Tras los bombardeos colombianos en Ecuador, en los que falleció Raúl Reyes -número dos de las FARC-, el gobierno de Álvaro Uribe y varios medios de prensa presentaron como un trofeo la incautación de tres computadoras del jefe guerrillero que contendrían información incriminatoria contra los presidentes de Ecuador y Venezuela. Pero el informe de Interpol […]
Tras los bombardeos colombianos en Ecuador, en los que falleció Raúl Reyes -número dos de las FARC-, el gobierno de Álvaro Uribe y varios medios de prensa presentaron como un trofeo la incautación de tres computadoras del jefe guerrillero que contendrían información incriminatoria contra los presidentes de Ecuador y Venezuela. Pero el informe de Interpol sobre el material incautado no ha sido leído seriamente.
Primero de marzo de 2008. Veinticinco minutos después de la medianoche. Con una precisión implacable, la primera de las diez bombas «inteligentes» guiadas por GPS (Sistema de Posicionamiento Global) alcanza su objetivo. No estamos en Medio Oriente. La escena se desarrolla en Ecuador, a menos de dos kilómetros de la frontera colombiana. Allí donde el río Putumayo separa a ambos países. Cuatro helicópteros Blackhawk, OH-60 surgen de la noche. A bordo van cuarenta y cuatro comandos especialmente elegidos dentro de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) de Colombia. No tienen que combatir. En el campamento provisorio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), devastado por las explosiones, yacen veintitrés cuerpos (1). Asesinados en pleno sueño. Entre ellos, Raúl Reyes, número dos y «ministro de relaciones exteriores» de la guerrilla. Sus restos son llevados como un trofeo.
Temprano por la mañana, el presidente colombiano Álvaro Uribe contactó a su homólogo ecuatoriano Rafael Correa. Le explicó la situación: atacadas desde Ecuador, las unidades colombianas helitransportadas, en situación de legítima defensa, debieron replicar y perseguir a los rebeldes. Pero le asegura, como lo hará durante la mañana su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que los tiros fueron efectuados desde territorio colombiano, «sin violar el espacio aéreo ecuatoriano».
En un primer momento, Correa creyó en la palabra del Presidente colombiano. Hablan por teléfono todos los días y tienen una relación amistosa. Dos semanas antes, en privado, ante un café, Correa le había confiado a un consejero cercano al jefe de Estado venezolano: «Dile a Hugo Chávez que me entiendo muy bien con Uribe y que, si él quiere, puedo ayudar a limar asperezas entre ellos».
Rechazo latinoamericano
Correa se sintió traicionado. Doblemente traicionado cuando los militares ecuatorianos llegaron al lugar y la verdad salió a luz, ya que no sólo los colombianos habían violado el territorio ecuatoriano sino que, como agregó durante su conferencia de prensa del 2 de marzo, se trató de «una masacre».
La muerte del jefe guerrillero desencadenó una crisis de múltiples dimensiones. Quito rompió las relaciones diplomáticas con Bogotá y envió once mil hombres a la frontera. Fue imitado inmediatamente por Caracas, que envió diez batallones a los confines de Colombia. Una decisión meditada más que una reacción no razonada. «Nosotros no queremos la guerra -advirtió Chávez- pero no le permitiremos al Imperio, ni a su pequeño perro, que venga a debilitarnos.» Ni que actúe, con toda impunidad, en el territorio de sus vecinos.
No se utilizó la palabra «condena», pero todos los gobiernos sudamericanos «rechazaron» la incursión colombiana. En nombre de la «lucha contra el terrorismo», Estados Unidos apoyó a Bogotá. Al ser interrogado, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, Craig Kelly, explicó: «Lo que hemos dicho es, en primer lugar, que un Estado debe defenderse contra la amenaza del terrorismo y que, cuando se habla de fronteras, hay que considerar el contexto general, es decir la violación continua de las fronteras por parte de las FARC». Ante una nueva pregunta del periodista: «¿Esto significa, por ejemplo, que si México persigue a narcotraficantes en territorio estadounidense, Estados Unidos no hará ninguna objeción a la entrada de tropas mexicanas en su territorio?». La respuesta fue: «No voy a entrar en una discusión teórica…» (2).
