«Iré a los Estados Unidos y humildemente daré las explicaciones necesarias.» Esta frase, pronunciada por el presidente Álvaro Uribe Vélez en una rueda de prensa rápidamente montada en la noche del 19 de abril de 2007, expresa toda la angustia y preocupación del régimen ente el posible estancamiento de lo que han llamado «la integración […]
«Iré a los Estados Unidos y humildemente daré las explicaciones necesarias.» Esta frase, pronunciada por el presidente Álvaro Uribe Vélez en una rueda de prensa rápidamente montada en la noche del 19 de abril de 2007, expresa toda la angustia y preocupación del régimen ente el posible estancamiento de lo que han llamado «la integración a la globalización» a través de la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país del Norte.
La rueda de prensa a la que hacemos referencia, así como otra organizada en Miami un día más tarde, son un intento del gobierno colombiano por contrarrestar las cada vez más frecuentes alusiones que sobre la relación entre el presidente, sus hombres de confianza y el paramilitarismo se hacen en la prensa norteamericana y que recientemente provocaron que el ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore cancelara su asistencia a un encuentro medioambiental para no coincidir con Uribe Vélez.
Pero, ¿están los Estados Unidos dispuestos a retrasar la firma de un Tratado que le representará millones de dólares en comercio y a, de paso, debilitar a su mejor socio en la región? Esto no parece posible, sobre todo porque los norteamericanos saben perfectamente cuál es el problema, ya que durante años lo han tolerado y hasta se han beneficiado de él.
Capital transnacional y nuevas dinámicas de acumulación
Los estudiosos del desarrollo del capital están de acuerdo en que asistimos a una nueva fase de acumulación [1]. Se combinan de forma permanente la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la especulación financiera y el desarrollo de megaproyectos con la rápida y masiva extracción de recursos naturales: biodiversidad, agua, petróleo, minerales.
En Colombia, la adecuación a estas dinámicas comienza a mediados de los setenta con una particularidad: desde un inicio, el negocio del tráfico de narcóticos y todo el submundo que éste genera (ver y vivir la realidad al día, sicariato, corrupción política) fue contemplado como herramienta eficaz tanto para el desarrollo de la economía como para ejercer un control social a favor de las elites en el poder.
Desde entonces se entrecruzaron las contrarreformas de corte neoliberal y la eliminación física de miles de personas que trabajaban en procesos sociales. Asimismo, se fue produciendo una articulación creciente e integral del país en torno a los intereses del capital transnacional, con especial acento en el norteamericano. Primero a la sombra, como algo que da vergüenza, y al final abiertamente, los entramados económicos, políticos, militares y culturales del narcotráfico jugaron, y siguen jugando, de soporte del modelo. La relativa estabilidad tanto política como económica del país no sería explicable sin entender el papel del narcotráfico en las tres últimas décadas.
Fue durante los gobiernos liberales de Virgilio Barco y de César Gaviria (hoy opositor «constructivo») cuando se impulsó de forma definitiva una primera ola de medidas legislativas tendentes a habilitar las estructuras nacionales para la entrada a fondo del capital transnacional: la Ley 9 de 1991 eliminó el control de capitales y liberó la inversión extranjera; las reformas laborales (1990 y 2002) flexibilizaron la contratación laboral y las leyes 100 de 1993 y 142 de 1994 abrieron el sector social al control y beneficio del capital privado. Además, el Código de Minas (Ley 685 de 2001) entregó a perpetuidad y a costo cero los recursos del subsuelo; la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) legalizó a los narcoparamilitares y su dinero; y la Ley General Forestal (Ley 1021 de 2006) abrió el territorio y la biodiversidad a los intereses transnacionales» [2].
Simultáneamente, el terrorismo de Estado permitió la concentración de 4,4 millones de hectáreas [3], que se reorientaron ya para la ganadería extensiva y los monocultivos de plantación ya para el desarrollo de grandes proyectos de construcción de infraestructuras. El Plan 2019 tiene como meta mejorar la focalización del gasto público; regular los sectores y el acervo de capital físico incorporando las ultimas tendencias tecnológicas; garantizar la conectividad de población y empresas a mercados y servicios; facilitar la integración al mundo y promover el transporte multimodal, la inversión privada y esquemas empresariales modernos, dinámicos y eficientes.
