A principios de diciembre de 2006 el presidente de Colombia Álvaro Uribe pidió, en una alocución pública, que todo el que tuviera nexos, o hubiera auxiliado a grupos paramilitares de ultraderecha, por dentro o por fuera de la institucionalidad pública, lo confesara al país. Esto lo solicitó el presidente Uribe en medio de un escándalo […]
Esto lo solicitó el presidente Uribe en medio de un escándalo político que ha sido calificado por opositores y adeptos al gobierno, como el caso más grave de corrupción política en la historia reciente de Colombia, y al que la opinión pública ha bautizado como «La para-política». En este caso se ha denunciado la participación de al menos una decena de congresistas, y otros funcionarios públicos de elección popular, como gobernadores y alcaldes, en la conformación, financiación, auxilio logístico y conducción de grupos paramilitares de ultraderecha, acusados de cometer masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, apropiación de dineros públicos destinados a la salud y a la educación en las regiones, y una variedad de crímenes relacionados con el accionar de estos ejercicios privados.
Dos semanas después de la solicitud del presidente, se hizo pública una carta firmada por 18 mil colombianos, de profesión ganaderos, comerciantes, transportadores, empresarios, industriales y dirigentes políticos, en la que confiesan haber participado en la conformación y sostenimiento financiero de grupos paramilitares de ultraderecha. Los firmantes de la carta habitan una región denominada el Bajo Cauca Antioqueño, al noroccidente de Colombia, zonas de ricas tierras donde prosperan bosques maderables, minas auríferas, haciendas ganaderas y monocultivos industrializados como la palma de aceite y las bananeras.
Quienes hacen semejante confesión pública explican que en la década de los años 1980, grupos guerrilleros hicieron presencia en la región, amenazando la actividad comercial agropecuaria y empresarial con extorsiones, secuestros y asesinatos. Como reacción a esto, sostienen los firmantes, y ante un aparente abandono del Estado y de su fuerza pública, ellos apoyaron la formación de ejércitos privados que durante 25 años han operado en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, en la costa norte del país.
Una de las primeras voces escuchadas, luego de la masiva confesión pública de apoyo al paramilitarismo colombiano, fue la del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, quien dice que «Esto no puede (la confesión pública y expresa) convertirse en un estímulo a la impunidad» adelantándose a lo que podría suceder luego de que sean indagados más de 50 líderes paramilitares detenidos, y se aplique sobre ellos la controvertida «Ley de Justicia y Paz» creada especialmente para este proceso, y que contempla penas entre cinco y ocho años para los confesos paramilitares.
Según el gobernador Gaviria, Antioquia ha sido el departamento más activo en el llamado «Proceso de paz con los paramilitares», que ha caracterizado a los últimos cuatro años de gobierno de Álvaro Uribe. Las estadísticas aportadas por esa gobernación indican que sólo en Antioquia se han desmovilizado el 40% del total de paramilitares que han participado en ese proceso, es decir, unas 18 mil personas. Pero es también en Antioquia donde este gobernador admite que nuevos grupos de paramilitares se han conformado en cabeza de quienes nunca se desmovilizaron, o desmovilizados que resienten del gobierno el incumplimiento de unos acuerdos hechos en la llamada «Mesa de Santa Fe de Ralito»; acuerdos cuyos detalles son desconocidos por la opinión pública.
Las amenazas de estos nuevos paramilitares cobran ya sus primeras víctimas oficiales: el defensor del pueblo de Urabá, zona bananera en la región más noroccidental de Antioquia, abandonó su cargo y su residencia debido a una campaña iniciada para asesinarlo. El mismo gobernador de Antioquia admite que bajo toda esta situación subyace el verdadero motor que dinamiza los asesinatos, el despojo, el desplazamiento, y la desinstitucionalización que avanza en el país: el narcotráfico y sus grandes utilidades financieras.
Para Aníbal Gaviria, estos nuevos grupos manejan la producción de cocaína en la región y operan su salida al exterior, a través de las costas de Antioquia, Córdoba y Sucre.
Pero mientras los firmantes de la confesión intentan legitimar la conformación de grupos paramilitares de ultraderecha en la amenaza que para ellos constituye la presencia y la operación guerrillera, en detrimento de sus bienes y de sus vidas, el enfrentamiento directo entre paramilitares y guerrillas, como ejércitos irregulares, es el caso menos característico del conflicto en esa zona del país. La violencia en el Bajo Cauca antioqueño, en la cabeza de los paramilitares se ha caracterizado, según organizaciones como la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, por las masacre a campesinos, líderes cívicos, sociales y políticos, maestros y profesores, estudiantes y trabajadores sindicalizados.
En Antioquia, a pesar de ser, como lo dice el gobernador Aníbal Gaviria, el departamento con mayor aporte numérico en hombres y recursos al paramilitarismo, la dinámica de la guerra ha sido otra: la del vicariato, el homicidio selectivo en lo urbano; y la de las masacres y el desplazamiento forzado en lo rural, a campesinos y obreros agropecuarios acusados de apoyar logística o ideológicamente a las guerrillas.
Los grandes ejércitos bien armados, que vimos desfilar ante los medios de comunicación durante las desmovilizaciones masivas -que según el Programa para la Reinserción de la Presidencia de la República suman casi 40 mil hombres, frente a los 16 mil guerrilleros que la inteligencia militar reconoce en el país-, parecen haber desempeñado un papel costoso y pasivo en el conflicto.
Por su parte, el Vicefiscal general de la Nación, doctor Germán Mendoza Diago, anunció que la Fiscalía colombiana abrirá una investigación preliminar para establecer qué tipo de ayuda brindaron los 18 mil firmantes de la confesión pública, a los paramilitares del bajo cauca antioqueño, y que operaron en tres departamentos del norte del país.
Para el alto funcionario judicial es necesario establecer claramente de qué manera ese apoyo -hecho expreso por la médula de una sociedad- al paramilitarismo, determinó las masacres, el desplazamiento, el despojo de bienes y los homicidios selectivos de contradictores al gobierno, en un de las regiones más ricas y disputadas del territorio colombiano, debajo del cual subyace, como un tesoro maldito y silencioso, el negocio de la producción y la exportación de la cocaína.