Miles de personas acudieron ayer en distintas ciudades del país al llamado que hizo la Federación Colombiana de Educadores –FECODE– para movilizarse en contra del allanamiento que profiriera a su sede la Corte Suprema de Justicia –CSJ– y la Fiscalía General de la Nación –FGN– en días pasados por el presunto delito de financiación ilegal a la campaña Gustavo Petro Presidente
El procedimiento ha sido considerado por parte de este sindicato como desmedido y abiertamente persecutor, apreciación con la que coincide el presidente Gustavo Petro y su partido la Colombia Humana. Ante esta repudiable situación estos tres actores se preguntan si acaso es un delito que un sindicato pueda hacer aportes financieros a una campaña presidencial. Al parecer la justicia detalla en este hecho, pero lo cierto es que en su día prestó nula atención a la financiación que hiciera un mafioso como el Ñeñe Hernández a la campaña de Iván Duque presidente. Tampoco los operadores de justicia investigaron cuando se supo que Enilce López, alias La Gata, reconocida testaferra del paramilitarismo, financió con más 100 millones de pesos la Campaña de Álvaro Uribe Vélez a la primera magistratura del Estado. No hay duda que la justicia en Colombia es selectiva y discrecional, pues da trato diferente a situaciones iguales.
La convocatoria a la movilización se unieron la Central Unitaria de Trabajadores, los funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, importantes partidos del Pacto Histórico y un conjunto variopinto de movimientos sociales que no han desaprovechado la oportunidad para condenar la dilación de la CSJ para escoger a quien será la nueva Fiscal General de la Nación, quien sustituirá al mañoso, mediocre, engreído y narciso Francisco Barbosa, fiscal de bolsillo impuesto por Iván Duque y quién ha buscado por todos los medios que inescrupulosos fiscales –como Gabriel Jaimes, Andrés Palencia y Víctor Salcedo en su orden– precluyan la investigación que pesa sobre el ex presidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y presunto soborno de testigos.
Mientras los magistrados de la CSJ dilatan una y otra vez la escogencia de la nueva responsable del ente acusador, Martha Mancera se convierte en la Fiscal General de la Nación, cargo en la que estará hasta tanto una de las ternadas por el presidente Gustavo Petro –Amelia Pérez Parra, Luz Adriana Camargo y Angela María Buitrago– obtenga los 16 votos mininos que se requieren para ser elegida por la CSJ como fiscal.
Mancera, propio es afirmar, es cuota del zafio Barbosa y señalada de beneficiar con su silencio y su gestión como vicefiscal a Francisco Martínez Ardilla –alias Pacho Malo–, jefe del Cuerpo Técnico de Investigación ( CTI) en el puerto de Buenaventura, quien opera como líder de un grupo que envía presuntamente cargamentos de cocaína para EEUU, Europa y otros lugares.
Al respecto el prestigioso y solvente periodista Daniel Coronell y ya antes la Revista Raya han dejado en evidencia la complicidad criminal de Mancera con esa estructura delincuencial. Es notorio que la inacción de la CSJ ha hecho posible que se impongan los narcotraficantes con el encargo de Mancera. Esta situación empaña todavía más la actuación de la fiscalía como quiera que el presidente Petro Urrego recogiendo la investigación del virtuoso periodista Gonzalo Guillén denunció en mayo de 2023 que la FGN en cabeza de Barbosa sabía que el Clan del Golfo actuaría contra 200 líderes sociales y que a pesar de esto hizo poco por evitarlo.
Petro y Barbosa han protagonizado unos agrios enfrentamientos por la participación abierta en política del fiscal Barbosa y sobre todo por torpedear los avances del proceso de diálogos y negociación en el marco de la Paz Total con grupos como el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y otras organizaciones similares. A esto hay que sumarle el afán de la FGN de actuar contra Nicolás Petro por el tema de la financiación de la campaña presidencial, que lo que busca es actuar contra el hijo, efectivamente, pero que en el fondo lo que pretende es actuar contra el padre y su capital reputacional para tumbarlo o al menos debilitarlo políticamente.
Recientemente el fiscal Barbosa ha señalado que compulsó copia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y a la CSJ para que investiguen al presidente Petro Urrego por si se llegaron a cometer delitos en la financiación de su campaña. Al señor Barbosa hay que recordarle que el presidente Petro es aforado y que usar el interrogatorio de la FGN a su hijo Nicolás Petro para actuar contra él como primera autoridad del país es una aberración jurídica que deja en clara evidencia el interés de la derecha en Colombia de actuar contra la legalidad y legitimidad de su mandato.
La movilización ha sido una respuesta social y política contra la CSJ, la Fiscalía, los medios del establecimiento, sus partidos políticos y la Procuraduría General de la Nación —PGN–, entidad esta última que hace pocos días suspendió por tres meses a Álvaro Leyva Durán, canciller de la República, hecho sin precedente en la historia del país. El motivo: una contratación para escoger la entidad que debe hacer los pasaportes a los/as colombianos/as. En este caso Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación –PGN– dice que intervino para salvaguardar los intereses de la nación pero de modo curioso guardó absoluto silencio cuando Karen Abudinen, Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones evaporó 70 mil millones de pesos de la conectividad para los niños/ as en las escuelas rurales del país. ¿Dónde estaba la procuradora cuando pasó este repudiable hecho? Y como este, otros casos en donde se constata el silencio de la CSJ, la FGN y la PGN.
En la movilización que se desarrolló en Bogotá los manifestantes profirieron arengas al frente de la FGN y la CSJ por sus medidas en contra de FECODE y por negarse a elegir a la nueva fiscal. En estos lugares hicieron un llamado a defender la institucionalidad y ampliar los resquicios democráticos que la derecha y la ultraderecha en Colombia buscan restringir y más ahora que hay un gobierno progresista y que impulsa reformas democráticas para las mayorías empobrecidas y olvidadas de la nación. Esta misma acción se desarrolló en el resto de Colombia.
Ante esta masiva respuesta social la CSJ dice que se sintió secuestrada y atemorizada, pero poco dice de su temerario actuar cuando permitió que Martha Mancera se convirtiera en FGN encargada a pesar de lo que se sabe de su actuación en defensa de un presunto narcotraficante empotrado en el seno de la fiscalía. En Colombia es evidente que hay en marcha un plan para desestabilizar el gobierno constitucional del presidente Gustavo Petro y de esa estrategia hacen parte las principales instituciones del Estado en manos de los defensores del estatus quo. Contra todo pronóstico la nada sospechosa OEA de Luis Almagro ha hecho un llamado a que las fuerzas desestabilizadoras abandonen sus intentos rupturistas del orden constitucional e insta a la CSJ para que avance en la escogencia de un nuevo fiscal.
Es necesario que la respuesta social se mantenga y se amplíe, y que el pueblo consciente defienda en las calles y en el marco de la civilidad y la democracia las justas reformas que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Cartagena, 8 de febrero de 2024.
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