El Sur de Bolívar es una región de una riqueza cultural y ambiental única, propia de un punto de encuentro a medio camino en el enérgico curso del río Magdalena desde los Andes al Atlántico. Se llega a él combinando todas las formas de transporte imaginables en la ruralidad colombiana: buses, motos, carros, lanchas, bestias […]
El Sur de Bolívar es una región de una riqueza cultural y ambiental única, propia de un punto de encuentro a medio camino en el enérgico curso del río Magdalena desde los Andes al Atlántico. Se llega a él combinando todas las formas de transporte imaginables en la ruralidad colombiana: buses, motos, carros, lanchas, bestias y «voleando pata», como se dice. En este punto del mapa se cruzan los mundos paisa, costeño y santandereano, con sus hablados, sabores y manierismos típicos. Su caótica geografía ve desgranarse el río Magdalena en ciénagas, brazos que recorren lomas y selvas. En este mundo anfibio, donde tierra y agua no pueden separarse del todo, se yergue, imponente, la serranía de San Lucas, uno de los sitios con la mayor biodiversidad del país. En medio de toda esa diversidad de criaturas exóticas y fantásticas, también hay seres humanos, humildes y asombrosos a la vez, que han llegado a este territorio a explotar sus recursos mineros, pero que han ido convirtiéndolo de un lugar de paso, en un lugar al que llaman hogar.
El proceso en el cual estas comunidades han ido convirtiendo su territorio en el espacio vital en el cual reproducen una forma de ser en el mundo, no ha estado exento de conflictos, violencias y resistencias. Antes bien, estos tres procesos han sido el eje articulador del proceso de construcción territorial en el Sur de Bolívar. Si bien cada región tiene sus particularidades, el despojo y el saqueo son constantes que encontramos en todos los territorios en conflicto en Colombia. Las dinámicas de violencia y colonización, resistencia y despojo, de militarización y paramilitarización, son sorprendentemente similares a las de otros territorios. Podemos decir que, en gran medida, la historia del Sur de Bolívar es la historia de Colombia. Sin embargo, a la vez la historia del Sur de Bolívar es muy particular. La importancia estratégica del Sur de Bolívar, así como las dinámicas económicas y sociales de la región, le dan matices muy particulares que le imprimen a este proceso un carácter único, que tratamos de develar conversando con un protagonista de esta historia.
Colonización, violencia y resistencia
La colonización de la Serranía de San Lucas está desde siempre ligada a procesos de violencia oficial y resistencia comunitaria. Uno de los primeros asentamientos en la región, en épocas coloniales, fue el palenque de Norosí, un proceso palenquero ligado a la sublevación de cimarrones bajo el liderazgo de Benkos Biohó. Otro importante momento para la colonización fue a finales de los 1940 y comienzos de los 1950, a manos de refugiados de la Violencia, que encontraron en estas lejanías y en su accidentado paisaje un refugio en contra de la violencia conservadora. Ahí se dedicaron a aserrar el bosque en las partes bajas, explotando maderas como el cedro o la tolúa. Luego llevaban la madera en balsas, para venderla en Magangué o en Barranquilla. En esta oleada de colonización se crearon comunidades como Buenos Aires, Papayal, y crecieron otros asentamientos previos, como Simití y Cerro de Burgos que vendían madera a los vapores que subían por el Magdalena.
Luego, entre la década de 1960 y la de 1970, comienza la bonanza marimbera. Atraídos por el lucrativo negocio de la marihuana, comienzan a llegar ya no sólo costeños, sino además gente del interior: boyacenses y santandereanos. El choque entre ambos grupos lleva a múltiples conflictos entre costeños y cachacos. Santa Rosa, por ejemplo, crece en esta época como un centro eminentemente cachaco, en el que se miraba a menos al venido de la costa -por lo general negro- y los conflictos se resolvían frecuentemente a machete. Las fincas marimberas vieron crecer pueblos como Banco Magdalena, San Martín de la Loba, Arenal, Morales, San Pablo, Tiquisio, entre otros. En todos estos pueblos de la ciénaga, a orillas del río, el encuentro entre las mulas que bajaban de las serranías cargadas de marihuana y los comerciantes, generaron una importante actividad económica y un gran crecimiento. Santa Rosa creció mucho porque de todos los poblados ya urbanizados, era el más cercano a la Serranía de San Lucas: en esa época, de ahí hasta el corazón de la sierra se tardaban unas tres jornadas, en circunstancias que desde otros pueblos de la región, uno podía tardar, fácilmente, una semana sino más.
