La provincia de Jujuy está inmersa en una situación de conflicto político y social, que se encuentra entre las más graves de su historia.
La causa de semejante estado de cosas ha sido el envío de un proyecto enviado a la Legislatura provincial, por el Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador Gerardo Morales, para reformar la Constitución de la provincia, que fue convertido en ley. La Constitución quedó, de esta manera, reformada.
La metodología utilizada para tal fin, a espaldas del pueblo en general y de los perjudicados por el nuevo texto constitucional, ha provocado el absoluto rechazo y movilización del pueblo jujeño, especialmente de las comunidades de los pueblos originarios de la región, los docentes y empleados estatales, incluidos médicxs, enfermerxs y trabajadores del sector minero, quienes fueron objeto de la más salvaje represión.
Esta estuvo a cargo del aparato burocrático-militar de las fuerzas de seguridad de la jurisdicción, que llegaron inclusive a ingresar, sin las correspondientes órdenes de allanamiento, en los domicilios de los manifestantes, para sacarlos a golpes y proceder luego a su detención. La existencia de heridos graves por la acción policial y más de 60 detenidos hasta el día 21 de junio completan el cuadro de crisis mencionado.
El texto de la nueva Constitución contradice además a la Constitución Nacional sancionada en 1994, lesiona la identidad cultural jujeña, criminaliza la protesta social, ignora el derecho a la convivencia democrática e inclusiva de la población y lesiona, por si fuera poco, el derecho a la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas originarias.
Como para que no queden dudas, la Comisión Interamericana (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha expedido, alertando al gobierno provincial, para que respete los “estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy”.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho pública su preocupación por los hechos, considerando como un “retroceso” la reforma constitucional de Morales y solicitando la investigación por la violación de los derechos humanos en la provincia de Jujuy.
La historia se repite
Nos ha parecido que existen referencias como para comparar, aunque en marcos contextuales diferentes, lo que ocurre actualmente en la provincia de Jujuy, con hechos, relativos a las prácticas coloniales españolas, hacia el siglo XVI.
Por ejemplo, la recurrencia histórica a la apropiación de territorios, que corresponden a las comunidades originarias, sobre regiones en las que estas han vivido desde tiempos anteriores a la llegada de los españoles. Dicha iniciativa nos remite al robo que los españoles hicieran de las tierras a sus habitantes legítimos y la puesta a disposición de estas para actividades extractivas y agrícolas; la criminalización de la protesta, que hace el gobierno jujeño, prohibiendo los reclamos pacíficos, nos recuerda al “requerimiento”, aquel documento del jurista Palacios Rubios, que no fue otra cosa que una amenaza incumplible, dictada en un castellano incomprensible para lxs indígenas.
O la feroz represión de los trabajadores, que es comparable con el avasallamiento militar conquistador, del que fueron objeto las poblaciones americanas; así como el posible despojo y apropiación del litio y del agua existentes o de otros minerales a manos de capitales nacionales y multinacionales nos permiten recordar y comparar la situación planteada con el saqueo del oro y la plata de México y Potosí, “botín” cuyo destino fueron los encomenderos, funcionarios y el tesoro real de la Corona española.
La Conquista y ocupación definitiva del actual territorio de la provincia de Jujuy, a cargo del imperio español, en 1561, primero, y por segunda vez en 1575, debido a la tenaz resistencia de los pueblos asentados y agricultores de la región, formó parte del proceso de penetración española que durante el siglo XVI consolidaba la empresa de conquista y sometimiento de los territorios del entonces Virreinato del Perú, con capital en Lima. Este se completaría luego con la fundación de ciudades en el actual territorio argentino, hasta llegar al Río de la Plata.
La encomienda como estrategia de sometimiento
Una de las principales estrategias que los europeos emplearon en la región, para afianzar la colonización y controlar a las poblaciones indígenas americanas, fue el sistema de encomiendas. La encomienda o reparto de indígenas a los españoles fue, durante la conquista y colonización de la América Latina española, una forma de trabajo no libre, que se instituyó a modo de resolver la falta de disponibilidad y voluntad de los conquistadores para trabajar en las colonias.
Por recomendación de la reina Isabel, a principios del siglo XVI, los españoles fueron autorizados para que les se les repartiera una cantidad determinada de pobladores americanos, que en ocasiones supero las 1.000 personas, para que se convirtieran en la fuerza de trabajo para la actividad extractiva y agrícola, en las minas y en las posesiones rurales del Imperio español en América.
Se trataba de trabajo forzado, con escasos descansos, ya que todas las previsiones en contrario tomadas, sobre todo por la intervención de sacerdotes católicos que se encontraban en el “nuevo mundo”, o normativas, como las Leyes de Burgos de 1513, no fueron ni controladas ni cumplidas por los funcionarios de la Corona en América.
Los reyes de España y Portugal se encontraban, curiosa y legalmente, autorizados por el Papa para obligar a trabajar a los integrantes de los pueblos americanos. La encomienda escondía, ante Dios y sus representantes en la tierra, un formato de trabajo semi esclavo, que permitía obtener a los españoles el oro y la plata, que luego enviaban a España para fortalecer las arcas reales.
Dicha situación se asemeja bastante al Jujuy actual, donde el gobernador Gerardo Morales podría cumplir el rol de los encomenderos, generando las condiciones jurídico-políticas, a partir de la reforma de la Constitución provincial, y garantizando la disponibilidad de las tierras, en detrimento de los pueblos originarios. Tierras en las que podría hacerse efectiva la extracción del litio u otros minerales, con destino a ser elaborados y comercializados por las empresas que ya operan sobre la política jujeña.
Dominación, racismo, saqueo, imposición, acumulación y fuga de botín nos parecen conceptos adecuados para caracterizar política y económicamente la Conquista española, y para lo que persiguen, cinco siglos después, las oligarquías jujeñas del siglo XXI, aquellos representantes del poder económico y terrateniente regional, que utilizan a la gobernación y a las estructuras de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista, fieles servidores y beneficiarios de tales políticas.
Jujuy reprodujo, en los días pasados, hechos que nos han recordado la peor de las dictaduras en la Argentina. La democracia no es para reprimir, la represión no debe ser ni siquiera una opción política a seguir. Es un claro síntoma de debilidad de un gobierno que carece de las capacidades necesarias para llevar a cabo su gestión política u oculta intenciones reñidas con la vida en democracia.
Han apoyado la decisión de Morales sectores de las burguesías medias y altas de la sociedad de la provincia, adoradores de una blanquitud colonizada, para la que es mejor la conquista de América o el sistema constitucional que propone el gobernador de Jujuy, por una única razón: el mantenimiento y la reproducción de sus privilegios de clase.
Dichos sectores tampoco consideran los miserables salarios de médicos, docentes y estatales, ni el hambre de la gente, tal como se verifica actualmente en la provincia. Lamentablemente y en definitiva, lo que ha permitido comprobar el conflicto y la crisis jujeña es la decisión y capacidad de acción represiva de las derechas y la vigencia lamentable de un país desigual, injusto, racista y colonial, que es necesario erradicar.
*Profesor de Historia. Integra el Grupo de Apoyo Político Pedagógico, Secretaría de Área Media, UTE.