Se ha especulado sobre la naturaleza de las aeronaves utilizadas para el bombardeo high-tech del 1 de marzo. Se mencionaron cinco Supertucanos EMB314 (de fabricación brasileña) y tres bimotores A-37 (estadounidenses) de la fuerza aérea colombiana, que despegaron de la base de Tres Esquinas (Caquetá). Pero las bombas empleadas en ningún caso pueden ser lanzadas desde ese tipo de aviones. Hay una sola certeza y es que esas armas ultrasofisticadas hicieron grandes estragos durante la invasión a Irak…
La sombra de Washington volvió a aparecer cuando Correa detectó algunas… anomalías. Y, sobre todo, cuando descubrió que su Estado Mayor militar le había mentido. La tensión alcanzó su paroxismo cuando el general Jorge Gabela, comandante de la Fuerza Aérea, le explicó que el radar más cercano a Santa Rosa (zona donde se encontraba el campamento de las FARC) no funcionaba desde hacía varios días ¡porque estaba en mantenimiento! Al destituir al jefe de los servicios de información, el coronel Mario Pazmiño, Correa dijo enojado: «Ya basta de servicios de información financiados también por la Embajada de Estados Unidos (…). ¡Hay oficiales que trabajan para la CIA en vez de trabajar para el gobierno!».
El Presidente reemplazó al ministro de Defensa Wellington Sandoval por una persona de su confianza, Javier Ponce, retomó el control y provocó la dimisión del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y de los jefes del ejército de tierra, de la marina y de la aviación.
Las primeras salvas caen sobre este Presidente que molesta. ¿Acaso no había anunciado, durante su campaña electoral, que cerraría la base estadounidense de Manta? La concesión de este puesto de operaciones (Foreign Operating Location, FOL, en inglés), alquilado a Estados Unidos en 1999, llegará a su término en 2009. El 28 de febrero, la Asamblea Constituyente reunida para «refundar el país», aprobó un artículo que establece: «Ecuador es un territorio de paz que no permite el establecimiento de bases militares extranjeras». Por disponer de tecnología de punta, Manta es una de las piezas maestras de Washington en la ayuda militar a Colombia. Durante la operación del 1 de marzo, la base hizo posible el control del espacio aéreo.
Bogotá abrió el fuego al anunciar que, durante el raid, el ejército colombiano capturó una (pronto serían tres, y luego más…) computadora portátil perteneciente a Reyes. Y que ese material permitió acceder a terribles secretos, como que los presidentes Chávez y Correa mantienen lazos incestuosos con las FARC.
La computadora de Reyes
En ausencia de certezas, surgen los primeros interrogantes. El campamento principal de Reyes se encuentra en Colombia, en las proximidades de la frontera (3). En esta región del Putumayo las FARC disponen de innumerables escondites, refugios y otros campamentos. Pero el comandante guerrillero pasa al país vecino con (finalmente) tres computadoras, dos discos duros y tres memorias USB. ¡Sólo faltan su caja fuerte y su televisor portátil! El bombardeo produjo veintitrés víctimas; según el ejército ecuatoriano, los diez proyectiles abrieron cráteres de 2,40 metros de diámetro y 1,80 metros de profundidad y en los alrededores la vegetación resultó destruida. Pero las computadoras se salvaron. Posible, pero…
Las computadoras portátiles han hablado. Punta de lanza de una campaña permanente contra los gobiernos progresistas de América Latina, el diario español El País no se plantea ninguna pregunta. El 12 de marzo sus lectores se enteran -bajo el título «Las FARC encuentran refugio en Ecuador»- que «los guerrilleros se mueven por el norte de Ecuador en camionetas, como ha constatado un funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA), que expresaba en privado el desconcierto que le provocó cruzarse, en comedores del área fronteriza, con miembros de las FARC perfectamente equipados». Lo que esos mismos lectores no sabrán nunca es que, el 15 de marzo, en una carta dirigida al director de la publicación, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresa «su estupor y su indignación»: «Estoy en condiciones de asegurarle que tal afirmación es absolutamente falsa, ya que la OEA no tiene ni misiones especiales, ni funcionarios de ningún nivel desplegados en la frontera norte de Ecuador, por lo que resulta imposible que algún miembro de esta Organización haya formulado tal declaración» (4).
Sin embargo, Reyes y su grupo de combatientes se encontraban en Ecuador. Desde hacía muchos meses el comandante guerrillero era el principal contacto de todos los emisarios -franceses, suizos, españoles, venezolanos, ecuatorianos- que negociaban con las FARC la liberación de sus prisioneros y rehenes, entre los cuales se encuentra la franco-colombiana Ingrid Betancourt.
