El trabajo realizado en los temas agrarios, participación política y drogas ilícitas, siendo orgánicos e importantes, se corresponden con la fase de discusión de las causalidades del conflicto y el desarrollo que estas pueden tener en un contexto de transformaciones estructurales democráticas. En la medida que el proceso avanza las discusiones se hacen más difíciles, […]
El trabajo realizado en los temas agrarios, participación política y drogas ilícitas, siendo orgánicos e importantes, se corresponden con la fase de discusión de las causalidades del conflicto y el desarrollo que estas pueden tener en un contexto de transformaciones estructurales democráticas. En la medida que el proceso avanza las discusiones se hacen más difíciles, intensas y frágiles en la medida en que comienzan a abordarse temas de reconciliación y terminación de conflicto armado que comprometen responsabilidades y decisiones ineludibles e irreversibles: victimas, justicia, dejación de armas, mecanismos de refrendación, todos temas de extrema sensibilidad para la sociedad.
La confianza ganada en todos estos meses, la responsabilidad de las partes y, de las comisiones del gobierno y Farc, con el proceso, se colocan a prueba y se requiere de afinamientos y ajustes en los que cada palabra, cada decisión, cada acuerdo se construye con el mayor cuidado, compromiso y responsabilidad con la paz del país. El camino que esta por transitarse no es fácil. La discusión juiciosa de los temas tratados debe haber dejado los aprendizajes para moderar las conversaciones con tal pulcritud y confianza, en el abordaje de puntos que son muy sensibles para el país y para las partes y, que son por decirlo de alguna manera, determinantes del proceso.
La dinámica de las conversaciones ha ido generando una oferta de preocupaciones y necesidades que son connaturales a las características del proceso y que requieren de la disposición de la sociedad y la institucionalidad colombiana para su abordaje y tramite. La mesa de conversaciones no puede resolver problemas que están unidos al ordenamiento constitucional y legal de la nación, a la suscripción de tratados internacionales y las lógicas de la justicia global, cuya competencia esta circunscrita a la gestión del Estado.
Si la afirmación de las FARC es cierta en el sentido que las conversaciones sobre el punto tres de discusión sobre drogas ilícitas están llegando a su final, pronto la mesa asumirá como eje central de las conversaciones el tema de victimas, el que por las características del conflicto colombiano es de mayor complejidad por la diversidad de actores y formas de victimización. La FARC han hecho explicita manifestación de no ser los únicos actores del conflicto y por lo tanto no ser los únicos responsables de la situación de victimización. Incluso en las discusiones de la fase exploratoria, que dieron origen al acuerdo este tema fue de difícil trámite, porque, ni Estado, ni organización insurgente, aceptan la condición de victimarios, llegando incluso a concebirse como víctimas del conflicto. Por esta razón el punto quedo de manera escueta formulado en los dos incisos de derechos humanos de las víctimas y verdad.
Previendo las dificultades que va a tener el tratamiento del tema victimas, las FARC ha venido convocando desde hace varios meses la necesidad de la creación de una comisión de la verdad y más recientemente de una comisión de esclarecimiento del conflicto que precise no solo lo acontecido y su temporalidad, sino, la responsabilidad del Estado y de los distintos actores en el desarrollo del mismo. Pero una cosa en una comisión de esclarecimiento del conflicto y otra distinta, una Comisión de la Verdad.
La creación de una Comisión de la Verdad es una necesidad que es propia de la solución política de los conflictos armados y que tienen como propósito esencial contribuir a la reconciliación nacional y a fijar el propósito de no repetición como un compromiso abierto y manifiesto frente a la sociedad y la comunidad internacional. Es un trabajo de investigación interdisciplinario que convoca aspectos de fundamento económico, social, psicológica, antropológica, histórica y política, que requiere de un equipo de expertos suficientemente autónomos y de reconocido prestigio y objetividad, de recursos y, sobretodo, de un tiempo suficiente para que pueda fluir la información y producirse los análisis y balances, que son propios de este tipo de informes. Esa es una preocupación mayor, en la medida que el proceso de conversaciones no puede quedarse a la espera del informe de la comisión de la verdad, que defina las responsabilidades de los respectivos actores. Esa comisión debe trabajar con el rigor, disciplina y precisión que pueda establecerse en el marco de un mandato de ejecución del acuerdo entre las partes.
Otra cosa distinta, preliminar pero complementaria, debe ser la comisión de esclarecimiento del conflicto que debe dirigir su trabajo a cartografiar conceptual, argumentativa, histórica, política y temporalmente las grandes líneas y complejidades de conflicto, la naturaleza del mismo, sus determinantes y causalidades, el universo de actores, su antecedentes y temporalidades, los puntos de inflexión y, el orden de las responsabilidades en el mismo, ,entre otras múltiples opciones que deben ser determinadas por las necesidades del proceso de conversaciones y que deben dirigirse a facilitar los discusiones y a acelerar los acuerdos. Esta comisión debe constituirse por un grupo de expertos de reconocida trayectoria y aceptación de partes, para que presente un informe desde el cual se puedan construir en términos de responsabilidades múltiples los acuerdos políticos. Su trabajo es preliminar pero complementario a la comisión de la verdad y debe ayudar a la elaboración de los mandatos que las partes deben entregar a la comisión de la verdad histórica. El tiempo de funcionamiento de esta comisión, para la producción del informe debe ser lo más breve posible. Por decirlo en términos de la conceptualización histórica es el tiempo de la corta duración.
Este proceso requiere de una atención especial y de la mayor celeridad y debe desarrollarse simultáneamente al tratamiento metodológico del tema de víctimas.
Estado e insurgencia deben asumirse en responsabilidad frente a las víctimas y estas deben tener la oportunidad, a través de sus formas organizativas, de expresar de manera directa frente a la mesa de conversaciones de La Habana sus puntos de vista sobre el conflicto y sobre su condición de víctimas y derechos. Igualmente, se debe poder definir con ellas un acuerdo político de reconocimiento de su condición de víctimas, de sus derechos, de las rutas de reparación y del obligado compromiso de no repetición.
(*) Carlos Medina Gallego es Docente-Investigador Universidad Nacional de Colombia, miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz.