Un suboficial de Inteligencia declaró al Departamento Quinto de Investigaciones y al juez Juan Guzmán que tradujo el criptograma enviado a comienzos de 1979 por Pinochet ordenando desenterrar cuerpos de prisioneros para hacerlos desaparecer. La tarea se encubrió como la «Operación Retiro de Televisores». En Los Angeles y Linares 17 cuerpos exhumados fueron quemados en […]
Un suboficial de Inteligencia declaró al Departamento Quinto de Investigaciones y al juez Juan Guzmán que tradujo el criptograma enviado a comienzos de 1979 por Pinochet ordenando desenterrar cuerpos de prisioneros para hacerlos desaparecer. La tarea se encubrió como la «Operación Retiro de Televisores». En Los Angeles y Linares 17 cuerpos exhumados fueron quemados en hornos y tambores dentro de los recintos militares.
Era casi noche cuando recién entrado el año 1979, el suboficial de Inteligencia recibió en el Regimiento Húsares de Angol el criptograma categoría A-1, que indicaba «máxima urgencia». Voló a la máquina para descifrarlo y tradujo el texto. El contenido lo hizo correr con el papel donde el comandante de la unidad. La orden provenía directamente del comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, y era concluyente. Pinochet ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer.
En palabras del suboficial, que reveló en las últimas semanas el importante antecedente al Departamento Quinto de Investigaciones y al juez Juan Guzmán, Pinochet amenazó en el documento con «pasar a retiro» a cualquier comandante de regimiento si después de ordenada la «limpieza» en su jurisdicción se descubrían cuerpos de desaparecidos.
El hallazgo en noviembre de 1978 de los cadáveres de 15 campesinos asesinados en Lonquén había alarmado al régimen. Se iniciaba en todo Chile la «Operación Retiro de Televisores». Con esa frase se encubrió la tarea, de acuerdo con quienes han declarado en el proceso. La misma orden se recibió por esos días en todos los regimientos, aunque a algunos arribó a fines de 1978. Partía la consumación del doble crimen: desenterrar los cuerpos de los asesinados años atrás, para hacerlos desaparecer. Fue una operación distinta a aquella por la cual la DINA los hizo desaparecer inmediatamente después de muertos, principalmente lanzándolos al mar. Aunque algunos de los desenterrados también aparecieron como arrojados al agua, de acuerdo al informe de las FF.AA. posterior a la mesa de diálogo de DD.HH.
DOCE CUERPOS
Pero el comandante del Húsares de Angol se dio cuenta de que los 18 campesinos que en octubre de 1973 fueron ejecutados en la zona de la actual la Reserva Nacional Malleco, cerca de las Termas de Pemehue, de Collipulli hacia la cordillera en el límite entre la Octava y Novena Región, no correspondían a su jurisdicción. Esa acción había sido cometida por militares del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 Los Angeles y carabineros de Mulchén. Habló a Los Angeles y todo se trasladó hasta allá.
Al día siguiente, a este regimiento llegaron tres suboficiales del Departamento II de Inteligencia de la III División de Ejército, basada en Concepción, y junto a otro equipo del cuartel integrado por oficiales y suboficiales (en total ocho personas), partieron a la zona de Termas de Pemehue en dos vehículos. Llevaban picotas, palas y unos sacos negros. Sabían que al llegar a la zona debían preguntar a un campesino pariente de un militar el lugar exacto donde buscar. Cavando no más de 50 centímetros, desde los lugares El Amargo y Pemehue y de acuerdo a testigos presenciales del desentierro, sacaron al menos doce cuerpos, que metieron en sacos. Algunos estaban semidesnudos y otros con ropas. También hallaron documentos de identidad. El Informe Rettig consignó que los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973 en esa zona se detuvo y ajustició a 18 campesinos, entre ellos seis hermanos de apellidos Albornoz González y tres Rubilar Gutiérrez.
Los desenterradores, oficiales y suboficiales, eran hombres entrenados en la Escuela de Inteligencia del Ejército y en la Escuela de las Américas en Panamá.