Los cuatro millones de desplazados que tuvieron la suerte de seguir vivos se trasladaron a las ciudades, causando su presión una baja de salarios. Este impacto, unido a las contrarreformas laborales, ha provocado la pauperización de la mitad de la población trabajadora, que gana apenas un salario mínimo (algo más de 200 dólares mensuales). Estamos hablando de más de ocho millones de personas.
Por otra parte, la economía se «financiariza» a tono con las tendencias mundiales, con un sector que ya representa un 25 por ciento de la economía nacional y tiende a crecer, lo que muestra su supremacía sobre los demás. Los créditos y el juego de los intereses manejan los sectores productivos, mientras los nuevos ricos mueven la economía mediante el consumo. Colombia vive una crisis de endeudamiento, pues por causa de los dineros legalizados y la llegada de «capitales golondrina» se ha disparado el consumo mediante la vía de los créditos. Pero, ¿podrán pagar estos deudores?
Libardo Sarmiento [4] afirma al respecto: «El consumo de importados se disparó. Se logra empatar a Brasil en venta de nuevos vehículos. Casi 190.000 carros, pero Colombia con una población tres veces menor. Disparada también la venta de celulares: se duplica año a año (30 millones de usuarios en 2006). Los súper e hipermercados, los bancos, los transportadores y hasta los impuestos baten marcas en ganancias y recaudos.»
El agro y la industria decaen, pero el sector financiero está más vital que nunca. Con la entrada en vigencia del TLC esta tendencia será más marcada, ya que los negociadores del gobierno colombiano acordaron la entrada masiva de productos agropecuarios y bienes de consumo industrial.
El modelo de integración y el papel del TLC
Debilitado el movimiento social y la oposición, abierto el país a la inversión extranjera, reorganizado el régimen que administrará la nueva colonia, se empuja la firma de un TLC con los Estados Unidos que no es otra cosa que el colofón de la anexión al país imperial y, por esa vía, la tan defendida integración al mundo globalizado.
Al tiempo que acusa a los críticos de parroquiales y antiprogresistas, con un discurso totalmente ideologizado que proclama el Tratado como la solución a los problemas de empleo, pobreza y desarrollo, el gobierno firma el TLC que debe ser ahora ratificado por los congresos tanto de EE UU como de Colombia. Las previsiones gubernamentales indican que en octubre des este año el acuerdo habrá sido ya revisado por la Corte Constitucional y habrá entrado en vigor.
Los impactos sociales, económicos y ambientales son imprevisibles pero ya se empiezan a sentir. El economista Eduardo Sarmiento [5] sostiene lo siguiente: «como sucedió con la apertura (1993), las empresas han procedido a sustituir masivamente la producción de materias primas nacionales por importaciones. La producción de cereales se desplomó y la producción de bienes intermedios industriales evoluciona muy por debajo de los bienes finales y se lleva consigo el empleo. El Producto Interior Bruto (PIB) crece a altas tasas y el desempleo aumenta». Sólo los grandes monopolios pueden sobrevivir en este ambiente de competencia totalmente desigual.
Lo más inmediato y evidente será la destrucción de amplios sectores de la producción agropecuaria, con especial énfasis en los alimentos de consumo masivo. Ya hoy en día, como resultado de la apertura de los años noventa, el país está importando un promedio de 5,5 millones de toneladas anuales de alimentos.
El gobierno ha tratado de atenuar los impactos socioeconómicos con medidas como el Agro Ingreso Seguro o el impulso de una campaña masiva de reconversión productiva hacia donde se supone que el país es competitivo: cafés especiales, frutas, productos forestales, carne bovina, palma aceitera y algunos derivados lácteos. Pero como sucede con el arroz que se cultiva en el Centro-Sur del país, municipios enteros, dependientes de la cadena que se deriva de ello, están condenados a desaparecer.
Señala la revista Dinero [6]: «En este distrito de riego hay 1.700 productores, de los cuales 1.300 son propietarios de cultivos de menos de 10 hectáreas. Por eso, el 15 de mayo marcharon por las calles de Saldaña para protestar contra el TLC. Aún no les cabe en la cabeza que vayan a tener que cambiar una vocación que ha visto crecer generaciones enteras y que anualmente le inyecta al departamento recursos por 500.000 millones de dólares, en unas 110.000 hectáreas que se cultivan anualmente en 14 municipios. Por eso, algunos creen que si el cultivo de arroz deja de ser rentable, algunas poblaciones como Toca y Ataco se convertirán en pueblos fantasmas.»
