Colombia: La Gabarra

Evocación del líder social Tirso Vélez, a propósito de la desolación y el dolor de la región selvática del Catatumbo

«Los dioses partieron una piña y de ella salió un hombre,
luego partieron otra piña y salió una mujer,
ilusionados partieron otras piñas y salieron muchos niños.
Entonces poblaron las selvas y los ríos y así nacieron los motilones».

(Leyenda oral de los indígenas Barí, pobladores ancestrales del Catatumbo).

El 8 de marzo de 1992 fecha de elecciones regionales en Colombia, el entonces militante comunista Tirso Vélez, hombre sencillo de acentuadas convicciones libertarias y profunda riqueza espiritual, profesor rural de primaria apreciado por sus dotes de líder social, cantautor y poeta popular, encabezó una amplia coalición de izquierda que incluyó sectores progresistas de los tradicionales partidos (liberal y conservador), ganando abrumadoramente la alcaldía de Tibú, población de unos 34.000 habitantes, considerada capital de la selvática región del Catatumbo.

Promediando la segunda semana de agosto ese mismo año, como alcalde de Tibú, Tirso puso en marcha un orgulloso programa de gobierno que llamó «Tibú un sueño de paz». Se trataba de una ambiciosa estrategia de diálogo y desarrollo social consultada con las comunidades que lo habían respaldado. Es importante destacar que `con Tirso se cumplía el segundo mandato en línea de la Unión Patriótica, movimiento de izquierda que congregó en el Catatumbo, quizá como en ninguna otra región de Colombia todas las vertientes políticas, incluyendo líderes católicos y evangélicos, y unificando sectores disímiles de izquierda como A Luchar y Frente Popular, también al campesinado y por primera vez a los esquivos indígenas Barí.

Influenciado por el progresista obispo católico Luis Madrid Merlano, Tirso echó mano de su desbordante optimismo y de su magnífica vision nacional, y propuso la tarea de recoger 100.000 firmas entre los pobladores del Catatumbo y regiones aledañas, según él para solicitar al gobierno nacional y a la insurgencia, agrupada entonces en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar – CGSB, un cese integral y bilateral de hostilidades, preámbulo obligado hacia la construcción de un gran acuerdo de paz entre los colombianos. Como hoy, eran épocas de guerra y el narcotráfico corrompía esferas oficiales de poder, mientras los terratenientes con la connivencia del Estado fundaban ejércitos privados de paramilitares. También como hoy, la insurgencia, y separadamente el conjunto del movimiento popular presionaban desde todos los escenarios posibles, una auténtica mesa nacional de paz en busca de transformaciones económicas, sociales y políticas, que conduzca a la reconciliación nacional.

A pocas horas de Tibú y más cerca de la frontera con Venezuela, los humildes pobladores de La Gabarra (un pequeño corregimiento de Tibú) soñaban confiados en un futuro mejor para su región. De mayoría indígena y campesina La Gabarra está enclavada en montes circundados por ciénagas y madreselvas, en cuyos alrededores se pasean los puercoespín, los tigrillos, culebras, báquiros, micos, loras y gallinetas, y otras tantas especies que abundan en esas selvas de frontera. Hasta ese momento sus gentes habían vivido en relativa paz pero siempre sumidos en la pobreza, pese a ser rodeados de yacimienos de petróleo y de enormes riquezas biológicas y naturales. Esta pequeña población es en verdad un puerto fluvial a orillas del río Catatumbo, torrente navegable que serpentea por entre los montes acogiendo los ríos Sardinata, Tarra, San Miguel, Tibú y río de Oro entre otros, para luego internarse en Venezuela y desembocar en el lago Maracaibo, por donde sus aguas se conectan al mar Caribe.

En 1992 bajo una significativa influencia comunista, La Gabarra constituía el epicentro de una gran fuerza social comprometida con la paz, que para desgracia de aquel pueblo, no era una situación bien vista por el gobierno neoliberal del presidente César Gaviria Trujillo, quien estimaba al Catatumbo como una «zona roja» de alta tendencia subversiva. Por el contrario, los habitantes locales la consideraban una zona verde que querían convertir en remanso de paz. La verdad es que en esta región, como en muchas otras de Colombia donde el Estado olvidó sus obligaciones sociales, la insurgencia creció al compás de la inconformidad política de los campesinos y colonos empobrecidos, con quienes ha elaborado reglamentos de convivencia desde una óptica de poder popular.