El proceso de organización social en esta región comienza con una camada de jóvenes atraídos en la década de 1980 por otras dos bonanzas: la bonanza minera y cocalera. Uno de estos jóvenes, llegado en 1988 del municipio de San Martín de Loba, fue Narciso Beleño, hoy uno de los principales dirigentes en la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Fedeagromisbol, afiliada al Coordinador Nacional Agrario (CNA), con quien conversamos en la oficina de esta organización en Santa Rosa. Al comienzo no había asociaciones, nada. Él nos explica cómo fue el proceso mediante el cual comienzan a organizarse las primeras asociaciones mineras, pero sin ninguna dirección. Es así como en 1992 se funda Asoagromisbol, la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar. Él nos plantea que esto era una asociación de asociaciones y que, debido a una serie de cuestiones de orden legal, tuvieron que convertirse en federación, asumiendo el nombre con el cual son conocidos actualmente en 1998. Nos comenta, sobre el proceso que los llevó en este camino organizativo:
«Nosotros, desde el primer momento en que llegamos a colonizar la Serranía de San Lucas, buscamos la manera de legalizar nuestra actividad. Nosotros éramos, originalmente, pescadores y agricultores. Acá fue que nos convertimos en mineros. Desde entonces hemos hecho grandes esfuerzos para legalizar nuestra actividad minera, pero ha sido imposible, hay muchos obstáculos desde quienes controlan la legalidad«.
Me queda la duda de qué significa el concepto de agrominero que ellos utilizan en su nombre, si es que son mitad del tiempo mineros y mitad del tiempo agricultores, como muchos pueblos en la costa Pacífico. Pero él me plantea que no, que los mineros y agricultores acá lo son a tiempo completo. Sin embargo,
«Esta sinergia del minero con el agricultor, existe porque nosotros somos campesinos de origen, y mantenemos lazos de amistad y políticos con esos campesinos, aunque ahora nos dediquemos a otra actividad. Además, en este territorio enfrentamos, campesinos, pescadores y mineros, los mismos riesgos de desplazamiento y estigmatización. Por eso es que andamos siempre juntos, porque estos riesgos nos empujan a la unidad. En Colombia, el que anda solo, tiende a desaparecer.»
El éxodo de 1998
Dentro de este proceso organizativo que se avanzó desde comienzos de los ’90 hasta 1998, en que se constituyó la Federación, un momento clave y particularmente traumático, lo constituyó lo que, con evidente afectación, aun hoy la gente denomina el Éxodo de 1998. Las referencias bíblicas al éxodo del pueblo de Israel no hacen sino enfatizar la profunda fractura que vivió la comunidad con la irrupción de las Autodefensas del Sur de Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar que llegó desapareciendo y matando. En el 2000 se agrupan con otros frentes paramilitares en el Bloque Central Bolívar. Aun cuando el éxodo se instala en 1998, desde 1997 ya venían haciendo presencia los paramilitares en la región. La primera víctima de la Federación fue el vicepresidente de la organización, aun llamada Asoagromisbol, Orlando Caamaño, a quien los paramilitares asesinan en Aguachica, Cesar, el 20 de Junio de 1997. Después de esta muerte los asesinatos de dirigentes se suceden anualmente. El 11 de Junio de 1998, el dirigente de la zona de Mico Ahumado, Andrés Molina es asesinado junto a otras dos personas, Elmer Villamizar y Olga Ester Mejía, en Cerro de Burgos, a las orillas del Magdalena. El 28 de Noviembre de 1999, desaparecen a Edgar Quiroga en Cerro Azul, en el municipio de San Pablo. Estos son apenas algunos de los casos más sonados por la condición de dirigentes reconocidos de las víctimas. Nos dice Beleño que «uno ni sabe cuánta gente mataron… uno calcula por ahí unas 50 personas de la organización«. A raíz de esa mortandad y por la violencia con que los paramilitares llegan a romper el tejido social a la región, muchos habitantes de Santa Rosa y de los territorios circundantes, deben desplazarse. «Salió mucha, muchísima gente del territorio», nos explica don Narciso. «Sufrimos un encierro político, social y económico de más de 6 años. En esa época, los mineros y los campesinos que salían a las cabeceras municipales no volvían. Los paramilitares los desaparecían, los arrojaban al río«. Al igual que quienes se refugiaron en la serranía durante la violencia conservadora, dice don Narciso que «nos quedamos monte arriba defendiendo nuestras vidas, desplazándonos internamente de vereda en vereda, sin poder bajar a los municipios«.