Dando pruebas de una intransigencia absoluta, el movimiento de oposición armada exigió durante mucho tiempo un diálogo directo con el gobierno colombiano. Habría «intercambio humanitario» -rehenes por guerrilleros- o nada. Con un objetivo eminentemente político: lograr, gracias a ese diálogo privado, el estatus de beligerante. Colocadas en 2002 en la lista de organizaciones terroristas, las FARC nunca aceptaron esa calificación. Pero Uribe no quiere a ningún precio ese «intercambio» y ese reconocimiento.
La mediación emprendida por Chávez el 31 de agosto de 2007 puso patas para arriba, en algunos meses, una situación que estaba bloqueada desde 2002. La guerrilla liberó sin condiciones a siete de sus prisioneros, por lo que Caracas afirmó: «Las FARC entran en una lógica más ‘política’, lo que es un buen signo para los acontecimientos futuros». Una gran frustración del Presidente colombiano, a quien irritaron enormemente las imágenes de los rehenes agradeciendo calurosamente a los miembros del gobierno venezolano, vestidos de rojo.
En realidad, en Caracas las conversaciones se llevaban a cabo abiertamente, por intermedio de los comandantes de las FARC Iván Márquez y Rodrigo Granda (5). Y a veces también con Reyes, en el famoso campamento establecido en suelo ecuatoriano. París lo sabía y Quito también. Pero un detalle inquietante es que una semana antes de la operación del 1 de marzo, emisarios franceses se encontraron en Panamá con Luis Carlos Restrepo, el alto comisario colombiano para la paz. Y éste insistió ante sus interlocutores: «Mantengan el contacto con Reyes. Él es quien los va a ayudar, es su hombre, es quien va a facilitar la liberación de Ingrid». Esto explica el extremo furor de Correa: «¡Miren la bajeza de Álvaro Uribe! Él sabía que en marzo doce rehenes iban a ser liberados, entre ellos Ingrid Betancourt. Lo sabía, y utilizó sus contactos para montar esa trampa». Matar al negociador siempre ha sido el mejor medio de bloquear una negociación.
Pero este aspecto de la cuestión pasaría a un segundo plano, porque el 3 de marzo, el general Oscar Naranjo, director general de la Policía colombiana, montó un deslumbrante espectáculo ante los periodistas. Apoyándose en material informático «secuestrado cerca del cuerpo de Reyes», reveló «la alianza armada entre las FARC y el gobierno de Venezuela», así como los vínculos políticos y económicos (durante su campaña electoral) entre Correa y la guerrilla.
El banquete de los medios
Ni deseo de verdad ni reflejo de precaución. Periódicos y canales de televisión se desatan. Sobre la base de «documentos explosivos» (provenientes de las famosas computadoras), amablemente «filtrados» por los servicios de información colombianos, el diario colombiano El Tiempo (propiedad de la familia Santos, a la cual pertenecen el vicepresidente Francisco Santos y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos) y el español El País (6) llevan la batuta.
A partir del 4 de marzo, El País titula: «Bogotá devela los apoyos de las FARC». En «Los papeles de las FARC acusan a Chávez» (El País, 10-5-08), primer artículo de una serie de Maite Rico (7), uno puede enterarse de que «Chávez aprobó sin pestañear un pedido de 300 millones de dólares» de la guerrilla. El 12 de marzo seguirá el artículo denunciado por el secretario general de la OEA. Más tarde se descubrirá que «grupos vinculados al chavismo (…) van regularmente (a entrenarse) en los campamentos de las FARC en Venezuela» (Maite Rico, 11-5-08). Incluso existirían listas de espera para participar en esas «prácticas».
Cuando The Economist («The FARC Files», 24-5-08) recuerda la generosidad de Chávez -300 millones de dólares- con las FARC, también menciona como fuente de sus informaciones (¿exclusivas?) un mensaje de Raúl Reyes reproducido en El País y el semanario colombiano Semana. Prosiguiendo su trabajo de investigación, cita un documento obtenido por… The Wall Street Journal: «El ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, solicitó a las FARC entrenar soldados venezolanos en tácticas de guerrilla». Se ignora si The Wall Street Journal copió a su vez al Miami Herald, que publicó la misma afirmación.