El quiebre del modelo
Con un movimiento social y político que apenas empieza a repuntar, los obstáculos y posibles puntos de quiebre de este modelo surgen, por un lado, desde adentro del mismo: por un lado, de las disputas entre las mafias del narcotráfico y, por otro, de las incontrolables dinámicas de la economía mundial, que amenazan con arruinar y volver aún más caótico este proyecto de terror y acumulación de capital.
Durante el año 2006, la economía colombiana medida como PIB creció al 6,8 por ciento. Ese mismo año aumentó el desempleo, mientras que los niveles de pobreza y miseria se mantuvieron casi estables [7].
Actualmente entran grandes cantidades de dólares a la economía colombiana, que tiene por principales fuentes las siguientes: remesas (cerca de 3.000 millones de dólares), legalización del dinero de los narcoparamilitares (otros 3.000 hasta la fecha) [8] y capitales especulativos y volátiles que han presionado la revaluación del peso colombiano. Son varios los negocios «dinamizados» por dinero narco (construcción, apuestas y parte de los de transporte, comercio e, incluso, salud), hecho que genera a su vez un entramado social y político complejo.
Las aspiraciones de poder de la mafia
Lo que se ha destapado por ahora de las relaciones entre las mafias narcoparamilitares y ciertos políticos, ganaderos, militares y empresarios es apenas la punta del iceberg. Sin embargo, esta mafia no está dispuesta a seguir oculta y lucha por asumir directamente el poder. Las denuncias, la filtración de información, la entrega de pruebas y los pactos de colaboración son la expresión de unas fuerzas regionales que emergen y reclaman su parte del pastel después de haber cumplido su tarea de asesinato y muerte.
El actual régimen parece estar entre la espada y la pared: necesita de un narcoparamilitarismo que, a su vez, busca salir a flote y sin duda tiene, con lo que sabe, un inmenso poder de negociación. La Ley de Justicia y Paz es sólo la cuota inicial de la recompensa por los trabajos realizados pero no es suficiente: quieren ejercer directamente el poder y disfrutar de sus capitales legalizados.
En esta disputa intestina, EE UU y el capital transnacional tienen todas las de ganar. Pueden presionar exigiendo y logrando (como ya lo hizo con el TLC) condiciones óptimas de ejercicio económico, o forzar al máximo las tres dinámicas de acumulación de capital citadas anteriormente.
Siempre se han dado en la Historia fenómenos y procesos que las elites no pueden controlar. No se descarta una nueva crisis financiera mundial ni una rebelión violenta del narcoparamilitarismo, ni mucho menos la irrupción con fuerza del movimiento social y político colombiano en busca de un gobierno democrático en sintonía con otros países de la región. De hecho, las movilizaciones y protestas se multiplican al tiempo que el Polo Democráctico Alternativo pone en jaque al gobierno con sus investigaciones y debates sobre la llamada «parapolítica».
Luis Alfredo Burbano pertenece a la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular – Instituto Nacional Sindical (CED-INS) de Colombia. Este artículo ha sido publicado en el nº 27 de la revista Pueblos, julio de 2007, Especial América Latina.
[1] Entre otros muchos autores, explican este fenómeno Eric Toussaint, Francois Chesnais e Istvan Meszaros.
[2] Datos extraídos de la Revista Cepa, nº3, abril de 2007. «Blindaje jurídico del modelo de desarrollo forzado».
[3] FLOREZ, Luis Bernardo (2005): «Vicecontralor General de la República: Extinción de dominio, reforma agraria, democracia y paz», en Revista Economía Colombiana, nº 309.
[4] SARMIENTO, Libardo (febrero de 2007): «La rumba de la economía colombiana». Desde Abajo.
[5] SARMIENTO, Eduardo (14 de abril de 2007): «Anticipos del TLC». El Espectador, Bogotá.
[6] Arroceros: La encrucijada del arroz en el Tolima», en Revista Dinero (30 de mayo de 2006), Bogotá.
[7] Los estudios gubernamentales más optimistas sitúan la pobreza en un 45 por ciento.
[8] Intervención del senador Jorge E. Robledo el 14 de marzo de 2007.