La extrema hostilidad de los paramilitares se explica, además, porque Santa Rosa era un municipio vecino de San Pablo y Cantagallo, dos municipios que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pedía como municipios de despeje en las frustradas negociaciones que los elenos intentaron adelantar con el gobierno de Pastrana, ya enredado en las negociaciones del Caguán con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP). Según comentan pobladores de la región, los paramilitares desplegaron una amplia campaña para frustrar esa negociación, bloqueando rutas y trayendo gente de más abajo en el Magdalena Medio, de Puerto Wilches y Puerto Boyacá para oponerse a una iniciativa de paz que contaba con respaldo social. Pero en medio de la exacerbación de la violencia paramilitar, se logró quebrar el tejido social que sostenía estas iniciativas.
Pero el éxodo tuvo por consecuencia no prevista por parte de los paramilitares, una politización importante de este proceso. Hasta entonces, el proceso era más bien reivindicativo, con algunas movilizaciones para lograr construcción de algunas carreteras, incluida la que llega al Cerro San Lucas, y la construcción del hospital de Santa Rosa, así como la eterna búsqueda de la legalización de la actividad económica de estas comunidades mineras. Pero con la llegada de los paramilitares la Federación comienza a pensar de manera más política y a entender su accionar en la región en clave de construcción de territorio.
La irrupción no le salió gratis a los paramilitares: el Frente «José Solano Sepúlveda» del ELN con el Frente 37 de las FARC-EP coordinaron una fuerte ofensiva armada en contra de los paramilitares, que según la versión de Justicia y Paz del comandante paramilitar Julián Bolívar, se cobró la vida de por los menos 685 paramilitares en el período 1999-2005. Pero aun cuando el precio que pagó las AUC por su incursión en el Sur de Bolívar fue bastante alto, el legado de muerte y destrucción que dejaron dejó una profunda marca en las comunidades: 556 personas asesinadas en la región, y un total de 2000 muertes a causa del conflicto en esos años. El accionar paramilitar comienza a bajar de intensidad no solamente con los golpes recibidos por las AUC, sino también con esa «conversación de yo a yo que tuvieron con Álvaro Uribe«, como nos comenta este dirigente agrominero. Aunque tuvieron que bajar la presión, aseguran que se quedaron en la región y que mandaron a otros muchachos a cobrar los $800.000 mensuales que les pagaron por la desmovilización. «A veces se cambiaron los nombres, pero siguen siendo los mismos mandos, así tengan nuevo personal. Pero les tocó bajar la presión«. Con la irrupción del Ejército en el 2006, los paramilitares comienzan a centrarse en lo estrictamente económico, aun cuando excepcionalmente sigan realizando tareas políticas. «Se quedan, bajan el perfil, pero siguen impuestando, cobrando vacuna, metidos en el tráfico… y con todo eso, la gente se les rebota y los comienza a changonear, a irlos quebrando uno por uno«, explica Beleño. Para entonces, como en muchas otras partes, su presencia se había vuelto contraproducente y el mismo Estado que los creó en su cruzada contrainsurgente, los abandonó a su suerte.