Después, lo más barroco sucede a lo más improbable. Entre 2000 y 2002, las FARC y la ETA habían planificado un atentado en Madrid contra personalidades colombianas, el actual vicepresidente Francisco Santos, el ex jefe de Estado Andrés Pastrana y la ex embajadora en España Noemí Sanín (El Tiempo, 2-6-08). Un atentado que, hasta que se pruebe lo contrario, no fue reivindicado por nadie (¡y con razón!). Pero también las FARC habrían tratado de adquirir uranio para fabricar una «bomba sucia» (BBC Mundo, 5-3-08). Siempre según «los documentos de Reyes», la amistad de Chávez -porque siempre se vuelve a eso- con los rebeldes colombianos se remonta por lo menos a 1992 cuando, encarcelado por su intento de golpe de Estado del 4 de febrero, recibió 150.000 dólares de las FARC (Le Figaro, 5 de marzo y The Wall Street Journal, 11 de marzo). Dólares gastados, sin duda, en la cantina de la cárcel militar. Porque, al ser liberado en 1994, y sin contar con recursos, debió alojarse en un pequeño departamento del centro de Caracas, que pertenecía a su futuro ministro del Interior Luis Miquilena, que también le prestó un auto (8).
Le Monde (12-3-08), al mismo tiempo que se mostraba más prudente en el cuerpo del artículo, pone como copete un texto que menciona a un desertor de la guerrilla: «Según el desertor, un jefe de las FARC, Iván Márquez, y el dirigente histórico Manuel Marulanda, pasaban temporadas en Venezuela». Y esto es lo que quedará en la memoria del lector. Como el título de Le Figaro: «Relaciones peligrosas entre las FARC y Chávez» (15 de marzo).
Es inútil precisar que en Venezuela, los diarios El Nacional y El Universal, así como las cadenas privadas Radio Caracas Televisión (RCTV) y Globovisión gozan con la situación. Con entusiasmo toman la posta del gobernador del Estado de Zulia y ex candidato a la presidencia, Manuel Rosales, cuando acusa al presidente Chávez de «traición a la patria».
Uno de los múltiples editoriales de The Washington Post dedicado a Venezuela podría resumir por sí solo la naturaleza de esta formidable campaña mediática: «Si el escándalo de las computadoras se usa de manera adecuada (el subrayado es nuestro), profundizará el agujero en el cual esta supuesta ‘revolución bolivariana’ está en vías de ahogarse».
Sí, pero… Porque hay un pero. ¿Cómo poner en duda la veracidad de documentos cuya autenticidad fue confirmada por la International Criminal Police Organization, más conocida con el nombre de Interpol? Un argumento imparable sobre el cual se apoyan tanto Bogotá como el conjunto del gran circo mediático. Al examinar la situación se encuentran algunos detalles no desprovistos de interés…
El 4 de marzo el general Naranjo solicitó a Interpol una pericia independiente del contenido de las «ocho pruebas instrumentales informáticas». Como la organización accedió a esa demanda, su secretario general, el estadounidense Ronald K. Noble, presentó su informe, en Bogotá, el 15 de mayo. Pasaremos rápidamente por el importante homenaje que le rindió, durante su conferencia de prensa, al general Naranjo, sentado cerca de él, y al Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), la policía política (9). Algunos datos adicionales: Naranjo, ex jefe de la policía antidroga colombiana, fue obligado a renunciar después de la detención de su hermano Juan David, en Alemania, en marzo de 2007, por… narcotráfico. Fue acusado por el ministro del Interior venezolano, Rodríguez Chacín, por sus vínculos con el «narco» Wilmer Varela (asesinado el 29 de febrero de 2008). En cuanto a la DAS, su ex director Jorge Noguera fue detenido el 22 de febrero de 2007 por haber puesto al servicio de los paramilitares los recursos de la policía política.
Según el informe y las declaraciones de Noble, el campo de intervención de Interpol se limitó a «establecer los datos que contenían las ocho pruebas instrumentales (…); a verificar si los archivos de usuario -los «documentos» (10)- habían sido modificados de alguna manera el 1 de marzo de 2008 o después de esa fecha; a determinar si las autoridades colombianas (…) habían tratado y examinado las ocho pruebas instrumentales (…) de conformidad con los principios reconocidos a nivel internacional (…)». Pero «la verificación no implica ni la validación de la exactitud de los archivos de usuario ni la validación de la interpretación de cualquier país de esos archivos de usuario (…)».
