El paramilitar Sierra sostiene que el negociador del gobierno, el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo tomó partido por una parte de los paramilitares en la guerra entre los carteles paramilitares, y que recibió dinero a cambio de favores
Pablo Hernán Sierra alias ‘Alberto Guerrero’, jefe paramilitar del «Bloque Cacique Pipintá», asegura que acompañó al Jefe paramilitar alias ‘Ernesto Baez’ en sus reuniones con políticos. Sierra le pide al gobierno de Santos que le de la oportunidad de contar todo lo que sabe sobre narcotráfico, política, y 1200 víctimas cuya autoría física está dispuesto a reconocer. Si la negativa del gobierno persiste las víctimas se quedarán sin conocer el paradero de los desaparecidos y sin la remota oportunidad de saber quienes son los autores intelectuales de los crímenes. Se trata para el Estado colombiano de silenciar la verdad.
El paramilitar ha dado una entrevista a Noticias UNO, en la que cuenta sus relaciones con la política: habla de una subasta ganadera del paramilitarismo para recolectar fondos para la primera campaña de Uribe Vélez, en el año 2002, a la que asistió Uribe, y en la que se recolectaron 270 millones de pesos del paramilitarismo para Uribe. Uribe contó con la «seguridad» de los paramilitares del Bloque Cacique Pipintá. El paramilitar Sierra cuenta los «trabajos» que hizo para el capo paramilitar Don Berna y el ex presidente Uribe Vélez. Cuenta como orquestaron complots y eran asesinados los integrantes de dichos complots tras realizarlos.
Obispo, Comisionados de Paz, políticos, narcotraficantes, paramilitares
El jefe paramilitar explicó las relaciones entre multitud de políticos, el narcotráfico y los «integrantes de Ralito». Dice que en una reunión en casa del Capo paramilitar alias «Don Diego» a la que asistió el paramilitar Sierra, se encontró a multitud de políticos, entre ellos el senador Luis Elmer Arenas, el obispo de Cartago, una docena de alcaldes de la región y un Comisionado de Paz.
El paramilitar Sierra alias ‘Alberto Guerrero’ habla de una guerra entre narcotraficantes en la que tomaron partido obispos, políticos e incluso delegados de la «Comisión de Paz».
El paramilitar Pablo Hernán Sierra sostiene que el negociador del gobierno, el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo tomó partido por una parte de los paramilitares en la guerra entre los carteles paramilitares, y que recibió dinero por incluir narcotraficantes en las «negociaciones» entre paramilitares y el gobierno, para que los narcotraficantes se beneficiaran de las leyes que favorecen a paramilitares.
Leyes apetecidas por paramilitares y narcotraficantes
Se trataba de incluir a los narcotraficantes en el lote a ser beneficiado por las leyes mal llamadas de «Justicia y Paz», denunciadas por las asociaciones de víctimas como leyes de impunidad y continuidad. Unas leyes que les permitieron a narcotraficantes y paramilitares legalizar tierras despojadas y recibir contundentes cantidades de dinero público para impulsar su «reinserción», a la par que sirvieron para pagar favores políticos y para trasladar aún más cantidad de dinero público al tesoro de latifundistas, narcotraficantes y paramilitares, consolidando así un escabroso proyecto de país.
Pero sin duda lo más terrible de estas tan apetecidas leyes por narcotraficantes y paramilitares, ha sido su rol bisagra: han permitido articular la ilusión de un «desarme de los paramilitares», mientras que estos siguen activamente perpetrando masacres y asesinatos de opositores, siguen activos obedeciendo los lineamientos de una política del terror articulada desde el mismo estado y financiada con dinero público y privado proveniente de multinacionales y gran latifundio. Estas leyes y la escenografía de la «desmovilización de los paramilitares», son como puertas que se abren para dar la ilusión que se traspasa un umbral, mientras que en realidad llevan al mismo sitio, no se pasa de un pasado tenebroso a un futuro de luz, es la continuidad: como si nos encontráramos en las escaleras sin fin dibujadas por el maestro Escher. Unas escaleras de Escher a la colombiana: jalonadas de fosas comunes, cadáveres y poses oficiales parapeto para una ONU que del régimen de Colombia no se quiere enterar.
