Luego de renunciar a su curul como el senador más votado en el Congreso de la República, el hoy ciudadano de a pie, Álvaro Uribe Vélez, recobró su libertad, gracias a una jugadita que le permitió salir de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, para ser juzgado ahora por la justicia ordinaria, en donde su acusador será el Fiscal Francisco Barbosa, compañero de pupitre de su protegido el presidente Iván Duque, garantizando así su completa inmunidad judicial de manera transitoria.
Sin embargo, es inocultable que se produjo su primera derrota judicial ante la Corte Suprema de Justicia, que tuvo que pagar un costo elevado, pues le obligó a renunciar a su curul y fuero de senador, para acudir a la justicia ordinaria, donde con seguridad podrá obtener su absolución en éste proceso, y en muchos más que le siguen en su contra, por presuntas actuaciones al margen de la ley, esencialmente por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, cuando fue director de la Aerocivil y gobernador de Antioquia.
Ahora deberá seguir los pasos de la exsenadora, posterior gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Es altamente probable que sin ninguna condena judicial, el hoy ciudadano Álvaro Uribe Vélez, vuelva a encabezar la lista al Senado de la República del Centro Democrático en 2022, y es también muy probable que intente volver a elegir un Presidente de la República que sea de su absoluta lealtad, o que por lo menos le garantice su total inmunidad judicial.
Pero no hay que llamarse a engaños, el hecho de haber recibido su primera derrota judicial en la Corte Suprema de Justicia, no significa que el mayor elector de las últimas dos décadas en Colombia, esté acabado políticamente. No sólo domina a su antojo el gabinete del actual gobierno, donde su exsecretaria privada, ahora funge como la ministra de la política. Sino que, su proyecto político no se contentó con la burocracia propia del poder ejecutivo, y colonizó los “órganos Independientes y de control”, y hoy cuentan con la mayor burocracia de gobierno alguno, fiscalía, procuraduría, contraloría que tienen enormes nóminas de funcionarios de libre nombramiento y remoción, y una contratación descomunal. Este es el poder burocrático e institucional que por primera vez en la historia reciente de Colombia, está puesto al servicio y a la defensa de los intereses del Centro Democrático y no de los colombianos.
Uribe recargado de odio.
Con expresiones como “no tengo cupo en el tren del apaciguamiento”, salió a buscar camorra, ahora ya no sólo contra la JEP y los Acuerdos de Paz, sino contra las altas cortes, a quienes notificó que va a liderar un referendo que le permita adoptar una “norma vértice” para la cúpula de la justicia. Puede entenderse como una retaliación o ajuste de cuentas por su privación de la libertad y la condena de sus “compañeros de acción política”, supongo que se refiere a los más de 80 parapolíticos condenados por la Corte Suprema de Justicia, a sus más cercanos colaboradores como: Sabas Pretelt de la Vega, Andrés Felipe Áreas, Diego Palacio, Luis Carlos Restrepo, Bernardo Moreno, Mauricio Santoyo, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, entre muchos otros.
El expresidente, se convenció durante esta breve temporada privado de la libertad que no puede bajar la guardia, de lo contrario podría terminar condenado judicialmente como sus amigos, así en su comunicado asevera que “el reposo y la resignación no hacen parte de mis opciones”.
Por lo tanto, seguirá liderando el proyecto político que está volviendo trisas el proceso de paz, se opondrá a cualquier iniciativa que persiga la verdad, no cree en la paz negociada pues está convencido que lo único que le garantiza su libertad y su honorabilidad es la confrontación y la guerra interna. Considera que la paz es una claudicación que le perjudica personalmente y a sus amigos, se refiere a la paz metafóricamente en los siguientes términos: “por evitar las dificultades de la lucha y congraciarse con el tigre, se termina en sus fauces”.
Débil defensa del Gobierno de Iván Duque
Justifica la reforma tributaria del actual gobierno que le generó más de 10 billones en exenciones, a través de lo que ha denominado la “reducción razonable de impuestos” a los sectores más ricos de Colombia y del capital internacional. Recursos que son asumidos por las amplias mayorías empobrecidas a través de impuestos directos a su ya escaso consumo.