Por aquella epoca las tropas oficiales por orden del gobierno nacional acechaban al Catatumbo, y también lo hacía el paramilitarismo que no había logrado penetrar definitivamente en La Gabarra, principalmente porque no habían florecido el latifundio y los cultivos de coca, que hasta entonces constituían un problema relativamente marginal. No obstante, en la primera semana de agosto de 1993 el poeta y alcalde de la Unión Patriótica en Tibú, fue amenazado por bandas paramilitares, justo después que se perfilara y fuera reconocido como el mejor mandatario y administrador entre los alcaldes de Norte de Santander.

El entonces general Harold Bedoya (uno entre los más oscuros personajes en la tragedia colombiana) insinuó que Tirso era amigo del terrorismo, porque éste había rechazado el arribo de 3.000 nuevos soldados al Catatumbo. En su temerario mensaje el general ignoró deliberadamente, que la Unión Patriótica había reclamado en cambio de los militares, a 50 docentes que faltaban para suplir el deficit educativo del municipio. Pocas semanas después cuando transcurrían los primeros días de Septiembre de 1993, Tirso Vélez fue detenido por el DAS (policía política del gobierno), cumpliendo una orden de la fiscalía bajo presión del general Ardila (comandante local de la brigada móvil del Ejército), quien aseguró que el alcalde favorecía desde su administración a las guerrillas, y principalmente según él, al Ejército de Liberación Nacional – ELN de fuerte arraigo en poblaciones aledañas a Tibú.

Por aquellos días Tirso había publicado el poema titulado «Colombia un sueño de paz«, que fue duramente rechazado por los mandos militares, porque desde una perspectiva humana instaba a la paz entre soldados y guerrilleros. Este fue el verso que alborotó la inquina:

«Para que exploten bombas de pan y de juguetes
y corran nuestros niños entre escombros de besos.
Lancita… mi soldado… recuerda que Jacinto, el hijo de la vieja campesina,
se fue para la guerrilla buscando amaneceres, persiguiendo alboradas.
Que no regrese muerto, no le apagues su lámpara.
Porque la vieja espera pegada a su camándula
pidiéndole a las ánimas que no le pase nada«

En el sitio web http://usuarios.lycos.es/palenquederhonealpes/reiniciar.htm se puede consultar la totalidad del poema. Una vez leído se corrobora que Colombia no está lejos del ‘Macondo’ que nos enseña Gabriel García Márquez, y que la detención de Tirso fue poco menos que una infamia, como otras miles que se han cometido. Pocas semanas después viajé junto a mi compañera Diana y el parlamentario Manuel Cepeda Vargas a Cúcutá y Tibú, para hacer el lanzamiento del libro «Poemas Perseguidos«, que por supuesto incluía los versos de la discordia. Tirso concibió el sugestivo título del libro en la cárcel, conque el régimen intentaba acallar la voz del pacífico movimiento social de la Unión Patriótica.

En la ciudad de Cúcuta, a propósito hoy convertida en sede social del paramilitarismo, favorecido con la política de «Seguridad Democrática», en dicha ciudad durante aquel viaje pudimos corroborar leyendo el expediente de Tirso, que los versos del poeta, habían sido interpretados por el general Ardila y los sabuesos de la Fiscalía, como intrincadas simpatías del alcalde con el terrorismo. Manuel Cepeda haciendo gala del sarcasmo y de su genial ironía concluyó días después a través del semanario VOZ: «para la derecha y los mandos militares en Colombia, definitivamente la poesía es peligrosa«.

A partir de 1992, en los años posteriores y contextualizado con una alta militarización, fueron asesinados selectivamente al menos medio centenar de los más queridos líderes comunales y cívicos del Catatumbo. Oleadas de pobladores (gentes humildes y de bien) migraron forzados a engrosar los cinturones de miseria en Cúcuta, El Zulia y otras regiones (incluyendo Venezuela), mientras el latifundio voraz extendía sus fauces sobre aquellos territorios, y los partidos tradicionales recobraban la hegemonía política. La pobreza continuó su camino ascendente y con ella el desempleo y la delincuencia común. Entretanto, la coca se expandió rápidamente arrebatando territorios a la selva, a la vez que los combates entre las tropas oficiales contra las insurgentes FARC-EP y ELN se multiplicaron, sembrando zozobra entre la población civil del municipio de Tibú y también en otros como El Tarra, Convención, Hacarí, Teorama y San Calixto.