Se han destapado varios escándalos que evidencian las falsas desmovilizaciones: entre ellos varios testimonios de jefes paramilitares que evidencian que las armas que ellos entregaron fueron compradas adhoc para las ceremonias de entrega de armas, con dinero público y del narcotráfico. Así, la gestión de las armas a entregar, los intercambios de favores, la inclusión de narcotraficantes en las listas, las «extrañas» desapariciones de millonarias sumas incautadas al narcotráfico y al paramilitarismo de la custodia del estado, la inadecuación entre cifras de supuestos desmovilizados esgrimidas por el gobierno y la contradicción de esas mismas cifras por otros voceros, la evidente falsedad de la desmovilización paramilitar evidenciada por la continuidad del accionar paramilitar, son mucho más que «indicios»: indican el fraude estructural cuyo fin no es otro que la continuidad para una herramienta de despojo y acumulación de capital. El tema de las falsas desmovilizaciones es sin duda un tema medular para entender la situación actual de Colombia. Desvelar el montaje que permite la continuidad del genocidio es fundamental.
Continuidad y profundización del la impunidad con la Ley 1424 del gobierno de Santos
Ha sido una continuidad en la historia del genocidio colombiano: uno tras otro los diferentes gobiernos dicen distanciarse del anterior; pero la realidad evidencia una continuidad y profundización de la barbarie. Con relación a las leyes de impunidad mal llamadas de «Justicia y Paz» hay que saber que el gobierno de Juan Manuel Santos ha profundizado aún más su alcance de impunidad:
La ley 1424, aprobada en tiempo record el 15 de diciembre de 2010, y convertida ley 1424 de 2010 el 29 de diciembre 2010 «Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones», estipula claramente:
«(…)La información que surja en el marco de los acuerdos no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros«. (subrayado añadido)
Se amplía claramente el margen de impunidad a los financistas e impulsores del paramilitarismo. Se perfecciona la ley de impunidad que cobija a la herramienta fundamental de una estrategia de terror estatal que beneficia al gran latifundio, a las multinacionales, al narcotráfico, y por lo general al gran capital, en detrimento de 4,9 millones de desplazados y de una población empobrecida que vive bajo régimen de terror.
Helicópteros de refuerzo y narcotraficantes que obtienen «credenciales de paramilitares»
En la entrevista que Noticias Uno le hace al paramilitar Pablo Hernán Sierra alias ‘Alberto Guerrero’, en la que este asegura que el negociador del gobierno, el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo tomó partido por una parte de los paramilitares en la guerra entre los carteles paramilitares, también expresa cómo el propio gobierno tomó partido por uno de los carteles narcotraficantes y paramilitares: «El comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo avaló eso: fue el ejército y helicópteros de la fuerza pública, del Estado colombiano que ayudaron a bombardear y combatir los del Bloque Metro»
Fue tras una reunión clandestina del gobierno con paramilitares y narcotraficantes que narcotraficantes puros obtuvieron «credenciales de paramilitares» con miras a integrar los planes del gobierno: «la plata que recibió Luis Carlos Restrepo para que incluyera en la negociación al Tuso y a los Mellisos (…) El aval lo dio Luis Carlos Restrepo, y para dar ese aval se benefició económicamente, eso no era gratis»
La gran farsa de la desmovilización de los paramilitares y los actuales subterfugios
En Santa Fe del Ralito se discutían aparentemente las condiciones de una supuesta y muy propagandizada desmovilización de los paramilitares, en lo que la gran prensa llamaba «diálogos entre el gobierno y paramilitares», algo que las víctimas por su parte llamaban un «Monólogo»: entendiendo que el paramilitarismo es una herramienta de guerra sucia del propio estado colombiano, que actúa con coordinación del propio ejército y según la doctrina del «enemigo interno».
