sonia», quienes fueron enviados a Estados Unidos, que los procesa por narcotráfico.
En los contactos en busca de un acuerdo humanitario también están participando delegados de España, Francia y Suiza -que acompañarían los encuentros entre las FARC y el gobierno- y miembros de la Iglesia Católica.