En otras palabras, los expertos de Interpol (originarios de Singapur y de Australia, y que no hablaban español) no examinaron los contenidos. ¡Y con razón! En los 609,6 gigaoctetos de las ocho pruebas instrumentales, figuraban 37.873 documentos escritos; 452 hojas de cálculo; 210.888 imágenes; 22.481 páginas web; 7.989 direcciones electrónicas (no hay ninguna referencia a los correos electrónicos, a pesar de haber sido abundantemente mencionados por los medios); 10.537 archivos multimedia (sonido y video) y 983 archivos en clave. «En términos no técnicos, semejante volumen de datos correspondería a 39,5 millones de páginas completas en formato Word de Microsoft y, si la totalidad de los datos decomisados estuvieran en formato Word, harían falta más de mil años para tomar conocimiento de todos, a razón de cien páginas de lectura por día».
Mucho para un solo hombre, aunque se tratara de Raúl Reyes, que se desplazaba sin cesar por la jungla, vivía en las precarias condiciones del guerrillero, y que no tenía más que 69 años al momento de morir. Sin embargo, no fue demasiado para el gobierno colombiano que, en algunas horas, y luego en entregas continuas, divulgó las revelaciones descubiertas en las memorias informáticas. Tampoco fue demasiado para muchos periodistas que les ponen música a los «documentos» (¡autentificados por Interpol!) que les confían manos inocentes.
A veces el informe deja perplejo por su falta de rigor. Así, cuando menciona: «Reyes y Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado (11), comandantes de las FARC, fueron muertos durante la operación (párrafo 2, página 11 de la versión española)». Bogotá, que había anunciado la muerte de Conrado el 1 de marzo, debió desmentirse después de un examen de ADN practicado en el único cuerpo (además del de Reyes) repatriado por su comando. De la misma manera, la fórmula «las FARC fueron declaradas como organización terrorista por Colombia, otros gobiernos e Interpol (párrafo 2)» merecería ser matizada, ya que esta calificación sólo fue adoptada por Estados Unidos, Colombia, Perú, la Unión Europea e Israel (treinta y un países), es decir, el 17% de los miembros de Interpol, que cuenta con 186 países miembros.
Algo más significativo todavía… Las frases: «Las ocho pruebas instrumentales (…) decomisadas a las FARC pertenecían a Raúl Reyes (párrafo 2)» o «las ocho pruebas instrumentales decomisadas a las FARC (conclusión nº 1, p. 8)» deberían, por lo menos, estar redactadas de la manera siguiente: «Las pruebas instrumentales remitidas a Interpol por las autoridades colombianas». La organización policial se contenta con retomar la versión de Bogotá, ya que ningún testigo asistió a la supuesta recuperación del material cerca del cuerpo de los guerrilleros. Lo que ocasionó esta exclamación del presidente Correa, durante su visita a París, el 13 de mayo: «¿Quién va a demostrar que las computadoras fueron efectivamente encontradas en el campamento de las FARC?».
Tres días de manipulación
En un primer correo enviado a Interpol, el 4 de marzo, para solicitar su ayuda, el general Naranjo menciona «tres (3) computadoras y tres (3) dispositivos de almacenamiento USB (anexo 2 del informe)». En su respuesta fechada el 5 de marzo, Noble acepta, en nombre de la organización, hacer examinar «tres (3) computadoras y tres (3) dispositivos USB (anexo 3)». Pero el 6 de marzo, en una carta de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, a Interpol, el material involucrado se convierte en «tres computadoras portátiles, tres dispositivos USB y -algo nunca mencionado antes- dos discos duros (anexo 4)». ¿De dónde salen esos discos duros? ¿Habían pasado desapercibidos?
En esencia, el informe concluye que «ningún dato ha sido creado, agregado, modificado o suprimido en ninguna de las pruebas instrumentales entre el 3 de marzo de 2008, a las 11:45 (día y hora de su recepción por el Grupo de Investigación sobre Infracciones Informáticas de la Policía Judicial colombiana) y el 10 de marzo de 2008, cuando esas pruebas instrumentales fueron remitidas a los expertos de Interpol con el fin de crear las copias imágenes de los discos (párrafo 76, p. 30)». También afirma que «el acceso a los datos (…), durante el mismo período, se efectuó conforme a los principios reconocidos a nivel internacional en materia de tratamiento de los elementos electrónicos de prueba (…) (conclusión 2a, p. 13)».