La Anglo Gold Ashanti irrumpe en la Serranía
Toda la Serranía de San Lucas está salpicada de pequeños socavones donde los mineros rebuscan su existencia como hormiguitas en medio de esta inmensidad. Según los datos que maneja la Federación, del 1.800.000 de hectáreas que tiene la Serranía, 1.600.000 tiene riquezas minerales y algún nivel de explotación, por mínimo que sea. Según Beleño, esto «es una desgracia que tenemos que regular. Ciénagas, humedales, estribaciones… hay oro y plata por todo lado. Pero hay otras cosas. En Morales se quería dar licencia para la explotación a gran escala y a tajo abierto del Cobre. Nosotros frenamos eso. También se habla de que hay Coltán en el territorio«.
En esos días en que se formó la Federación, intentaron buscar las maneras de legalizar su actividad, ya que la inmensa mayoría de esta minería es ilegal y la salida de estos productos es a través del mercado negro. Contactaron a Minercol, que les comunica que algunas de las áreas que habían pedido licencia alrededor de San Pedro Frío, estaban pedidas en licencia, y habían sido supuestamente tituladas, por una familia Higuera-Palacios, una familia potentada de Barranquilla. Tras una larga pelea jurídica, se descubrió que esta pretensión de la familia Higuera-Palacios no tenía sustento. Así ganó la Federación licencia para explotar los minerales en el área de San Pedro Frío. Sin embargo, perdieron la licencia sobre 3.333 hectáreas luego de 11 años, porque no habían esperado, para reanudar sus actividades extractivas, los 30 días hábiles para que esta familia barranquillera apelara la decisión judicial. Sin embargo, aún cuando tienen licencia para trabajar, según Beleño, «eso no es ningún logro, porque la normatividad exige una serie de avances técnicos por igual al chico que al grande, y ponen a medir a los pequeños propietarios con la misma vara que se mide al grande, y ahí si no tenemos como competir. Es una nueva forma de desplazamiento: o cumplen con una serie de exigencias técnicas, o se van, cuando nosotros llevamos décadas en este territorio«.
Pero la amenaza más grande que la comunidad ha enfrentado, es la irrupción de la Anglo Gold Ashanti (AGA), multinacional minera de origen sudafricano, pero de fuertes capitales ingleses, que también ha hecho noticia en Colombia con su pretensión de hacer la mina a cielo abierto de oro más grande del mundo, la «Colosa» en Cajamarca, Tolima, proyecto que ha sido resistido de múltiples manera por el pueblo cajamarcuno. La llegada de la AGA a la región fue de manera muy velada. En el año 2000, a la Federación se le ofreció una indemnización de U$ 2 millones como reparación por los daños sufridos a manos del paramilitarismo. Esto decidieron utilizarlo para realizar un proyecto de integración minero. Por problemas de ejecución de los fondos, ese proyecto no se podía realizar mediante la Federación, porque no podía, legalmente, ejecutar proyectos mayores al capital inicial con que ésta había sido fundada. Con lo cual la Federación decidió que el proyecto se implementara a través del PNUD, en un total de 10 proyectos. Se contrató a cinco profesionales, pero el resultado fue una decepción total para la organización.
Según Beleño, «esos profesionales estuvieron 5 años estudiando las riquezas de la región y estudiando al movimiento popular, con fines muy distintos a la ayuda a la comunidad. Los proyectos se diseñaron para el fracaso. Todos estos profesionales comenzaron, al poco tiempo, a trabajar con una empresa llamada ‘La Kedahda’, que llegó a nuestro territorio en el 2003. Todavía contratado por el PNUD, uno de estos profesionales, William Batista, diciendo que era empelado de ‘La Kedahda’ y que esta era una empresa colombiana de un capital de apenas U$180.000, que quería trabajar con nosotros en minería limpia. A nosotros nos interesaba la minería limpia, porque nos veíamos ya como un territorio en construcción, en el cual queremos permanecer y tener una vida digna, no lo vemos como zona de mero rebusque. Nos mintió, porque en realidad esta era una filial de la Anglo Gold Ashanti, cosa que vinimos a descubrir gracias a unos amigos de la Universidad Nacional a quienes pedimos averiguar sobre esta empresa después de ver que sus referencias estaban todas en inglés. Nos daban una oferta que no pudimos aceptar: ¡querían que, a cambio de un 10% de sus ganancias anuales, nosotros corriéramos con el 10% de sus inversiones y que les cediéramos el 100% de nuestras licencias mineras! Querían que entregáramos todo a cambio de nada. Cuando supimos que era la Anglo Gold Ashanti, entendimos todo lo que nos había pasado en esos últimos diez años«.
