I. INTRODUCCIÓN La proposición de una Asamblea Constituyente (AC) como única fórmula democrática para refundar la institucionalidad política de la República de Chile ha ido ganando mucho terreno en los últimos años. De tema «tabú», exótico o marginal, se ha convertido en un eje relevante de la discusión política nacional. Ya sea para apoyarla, […]
I. INTRODUCCIÓN
La proposición de una Asamblea Constituyente (AC) como única fórmula democrática para refundar la institucionalidad política de la República de Chile ha ido ganando mucho terreno en los últimos años. De tema «tabú», exótico o marginal, se ha convertido en un eje relevante de la discusión política nacional. Ya sea para apoyarla, atacarla o eludirla, la AC está presente, de una manera u otra, en los debates políticos.
La AC ha ido concitando muchos y muy variados apoyos. A la izquierda de la «Nueva Mayoría» (NM) casi todo el espectro político «alternativo» la levanta como reivindicación política central en sus programas y plataformas de lucha. Incluso, al interior de la coalición concertacionista ampliada también existen sectores que con diverso grado de convicción, en algún momento declararon su adhesión a la AC. La nueva llegada al gobierno de este conglomerado en marzo de 2014 ha puesto en el tapete de la discusión nacional el tema constituyente, aunque, como es sabido, tanto la Presidenta de la República como las fuerzas hegemónicas de su coalición son partidarias de la utilización de mecanismos antidemocráticos -anteproyecto elaborado en comisiones nombradas «a dedo» y luego discusión y aprobación por el Parlamento binominal- siguiendo el comportamiento proverbial de las elites dirigentes a lo largo de toda la historia republicana de Chile [1] . Esta operación, destinada a birlar una vez más la soberanía a su titular, el pueblo, ya está en marcha. Algunos analistas desde la izquierda, sospechan que, hasta en un gesto de suma osadía y maestría política, la coalición de gobierno podría -nuevamente- apropiarse de la consigna de la izquierda y convocar a una pseudo AC bajo reglas espurias: con el mismo sistema electoral actual, con la participación mayoritaria de los partidos políticos de siempre y con un debate enclaustrado y rodeado de marketing político, mas sin contenido claro ni vinculado a los problemas y preocupaciones de la población [2] . Ambas alternativas para la gestación de una nueva Constitución -directamente por medio del parlamento actual o mediante una «Constituyente» vaciada de contenido democrático real- servirían para afianzar el sistema de dominación aportándole mayor legitimidad, sin alterar sus bases. Corresponde, pues, a quienes se consideren demócratas consecuentes, levantar con fuerza la alternativa de la AC en tanto único mecanismo plenamente democrático para elaborar una nueva Constitución.
No obstante el acuerdo que existe entre amplios sectores de la izquierda y de los movimientos sociales en torno a este diagnóstico y a la necesidad de empujar un proceso constituyente democrático, siempre que se discute sobre el tema y surgen preguntas como: ¿qué hacer?, ¿cómo podemos avanzar efectivamente hacia la reunión de una AC democrática, representativa, libre y soberana?
Con igual frecuencia se responde (o respondemos) que mediante la movilización y presión popular cederá la resistencia de la casta política que nos gobierna y que solo de ese modo se abrirán las compuertas que impiden la convocatoria a la AC. Si bien ese enunciado es correcto en términos generales, constituye apenas una declaración de principios, un punto de partida en el cual no podemos quedarnos. Hacerlo sería renunciar, de hecho, a la AC. Es preciso avanzar en un diseño tentativo de una ruta conducente a la AC que pueda ser discutido y enriquecido por las organizaciones sociales y políticas democráticas. Es necesario trazar los contornos generales de una hoja de ruta constituyente democrática y popular. A ello nos abocaremos en este documento.
II. LA FUERZA CONSTITUYENTE
Es preciso distinguir el camino institucional de la lucha del movimiento popular por una verdadera AC y una Constitución democrática -esto es, con contenidos claramente anti-neoliberales y garante de derechos sociales- del camino institucional propiamente tal para desembocar en la AC. Mas no cabe duda de que ambos procesos están íntimamente asociados ya que el desarrollo de una Fuerza Constituyente (FC) popular es la condición previa, sine qua non, para el logro de una AC efectivamente libre, soberana y democrática, que no sea hegemonizada por las fuerzas que sostienen el modelo económico y el sistema político actuales. Sin una FC de este tipo no puede haber una AC que marque una ruptura con el neoliberalismo y la democracia restringida, tutelada y de baja intensidad imperante en Chile. Por ende, la tarea política central de las fuerzas consecuentemente democráticas en la actualidades la formación de esa FC, siendo la AC el horizonte político de mediano plazo. Sin una FC popular gravitante, la AC podría ser no más que una mascarada destinada a dar apariencia «democrática» a un sistema político y a un modelo económico levemente «maquillado», pero que asegure la perpetuación del status quo.
