El proceso de negociación entre las FARC y el gobierno nacional generó grandes expectativas en un sector del movimiento social, que desesperadamente ha vislumbrado una luz en un camino desesperanzador. Varios de los puntos del acuerdo suscrito están siendo incumplidos, convirtiéndose en una alerta sobre la inminente posibilidad del fracaso de lo pactado. No en […]
El proceso de negociación entre las FARC y el gobierno nacional generó grandes expectativas en un sector del movimiento social, que desesperadamente ha vislumbrado una luz en un camino desesperanzador. Varios de los puntos del acuerdo suscrito están siendo incumplidos, convirtiéndose en una alerta sobre la inminente posibilidad del fracaso de lo pactado. No en vano Naciones Unidas se ha visto en la, no del todo agradable tarea, de confrontar al gobierno nacional al solicitar la ampliación del término de desarme de las FARC, ante la falta de compromiso frente a la adecuación física de las zonas de concentración. El incumplimiento de lo pactado, podría ser revisado con lupa y dejaría la misma sensación de incertidumbre y temor, que obliga a cuestionar cuánto de lo que el gobierno suscribió quedó en la instancia de la formalidad.
Una de las muchas apuestas de los acuerdos fue, intentar proteger la vida de quienes han optado por la defensa de los derechos humanos, una bandera de resistencia ante la violencia estatal, quedando consignado en el numeral 2.1.2.2 «Garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos». El desafío no era insignificante, se trataba de resaltar la necesaria intervención en materia de seguridad para frenar un fenómeno que pone a Colombia constantemente en la mira de los organismos internacionales, ante el creciente número asesinatos cada año en el país. Los acuerdos eran apenas un punto que reforzaba la ya olvidada labor del Estado de responder por la protección y la vida de los defensor@s, a la vez que constituyeron un llamado a superar el índice de impunidad en las investigaciones frente a estos crímenes.
El resultado es absolutamente desolador, según el informe anual del Programa Somos Defensores, en 2016 se cometieron 128 ataques a la vida de los defesor@s de ddhh en Colombia, 49 atentados y 80 homicidios, una tasa superior en un 22% respecto al 2015 (cuando se registraron 63 muertes). Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos 14 meses fueron asesinados 120 líderes sociales, 33 sufrieron atentados La suma de las agresiones para el 2016 llegó a 481, entre atentados contra la vida e integridad, desapariciones forzadas, hurtos de información, amenazas, detenciones arbitrarias y uso arbitrario del sistema penal; lo que es igual a un defensor de derechos humanos agredido al día, cifra que contrasta fuertemente con un país que asegura construir escenarios de «paz», dando fuerza a la teoría desde la cual el exterminio al movimiento social es la única apuesta que sistemáticamente se cumple en el territorio nacional.
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