La insurgencia no pudo impedir la expansion de la coca en sus areas de influencia, dada la ausencia de alternativas sociales para el campesinado empobrecido y el constante arribo de nuevos desplazados a las zonas de colonización, además, porque innegablemente ganó importantes espacios de influencia y legitimación entre la población dedicada a sobrevivir con dichos cultivos, al prohijar y reglamentar socialmente en los territorios de colonización, a los desterrados que huían de la violencia militar y paramilitar.

En 1996 la embajada de EE.UU. ordenó al presidente colombiano Ernesto Samper la fumigación de los cultivos de coca, decisión a la que el campesinado no tardó en responder con masivas protestas sociales. Aunque las marchas cocaleras tuvieron su epicentro en el sur del país, más de 350.000 campesinos se manifestaron pacíficamente en varias regiones de Colombia, incluyendo en el norte al Catatumbo. Los labriegos exigían soluciones económicas viables para la crisis social que padecían, rechazando la criminalización de su actividad productiva, y alegando que el cultivo de coca estaba incorporado a su economía de subsistencia. El gobierno evadió el diálogo social instalando mesas tramposas de negociación, a la vez que reprimía con violencia militar las pacíficas marchas campesinas. La arremetida violenta del Estado debilitó la credibilidad institucional entre los cocaleros, acercándolos más a las guerrillas, organizaciones que no tardaron en organizar una respuesta insurgente, fundamentalmente las FARC-EP, quienes desataron una ofensiva guerrillera sin precedentes en el sur de Colombia.

En los años siguientes, en cambio de formular alternativas políticas y sociales, el Establecimiento gobernante aceleró la expansión de la estrategia paramilitar, obteniendo mayor éxito en el centro y norte del país. Recordemos que la violencia paraestatal ha sido el arma tradicional del poder gobernante en la Colombia de los últimos 50 años. Por tradición los ejércitos privados de «pájaros», sicarios y ahora «autodefensas», han ejecutado o encubierto la guerra sucia de los gobiernos y los terratenientes contra los movimientos populares de oposición.

La estrategia paramilitar se benefició y se ha visto fortalecida como nunca antes con el «Plan Colombia«, un impresionante programa de guerra patrocinado por los EE.UU. que puso en marcha el presidente Andrés Pastrana, bajo el embeleco de combatir al narcotráfico y el terrorismo. Fortalecidas y envalentonadas las bandas paramilitares en mayo de 1999 organizan un ataque masivo contra la población del Catatumbo, con la intención de copar aquellos codiciados territorios, cuyos cascos urbanos estaban ya bajo control absoluto de las fuerzas militares del Estado. Una directriz del Plan Colombia ordena que la fuerza pública se instale definitivamente en cada uno de los 1070 municipios del país, de los que al menos 320 (fundados a la sazón del desplazamiento forzado y la pobreza) han sido históricamente controlados por las guerrillas.

Con la ofensiva paramilitar Tibú y particularmente el corregimiento de La Gabarra fueron bañados en sangre. Cerca de 600 personas son asesinadas, muchas de ellas sometidas a horribles torturas, en las que familias enteras fueron mutiladas con machetes y motosierras, incluyendo numerosos niños y ancianos. Aproximadamente 20.000 colonos y pobladores huyen atemorizados de la región, con la anuencia descarada de la fuerza pública y el silencio aterrador del gobierno nacional. Prestigiosas organizaciones defensoras de los derechos humanos como la «Asociación para la Promoción Alternativa – Minga» documentaron informes y testimonios de primera mano, que contribuyeron sin duda a despejar lo acontecido. Pese a todo, la casi totalidad de políticos, financiadores y militares responsables de estos crímenes de lesa humanidad siguen actuando libremente y vinculados al gobierno de Uribe. Como excepción a la regla se contabiliza la destitución del general Alberto Bravo Silva, que por acción y omisión fue vinculado a los hechos.