Es necesario precisar que la FC no es una organización política ni una coalición de organizaciones políticas sino una política y una acción arraigada en las bases y organizaciones sociales, en los colectivos sociopolíticos contestatarios y en aquellas organizaciones políticas alternativas al sistema y al duopolio gobernante. La construcción de la FC es un proceso que consiste básicamente en que las organizaciones sociales populares asuman la necesidad de erigirse como poder constituyente. Ello implica en términos prácticos, que cada organización o sector ciudadano discuta y levante programas y plataformas de lucha en contradicción con las bases del modelo económico y del sistema político actuales, comprendiendo y haciendo comprender a su entorno la relación entre los males sociales que lo aquejan y el modelo que es su causante. Se deben conectar las demandas sectoriales (educación, salud, derechos laborales, sistema previsional, defensa del medio ambiente, recursos básicos, derechos de los pueblos originarios, de género, etc.), de modo tal que la mayoría de la ciudadanía comprenda el vínculo existente entre los distintos males sociales y el modelo en su conjunto, convirtiendo a la AC en la gran demanda unificadora de todos estos sectores.
El proceso constituyente debe efectuarse prioritariamente en la base social. Esto significa que además de la discusión en las organizaciones sociales y de base que permita comprender el vínculo entre las demandas sociales y el tema constitucional, debería avanzarse en la tarea de formular preceptos constitucionales alternativos o grandes líneas del nuevo diseño institucional. Un hito importante de este proceso constituyente en la base ciudadana debería ser la constitución de un gran Frente de Comités por la AC, organizaciones sociales y políticas, a cuya cabeza queden personalidades representativas de distintos ámbitos del quehacer nacional, como una suerte de articulador de la FC ciudadana y popular. Dicho Frente debe liderar la demanda por una nueva Constitución y el proceso constituyente popular. Este proceso -que ya se desarrolla en forma embrionaria en muchos puntos del país-debería acompañar las discusiones sobre las demandas sectoriales o generales y el tema constitucional mediante la realización de plebiscitos ciudadanos autoconvocados por las organizaciones sociales y, si fuera posible en algunos lugares, en colaboración con aquellas municipalidades dispuestas a apoyar procesos de empoderamiento ciudadano. Este ejercicio democrático será una forma muy tangible de construcción de poder en la perspectiva de la AC.
Para construir un poderoso movimiento ciudadano por la AC es preciso que el grueso de la ciudadanía establezca un vínculo adecuado entre esta demanda y su vida cotidiana. Es necesario recoger las principales reivindicaciones sociales y explicar las razones que hacen imprescindible terminar con la actual Constitución. La construcción de una FC implica que sectores crecientes de la población comprendan la vinculación que existe entre el ordenamiento legal que establece la Constitución y las demandas de la población en cuestiones tan esenciales como educación, salud, pensiones, trabajo, demandas de los pueblo originarios, riquezas naturales y derechos medioambientales.
III. EL ITINERARIO CONSTITUYENTE
La Fuerza Constituyente que se desarrolle de este modo -apoyándose en una gran presión social- debería empujar el siguiente itinerario constituyente, recurriendo para lograrlo a una deliberación, movilización y presión popular:
1.- Convocatoria mediante decreto presidencial a un Plebiscito Nacional en el que la ciudadanía se pronuncie sobre la idea de llamar a una AC. Las consecuencias de un posible triunfo del SÍ deben quedar claramente establecidas; esto es, realización de elecciones para delegados constituyentes en un plazo no superior a 90 días ni inferior a 30. En ese momento deberá ejercerse gran presión sobre el actual Parlamento (no descartando un paro nacional) para que este apruebe un llamado a elección de delegados constituyentes bajo algunos lineamientos generales de carácter provisorio y un presupuesto adecuado para su funcionamiento. Si bien el elemento clave para llegar a la AC es la movilización popular, es necesario un momento de legalidad para legitimar ante toda la población este mecanismo. Se debe obligar al Parlamento binominal a aportar esta cuota de legitimidad.
2.- Las elecciones de delegados constituyentes deben efectuarse bajo un sistema proporcional de elecciones, pudiendo participar en ellos todos (as) los (as) ciudadanos (as) que no estén inhabilitados legalmente para hacerlo, incluyendo quienes vivan en el extranjero. Los actuales parlamentarios quedarán excluidos automáticamente de la posibilidad de ser candidatos a la AC.
La campaña electoral para la AC debe realizarse bajo parámetros muy diferentes a los que imperan hasta ahora. Se asegurará una efectiva igualdad en el acceso a los medios de comunicación de todas las candidaturas, haciendo caso omiso de las correlaciones de fuerza existentes en el actual Parlamento y en otras instancias del sistema de democracia restringida y tutelada imperante.
