Aunque parezca una pregunta más para académicos, sin duda la narrativa, las preguntas, el sufrimiento, el dolor, el odio, y la necesidad de saber la verdad desde y para las víctimas del conflicto, es fundamental para que la sociedad colombiana haga el tránsito de una sociedad en conflicto armado hacia una democrática. Se ha discutido […]
Aunque parezca una pregunta más para académicos, sin duda la narrativa, las preguntas, el sufrimiento, el dolor, el odio, y la necesidad de saber la verdad desde y para las víctimas del conflicto, es fundamental para que la sociedad colombiana haga el tránsito de una sociedad en conflicto armado hacia una democrática.
Se ha discutido mucho sobre la realidad como construcción social entre sociólogos, historiadores, filósofos, juristas y otros académicos. Si la realidad se construye socialmente, como se ha argumentado, aquí vale preguntarse a qué sujetos sociales nos referimos cuando hablamos de construir la realidad.
Como se trata de un debate sobre la reconstrucción de la verdad, en primer lugar para satisfacer los derechos de millones de víctimas en términos de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el debate político e histórico que se ha dado hasta ahora en el país plantea que es imposible reconstruir la verdad a partir de una sola versión o narrativa sobre lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el conflicto armado. Sin embargo, no podemos ignorar que hoy se sigue asesinando a campesinos y líderes de organizaciones sociales en varias regiones del país.
Si no hay una sola verdad sobre lo sucedido, entonces estamos ante varias versiones sobre lo que aconteció. La de las víctimas del terrorismo de Estado, es una parte constitutiva de la verdad que es determinante y preponderante, si tenemos en cuenta que la mayoría de violaciones a los Derechos Humanos fueron cometidas por agentes del Estado en ejercicio de sus funciones (Ejército, Policía, DAS, SIJIN, Fiscalía) en asocio con los paramilitares, bajo la estrategia contrainsurgente.
Las estadísticas oficiales y de organizaciones internacionales reconocidas, hablan de una relación de 80/20, donde el Estado y sus fuerzas armadas junto a sus aliados paramilitares son los responsables (victimarios) mayores y principales de la violencia en Colombia. No sólo lo dice el Centro Nacional de la Memoria Histórica, sino muchas otras fuentes que han estudiado e investigado sobre violencia y conflicto en el país.
La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), creada a instancias de la mesa de diálogos de La Habana y conformada por 12 reconocidos académicos, y dos relatores para aportar al esclarecimiento de la verdad, basándose en tres premisas, orígenes y múltiples causas del conflicto, principales factores y condiciones que lo han facilitado, y efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población, es un ejemplo de que avanzamos hacia el establecimiento de la verdad.
Este informe es un aporte esencial para comprender no sólo el conflicto, sus causas y los responsables de crímenes y violaciones de Derechos Humanos, sino que es una contribución académica invaluable para plantearnos la importancia de retornar a la historia narrada a varias voces (víctimas, victimarios agentes del Estado, paramilitares, guerrilleros), herramienta necesaria no sólo para el entendimiento del presente por más complejo que éste sea, sino también para crear las condiciones que permitan alcanzar el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Por eso el papel que ha cumplido particularmente en Medellín, el Museo Casa de la Memoria que dirigió Lucía González, una intelectual y demócrata, de laboratorio en la reconstrucción de la verdad y la historia del conflicto, a partir de la participación activa y permanente de las Víctimas y diferentes organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, hay que mantenerlo y fortalecerlo en clave de la construcción colectiva de la historia y la verdad.
A todo esto, es necesario tener en cuenta el papel que han cumplido los grandes medios de comunicación, que como es bien sabido han sido afines a una versión sesgada de la realidad y es por esto que mantienen bajo un manto de duda las negociaciones de La Habana, aun cuando gracias a la Mesa hoy estamos bajo un cese unilateral que ha disminuido en un 70% la intensidad del conflicto. En este punto habría que preguntarse si los medios privados, dueños de la opinión pública están preparados para la construcción de la verdad en un escenario nuevo y democrático.
Lamentablemente a la fecha hay muy pocas muestras de la voluntad política de estas grandes empresas, que siguen cazadas con el discurso de la guerra sucia, la persecución y el señalamiento. Un claro ejemplo es la acusación por parte de Caracol Radio, el 18 de enero de 2016, en donde se refiere a Agencia Prensa Rural como «medio independiente y afín a la guerrilla» [1] , a raíz de un documental que publicaron llamado «Fin de año con las FARC» [2] , evidenciando su falta de objetividad y su filiación con una parte de la guerra que ha hecho de la estigmatización una de sus armas más poderosas.
En un país que está a punto de dar un cambio histórico, se necesita más que el compromiso de unos sectores académicos con la verdad, se hace indispensable que sectores comprometidos con los relatos hegemónicos de la guerra, como los medios y las instituciones, permitan al conjunto de la sociedad la posibilidad de conocer sus verdades, de reconocerse y reconciliarse a partir de ellas.
Acercarnos a la verdad de lo que sucedió durante nuestro conflicto armado es un paso trascendental para hacer el tránsito de una sociedad anclada al pasado de la guerra, a una comprometida con el futuro de la democracia.
Notas
[1] http://caracol.com.co/radio/2016/01/18/nacional/1453137725_153446.html
[2] http://prensarural.org/spip/spip.php?article18502
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