Llama la atención que antes y durante el periodo en que fueron cometidas las terribles masacres contra la inerme población del Catatumbo, la fuerza pública desplegó bajo orden del general Martin Orlando Carreño Sandoval, entonces comandante de la 5 Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga, la más grande operación contrainsurgente en la historia de la región. Entre mediados de Octubre del año 2001 y finales de Marzo de 2002, aproximadamente 7.500 soldados de élite, pertenecientes a los batallones: Comuneros 36 (que operó entre Tibú y el corregimiento de Filogringo en El Tarra); Santander (esta unidad se desplazó desde el departamento del Cesar hasta el área petrolera de Orú); Unidad Móvil de contraguerrillas – Los Guanes; Luciano D’Elhuyar, y batallón Maza de Cúcuta, realizaron operaciones en la región.

Las tropas del Estado con apoyo de la fuerza aérea, combatieron y ametrallaron por todos los flancos a las guerrillas, afectando principalmente al ELN que tenía una importante presencia en varios municipios del Catatumbo. El accionar del ejército, presumiblemente trataba de contener la reacción de los insurgentes, en momentos en que las paramilitares AUC acometían sus motosierras contra la población civil. El pretexto de los «paras» era aniquilar las supuestas bases sociales de la subversión, mientras el ejército, en forma casual parecía controlar la posible retirada de los civiles que huían del cerco de terror que imponían las bandas genocidas. Testimonios de campesinos sobrevivientes e investigaciones posteriores a las matanzas, pusieron al descubierto la casi descarada coordinación entre oficiales y paramilitares que llevaron a cabo las operaciones.

Los saqueos, violaciones, torturas, asesinatos y desapariciones selectivas tuvieron su climax genocida en diciembre de 2001, fecha en la que tiene lugar la segunda masacre de civiles inocentes. Las llamadas «autodefensas» recorrieron durante su redada criminal, territorios más allá de las zona urbana y rural de los municipios del Catatumbo, abarcando también áreas del Carmen, La Playa, Puerto Santander, Petrólea y Río de Oro, es decir, casi un tercio del departamento, jornada de terror que se prolongó hasta mediados de Marzo del 2002, cuando se considera que la región pasó al control casi absoluto del paramilitarismo. Desde entonces el narcotráfico acumula poder a expensas de las tierras campesinas.

Los actos de barbarie ejecutados por los escuadrones de la muerte contra civiles indefensos, condujeron a la inevitable degradación del conflicto social armado. Así mismo las estelas de muerte y destrucción del frágil tejido social del Catatumbo se fueron extendiendo paulatinamente a otras secciones del Norte de Santander. Municipios como Arboledas, Salazar de las Palmas, Villa del Rosario, El Zulia y particularmente Cúcuta, ciudad capital que alberga poco más de 600.000 habitantes, el 70% sumido en la pobreza, fueron convertidas en sede social del narcotráfico y las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia – AUC. El Norte de Santander es una provincia montañosa de unos 21.000 Km2, compuesta por 38 municipios incluyendo Tibú.

Mención especial hago del municipio de El Zulia, ubicado a escasos 25 minutos de Cúcuta en un esplendoroso Valle de arrozales, circundado por montañas y dos ríos (Peralonso y Zulia), que constituye uno de los lugares más hermosos de Colombia. Allí transcurrieron los primeros años de mi juventud, los primeros amores, la secundaria y el primer acercamiento a las luchas políticas junto a la Unión Patriótica. Fue una época determinante para la vinculación definitiva al trabajo por una verdadera democracia y por la paz en Colombia. Un sábado tarde, en agosto de 1978, durante una improvisada reunión de cantores en el parque principal conocí a Tirso Vélez, que acariciaba canciones de protesta en su guitarra. No tardó en enseñarme el periódico VOZ, y un tiempo después me fue presentando a Juan Mogollón, Jaime Gómez, David Jaimes, Carlos Bernal y otros delegados del Partido Comunista que frecuentaban El Zulia con propaganda revolucionaria.

