Aparentemente una estrategia de guerra sucia estatal, el clientelismo electoral parlamentario y el veneno son tres elementos que no tendrían que ver el uno con el otro. Pero resulta que sí.El 28 de Julio por primera vez en la historia del país una estrategia de guerra sucia encubierta estatal participa de manera abierta en el […]
Aparentemente una estrategia de guerra sucia estatal, el clientelismo electoral parlamentario y el veneno son tres elementos que no tendrían que ver el uno con el otro. Pero resulta que sí.
El 28 de Julio por primera vez en la historia del país una estrategia de guerra sucia encubierta estatal participa de manera abierta en el congreso colombiano, se trata de un reencuentro de viejos conocidos y de un intento de garantizar la impunidad total para los crímenes de lesa humanidad.
Al no judicializarse a los sicarios bajo esta misma fórmula se garantiza que no se castigue a los promotores y beneficiarios del paramilitarismo, a sus autores intelectuales, representados en un 35% de los escaños del congreso, según los mismos paramilitares lo han reconocido públicamente.
Se trata de una visita ilegal de los voceros paramilitares, pues nunca fue votada en el congreso una proposición que aprobara tal iniciativa, que busca dar un respaldo político desde los sectores más reaccionarios al oscuro «proceso de paz» de Santa Fe de Ralito, el cual se asemeja más a un aquelarre de matones y narcotraficantes al servicio de la guerra sucia que a un real proceso de verdad, justicia y reparación.
Con Santa Fe de Ralito se pretende lavar y reciclar al paramilitarismo y al narcotráfico de un solo tiro, dos actividades que han hecho parte de la violenta historia del Estado colombiano durante las últimas décadas, situación que aparentemente ya no es sostenible ante los ojos de la comunidad internacional, como lo ha demostrado las últimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos humanos al condenar al Estado colombiano por promover el paramilitarismo para asesinar a 19 comerciantes en el Magdalena Medio, la carta de numerosos congresistas gringos firmada también por el futuro presidente Kerry, denunciado los nexos Estado – paramilitarismo y las órdenes de extradición vigentes por narcotráfico contra los voceros paramilitares.
Al mismo tiempo que AUV hace acuerdos con los narcotraficantes al servicio del Estado, sigue empecinado, bajo la fuerte presión imperial, en envenenar con glifosato a todo el país, al fin y al cabo un crimen más no cuenta mucho en el profuso conteo de la infamia. Es lo que se ha denominado con el eufemismo de «la lucha contra el narcotráfico».
El día de ayer se reanudaron por cuarta vez en tres años las fumigaciones en el Valle del Río Cimitarra, esta vez acompañadas del operativo militar «Sol de Oriente 3», el cual según lo denuncia el campesinado «ha quemado cuatro casas y se ha dedicado a saquear la economía campesina». Las operaciones militares violatorias del DIH y las «bondades» del glifosato podrán ser evidenciadas por los visitantes nacionales e internacionales que participarán en el encuentro » Coca, derechos humanos y conflicto en la Zona de Reserva Campesina Valle del Río Cimitarra», el cual se realiza durante estos días.
Mientras los voceros paramilitares levantaban sus voces manchadas de sangre, en un macabro entrenamiento parlamentario, ante sus conniventes congéneres del congreso, en la Plaza de Bolívar los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado levantaban ataúdes saturados de nombres de hombres y mujeres, para la mayoría de nosotros inocentes desconocidos, pero que ya son tantos miles, que es imposible soslayarlos, dejándolos en el olvido.