Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
El 26 de noviembre Ecuador eligió un nuevo presidente, el economista de izquierda Rafael Correa, lo que convirtió al pequeño país andino en el primer Estado de la costa oeste latinoamericana en «bascular a la izquierda». Esto abre una brecha en el eje estratégico estadounidense (entre Colombia, Perú y Chile) que, hasta entonces, privaba a Brasil, Argentina, Venezuela y a todos los países del mercado común del sur (Mercosur) de una salida al Pacífico.
A lo largo de toda la campaña presidencial Rafael Correa prometió que su país va a decir definitivamente no a un tratado de libre-comercio con Estados Unidos para volverse hacia el Mercosur que pronto contará con siete miembros (Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador). El pasado mes de mayo Estados Unidos suspendió las conversaciones con Quito porque el anterior gobierno de Alfredo Palacios «trataba mal» a algunas empresas estadounidenses (entre ellas, la petrolera Occidental Petroleum) acusadas de violación de contrato. El nuevo presidente ecuatoriano también anunció que no iba a renovar el acuerdo con Estados Unidos que concede a este país una base militar en el puerto de Manta. Este acuerdo acaba en 2009. Mejor, durante un reciente viaje a Brasil, Correa propuso unir Manta con el puerto fluvial de Manaus, en el Amazona brasileño, para asegurar a las exportaciones del Mercosur su primera salida al Pacífico y hacia Asia. Llamada «corredor multimodal Manta-Manaus», la iniciativa permitirá que Brasil no esté ya obligado a utilizar el Canal de Panamá para comerciar con Asia, lo que le permitirá ganar una cantidad considerable de tiempo y de dinero. Según la agencia de prensa del Mercosur (APM), Lula tiene tanta prisa por incorporar Ecuador al Mercosur que ya ha concedido a este país el fondo de compensación que reciben los países menos desarrollados del bloque, como Paraguay y Uruguay. El acuerdo entre ambos países prevé igualmente que se confíe el proyecto a la empresa de ingeniería civil brasileña Odebrecht.
La Amazonía no ha dejado de ver las excavadoras y el cemento porque, siempre según la APM, Brasilia negocia proyectos similares con Colombia (para unir Belem y Tunaco), Perú (el norte de la Amazonía y Tacna) y Chile (Santos y Antofagasta). Pero como los tres países eran signatarios de acuerdos comerciales con Estados Unidos, los proyectos llevan tiempo aplazados. En este contexto no resulta sorprendente que la industria de la construcción brasileña haya sido la segunda fuente de financiación más importante, después del sector bancario, de la campaña presidencial de Lula, el pasado mes de octubre.
Rafael Correa se ha comprometido también a que a partir del mes de enero las compañías petrolíferas negocien sus contratos con el país para aumentar los ingresos del Estado. Actualmente, la compañía nacional obtiene unos ingresos equivalentes a un barril de cada cinco que producen las transnacionales. Además, Brasil y Venezuela han decidido ayudar a Ecuador a construir y administrar sus propias refinerías de petróleo, lo que le permitirá acabar con la actual situación en la que debe exportar su petróleo para comprar los productos derivados.
El nuevo presidente de 43 años también tiene la intención de limitar los pagos de la deuda externa del país para invertir en educación y sanidad, de frenar el capital especulativo y de reforzar la soberanía del país andino lo mismo que su integración en la comunidad sudamericana de naciones, proyecto latinoamericano equivalente a la Unión Europea.
Por todo ello, Estados Unidos ha empezado a vengarse amenazando a Bolivia y Ecuador, a partir del 1 de julio de 2007, con dejar de concederles las ventajas aduaneras que Washington concede desde 1991 a los países andinos (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú) a cambio de comprometerse a luchar contra la producción y tráfico de drogas. Por primera vez este año la Casa Blanca ha anunciado que estas tarifas aduaneras preferenciales se reconducirán únicamente para los países que firmen un tratado de libre-comercio con Estados Unidos. La presión ejercida es enorme para Ecuador porque afecta a exportaciones del orden de mil millones de dólares que generan unos 200.000 empleos. El Tío Sam cuenta también con la vecina Colombia para provocar al nuevo gobierno ecuatoriano. Así, el 12 de diciembre el presidente colombiano Álvaro Uribe violó un acuerdo firmado un año antes con Ecuador por el cual Bogota se comprometía a acabar con las fumigaciones aéreas con glyfosate sobre los cultivos de coca situados a menos de diez kilómetros de la frontera entre ambos países. El glyfosate es un herbicida altamente tóxico que, lanzado desde la altura, afecta no sólo a la coca sino a otros cultivos lícitos entre los que ésta se cultiva, a los animales, a los ecosistemas y a la salud de las poblaciones. La reanudación de las fumigaciones aéreas se hizo sin consultar a Ecuador y, a pesar de las protestas de este país, han proseguido las operaciones como si tal cosa. Calificando de «hostiles» el gesto y la actitud de Colombia, el presidente Correa anuló una visita a Bogota prevista para el 21 de diciembre.
En el momento de escribir estas líneas, el gobierno colombiano va aún más allá al concentrar a 13.500 militares más en las regiones fumigadas y hablar de construir un puesto fronterizo. Además, los militares colombianos acusan a Ecuador de proteger a los dirigentes guerrilleros en su lado de la frontera, lo mismo que al presidente venezolano Hugo Chávez de haber presionado a Rafael Correa para anulara su viaje a Colombia. No es casualidad, nos dice el periodista Fernando López, de la APM, si estos acontecimientos se producen sólo un mes antes de que el nuevo presidente ecuatoriano entre en funciones: «El presidente electo tendrá que maniobrar con muchas precauciones porque George W. Bush, a través de Uribe, convertirá la frontera colombiano-ecuatoriana en un foco de tensiones permanentes para desestabilizar al gobierno progresista que se instalará en Quito el próximo 15 de enero».
Rafael Correa tendrá que hacer frente también a sus propias fuerzas de derecha que, por el momento, le esperan a pie firme en un Congreso controlado en más de dos tercios por los partidarios de Álvaro Noboa, el hombre al que el nuevo presidente derrotó fácilmente en la segunda vuelta presidencial, y de Lucio Gutiérrez, ex-presidente derrocado por un levantamiento popular en 2005. El Congreso no cuenta con ningún miembro de la Alianza País, el partido de Rafael Correa, porque este partido no existía oficialmente durante la primera vuelta y, por lo tanto, no pudo presentar candidatos. Pero Correa quiere cambiar la actual constitución del país para introducir los cambios por los que la población lo ha elegido. Para ello, desde el día de su nombramiento cuenta con activar un referéndum para pedir a la población la creación de una Asamblea Constituyente.
Amenazado en caso de que ésta se apruebe, el Congreso considera ya destituir al nuevo presidente desde su primer mes en el poder. La lucha será dura, pero el nuevo presiente de origen modesto cuenta con dos importante bazas: un vasto apoyo popular que confirman los dos tercios de los votos recibidos en la segunda vuelta de las presidenciales y una alianza regional con el conjunto de los países del Mercosur incluyendo … ¡Brasil!
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