Pero, ¿y entre el 1 de marzo (fecha del supuesto decomiso) y el 3 de marzo? Un agente de la unidad antiterrorista colombiana «accedió directamente al contenido de las ocho pruebas instrumentales (…) en condiciones de extrema urgencia (párrafo 79)» y todas fueron conectadas a una computadora «sin crear previamente una copia imagen de su contenido y sin utilizar material de bloqueo de escritura (párrafo 82)». De manera que, durante esos tres días, «el acceso a los datos (…) no se efectuó conforme a los principios reconocidos a nivel internacional (conclusión 2b, p. 15)». Algo enojoso cuando se descubre que 48.055 (¡!) archivos fueron creados, abiertos, modificados o suprimidos (párrafo 91, p. 33) (ver recuadro, pág. 10).
Ningún tribunal podrá apoyarse en los resultados de tal informe para juzgar a quien sea o al país que sea. Pero el rumor corre, constituyendo grandes titulares. Y nunca termina de ser alimentado, en lo que se refiere a Ecuador y, sobre todo, a Venezuela. Aunque hoy no están reunidas las condiciones para que esos países entren en la categoría de «Estados terroristas» o «Estados canallas», esta campaña crea en la opinión pública las condiciones necesarias. En realidad, analiza Maximilien Arvelaiz, un consejero cercano del presidente Chávez, «George Bush quiere a cualquier precio dejar bombas de efecto retardado para que, cualquiera sea el resultado de las elecciones de noviembre, resulte muy difícil cambiar la política de Estados Unidos con Venezuela».
En otro registro, esta psy-op (operación psicológica, en la jerga del espionaje) hace muy difícil retomar las negociaciones para la liberación de los rehenes, ya que Venezuela y Ecuador se encuentran descartados de cualquier mediación, salvo una sorpresa, nunca imposible en semejante enredo.♦
REFERENCIAS
(1) Entre los muertos hubo un ciudadano ecuatoriano, cuatro jóvenes estudiantes mexicanos y, como víctima número veinticuatro, un soldado colombiano que murió, no «en el fuego de la batalla», como pretendió Bogotá al rendirle honras fúnebres nacionales, sino por un árbol que se derrumbó sobre él. Una quinta víctima mexicana, herida, fue recogida por las autoridades ecuatorianas.
(2) BBC Mundo, Londres, 7-3-08.
(3) Se trata de un hecho probado, que encontró el autor de este artículo. Véase «Prisioneros y rehenes del conflicto colombiano», Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril de 2006.
(4) www.vtv.gob.ve/detalle.php?s=2&id=4546
(5) Véase «¿Quién mató a los 11 diputados?, entrevista a Rodrígo Granda», Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2007.
(6) El País, un diario de «centroizquierda», pertenece a la multinacional de la comunicación Prisa, que controla más de mil estaciones de radio en España, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Argentina y Chile, y llega a más de 30 millones de oyentes. En Colombia, Prisa controla Radio Caracol -rebautizada por muchos «Radio Paracol» (haciendo referencia a los paramilitares)-; en México, Radiopolis; en Estados Unidos GLR Networks y sus sesenta estaciones afiliadas.
(7) Maite Rico, corresponsal de El País en México en los años ’90, se distinguió por su hostilidad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. Publicó, con Bertrand de la Grange (en ese momento corresponsal de El Mundo en México), Sous-commandant Marcos. La géniale imposture, Plom/Ifrane, París, 1998.
(8) Véase Maurice Lemoine, Chávez Presidente!, Flammarion, París, 2004.
(9) Conferencia de prensa y resumen del informe en el sitio de Interpol: «Informe forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia», www.interpol.int/Public/ICPO/speeches/2008/SGbogota20080516FR.asp
(10) Los archivos de usuario son directamente generados por el usuario, que es responsable de su contenido. Los archivos «sistema de explotación» son utilizados por una computadora durante operaciones normales (inicio, funcionamiento, detención). Los archivos de «aplicación» se asocian a los softwares instalados en la computadora (procesadores de texto, lectores de medios de comunicación, antivirus, etc.).
(11) El «guerrillero guitarrista», animador del grupo musical de las FARC «Los Compañeros».