Ahora se conoce por testimonios, y por la continuidad de la herramienta paramilitar en su accionar, que fue una falsa «desmovilización». La gran farsa de la «desmovilización» de los paramilitares fue implementada como una maniobra de propaganda cuya finalidad era perpetuar a la herramienta paramilitar de Estado y multinacionales. Esta farsa de la «desmovilización paramilitar» surge ante las crecientes denuncias internacionales de la barbarie paramilitar y su inocultable actuación coordinada con el ejército y policía de Colombia: el estado colombiano optó por el subterfugio de una falsa «desmovilización» de paramilitares, que le permitió un lavado de imagen internacional, a la par que la continuidad de la herramienta de guerra sucia. En el 2011 el paramilitarismo sigue en pie asesinando opositores y desplazando cantidades ingentes de población de las zonas del alto interés económico (Colombia es el país con más desplazados del mundo: tiene más de 4,9 millones de desplazados según el informe de noviembre 2010 de CODHES).
Recientemente el Estado colombiano se había esmerado en decir que «los paramilitares ya no existen», pero ante la inocultable constatación de la continuidad en las masacres, el gobierno colombiano ha adaptado un poco el discurso: ahora el gobierno de Santos dice que lo que existe son «bandas criminales», y ha acuñado el término eufemístico de «BACRIM», esto es otra artimaña para reforzar la propaganda de que los paramilitares son meras bandas criminales y no una herramienta de terror social con una función clara, que actúa en coordinación con el ejército y fuerza pública y que recibe armamento y financiación de dineros del narcotráfico, las multinacionales e insumos del propio ejército.
Mientras rebautiza a los paramilitares para confundir, el gobierno colombiano vuelve a repetir lo que ha dicho siempre: «el estado emplea todos los medios en combatirlos», lo cual dista mucho de la realidad de connivencia, armamento compartido, masacres conjuntas, heli-transportaciones de paramilitares, etc. Una constante en la historia del Terrorismo de Estado en Colombia, y uno de los pilares en la perpetuación del genocidio ha sido la creación por parte del Estado de mil artimañas para tapar la realidad de la herramienta paramilitar: se trata de darle continuidad a un sistema que favorece al gran capital. Se trata de silenciar reivindicaciones sociales y despojar mediante la barbarie: para ello es indispensable perpetuar la herramienta paramilitar y armarla a la par que se dice que se la combate desde el estado.
Eso fue Santa Fe del Ralito: un gran escenario en el que se jugaba una obra de propaganda. En la entrevista de Noticias Uno el paramilitar Pablo Hernán Sierra evidencia que mientras todo el país estaba pendiente del proceso de Santa Fe de Ralito, los Jefes paramilitares y los políticos hacían reuniones clandestinas por todo el país, para intercambiar favores con políticos.
Según el testimonio de Sierra alias ‘Alberto Guerrero’ hubo reuniones en Villa Esperanza y la Ceja Antioquia entre Capos paramilitares y varios políticos. El jefe paramilitar Ernesto Báez y Julián Bolívar se reunieron con Mario Uribe, Se reunieron paramilitares con Ex senador Manuel Ramiro Velázquez, Luis Alberto Ramos, Oscar Suárez Mira ex acalde y senador y más políticos. Reunión con Ernesto Báez y Gómez Gallo en la última semana antes de las elecciones: «Báez (paramilitar) voltea las elecciones a favor de Aníbal Gaviria». Varios políticos ya han salido a negarlo todo.
Sierra también habla en la entrevista de una reunión de paramilitares con el General Rito Alejo del Río en el barrio el poblado de Medellín.
Nota sobre la supuesta implicación del ex Comisionado de Paz Luis Camilo Restrepo
con narcotraficantes y paramilitarismo, en favores contra pago, y la versión del propio Comisionado de Paz.
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