Tirso Vélez fue aislado del regional del PCC en época posterior a su accidentada alcaldía de Tibú, poco tiempo después de haber salido de prisión. Conflictos y discusiones propias del Partido lo alejaron de las huestes comunistas. En los años siguientes con total autonomía fortaleció su profunda convicción pacifista y liderazgo político, siendo primero diputado departamental, luego aspirante independiente a la gobernación y al parlamento, hasta que finalmente llegó a ser el más opcionado candidato a la gobernación del Norte de Santander en el año 2003, encabezando de nuevo una coalición muy amplia de organizaciones populares, esta vez impulsada por el Polo Democrático y el Frente Social y Político, los mismos movimientos alternativos que llevaron al socialdemócrata Luis Eduardo Garzón a ser el actual alcalde mayor de Bogotá.

Pero el Norte de Santander bajo la férula narcotraficante y paramilitar, ya no fue tierra fértil para proyectos democráticos y civilistas. Una casta de terratenientes y corruptos se han apropiado de los hilos de poder político y económico, infiltrando inclusive los órganos de justicia, situación reiteradamente demostrada en las documentadas denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, y paulatinamente confirmadas por sucesivos escándalos, que han desvelado la ligazón institucional de narcotraficantes y paramilitares con la oficina regional de la Fiscalía General de la Nación.

Justo cuando Tirso Vélez encabezaba las encuestas de opinión a nombre del Polo Democrático, y la población (principalmente las barriadas empobrecidas de Cúcuta, colmadas por desplazados de la violencia) manifestaban abierta complacencia por su magnífica candidatura a la gobernación del Norte de Santander, su preciosa vida le fue arrebatada violentamente.

Con el asesinato de Tirso la ultraderecha cortó las alas de un proyecto civilista, popular y democrático, afianzando la llegada de los corruptos de siempre al poder regional. La clase dominante no toleró una pacífica candidatura de izquierda, y por evidente temor a una derrota electoral, castigó sin piedad al líder que encarnaba un auténtico proyecto de paz para el departamento.

Al poeta y cantautor, que desde un liderázgo de izquierda asumía como el candidato de los excluídos, le cegaron la vida al atardecer del miércoles 4 de Junio de 2003. Las ráfagas de los sicarios hirieron también a Isabel (esposa y madre de sus pequeños hijos Miguel Angel y Ruben Darío) y un acompañante ocasional. El crimen se cometió a escasos metros de la vigilada sede del gobierno departamental y a pocas cuadras de una enorme estación de policía. No obstante, testigos aseguran que los asesinos se dispersaron con toda tranquilidad por la ciudad, utilizando dos conocidos taxis y varias motocicletas de alto cilindraje que cruzaron por entre habituales retenes militares.

Horas después del crimen el diario «La Opinión», un periódico de cubrimiento regional que en vida le publicó artículos y poemas a Tirso, extrañamente ese día enfatizó su sitio web en noticias sobre hechos violentos adjudicados a la insurgencia. Aparecía el titular del atentado contra Tirso, pero al abrir la noticia dejaba ver la nota sobre un atentado cometido supuestamente por el ELN contra un centro comercial. Muchos nos preguntamos ¿que pretendía el diario La Opinión? Lo cierto es que este periódico ha girado hasta convertirse en un confundidor de la opinión pública y en el puntal defensivo de la clase política más corrompida del departamento, obviamente ligada al narcotráfico y el paramilitarismo. El gobierno de Alvaro Uribe Vélez, campeón de los «shows mediáticos», frente al asesinato de Tirso guardó un repugnante silencio.

El asesinato de Tirso Vélez se inscribe en la ya sistemática eliminación de opositores que ha padecido el Norte de Santander. Aunque la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos corroboran que más de cinco mil líderes sociales, comunales y sindicales han sido asesinados en los últimos 5 años en Cúcuta, la realidad es que los crímenes selectivos contra el movimiento popular se remontan a la década de los ochenta. Miles de seres anónimos han perdido la vida y también destacadas personalidades cuya actividad estaba centrada en la oposición política al régimen. En honor a la memoria y con esperanza de justicia se precisa recordarlos a todos, pero en esta breve nota solo mencionaré algunos:

• Ramón Aníbal Díaz, prestigioso profesional y líder regional del Partido Comunista y la Unión Patriótica, asesinado el 26 de Enero de 1986, junto a varios compartidarios y miembros de su familia.

• Darío Colmenares y su esposa Shirley Díaz abogados defensores de detenidos políticos, ambos asesinados en 1985.

• Carlos Ariza, defensor de presos políticos sindicados de rebelión, fue asesinado en 1994.

