Las diferentes visitas informales de carácter académico de los más altos funcionarios de la CPI a Colombia -y sus reuniones con víctimas, autoridades judiciales, el gobierno y organizaciones de derechos humanos- y la visita más reciente del propio Fiscal señor Luis Moreno Ocampo, responden a las expectativas de las víctimas de crímenes de lesa humanidad […]
Las diferentes visitas informales de carácter académico de los más altos funcionarios de la CPI a Colombia -y sus reuniones con víctimas, autoridades judiciales, el gobierno y organizaciones de derechos humanos- y la visita más reciente del propio Fiscal señor Luis Moreno Ocampo, responden a las expectativas de las víctimas de crímenes de lesa humanidad frente a la posibilidad de la superación de la impunidad, como reto histórico para exigir los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, derechos que serán imposibles en el marco de normas como las llamadas de Justicia y Paz que se aplican a los paramilitares.
Esta visita del Fiscal de la CPI, sumada a la del Presidente de la Corte Interamericana, son a su vez un respaldo a la Corte Suprema de Justicia y a sus investigaciones sobre la para-política, como un llamado al respeto de su independencia hoy interpelada por las agresiones presidenciales.
Cuando Souhayr Belhassen, presidenta de la FIDH, habló con El Tiempo sobre el informe de balance de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, concluyó que la ley es «[…] una mascarada que se sancionó para evitar la acción de la CPI. […] El informe constata que hay una voluntad de sustraer de responsabilidad penal a los principales autores de crímenes de lesa humanidad. Las víctimas que participan en las audiencias públicas no tienen garantías de seguridad. Los paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y en lugar de arrepentimiento por sus crímenes, los justifican en sus versiones libres [1]
La CPI es para evitar la impunidad o ausencia de castigo a los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, impunidad que es querida por los victimarios y por quienes apoyan estos crímenes. Normalmente las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos se cometen en escenarios propicios a la impunidad. Son delitos cometidos por gobernantes, autoridades civiles y/o militares, o grupos que son parte o prolongación del Estado como los grupos paramilitares que en ejercicio criminal del poder cometen torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, genocidio y otras demasías contra población civil inerme. Son sofisticados mecanismos de represión que tienen anticipadamente garantizada la impunidad.
La historia muestra como la impunidad es inherente a este tipo de crímenes. En muchos de los países donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos el aparato judicial no funciona. En muchos de estos crímenes se inician investigaciones y se realizan juicios aparentes en tribunales militares o en cortes civiles que se traducen en prescripciones, inhibitorios, preclusiones, cesaciones de procedimiento o absoluciones que dan una apariencia de justicia. Incluso se imponen en algunos casos condenas que resultan irrisorias y desproporcionadas a la gravedad de los crímenes como seguramente sucederá en el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz.
Ha manifestado la CPI que hay que juzgar a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad. Por ello, están haciendo seguimiento a la aplicación de la denominada Ley de Justicia y Paz y a casos graves como la para-política. Al respecto, Luis Moreno Ocampo dijo: «Seguimos cómo la justicia de Colombia procesa este tipo de casos. Estamos chequeando [2]». Es decir que están vigilantes de si los procesos de Justicia y Paz son verdaderos juicios o formas de sustraer de la justicia a los responsables. Igual, ven en lo para-políticos a los determinadores, beneficiarios económicos y políticos de los crímenes perpetrados por el paramilitarismo. El problema es que si bien la Corte Suprema hace una labor muy importante por buscar justicia aun no los procesa por estos crímenes de lesa humanidad sino por concierto para delinquir agravado, que es la pertenencia a estos grupos, quedando pendiente el juzgamiento principal por los crímenes cometidos para garantizar el poder económico y político que hoy ostentan. Frente a crímenes internacionales como los crímenes de lesa humanidad todo estado tiene el deber de investigar y castigar. Es a cada Estado al que le corresponde la jurisdicción sobre los crímenes cometidos por sus ciudadanos, o ciudadanos de otros Estados, cometidos en su territorio. Pero si el Estado no puede o no quiere investigar y sancionar aparece de manera complementaria la posibilidad de que la CPI investigue y sancione los crímenes que se mantienen impunes. Así lo sentenció Luis Moreno Ocampo: «Si el estado nacional no garantiza que no habrá impunidad, la comunidad internacional lo va hacer [3]». En esta visita se constatan por los altos dignatarios de la Fiscalía de la CPI que en Colombia se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad pese a la vigencia de la competencia de la CPI desde noviembre de 2002, entre ellas más de un millón de desplazados producidos durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cientos de nuevos desaparecidos, miles de homicidios de civiles y ejecuciones extrajudiciales, y que estos crímenes que se suman a los anteriores se mantienen en la absoluta impunidad, y que se expidieron normas que como las de Justicia y Paz que permiten que de más de 35.000 desmovilizados colectivos e individuales solo estén en prisión 55.
La CPI va a dinamizar las investigaciones y juicios internos por crímenes de lesa humanidad. Luis Moreno Ocampo dice: «Crímenes contra la humanidad y lesa humanidad no son cuestiones nacionales. Hay una comunidad internacional que puede intervenir. No es una cuestión local y no es un problema ideológico [4]». De esta manera contesta las críticas del Gobierno a la Corte Suprema y de otra pone de presente que si la justicia no funciona tanto la de Justicia y Paz como la ordinaria será inexorable la intervención de la CPI, y allí no valen los fueros presidenciales, parlamentarios o militares. Luego agrega: «Lo único que hago es analizar las investigaciones penales de hechos cometidos después de noviembre del 2002, cuando Colombia ratificó el Tratado de la Corte. Analizo si hay investigaciones penales en curso y si estas son genuinas [5]».
Con un Tribunal Penal Internacional como la CPI de carácter permanente que juzgue a los autores de crímenes de lesa humanidad se podrá superar la impunidad que reina al interior de los Estados sin violar el principio de soberanía. El Estado colombiano se prepara para esto. Ya han pasado por La Haya, sede de la CPI, el Gobierno y la Cancillería que incluso tiene un funcionario permanente que en los pasillos de la CPI lo llaman «Justicia y Paz» porque trata de convencer a todos de que si son juicios reales y que los magistrados, jueces, fiscales, y defensores de derechos humanos podrán proseguir la justicia frente a los paramilitares, generales activos, y parlamentarios, entre otros. Y lo más importante, las víctimas que en Colombia y en La Haya han tenido entrevistas con la Fiscalía y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, se siguen presentando comunicaciones sobre crímenes de competencia de la CPI. Muchos funcionarios de la CPI estudian español y hay gran cantidad de información sobre Colombia. Total, creemos que nos veremos avocados a que opere la jurisdicción de la CPI ante la impunidad que impera en Colombia.
[1] Piden a CPI investigar a ex ‘paras’. El Tiempo, Bogotá, Octubre 4 de 2007.
[2] Corte Penal Internacional sigue pista a la parapolítica, asegura su fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo. El Tiempo, Bogotá, Octubre 21 de 2007.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.