EL HORNO
Mientras sudaban tirando pala y picota, uno de los suboficiales venidos de Concepción comentó a otro que en un curso en Alemania aprendió a incinerar cadáveres sin dejar rastro. «Hay que preparar una parrilla grande donde se ponen los cuerpos. Debajo se prende abundante leña y se le va agregando petróleo. Hay que quemarlos hasta que se conviertan en cenizas, que se las lleve el viento», le dijo según quien lo escuchó. Terminada la exhumación partieron de vuelta al Regimiento Los Angeles.
En este cuartel el Departamento II de Inteligencia (existe uno en cada regimiento y división) contaba con un horno de ladrillos con chimenea. Uno de quienes lanzó los cuerpos al horno recuerda cómo iban cayendo «con sus cráneos y sus huesos». Este método de exterminio, similar al de los nazis en campos de concentración, no era conocido hasta ahora en Chile bajo Pinochet.
La semana pasada, el juez Guzmán y su equipo investigador fueron a la zona y hallaron piezas óseas que quedaron de la exhumación.
Los nombres de los ejecutores La Nación los conoce, pero se los reserva. No para protegerlos después de 25 años, sino para no perjudicar la investigación del juez Juan Guzmán, que junto a su equipo de expertos del Departamento Quinto indagan estos hechos en una vinculación con las ejecuciones de la Caravana de la Muerte en Calama. Allí, el 19 de octubre de 1973, fueron masacrados 26 prisioneros políticos.
La «Operación Retiro de Televisores» llegó también en 1979 a Calama, al mando del jefe de Inteligencia de la I División de Ejército de Antofagasta con un equipo de desenterradores. Según el referido informe de las FF.AA. emitido después de la mesa de diálogo, las osamentas de estos prisioneros se tiraron al mar.
TAMBOR ARDIENTE EN LINARES
El documento de Pinochet también se recibió en la Escuela de Artillería de Linares. Allí cumplieron la misma orden. En Linares el director de la escuela, teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, ordenó al comandante de batería, capitán Mario Gianotti Hidalgo, formar un equipo de desenterradores. Gualda sostiene en el proceso «Linares», que instruye el ministro Alejandro Solís, que bien pudo recibir la orden del subdirector, teniente coronel Ricardo Gaete Villaseñor. Gianotti eligió dos oficiales y dos suboficiales. Uno de ellos era el teniente Hernán Véjar Sinning.
Al equipo se sumó otro de tres suboficiales de Inteligencia que viajaron de nuevo desde la III División de Ejército. Buscaron en el regimiento con pala y picota y, en distintos lugares, aparecieron dos cuerpos desnudos. Los metieron en bolsas plásticas y los guardaron, porque debían continuar buscando en Constitución. De civil y en dos vehículos, el grupo viajó a la costa. Los de Concepción sabían de un entierro clandestino en una cueva en la desembocadura del río Maule. No les fue difícil encontrar la fosa, de donde extrajeron tres cuerpos. «Por los cráneos nos dimos cuenta de inmediato que eran tres personas», declaró Gianotti.
Cumplida la misión, la caravana volvió a la Escuela de Artillería. Sacaron los dos cuerpos, buscaron un tambor metálico, le metieron petróleo a los cinco cuerpos y los quemaron.
Los oficiales, hoy en retiro, están querellados por encubrimiento de secuestro y asociación ilícita. La querella la interpuso Anselmo Cancino Sepúlveda, hijo de un desaparecido. La acción está patrocinada por los abogados Hugo Gutiérrez e Hiram Villagra. Por eso La Nación publica sus nombres, pues están en la querella.
En 1999 el capitán (R) Pedro Rodríguez Bustos declaró ante el Departamento Quinto y el juez Guzmán que en 1979 vio la orden de Pinochet para desenterrar cuerpos, pero entonces autoridades interesadas desvirtuaron su versión y otros de sus dichos, echando a correr el rumor de que se trataba de una «operación de Inteligencia». Rodríguez ratificó sus declaraciones en los últimos días confirmando que la orden provino «de la Comandancia en Jefe del Ejército y fue remitida a todas las guarniciones y divisiones».