Considera que los alivios económicos y sociales son suficientes para reactivar la economía y mitigar los efectos sociales de la pandemia, manifiesta que el Presidente Iván Duque la ha atendido con ejemplar dedicación, por lo menos a través de su programa de televisión.
Como si viviera en otro país, asevera que la expansión de las energías alternativas es formidable, habla de cumplimiento de grandes metas de arborización, mientras el gobierno concede licencias para hacer minería en los páramos, y autoriza la utilización del fracking para extraer petróleo y gas, incumpliendo su promesa de campaña.
Realmente el expresidente Álvaro Uribe, al igual que la gran mayoría de colombianos, no encuentra un sólo tema o aspecto de la vida nacional que el actual gobierno este liderando y tenga resultados visibles.
La nueva agenda para el Gobierno.
Pretendiendo demostrar que la pérdida de su credencial de senador, no le ha mermado su poder y liderazgo en su partido y en el gobierno, anuncia públicamente cuál es la tarea que deben cumplir en su bancada en el congreso y la del propio gobierno nacional.
Establece que se debe realizar una reforma laboral, que con seguridad buscará “flexibilizar” la contratación laboral por horas, que denomina como “Reducción de la Jornada Laboral” sin consultarla con los interesados o afectados que son los trabajadores.
Ante la imposibilidad de construir mayorías en el congreso para volver añicos los acuerdos de paz, anuncia que impulsarán un referendo que contendrá los siguientes puntos:
– Reforma a la Justicia en sus altas cortes (Norma vértice para la cúpula de la justicia).
– Disminución del Congreso.
– Derogatoria de la Justicia Especial para la Paz.
– Reforma Unilateral de los Acuerdos de La Habana.
Retoma la estrategia de la polarización y el miedo
El Centro Democrático se declara como el proyecto político que lucha contra el “proyecto socialista” que llevó a Venezuela y Nicaragua a su actual crisis económica, social e institucional, propiciado según el expresidente por el odio de clase, al que pretende anteponer su inédito modelo de la “economía fraterna”. Según el expresidente si el proyecto socialista llega al poder expropiará o confiscará la propiedad de las clases medias y altas; impondrá restricciones e impuestos asfixiantes, que inhiben la creatividad de la libre empresa y los empresarios, como ocurrió en Venezuela.
La tarea del actual gobierno es volver trisas el acuerdo de paz para volver a intensificar el conflicto armado interno con el ELN y con las autodenominadas Disidencias de las FARC, para aplicar a fondo la teoría del enemigo interno. En este contexto, como al comienzo de su primer gobierno en el año 2002, los enemigos internos son todos aquellos que se opongan al gobierno, y sospechosos todos los que no lo apoyen.
La estrategia política del Centro Democrático es polarizar al país de manera tal, que solamente se puedan distinguir dos corrientes, los defensores del establecimiento y los defensores del proyecto socialista. En este escenario, utilizando el miedo podrán sacar a votar a los asustados electores.
Es una estrategia electoral tan exitosa, que el propio presidente Donald Trump la está empleando en su campaña contra el candidato demócrata Joe Biden, a quien califica de impulsar el proyecto socialista, y de querer convertir a los Estados Unidos de América en una segunda Venezuela. Esperemos que el próximo 3 de noviembre los electores norteamericanos no se dejen manipular por el miedo, y no reelijan al presidente Donald Trump, quien es un aliado para el proyecto del partido Centro Democrático.
Todo parece indicar que como sociedad estamos condenados a la violencia y la confrontación armada, para garantizar la inmunidad judicial de un caudillo y el control político de un sector político con evidentes vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción. Pero que hábilmente sigue ganando elecciones, gracias a su estrategia de polarización. No más ingenuidad, no podemos volver a reeditar a la misma ecuación del 2018.
Miguel Antonio Galvis, Consultor Independiente, Director Ejecutivo de la Fundación Siglo XXI EPA.