El seguimiento del proceso de descomposición en Colombia está limitado por el hecho de que en el país sólo queda un diario de circulación nacional, El Tiempo. Las informaciones sobre el incremento de la criminalidad y el desmoronamiento de las responsabilidades del Estado y de los gobernantes que estimulan y profundizan ese proceso de descomposición […]
El seguimiento del proceso de descomposición en Colombia está limitado por el hecho de que en el país sólo queda un diario de circulación nacional, El Tiempo. Las informaciones sobre el incremento de la criminalidad y el desmoronamiento de las responsabilidades del Estado y de los gobernantes que estimulan y profundizan ese proceso de descomposición son cada vez más difíciles. Por eso es indispensable recurrir a las informaciones de los medios de comunicación locales, que por la limitación de su capacidad informativa y de divulgación ponen acento en los sucesos y delitos regionales.
Esta dramática situación se expresa en las protestas del Magisterio, profesores universitarios, estudiantes de universidades, colegios y escuelas públicas, en las organizaciones sindicales y de trabajadores de antiguas empresas estatales sometidas por el gobierno de Uribe Vélez a su acelerada privatización, igual que una retardataria reforma de las condiciones laborales de trabajadores públicos y privados que quebrantan directamente la legislación y reglas de la Organización Internacional del Trabajo. El Estado colombiano está siendo puesto al margen de su histórica presencia en las empresas de petróleo, comunicaciones, servicios de atención médica y hospitalaria, ampliación de la educación pública y del ejercicio de la soberanía nacional. En una serie de artículos me propongo demostrar la realidad de la tragedia social colombiana por obra del gobierno del presidente Uribe Vélez.
Algunos ejemplos muestran la gravedad de esos hechos y de la crisis moral y general de Colombia: El Tiempo (26.06.07) informa que la Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra los coroneles de la policía Luis Velosa, Jairo Ariza González y John Lizarazo Suárez, contra los mayores Mauricio Pedraza Rocha y Gloria Otálora Gómez, y la intendente Alisneider Gómez Rondón, así como también contra el general (r) Guillermo Chávez Ocaña, exjefe de la dirección de inteligencia, por «chuzar», interceptar, comunicaciones «sin autorización para hacerlo». A su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra la multinacional TELMEX, del magnate mejicano Carlos Slim, por violar las normas de libre competencia y ocultar la integración de sus operaciones en el mercado de la televisión pagada. La investigación podría llevar a la anulación de las compras de TELMEX, pese a que, sin que cause sorpresa, según la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) esas compras fueron «legales» conforme a las normas vigentes, que la Superintendencia de Industria y Comercio, contrariamente, acusa de irregulares. La embajada EU en Bogotá acaba de solicitar un informe a la Procuraduría sobre los procesos contra militares por presunta participación en ejecuciones de personas que fueron presentadas al público como «guerrilleros abatidos en combate». Serían 54 investigaciones por la muerte de un centenar de personas. El Heraldo de Barranquilla (23. 06. 07) informa que el presidente Uribe Vélez no pudo desmentir la información de la prensa norteamericana que lo señala como responsable de «haber presidido una reunión a la que asistieron varios jefes paramilitares», aprovechó para reiterar su política de agresividad y guerra contra el grupo guerrillero de las FARC. Ante las políticas de las nuevas mayorías demócratas en el Congreso de los EU de reducir la ayuda para gastos militares del plan Colombia contra las guerrillas, el presidente Uribe Vélez evadió el tema político de fondo recurriendo a refranes que por su contenido de humor forzado desorientan siempre al común de la gente. Mientras tanto se convirtió en visitante permanente de Washington buscando que los demócratas apoyen al TLC del derrotado presidente Bush y del propio Uribe, que lo hizo aprobar por sus mayorías parlamentarias, a sabiendas de que ese texto no tiene valor jurídico alguno. Seguiré desarrollando mi punto de vista acerca de esta realidad y sobre las políticas del presidente Alvaro Uribe Vélez en futuros artículos.