y la reconciliación nacional. Y han dado pasos importantes para lograr este objetivo. Han utilizado los mecanismos de la mesa de diálogo, de reformas parciales y cosméticas en las instituciones del régimen patronal de la democracia para ricos, principalmente en el caso de la justicia y de las fuerzas armadas, dos de las principales instituciones […]
y la reconciliación nacional. Y han dado pasos importantes para lograr este objetivo. Han utilizado los mecanismos de la mesa de diálogo, de reformas parciales y cosméticas en las instituciones del régimen patronal de la democracia para ricos, principalmente en el caso de la justicia y de las fuerzas armadas, dos de las principales instituciones cuestionadas, han encarcelado a algunos militares en casos emblemáticos de derechos humanos, entre otras políticas.
Esto ha logrado que la justa lucha de los organismos de derechos humanos y de los trabajadores y el pueblo pobre, haya sido canalizada y desviada, principalmente, hacia los mecanismos de la justicia patronal, confiando en que puede ser esta justicia, la justicia de la democracia para ricos, la que de solución a estas demandas. Pero no es con esta justicia, ni confiando en las instituciones del régimen de la democracia de los patrones, como podremos lograr la cárcel y el castigo para todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Porque tanto ayer como hoy, los partidos patronales de la Concertación y la derecha, la justicia patronal, las fuerzas armadas, los medios de comunicación, la Iglesia, están para cuidar y defender las ganancias de los que tienen el poder: los patrones nacionales y extranjeros.
De todas maneras, a pesar de todas las políticas que han implementado, no pueden lograr cerrar del todo el tema de los derechos humanos. Así, se siguen conociendo los manejos turbios del clan Pinochet, los negociados fraudulentos del ejército, la política de represión y exterminio sobre las organizaciones de izquierda y los trabajadores y el pueblo en los años de la dictadura.
El enriquecimiento ilícito del ex dictador, su familia y colaboradores más directos, en el caso del Banco Riggs -en el que acaba de ser inhabilitado el juez Carlos Cerda, a petición de los abogados de Pinochet y donde asumió el juez Alfredo Pfeiffer, conocido pinochetista que ha rechazado todas las acciones judiciales contra el dictador -, es uno de los que sigue en el centro de la luz pública. Pinochet acumuló millones de dólares en cuentas de diversos bancos en el mundo, utilizando pasaportes falsos, empresas de papel, falseando declaraciones de impuestos, aprovechando los negocios del ejército para aumentar sus ingresos, etc.
Sus hijos y familiares también se han enriquecido en el proceso. Mansiones, autos, cuentas millonarias, son apenas algunos de los gustos que la familia se permite.
En los últimos días, se ha conocido algunos nuevos datos de este caso. Por ejemplo, los vínculos de Marco Antonio, hijo del dictador, tendría con el banco suizo-español Socimer, y los negocios en que también participaron el Banco de Chile y la CORFO, para sacar créditos para Famae, por diez millones de dólares. «Los dineros son transferidos desde Socimer -con una filial en Islas Bahamas- a una firma en Panamá llamada FAX, perteneciente a Famae, los que a su vez, por un mecanismo que se investiga, terminan nuevamente Famae» (La Nación 03-03-06).
Paralelamente, se investigan las comisiones ilegales que habrían permitido abultar más las cuentas de los Pinochet, en este caso por la venta de aviones Mirage, y que alcanzarían millonarios ingresos. En este caso, la empresa Berthier Investment, depositó por ejemplo cien mil dólares a una cuenta del Banco de Chile el día en que los aviones fueron comprados, esta cuenta era de una de las empresas de papel creadas por Pinochet y su albacea Oscar Aitken. Más adelante se habrían hecho otros depósitos similares en otras cuentas. En total, se estima que «en Bélgica se pagaron comisiones por 15 millones de dólares por la compra de los Mirage, aparte de los 109 millones de dólares que canceló Chile por los aviones» (La Nación 02-03-06).
En el mismo caso Riggs, se investigan también las propiedades de la familia, que alcanzan valores millonarios, y que fueron compradas con los dineros ilícitos que acumuló el dictador. El ex auditor general del ejército, Juan Romero, acaba de reconocer que compró propiedades por orden de Pinochet, como por ejemplo los fundos de Los Boldos, las parcelas en Lo Barnechea, departamentos en diferentes ciudades, etc. Renato Fuenzalida, que fue secretario de la misión militar de Chile en Washington durante los años ´80, también reconoció compras por encargo de Pinochet en el extranjero, con dineros del ejército.
Lucía Hiriart también es investigada como cómplice y por el desvío de fondos que hizo desde CEMA Chile, institución que presidió por años, y que entre otras cosas, habría financiado la construcción de parte del fundo El Melocotón de los Pinochet, y habría permitido incrementar las cuentas de la familia en el extranjero.
Las aristas del caso son innumerables, por ejemplo, las cuentas a nombres de sus hijos, como las de Lucía Pinochet Hiriart, por 169 mil dólares en un banco de Miami, la evasión tributaria y los pasaportes falsos, la vinculación con el homicidio del coronel Huber, y muchos otros aspectos de los que hemos ido dando cuenta en nuestro periódico.
Pero el tema del enriquecimiento ilícito, los fraudes, la corrupción, es apenas uno de los aspectos de lo que fue la dictadura en nuestro país, que trató de liquidar la lucha de los trabajadores y el pueblo pobre, sus organizaciones, sus conquistas y derechos, implantando el terror militar, la persecución y la represión como formas cotidianas de vida, y arrasando con la mayor parte de las conquistas que años de lucha costaron a los trabajadores, y que vivimos hasta el día de hoy, básicamente con la privatización de los servicios como la salud, la educación, las jubilaciones, la flexibilización y precarización laboral, etc.
Como planteábamos al principio de esta nota, la política de los partidos de la Concertación y la derecha es lograr la impunidad, utilizando diferentes políticas para ello. Así, mientras algunos militares emblemáticos han sido condenados o están proceso, la gran mayoría sigue caminando libremente por la calle, o se los indulta, como hizo Lagos en el caso del asesino de Tucapel Jiménez, o utilizan los mecanismos como la ley de amnistía para imponer la impunidad, avanzando en la condena en otros casos, apareciendo la justicia como condenatoria en unos casos y no en otros.
Esto se entiende dentro de la política de la reconciliación nacional y la recomposición de las instituciones de la democracia para ricos, que como por ejemplo en el caso del ejército, Cheyre explica orgulloso que su política ha logrado que «el 76% de la población opina que el ejército no se identifica con ningún sector o corriente. Sólo el 23,6% aún cree que sigue siendo de derecha, son los menos» (El Mercurio 05-03-06), es decir, un triunfo de su política de mostrar a las fuerzas armadas como apolíticas. Los mea culpa del ejército también han sido parte de esta política, acompañadas obviamente de los pedidos a que se termine de una con el «desfile», como lo llaman ellos, de los militares en los tribunales, los indultos, la aplicación de la amnistía, etc.
La lucha contra la impunidad y por la cárcel y castigo a Pinochet y sus colaboradores, sólo puede ser posible sin depositar ninguna confianza en la justicia patronal, ni en las promesas electorales de la Bachelet, ni en las instituciones de la democracia para ricos, por el contrario, sólo la movilización y una lucha independiente, de los trabajadores y sus organizaciones, de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones de izquierda, políticas y sociales, puede lograr dar esta justa pelea.