Ministro Jorge Zepeda encausó a 18 personas vinculadas con el enclave alemán por asociación ilícita, entre las que cuentan su líder, Paul Schaefer, y el general (R) Manuel Contreras, ex jefe del disuelto órgano represivo. Además, pidió la extradición de Armando Fernández Larios, Albert Schreiber y de los cinco custodios de Schaefer en Argentina. El […]
Ministro Jorge Zepeda encausó a 18 personas vinculadas con el enclave alemán por asociación ilícita, entre las que cuentan su líder, Paul Schaefer, y el general (R) Manuel Contreras, ex jefe del disuelto órgano represivo. Además, pidió la extradición de Armando Fernández Larios, Albert Schreiber y de los cinco custodios de Schaefer en Argentina.
El ministro en visita Jorge Zepeda dictó este lunes un amplio procesamiento contra 18 personas vinculadas a Colonia Dignidad por asociación ilícita, entre las que se cuentan su líder, Paul Schaefer, y el ex jefe operativo de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) general (R) Manuel Contreras.
En su resolución, el juez menciona también a los colonos Kurt Schnellemkamp Nelaimischkies, Gerd Seewald Lefebre, Gerhard Wolfang Mücke Koschitzke, Harmut Wilhelm Hopp Miottel, Gisela Gruhlke Hann, Karl Van Den Berg Schuurman, Albert Schreiber Rauschenberger, Hans Jürgen Riesland Bollman, Peter Schmidt Spinti, Wolfgang Freidhelm Alexander Zeitner Bohnau, Matthias Gerlach Maschke, Renate Freitag Hartman y Rebeca del Carmen Schäfer Schneider.
Además, sometió a proceso también como autores a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Fernando Gómez Segovia y Armando Fernández Larios.
Según el fallo, «al amparo de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad se organizó una estructura jerarquizada que planificó y ejecutó múltiples delitos, integrada por personas que fueron miembros y colaboradores de esa corporación, actividad que se inicia a lo menos desde el año 1970 en adelante, según consta fehacientemente de la documentación encontrada durante el año 2005 al interior del ex fundo el Lavadero, ex Colonia Dignidad, actual Villa Baviera, situado al interior del pueblo de «Catillo», comuna de Parral, Séptima Región; estructura que continuó organizada después de la disolución de la fundación dispuesta por la autoridad administrativa competente, precisamente por desviación del objeto de ésta».
«Dicha estructura perfectamente organizada con el fin de actuar ilícitamente, contaba con un superior o mando responsable, el cual también estaba muy bien informado con un sistema creado al efecto, y si bien no implicaba ello constituir formalmente una organización tradicional militar, si lo era en cuanto a la aplicación de reglas, experiencias y adiestramiento propias de una actividad de esa naturaleza, contando de esa forma con capacidad suficiente para llevar a cabo operaciones militares y con la posibilidad plena de imponer una disciplina de ese carácter», agregó.
Para el ministro, Villa Baviera se ordenó bajo protocolos militares para apoyar los organismos represivos del régimen militar, constituyendo una organización jerarquizada que actuó contra civiles y los colonos del enclave, llevando a cabo una acción de permanente de agresión contra la persona humana, que califica como delito de lesa humanidad.
Adicionalmente, solicitó a la Corte Suprema determinar si se debe pedir la extradición de Schreiber a Alemania; los colonos protectores del jerarca en Argentina -Schmidt, Zeitner, Gerlach, Freitag y Rebeca Schäfer- a Argentina y Fernández Larios a Estados Unidos, además de Riesland, condenado por evasión tributaria presuntamente oculto en Francia.
Ministro anuncia pronta dictación de sentencias
El magistrado responsable de la causa comentó a la prensa que con estos procesamientos pretende terminar la fase de investigación y prontamente dictar sentencia.
«La idea era establecer delitos de manera suficiente, con abundantes pruebas, en lo posible que los hechos fueran reconocidos por las propias personas que están imputadas», comentó.
«Sin perjuicio de que las personas imputadas gocen del principio constitucional de la inocencia, pero ya los hechos están claros. Era lo que yo pedía hace unos meses: que me dejaran trabajar», comentó en alusión a la revocación de los procesamientos dictados anteriormente por la jueza de Letras de Parral Jimena Pérez.
«Con esto, queda claro que en un alto porcentaje, casi en 90%, (la existencia) de todos los hechos y las conductas ilícitas que ha sido posible establecer y nos queda esperar que el proceso avance. Mi idea es poder dictar sentencia ahora que terminó la fase investigativa», agregó.
Finalmente, Zepeda confirmó que todos los antecedentes en materia de armas fueron ya desentrañados y que si bien existirían explosivos escondidos en el lecho del río Perquilauquen «prefiero que se den por perdidas antes que suceda una tragedia», debido al complicado acceso al lugar.