Al inicio del ciclo 23 de los diálogos entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional, en La Habana, se destilaron varios temas de orden nacional que la guerrilla de las FARC puso sobre la mesa. Uno de ellos es la llamada Comisión de Esclarecimiento de las Causas y Responsabilidades del Conflicto, que […]
Al inicio del ciclo 23 de los diálogos entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional, en La Habana, se destilaron varios temas de orden nacional que la guerrilla de las FARC puso sobre la mesa. Uno de ellos es la llamada Comisión de Esclarecimiento de las Causas y Responsabilidades del Conflicto, que no es igual a la Comisión de la Verdad, anunciada por el gobierno nacional en voz de Humberto de La Calle. Que las FARC también acoge.
Y es que la diferencia es significativa. Mientras el gobierno Santos pretende adjudicar responsabilidades a esa guerrilla de los hechos propios del conflicto en medio siglo de guerra, la Comisión de Esclarecimiento y Responsabilidades le apunta a identificar las causas sociales y políticas, entre ellas, las responsabilidades de los gobiernos que por su acción u omisión perpetuaron la guerra, ahondaron la inconformidad social, estrecharon la democracia a su mínima expresión y excluyeron a sangre y fuego visiones distintas del manejo del país.
El fondo de la propuesta
«¿Cómo pueden establecerse las responsabilidades, o cómo puede abordar la mesa el tema de víctimas, de su reparación, del perdón y el compromiso de un «nunca más», si no se establece cómo se dieron los hechos de violencia que derivaron en seis décadas o más de conflicto armado?», se preguntó el jefe de la delegación de paz de las FARC, Iván Márquez.
La Comisión de Esclarecimiento pretende establecer un periodo de estudio histórico desde el año 1936, a propósito de la ley 200 de aquel año impulsada por el presidente Alfonso López Pumarejo, que para muchos historiadores fue la génesis de la violencia terrateniente contra el campesinado beneficiario de la redistribución de la tierra.
La Comisión propuesta por la insurgencia permitiría dar claridad de los responsables de los millones de colombianos en desplazamiento forzado y el apoderamiento violento e ilegal de al menos ocho millones de hectáreas. Incluso llegaría hasta los responsables materiales e intelectuales del genocidio político de la Unión Patriótica o de magnicidios políticos que alimentaron el conflicto, desde Jorge Eliécer Gaitán hasta Jaime Pardo Leal o Bernardo Jaramillo, que siguen en la impunidad.
El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Para las FARC, de lo que se trata es de invocar la responsabilidad de «el Estado y las ramas del poder público, los presidentes, los partidos hegemónicos, los terratenientes, los empresarios, los bananeros, los ganaderos, los banqueros, la Iglesia, los grandes medios convertidos en instrumentos de la guerra, los militares, los paramilitares, la policía, los guerrilleros y ex guerrilleros, los organismos de inteligencia, los Estados Unidos», es decir a todos los actores y factores del conflicto.
«No se trata de colocar contra la pared al Estado, ni de desatar insolubles consecuencias judiciales, ni cacerías de brujas, sino de establecer el cuadro completo de los horrores de la violencia», dicen las FARC, reconociendo que no le temen a los tribunales de justicia.
La Comisión permitiría ir adelantando las discusiones que se atenderán en el punto relacionado a las víctimas, cuando se dé por terminado el de cultivos ilícitos. En ese momento la voz de las víctimas va a tener un espacio primordial para ser atendidas. No obstante, será el gobierno nacional quien determine si permitirá o no escuchar a las víctimas del terrorismo de Estado en un proceso que hasta ahora ha sido hermético para el pueblo colombiano.
Un «manda callar»
Otro de los temas puestos en el debate público, desde el Centro de Convenciones de la mayor de las Antillas, fueron las respuestas al ex mandatario y ahora senador electo, Álvaro Uribe Vélez, quien señaló en declaraciones a la prensa internacional que él quiere la paz del país pero sin impunidad. Y las FARC están de acuerdo. Si se trata de no dejar impunidad en las actuaciones la insurgencia llamó a responder al electo senador Uribe por asuntos ocurridos a lo largo de su vida política en especial como jefe de la Aeronáutica Civil, gobernador de Antioquia y jefe de Estado.
«Sí. Que no haya impunidad para quien desde la gobernación de Antioquia regó de muertos, con su hermano Santiago y su banda paramilitar los ‘Doce Apóstoles’, a Yarumal y el norte del Departamento. Que planeó la masacre del Aro y que no explicó por qué el helicóptero de la Gobernación sobrevolaba el caserío en el momento en que se desarrollaba la masacre. Que lanzó contra Urabá, como perro de presa contra la gente, a Rito Alejo del Río. Que hizo matar a defensores de derechos humanos, como José María Valle», manifestó Márquez.
Y, como esa situación en particular, la guerrilla recordó otros episodios que invocan la responsabilidad de Álvaro Uribe, como la impunidad reinante en los denominados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que sirvieron para elevar las cifras de resultados operacionales en su política de seguridad democrática. O las confesiones paramilitares indicando que ayudaron a elegir a Uribe como presidente en el año 2002.Pero también sus actuaciones cuando apenas se vislumbraba para la política, ocupando el cargo de jefe de la Aeronáutica Civil. El narcotraficante Pablo Escobar lo llamo «el muchachito bendito», por ayudarle, según recientes declaraciones de Virginia Vallejo, a otorgarle licencias aéreas para traer a Colombia pasta de coca para su negocio. «Una vida tortuosa signada por el crimen», subrayaron las FARC.