El derecho a voto de los miembros de las FF.AA. y de Orden deberá ir acompañado de la realización de una discusión sobre los temas constitucionales en todas las unidades de dichas instituciones. Este debate debe consumarse de manera efectivamente democrática y no sujeta a la verticalidad del mando. El cumplimiento de esta tarea requerirá de un riguroso seguimiento de las organizaciones sociales y políticas democráticas, puesto que de su adecuada realización significará el comienzo del proceso de democratización de los cuerpos armados del Estado, única garantía de que estos respeten la expresión de la soberanía popular. En lo posible, habrá que incorporar a militares y policías a las discusiones que realice la ciudadanía, en barrios y organizaciones comunitarias. Debe evitarse que la deliberación castrense o policial sobre estos temas se realice a puertas cerradas. Interesa a la democracia que las ideas circulen libremente, sin barreras corporativas o institucionales.
3.- La AC así elegida elaborará su propio reglamento y fijará la duración de sus trabajos (en ningún caso más de un año), teniendo como principio rector de sus actividades asegurar el ejercicio de la soberanía por su titular, el pueblo, mediante consultas ciudadanas sobre distintos temas en discusión [3] .
4.- Durante el funcionamiento de la AC se realizarán plebiscitos nacionales, regionales y comunales sobre puntos en los que no exista acuerdos de amplia mayoría entre los delegados constituyentes. Los quórom supra mayoritarios deberían ser, en este sentido, mecanismos tendientes a resguardar el derecho a que sea la ciudadanía la que decida en última instancia, evitando las componendas en el seno de la AC y el desvío de los delegados constituyentes de sus mandatos. La discusión no debe quedar enclaustrada en la AC, debe continuar en la base social. Si bien, esta recurre al mecanismo de la representación, no renuncia en ningún momento a ser el titular de la soberanía. Los mecanismos de la democracia representativa deben combinarse armoniosamente con los de la democracia directa antes, durante y después del funcionamiento de la AC. Esa es la mejor garantía de una Constitución y un futuro democrático para el país.
El proyecto de Constitución propuesto por la AC será sometido a plebiscito nacional.
5.- Una vez aprobada la nueva Constitución, se convocará a elecciones generales para elegir autoridades en todos los niveles (Presidente de la República, Congreso Nacional, municipalidades, etc.) conforme a los preceptos del nuevo texto constitucional en un plazo que será precisado en sus disposiciones transitorias.
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Como ya se ha afirmado, este itinerario institucional lejos de excluir, presupone como requisito fundamental el desarrollo de una Fuerza Constituyente y de un proceso constituyente de base esencialmente popular, paralelo al que se realice de acuerdo con ciertas formalidades legales. En este sentido, cobrarán importancia todo tipo de iniciativas que permitan el mayor despliegue posible de la fuerza y creatividad popular. La realización de un ejercicio deliberativo constituyente previo a la reunión de la AC, tomando como base a la izquierda y los movimientos sociales, bajo la forma de una «Constituyente chica» (como la que se organizó en 1925), puede ser una significativa tarea de construcción de fuerza constituyente, a condición de que no se confunda este hito con la AC de carácter verdaderamente nacional, cuya legitimidad no podría ser cuestionada dado que su concreción no puede ser sino el resultado de la expresión mayoritaria de la ciudadanía, circunscribiéndose a ciertas formalidades legales (decreto presidencial, ley emanada del Parlamento, plebiscitos, etc.) que la hagan inobjetable.
Dicho de otro modo, la lucha del movimiento popular por una verdadera AC y por una Constitución garante de derechos sociales que encarne la superación del modelo neoliberal, podría tener como uno de sus hitos la reunión de una «Constituyente social» o «Constituyente chica» como paso previo, pero en ningún caso como alternativa o renuncia a la AC nacional. Ello significa, entre otras cosas, que la demanda de la AC no debe teñirse o confundirse con los colores exclusivos de la izquierda y de los movimientos sociales, sino con los de la democracia en general, aunque estemos seguros de que serán la izquierda y los movimientos sociales sus principales impulsores.
Foro por la Asamblea Constituyente
Santiago, 1 de abril de 2014.
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[1] Sobre este tema, véase, el documento del Foro por la Asamblea Constituyente, «Una comisión bicameral para generar una nueva Constitución es un procedimiento antidemocrático», Santiago, 1 de marzo de 2014, en http://www.
[2] Carla Amtmann Fecci, «Asamblea Constituyente en Chile: ¿Y si fuera mañana?», marzo de 2014, en http://www.
[3] Véase el documento del Foro por la Asamblea Constituyente, Una Asamblea Constituyente democrática y representativa, Santiago, 15 de enero de 2014, en http://www.