• Elsa Clarena Guerrero y Carolina Santiago Navarro, asesinadas en Ocaña, el 28 de Enero de 2001, pertenecían a la Asociación de Institutores de Norte de Santander -Asinor, filial de Federación Nacional de Educadores – Fecode.

• Gabriela Galeano, dirigente sindical de Anthoc, sindicato de los trabajadores de la salud, asesinada el 9 de Diciembre de 2000 en Cúcuta.

• Carlos Cordero, también dirigente del sindicato Anthoc, asesinado en Bochalema, el 6 de Diciembre de 2000.

• Rosalba Calderón Chávez, sindicalista de Anthoc, asesinada en Ocaña el 3 de Octubre de 2000.

• Pauselino Camargo Parada ex sacerdote y apreciado líder social, ex alcalde de Cúcuta, asesinado por paramilitares el 3 de Febrero del año 2000.

• Iván Villamizar Luciani, activista de derechos humanos, ex defensor regional del pueblo y profesor universitario, asesinado el 12 de febrero de 2001, luego de hacer denuncias contra la corrupción y sobre la situación de derechos humanos. En un golpe posterior contra la Universidad fueron secuestrados, torturados y asesinados, por policías y paramilitares, los líderes estudiantiles Edwin López y Gerson Leal.

• Carlos Arturo Pinto Bohórquez y María del Rosario Silva Ríos, fiscales especializados quienes al momento de su crimen investigaban casos de narcotráfico y paramilitarismo, en los que estaban implicados líderes políticos y empresariales del Norte de Santander.

• Luis Humberto Rolón, dirigente cívico y activista del PCC asesinado el 16 de Junio de 2003.

• Mención especial para Carlos Bernal y David Jaimes, a quienes conocí gracias a Tirso, y a quienes traté de cerca y encontré en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años. Carlos Bernal fue asesinado por bandas paramilitares el jueves 1 de Abril de 2004 en la ciudad de Cúcuta. Fue un importante lider de las juventudes comunistas del Norte de Santander, posteriormente directivo del PCC, y comisionado de paz de dicho departamento. Al momento del crimen se desempeñaba como secretario general del Frente Social y Político, desde donde desarrollaba un intenso trabajo en favor de la solución política para el conflicto armado. Y David Jaimes, quien fuera el primer alcalde de la Unión Patriótica en Tibú y lider apreciado en el Catatumbo, fundamentalmente por sus vecinos de La Gabarra que apreciaban en él su calidad humana. David fue asesinado durante la primera semana de Junio de 2004, en cercanías de la frontera colombo venezolana, en circunstancias aún no esclarecidas.

Es en el marco de esta sistemática violencia, amparada en el terrorismo de Estado, que sucedió el último crimen colectivo en la Gabarra. A la madrugada del martes 15 de junio de 2004 la muerte azotó de nuevo las selvas del Catatumbo, día que fueron asesinados 34 jornaleros y labriegos que descansaban la jornada acampados en una humilde vereda, y que según se pudo confirmar, estaban recién llegados a la región, llevados y contratados por una mujer que figura en la nómina de los paramilitares.

Respondiendo a una calculada programación, los «raspachines» nombre común de los trabajadores que desojan arbustos de coca, fueron instalados en un campamento aislado, sitio donde posteriormente se cometió la matanza, hecho atroz ejecutado con sevicia, y a escasas horas de instalarse la mesa de diálogo entre el gobierno de Uribe Vélez y las bandas paramilitares. Al parecer con esta matanza, se pretendía atraer a Santafé de Ralito, sede de los diálogos paramilitares, a medios de prensa internacionales renuentes a un gran despliegue informativo sobre este proceso que muchos consideran una farsa del gobierno Uribe. En cuanto al macabro suceso de La Gabarra, aún sin hacer el levantamiento de los cadáveres, sin acudir al sitio, sin investigación alguna y sin análisis probatorio, políticos y militares del Norte de Santander, entre los que se destacó el coronel Marco Antonio Pedreros, comandante departamental de Policía, se apresuraron a adjudicar la masacre a la insurgencia, tratando de señalar al paramilitarismo como víctima.

