Una de cada tres personas defensoras de derechos humanos asesinadas el año pasado en el mundo era colombiana. Los datos parciales indican que 54 fueron asesinadas allí, a pesar de los diálogos de paz. Los ataques incluyeron amenazas de muerte individuales y colectivas, seguimientos, hostigamientos, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, desaparición forzada, atentados y robos de […]
Una de cada tres personas defensoras de derechos humanos asesinadas el año pasado en el mundo era colombiana. Los datos parciales indican que 54 fueron asesinadas allí, a pesar de los diálogos de paz.
Los ataques incluyeron amenazas de muerte individuales y colectivas, seguimientos, hostigamientos, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, desaparición forzada, atentados y robos de información. Las víctimas: miembros de pueblos indígenas y de organizaciones campesinas que luchan por la tierra y en su defensa, sindicalistas, ambientalistas, opositores de la gran minería, mujeres, integrantes del colectivo LGBTI, estudiantes, educadores populares, miembros de juntas de acción comunal y de organizaciones de víctimas…
El 2015 fue un año importante para la terminación del conflicto armado con los pre-acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC en La Habana, pero es un proceso de paz incompleto si no se extiende al ELN y al EPL. La reducción de la violencia asociada al conflicto armado en algunas zonas con presencia de las FARC, contrasta con el escalamiento de la guerra por orden presidencial contra el ELN en todo el país, incluido la delicada zona del Catatumbo -frontera con Venezuela- donde también opera el EPL.
En esa zona y en su sitio de trabajo fue asesinada hace dos días, 17 de enero/16, Nelly Amaya Pérez, defensora de derechos humanos, defensora de la tierra y del territorio, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat. Era presidenta de la Junta de la Acción Comunal del barrio Guamalito en el municipio de San Calixto, Norte de Santander, activista política sobreviviente del exterminio contra la Unión Patriótica.
El 9 de diciembre de 2015, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos lanzó el «Protocolo de Protección para Defensores de derechos humanos en contextos rurales», formulado de manera participativa con la esperanza de que se genere una protección diferenciada para esas personas que están en alto riesgo, si el gobierno la promueve y se convierte en ley.
El 15 de diciembre/15 en Cartagena de Indias fue asesinado Robert Venecia Vega, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción, SUTIMAC-CUT. Durante el 2015 al menos 18 sindicalistas fueron asesinados a pesar del compromiso de protegerlos expresado por el gobierno y contenido en las «clausulas de derechos humanos» de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia con los Estados Unidos y con la Unión Europea.
El 13 de noviembre/15 paramilitares asesinaron en Trinidad al defensor de derechos humanos Daniel Abril, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, integrante del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta y de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), y quien en ese momento era ¡¡¡Delegado por el departamento del Casanare ante la Mesa Nacional de Garantías!!. Era un defensor junto de las tierras y de las aguas que son devoradas por las multinacionales petroleras en el Casanare. Además era un luchador contra la corrupción, amenazado, hostigado por militares de la temible Brigada 16 del Ejército, sobreviviente de un intento de desaparición forzada por la policía.
Cuatro días antes en Buenaventura, caía asesinado el defensor de derechos humanos John Jairo Ramírez, líder afrodescendiente, miembro de la Fundación «Rostros y Huellas» que enfrentan el terror paramilitar y la complicidad de la policía que sólo protege al puerto y al muelle de contenedores.
Durante todo el año 2015 hubo centenares amenazas de muerte, también impunes, contra sindicalistas y personas defensoras de los derechos humanos, campesinos- as que exigen la restitución de sus tierras despojadas con violencia, y opositores de grandes proyectos de inversión. Por eso dispararon en presencia de la Policía Nacional el 19 de diciembre/15 contra los indígenas Cubeo en el predio El Porvenir, en Puerto Gaitán. Hay intereses de latifundistas y de petroleras como la New Granada Energy que tienen la P olicía a su servicio junto con escuadrones que amenazan a indígenas, campesinos y organizaciones de derechos humanos como la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Muchos riesgos devienen del uso de la justicia para perseguir opositores sociales, como en el caso de los 13 estudiantes detenidos en Bogotá en julio/15 en un operativo espectacular trasmitido por los medios. Les acusaron de terrorismo y rebelión y de formar parte de una red urbana del ELN que ponía petardos. El montaje de la fiscalía se cayó, los jóvenes quedaron libres… pero marcados.
Los cuestionamientos a la doble moral de la fiscalía los fundamentó un dirigente sindical de los obreros del petróleo hace un año en Puerto Gaitán: «La Fiscalía no investiga cuando nos amenazan, pero es rápida para judicializarnos. Tras las movilizaciones contra los abusos de la Pacific Rubiales, la Fiscalía acusó a Héctor Sánchez y Dilio Naranjo por los delitos de obstrucción de la vía pública, concierto para delinquir, secuestro, amenazas. La Fiscalía y la empresa hacen causa común para apresarlos.» [1]
Hoy 19 de enero, hace un año, fue desaparecido y asesinado el joven dirigente popular Carlos Pedraza Salcedo, integrante del Congreso de los Pueblos. La investigación no avanza en la Oficina 98 de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y el caso sigue, como tantos otros, impune. Su hermano Gustavo estuvo refugiado en Gijón y bajo protección internacional, acogido por el Programa Asturiano de atención a Víctimas de la violencia en Colombia.
Hay centenares de personas que defienden los derechos humanos en alto riesgo en Colombia. El gobierno sólo protege a algunos. Sus medidas resultan insuficientes e ineficaces, sobre todo si no se acaba con la impunidad y con el paramilitarismo.
En Colombia hay lucha social y esperanzas de paz con justicias social, pero no hay garantías.
Notas
[1] Entrevista de la XI Visita Asturiana con dirigentes de la USO. Campo Rubiales, Puerto Gaitán, Meta, 21 de feb/15.
Javier Orozco Peñaranda, Coordinador Programa Asturiano de Derechos Humanos, Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias.
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