Pese a que a la AGA le dieron una licencia de 400.000 hectáreas en el Sur de Bolívar, nunca pudieron entrar, por la fuerte resistencia de los mineros, y también por la presencia de movimientos guerrilleros en la zona. «Había tres guerrillas en esta región, el Ejército Revolucionario de los Pobres, ERP, que es un grupo que se abre del ELN en 1998 y duran hasta pasadito el 2010, pero que se deformaron mucho y terminaron muy bandolerizados, secuestrando a gente por tres millones de pesos, una vaina horrible. Entraron por eso en conflicto con las FARC, que les dieron muy duro, y también el Ejército que los terminó de aniquilar por allá por los Montes de María y Tiquisio. También estaban las FARC, que operaban principalmente a través del Frente 37, que acá tuvieron una presencia más bien económica, cobraban tributo pero no hicieron ni mucho trabajo militar ni político. El grupo guerrillero acá más fuerte era el ELN, que operaba a través del Frente de Resistencia Guamocó, del Frente Guillermo Ariza y del Frente José Solano Sepúlveda, la estructura más grande, de unos 300 ó 400 combatientes, del cual salió el ERP«. Así las cosas, la AGA no ha podido entrar, pero tampoco ha renunciado a su pretensión de echar sus manos sobre las riquezas de la Serranía de San Lucas.
De la paramilitarización a la militarización
Para el 2006, en todo caso, la paramilitarización dio paso a la militarización abierta, una secuencia que se presentó en casi todas las zonas en conflicto del país. Se presentó el Batallón Nariño y el Batallón 48 de Alta Montaña. La militarización del territorio avanzó gracias a una doble estrategia: por una parte, la estigmatización de la Federación, como comenta Beleño, «le decían a la comunidad que la pobreza de la región se debía a que nosotros no permitíamos que las multinacionales se metieran al territorio, que no las dejamos trabajar. Eso hizo mucho daño en alguna gente«.
La otra estrategia, según este líder comunitario, consistió en los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales: «Cuando el ejército entró, lo primero que hicieron fue asesinar a Alejandro Uribe Chacón, de la comunidad Mina Gallo, a quien presentaron como muerto en combate. Su cadáver fue a aparecer por allá por Barrancabermeja… un gran líder de la organización, un compañero de proyección nacional. Lo matan el 19 de Septiembre del 2006. Así fue que entraron al territorio«. Este asesinato habría sido realizado por el Batallón Nueva Granada, adscrito a la V Brigada. Un antecedente de la práctica de los falsos positivos según la Federación, fue la Masacre del Cerro del Oso, una zona de campamentos mineros, en la cual el ejército, el año 2003, asesinó a tres mineros y desapareció un niño de 11 años. De los cadáveres de los asesinados y el niño desaparecido no se tiene noticia hasta hoy. Todos fueron presentados como muertos en combate, supuestamente, con el ELN.
Hoy en día, se lamenta Beleño, «los que no fuimos asesinados, enfrentamos el riesgo de los falsos positivos judiciales. Tenemos en la cárcel, por ejemplo, a dos grandes dirigentes, el compañero Isidro Alarcón, de Morales, que trabajaba en todo el sector de Mico Ahumado, y Manuel Zabaleta, un dirigente histórico de la región, que perteneció a la ANUC línea Sincelejo en la década de los 1970. Ambos están presos por rebelión, concierto para delinquir y otras vainas ahí que los enredan. Pero es lo mismo, están presos por defender el territorio, por ser dirigentes de nuestra organización. Eso ni hablar de la cantidad de afiliados presos, no sabemos cuántos hay, los llevan por todo el país. El ejército, en realidad, vino a terminar de romper todo lo que no pudo romper el paramilitarismo«.
