El Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, representando a su presidente, Álvaro Uribe en la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad de Madrid desvía la atención sobre la masacre perpetuada por el ejercito colombiano hace tres semanas. Organizaciones de Derechos Humanos denuncian al Estado colombiano por promover una política de guerra e impunidad y estar […]
El Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, representando a su presidente, Álvaro Uribe en la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad de Madrid desvía la atención sobre la masacre perpetuada por el ejercito colombiano hace tres semanas.
Organizaciones de Derechos Humanos denuncian al Estado colombiano por promover una política de guerra e impunidad y estar vinculado a los grupos paramilitares que cometen a diario crímenes y amenazan a miembros de la oposición y las organizaciones sociales y de DDHH.
Mientras el ex presidente colombiano, Andrés Pastrana, centró su análisis sobre Colombia, durante la Cumbre convocada por el Club de Madrid, en la necesidad de «desenmascarar y perseguir» al narcoterrorismo – que en su opinión es la fuente de la violencia en Colombia y único responsable de la guerra – el actual Vicepresidente, Francisco Santos programó una visita protocolaria con la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Ayer a ultima hora se canceló esta visita. Interpretamos que Santos evitó así tener que enfrentarse a posibles preguntas de algunos grupos parlamentarios sobre las violaciones permanentes de los DDHH, los crímenes de lesa humanidad y la impunidad en este país andino.
El gobierno colombiano utiliza la Cumbre de Madrid (y el dolor que causaron los atentados del 11-M) para vender una vez más su política de «seguridad democrática», su «mano dura» y la «negociación con los paramilitares» como solución al «terrorismo». Mientras tanto su Fuerza Pública está acusada de matar y amenazar impunemente a la población civil.
Así el pasado 21 de febrero miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional masacraron a siete campesinos, entre ellos niños de dos, seis y once años, de la Comunidad de Paz San José de Apartadó. Las víctimas fueron amenazadas de muerte, detenidas arbitrariamente, torturadas y asesinadas, y luego enterradas en dos fosas. Este pasado fin de semana otra persona de las Comunidades de Paz y Resistencia, de Dabeiba, fue detenida, torturada y asesinada. Su cuerpo apareció el domingo con señales de violencia sexual cerca de una base paramilitar. Ella era testigo de las criminales acciones de paramilitares y fuerzas oficiales del Estado colombiano.
Las organizaciones comprometidas con los DDHH hemos condenado enérgicamente éstas masacres,, como lo hicimos con incontables crímenes en pasados años. Nos preguntamos: ¿Qué ha hecho el gobierno español -que dice estar comprometido con los DDHH y la paz en el mundo- después del masacre en San José de Apartadó para exigir al gobierno Uribe el esclarecimiento ante la responsabilidad de sus tropas por los hechos? José Luis Rodríguez Zapatero visitará pronto Colombia, lo que debería implicar que el gobierno español aclare su posición sobre los DDHH en éste país. Y si los crímenes del Ejército colombiano son o no terrorismo. Las víctimas son población civil indefensa como las víctimas del 11-M.
Y a los participantes en la Cumbre de Madrid dirigimos la pregunta: ¿Qué más tiene que pasar para que Comunidad Internacional censure al Estado colombiano por sus crímenes? El gobierno de Uribe está utilizando la llamada «lucha internacional contra el Terrorismo» que convoca a la Cumbre de Madrid, para encubrir y justificar las violaciones sistemáticas a los DDHH. Pero no es ni «democrático» ni da «seguridad» a la población. En la nueva masacre de San José de Apartadó se percibe la tragedia de este país, la implementación de una política de seguridad que no tiene límites. No hay distinción, no hay regulación, no hay garantías, no hay protección, solo terror.
«El Derecho Internacional establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles; que no son indultables ni amnistiables», manifestó recientemente el defensor colombiano de DDHH e investigador del CINEP, el padre jesuita Javier Giraldo. El y la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, han acusado al Ejercito de la masacre en San José de Apartadó. El Ministerio de Defensa colombiano acusa injustamente a Giraldo y Cuartas, mientras ella ha recibido amenazas de muerte.
El Gobierno del Señor Rodríguez Zapatero tiene una excepcional y única oportunidad para dar muestra de coherencia, preguntando al Gobierno colombiano por estas masacres y si sus autores en las filas del ejército han sido investigados y juzgados. ¿O qué más tiene que pasar para que el Gobierno español censure al Estado colombiano por sus prácticas de terrorismo?
Apoyan y promueven la Nota de Prensa:
– FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – ESPAÑA (Con Estatuto Consultivo Especial ante el ECOSOC de Naciones Unidas) ORGANIZACIONES MIEMBRO Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE) Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Institut de Drets Humans de Catalunya Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) Justicia y Paz Liga Española Pro Derechos Humanos Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) Paz y Cooperación PTM Mundubat.
– Grupo Impulsor de la Asamblea Internacional de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia (Apoya: CGT, Colectivo de Colombianos Refugiados en España, Colombianos en el Exterior-Ciudadanos del Mundo, Comité de Solidaridad con África Negra, Comité Madrileño de DDHH por Colombia, Comité Mons. Oscar Romero, Comunidades Cristianas Populares, Derechos para tod@s, Ecologistas en Acción, Espacio Alternativo, Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CC.OO., Iglesia de Base de Madrid, Izquierda Unida, Paz con Dignidad)