Colombia tiene páramos y selvas húmedas, algunos de los ríos más caudalosos del mundo, miles de riachuelos y lagunas, su costa sobre el océano Pacífico es una de las regiones más lluviosas del planeta, tiene territorios en los Andes y en la Amazonía , regiones que son de las últimas reservas de agua dulce del […]
Sin embargo, Colombia tiene sed, y la desertización avanza como la guerra sobre páramos, laderas andinas y bosques tropicales, que son los «nacederos» del agua.
De 1.013 municipios, sólo 104 tienen agua potable, el resto no cuenta con suministro de agua apta para el consumo humano. Los cálculos del Instituto de Hidrología advierten de que para el año 2025 el 69% de la población colombiana estará desabastecida de agua potable.
¿Cómo pudo ser posible este despropósito?
Pues sencillo, por el modelo de desarrollo que privilegió a los latifundistas ociosos permitiéndoles expulsar con violencia a los campesinos hacia los páramos, laderas andinas y bosques amazónicos donde talan los bosques, suelos frágiles y erosionables, en los que, por necesidad, siembran alimentos y coca, única manera de sobrevivir. En las fértiles tierras bajas comen algunas vacas de los terratenientes los monocultivos de banano y de palma aceitera de donde saldrá el biodiesel, presentado por los mismos culpables del desastre como la solución frente al cambio climático, y se establecen a sangre y fuego sobre territorios ricos en vegetación, agua y biodiversidad. Es el modelo neoliberal de desarrollo impuesto por el plan Colombia, un basto plan de guerra que pretende, con la excusa de combatir el narcotráfico, asegurar estratégicamente para los Estados Unidos las enormes reservas naturales del área andino amazónica, incluidas la biodiversidad, las maderas, el petróleo y, por supuesto, el agua dulce.
La esencia del modelo es la prevalencia de los negocios sobre cualquier consideración humana o ambiental. Su forma son las privatizaciones del agua y de las tierras colectivas de las comunidades negras e indias, a cualquier precio, de cualquier forma.
A los trabajadores de las empresas públicas que se han opuesto con sus sindicatos a las privatizaciones del agua o de la energía en ciudades como Cartagena de Indias o Cali los han reprimido y apresado, los siguen asesinando, como a los indios y afros que se resisten a entregar sus territorios. La guerra sucia ejecutada por la fuerza pública y los grupos paramilitares resulta funcional a las privatizaciones que forran en dinero a los empresarios, nuevos propietarios del agua y de la energía, como Aguas de Barcelona o Unión Fenosa.
La privatización del agua disparó los precios del líquido a niveles impagables e inapelables para la mayoría de la población del Caribe colombiano. Con la energía eléctrica pasa otro tanto. Y a quien proteste, lo matan. Es sencillo, pero es una locura que amenaza con destruirlo todo, a nuestra especie y al planeta mismo.
Pero, ¿a quién le interesa que Colombia tenga sed de agua y de justicia? Total, ya sabemos todos que las próximas guerras son por el agua, y la que está en curso en Colombia también.
Cuando los latifundistas hayan convertido a Colombia en un enorme prado para sus tres vacas, y la feria de privatizaciones de las multinacionales acabe con los últimos árboles en los Andes y en la Amazonía , y se embotellen por coca cola las últimas gotas de agua de los ríos y fuentes privatizadas, no quedarán gentes sedientas que exijan ni agua, ni justicia.
En realidad, para entonces tampoco habrá nadie a quien le importe.
Colombia tiene páramos y selvas húmedas, algunos de los ríos más caudalosos del mundo, miles de riachuelos y lagunas, su costa sobre el océano Pacífico es una de las regiones más lluviosas del planeta, tiene territorios en los Andes y en la Amazonía , regiones que son de las últimas reservas de agua dulce del planeta.
El incremento inmediato de las tarifas al 300 por cien y el afán desmedido de lucro provocaron la sublevación popular en Cochabamba, no como una explosión espontánea, sino como resultado de la articulación de los numerosos colectivos, comunidades y grupos relacionados con el uso comunitario del agua para consumo de la población o de las comunidades de regantes, para construir tras el triunfo en el año 2000 una gestión participativa del recurso en la región.
Las empresas extranjeras, no obstante, han seguido presionando, incordiando, y tratando de interferir en el uso del agua, amarrándose a los contratos fraudulentos obtenidos con sobornos y demandando al Estado boliviano con sumas supermillonarias que jamás habían invertido en el país: hasta el año pasado no se llegó a un acuerdo con Abengoa, que reclamaba todavía 25 millones de dólares por la usurpación del bien común.
Tras Cochabamba, ha sido la capital La Paz quien ha sufrido el intento privatizador de Aguas del Ilimani, y han tenido que ser de nuevo los pobladores los que impusieran cordura, con sus movilizaciones y revertieran el negocio atroz.
Nada de extraño tiene, pues, el que un nuevo Gobierno, nacido de expectativas y luchas como la de la guerra del agua o la de la guerra del gas, que limitaron parcialmente la usurpación de recursos naturales energéticos y acabaron con la huida del país del presidente Sánchez de Losada, un nuevo Gobierno como el de Evo Morales haya nombrado un Ministerio del Agua, a cuyo frente ha designado un líder popular curtido en esas movilizaciones, con el objeto de trasladar una gestión participativa según los usos y costumbres tradicionales, respetuoso con el medio de los indígenas aymaras y quechuas, que supieron por milenios utilizar armónicamente la sangre de la tierra y el agua desde una concepción donde las comunidades juegan un papel central. Un modelo de gestión roto, brutalmente, por la imposición de políticas extranjerizantes, europeizadas, coloniales y depredadoras impuestas por el Banco Mundial, que han supuesto un destrozo increíble de bosques, nacederos de agua, lagos y lagunas sagradas.
La Coordinadora del Agua y la Vida de Cochabamba, que articula a centenares de organizaciones de la zona, nacida al calor de estas luchas por la soberanía de los recursos naturales, bien merecería el mejor de los premios, en Langreo, en Asturies, en Europa, por el ejemplo de cordura y raciocinio trasladado a las calles y a las instituciones para revertir el saqueo contemporáneo de recursos naturales. Y los muertos de la guerra del agua o de la guerra del gas (todos del campo popular) bien merecerían honrarse en la defensa a ultranza de estos recursos en-todo-el-mundo.
Javier Orozco Peñaranda pertenece al Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias y Javier Arjona a la ONG Soldepaz Pachakuti.