En el marco de esta triste coyuntura, que enluta hogares colombianos, el presidente Uribe organizó una fuerte ofensiva mediática orientada a justificar su estatuto antiterrorista, y solicitar a la comunidad internacional respaldo para el proceso de paz que adelanta con los paramilitares. La prensa favorable al régimen repitió hasta el cansancio la versión difundida por las autoridades, y los titulares inclusive de agencias internacionales, simplificaron el conflicto social y armado colombiano, indicando la existencia de una guerra entre paras y guerrilla por hacerse al control de los territorios donde se cultiva coca. Prácticamente ningún análisis apareció sobre la vulnerabilidad de los civiles desarmados en el Catatumbo y toda Colombia, que se supone, son el objeto de protección de la política de «seguridad democrática» que adelanta el gobierno.

Con la última masacre en La Gabarra también se tendió una cortina de humo, en apariencia casual, sobre el grave escándalo que afecta a las primeras ‘autoridades’ del Norte de Santander, comenzando por el alcalde de Cúcuta, señor Ramiro Suárez Corzo, recientemente capturado a pesar de su investidura, luego de que se filtrara ampliamente a la opinión pública su descarada ligazón con el hampa narcotraficante, y su co-responsabilidad intelectual en crímenes de personalidades del Norte de Santander, entre otros, el asesinato de Tirso Vélez.

Días antes de la matanza de raspachines de coca, se había puesto al descubierto que el señor Suárez Corzo organizó durante su campaña electoral una fuerte campaña contra el candidato de la izquierda democrática Tirso Vélez, favoreciendo a su compadre político, Miguel Morelli Navia, hoy gobernador del Norte de Santander. Morelli Navia ha guardado un aterrador silencio ante los centenares de asesinatos contra líderes populares, sucedidos durante su campaña y su mandato.

Entretanto la acción de organismos de derechos humanos han presionado al desprestigiado aparato de justicia colombiano para que actúe. El primer resultado ha sido la orden de captura contra el alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, a quien también se le imputa responsabilidad en el asesinato del asesor jurídico de la alcaldía, Alfredo Enrique Flórez. Por este mismo hecho es prófuga de la justicia la señora Ana María Flórez Silva, directora de Fiscalías en la ciudad de Cúcuta, acusada igualmente de complicidad con las bandas paramilitares. También se investiga a Magali Yaneth Moreno Vera, ex investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, cargo que mantuvo a pesar de ser la novia de un comandante paramilitar. Otros superficialmente investigados son la señora Deisy Calcerán de la Secretaría de Gobierno departamental, el secretario de Seguridad Iván Figueredo, este último delatado por amigos suyos que arrepentidos se entregaron a la justicia, y el Coronel Víctor Hugo Matamoros, actual comandante del batallón Maza.

El presidente Uribe trató de utilizar la no esclarecida masacre de La Gabarra, como instrumento de presión, para poner en entredicho el valioso e independiente trabajo que realiza Amnistía Internacional, y todo porque esta organización no reprodujo a velocidad de papagayo amaestrado, las versiones oficiales sobre el lamentable hecho de violencia. El señor Uribe ignoró deliberadamente, en un intento por impactar a la opinión de derecha que le favorece en las encuestas, que Amnistía Internacional es una organización defensora de derechos humanos caracterizada por la prudencia y la independencia, y que acude a informaciones de primera mano, las cuales analiza y contrasta, y generalmente hace pronunciamientos cuando conoce versiones creíbles, producto de la investigación realizada en terreno. En realidad el plan de Uribe era desacreditar a la insurgencia, transformar en víctimas a los victimarios, y ganar adeptos en su odiosa campaña contra los defensores de derechos humanos.

Portavoces del Establecimiento alimentaron la polémica de Uribe Vélez contra Amnistía Internacional, desplegando para ellos su maquinaria de prensa y enfatizando en la manipulación informativa, para lo cual además, aprovecharon un desatinado artículo de opinión publicado en la agencia de prensa ANNCOL, agencia que habitualmente y desde una óptica de izquierda difunde notas sobre el conflicto colombiano. La mencionada nota de ANNCOL enfatizaba en la paramilitarización del Catatumbo, pero fue asimilada por los medios gobiernistas a una comunicación oficial de las FARC, en la que supuestamente aceptaban como positiva la matanza de trabajadores raspachines en La Gabarra. Posteriormente ANNCOL desde su sede europea aclaró no poseer facultades tales, como las de suplantar a la comandancia guerrillera, sin embargo, la manipulación informativa se mantuvo, ignorando las pertinentes aclaraciones y protestas de la agencia de prensa.