Dentro del proceso de resistencia en el territorio adelantado por Fedeagromisbol, se habían realizado, entre el 2006 y el 2008, tres romerías al Cerro la Teta de San Lucas, un lugar simbólico de gran importancia en la región, a cuyos pies se encuentra San Pedro Frío. Pero desde entonces ya no se pudieron realizar: se instaló una base militar del Batallón Nariño, y no han dejado realizar la romería. Cerca de la base, hay un poblado de San Pedro Frío donde no hay ni electricidad ni servicios, ni agua. «La comunidad obtiene el agua por gravedad, la represa y se la lleva para el consumo. Pero el batallón les usa el agua y deja en ella sus deshechos, que caen ahí porque ellos están arriba, y caen al agua que tiene que tomar la gente. Hemos hablado con la Personería, con la MAPP-OEA, hemos pedido en todos los tonos que desocupen el área, pero nada«. Este año, gracias a la mediación del Centro Nacional de Memoria Histórica, han logrado que se vuelva a autorizar la romería, la cual tendrá lugar los días 22 y 23 de Julio, pero tendrán que dar la vuelta a la base militar, que seguirá ahí hasta no se sabe cuándo.
Resistencia en el territorio, proyecto de futuro
El proceso de rearticulación de la Federación se ha dado en medio de la militarización, en incluso de la paramilitarización del territorio. Ya el 2001 se realiza una Caravana Internacional por la defensa del territorio que pone los ojos sobre la realidad de esta región. Hacia el 2006 comienzan a bajar los dirigentes de la Federación hacia las cabeceras municipales, y la organización estaba muy debilitada, física, económica y moralmente. Gracias a algunos recursos gestionados por la Unión Europea a través de los Laboratorios de Paz, lograron recomenzar este trabajo. «La Unión Europea quiere algo de nosotros, no son amigos ni hacen esto desinteresadamente«, dice Beleño, «pero no teníamos más opción en las condiciones en que estaba nuestra organización. Pusimos como condición ser nosotros quienes conducían el proceso. Por eso es que cuando los proyectos se acabaron, muchos procesos dependientes de estos fondos se quebraron, pero nosotros no«.
Desde entonces, no ha parado el trabajo de denuncia de la militarización, la búsqueda de la legalización de la actividad minera de la región, y la búsqueda de fórmulas que permitan a pescadores, agricultores y mineros vivir en este territorio y preservarlo para las futuras generaciones. Pero ahora la gran amenaza que enfrentan las comunidades del territorio, viene en la forma de la figura de la declaración de la Serranía de San Lucas como zona protegida, tema que ha venido siendo discutido desde el 2012, debido a que, desde la Federación, consideran que actualmente presenta figuras demasiado restrictivas. Se quejan de que esta discusión se ha venido imponiendo mediante la firma de personas individuales a cambio de un almuerzo, haciendo el quite a la Federación y las organizaciones comunitarias. Beleño es enfático al afirmar que «nosotros también queremos conservar lo que hay, pero no a costa de nuestro desplazamiento. No podemos acabar así con 30 años de lucha. Nos dicen que somos depredadores, y hemos demostrado que estamos interesados en la conservación y cada día mejoramos nuestra relación con el medio, nuestra conciencia. Necesitamos una figura que no nos acabe, una figura que nos permita conservar y seguir trabajando… lo más cercano a este anhelo es el Distrito de Manejo Integrado, porque permite la minería, pero pone muchas restricciones a los pequeños, mientras facilita la entrada de las multinacionales debido a su capacidad tecnológica. Queremos la preservación del ambiente pero también de nuestras comunidades. Haremos 59 reuniones en todo el territorio que pretenden declarar como zona protegida, con las que esperamos llegar a más de 5000 personas, con las cuales discutiremos un proyecto para el Sur de Bolívar, que tenga por concepto la preservación, conservación y restauración. El gobierno dice que esto debe estar decidido en Septiembre, que pare entonces tengamos la socialización lista, pero eso no es así, a las carreras. Las comunidades tienen que tener tiempo para aportar, conocer y decir sí o no, pero informadamente.»
Así como hay una gran cantidad de flora y fauna que deben ser preservadas, en la región también hay comunidades que merecen el mismo cuidado y respeto. Estas comunidades están concientes que, en gran medida, su destino depende de ellas mismas y de la capacidad que tengan para articular un proyecto de vida y permanencia en el territorio que logre convocar solidaridades amplias.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.