El próximo domingo 29 de mayo la ciudadanía colombiana elegirá al presidente de la república, aunque las élites económicas y el uribismo político amenazan con aplazar las elecciones previendo que las perderán, mientras que el comandante del ejército, el general Zapateiro -haciendo política armada- insulta al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, y amenaza con dar un golpe de Estado si gana. ¿Le suena esto de algo a la ciudadanía española?
La derecha colombiana, tan corrupta como matona, lleva doscientos años malgobernando el país. No sabe perder, pero todo parece indicar que esta vez… le tocó.
No entienden que la sociedad se cansó de la corrupción rampante y de su guerra interminable, de la inequidad histórica, de la pobreza y de la violencia generalizadas, de la persecución a muerte contra la dirigencia social y de ver al Estado y a los poderes públicos en manos de las castas locales y de las transnacionales, incluidas las del narcotráfico.
Una prueba de que los cárteles hicieron de Colombia un narcoestado fue el paro armado que los grupos paramilitares impusieron hace dos semanas desde la frontera con Panamá hasta la de Venezuela. El “Clan del Golfo” confinó bajo amenazas de muerte a doce millones de personas sin que el gobierno de Iván Duque moviera un solo hombre para impedirlo.
Los habitantes de los ocho departamentos de la Costa Atlántica y el del norte del Pacífico, cerca de doce millones de personas, quedaron cinco días confinados bajo el control terrorista de los narcotraficantes, en las barbas de decenas de miles de soldados y policías sonrientes.
Fue un paro del Estado y un aviso. Los grupos narcoparamilitares encerraron, robaron, amenazaron, asesinaron con absoluta libertad, quemaron camiones y taxis, y patrullaron junto a la fuerza pública. El mundo pudo ver la tolerancia, el contubernio de la fuerza pública con las bandas de narco-paramilitares en este paro, y compararla con la respuesta violenta, criminal, del gobierno de Duque contra millones de personas movilizadas hace un año durante el estallido social en el que la policía y los grupos de narcoparamilitares asesinaron a 82 jóvenes.
Pero, sobre todo, la derecha colombiana tiene pavor un cambio en el que se conozca la verdad del terrorismo de Estado. Temen que se les acabe la impunidad, perder el control del presupuesto público que se roban sin escrúpulos, y que se les acabe la guerra, fuente de la acumulación de capital por despojo.
Por eso amenazan con más autoritarismo armado, con no entregar el gobierno, y con incrementar el baño de sangre, es decir con volver aún más ingobernable el país.
Pero el movimiento social colombiano es valiente, sigue vivo y está en acción, a pesar del genocidio contra su dirigencia, a pesar del control armado de los paramilitares en las regiones.
Las aspiraciones populares son las propias de un pueblo feliz en su primer año de democracia: reconstruir el Estado de Derecho, construir el Estado Social. Tierra para los pueblos indígenas, para las comunidades campesinas y negras; derecho a comer; inclusión de las mujeres en las transformaciones del país; sacar de la égida de los negocios la salud, la energía, las comunicaciones y la educación, para que lleguen a millones de familias excluidas.
Acabar con la impunidad estructural y respetar la soberanía de los países vecinos y hermanos, acosados por el aparato industrial y militar de los Estados Unidos y por su OTAN, que convirtieron a nuestra Colombia en el Israel de Suramérica.
Queremos justicia social, deseamos paz y buen vivir.
Nuestro pueblo, condenado a doscientos años de exclusión, se va a dar este domingo y por cuatro años al menos, una segunda oportunidad sobre esta tierra y llama a las gentes solidarias de esta parte del mundo a estar a su lado.
Javier Orozco Peñaranda. Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias.
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