No se puede falsear la realidad, como históricamente lo han hecho los empresarios y terratenientes que gobiernan a Colombia, dueños y señores de la prensa colombiana. Sin duda, y como sucede en todo conflicto armado interno o guerra civil, el Estado garante y tutelar de los derechos es el directo responsable de la violación a los derechos humanos, así como los alzados en armas contra el poder establecido, son responsables mayoritarios de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los paramilitares luchan por defender los privilegios de los ricos y terratenientes que gobiernan, y se declaran hijos del Estado colombiano. En una guerra así se necesita una información independiente y alternativa, y más cuando la población civil es quien padece los peores rigores del conflicto.

Esta realidad nos obliga a quienes estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y con la búsqueda de una auténtica democracia, a que sigamos trabajando desde nuestras posibilidades, por alcanzar la consolidación de un movimiento amplio, nacional e internacional, por la paz con justicia social en Colombia. El acuerdo humanitario debe ser la primera tarea de este movimiento popular, porque abre una puerta hacia la discusión de soluciones políticas y sociales para el conflicto interno. Por ahora el gobierno Uribe camina en sentido contrario, legalizando los paramilitares y su caudal narcotraficante mediante el diálogo, y prometiendo un partido político de ultraderecha que supuestamente lo va a elegir nuevamente como presidente.

En este contexto le envío al presidente Alvaro Uribe Vélez, dos mensajes… Primero, que quienes estamos comprometidos en la búsqueda de la paz con justicia social, y en la construcción de una democracia verdadera para nuestro pueblo, jamás nos alegramos ni celebramos muerte alguna, por el contrario, a todo tiempo y lugar reclamamos la paz como nuestro más grande anhelo, y la vigencia integral de los derechos humanos como esencia de justicia. Segundo, que los auténticos defensores de derechos humanos somos independientes, pero no somos ni podemos ser neutrales ante el conflicto social armado interno, ni más faltaba, pues con absoluta claridad estamos a favor de la solución política y del diálogo con los insurgentes, porque la guerrilla está conformada por quienes no tuvieron otra opción que levantarse en armas para continuar sus luchas que no pudieron por vías democráticas. No respaldamos el monólogo inmoral entre su gobierno con paramilitares y narcotraficantes, porque estamos a favor de la paz como producto de transformaciones sociales, económicas y políticas en bien de nuestro pueblo, paz con reforma agraria, soberanía y derechos humanos.

Y no podría concluir la presente nota sin destacar el testimonio que Tirso Vélez nos brindó con su preciosa vida. Tirso amó tanto a sus hijos como a la poesía, porque ellos eran para él sus versos vivos. Fue un soñador incansable comprometido con la causa liberadora de los pobres, fue un hombre culto y autodidacta, poseedor de una natural sencillez. Fue un líder transparente que sabía escuchar y transmitir mensajes. Por tradición familiar fue cristiano y por conciencia militante comunista, pero al final de sus días fue simplemente un pacifista, alguien que combinó en la práctica sus experiencias intelectuales y espirituales. Era un enamorado de la vida, tema que expresó en la nostalgia de sus cantos y en la profundidad mística de sus poemas, porque creía que la vida es un círculo. Gozó y compartió con sus amigos el mensaje simple de libros como «Sidartha» del escritor alemán Herman Hesse, y de otros como«El Principito» y «Juan Salvador Gaviota».

Poco antes de su muerte había declarado en una entrevista: «Yo le tengo miedo a la muerte por lo desconocido. Tengo miedo a dejar compromisos sin cumplir o metas no logradas, si tienen que ver con la felicidad del ser humano y contra tantas injusticias vigentes en la tierra». Paz en su tumba e infinita memoria para él y para tantos inocentes asesinados, encarcelados, perseguidos, torturados y desaparecidos en el marco de la guerra sucia y el terrorismo de Estado. De esos seres humanos excepcionales, soñadores y amantes de la vida, tomaremos lo mejor de su herencia y se lo transmitiremos a las nuevas generaciones, para que nosotros ni ellos jamás los olvidemos.

Anexo: Mapa del Norte de Santander y su ubicación en Colombia.