Acaba de salir a la luz pública la noticia en la que se destaca la apertura, en un colegio privado de la ciudad de Granada, de un proceso de selección para poder incorporar en su plantilla docente, a un nuevo miembro. Ahora bien, cual es la sorpresa para cualesquier aspirante a entrar en la liza […]
Acaba de salir a la luz pública la noticia en la que se destaca la apertura, en un colegio privado de la ciudad de Granada, de un proceso de selección para poder incorporar en su plantilla docente, a un nuevo miembro. Ahora bien, cual es la sorpresa para cualesquier aspirante a entrar en la liza del proceso, cuando observa que uno de los requisitos básicos es la de pagar una cuota de 190 euros por participar en dicho proceso. Expresado en otros términos, todos aquellos que deseen entrar en la fase de selección de este colegio privado, deberán abonar esa cantidad económica como conditio sine qua non. No obstante, cual estafa se tratase, el aspirante que no sea escogido, habrá perdido irremediablemente esa porción de su capital puesto que no hay reembolso si no se es seleccionado para el lugar de trabajo.
Por sí misma esta medida me parece altiva y repugnante, si me permiten esta última expresión. Un derecho amparado por la Constitución, como es el trabajo, no sólo se ha convertido en una funesta odisea para millones de españoles, sino que ahora se erige en un motivo de negocio más. Como si no fuese suficiente la explotación a la que se ve abocado el trabajador, por parte de los presuntos ‘emprendedores’ que empapan todo nuestro espacio e imaginario colectivo, ahora, con esta medida de este colegio privado granadino, se busca generar más plusvalor, aún si cabe, y, por ende, mayor riqueza. La ecuación es evidente: el prototrabajador, o aspirante, paga una cuota, que no se retorna, a cambio de nada: sólo de participar en una entrevista. No hay ni costes de producción, por medio, ni absolutamente nada que se erija una pérdida económica para el empresario: sólo ganancia por un lacónico intercambio de puntos de vista.
Esta es una de las encrucijadas en las que se encuentra la maltrecha sociedad civil española. Debe pagar de su bolsillo, no ya el hecho de desarrollar su actividad laboral, sino de participar en un proceso en el que, tal vez, no será el elegido y, en consecuencia, perderá irreversiblemente esa cantidad. Ya no se trata de la ilusión, golpeada y trillada por los oscuros devenires de nuestro país, sino de algo mucho más perverso: el individuo es capaz de pagar dinero de su propio bolsillo no ya para que se le explote, sino para que se le pueda explotar. Se paga la posibilidad, el deseo de ser explotado.
No vamos a penetrar en esta vetusta temática de la explotación, ya que nos alejaría ingentemente del objetivo de este lacónico artículo. Lo que se pretende es exhumar las argucias con las que algunos empresarios pretenden acrecentar su plusvalía, a costa de la ilusión y el talento de sus (no)trabajadores. La finalidad es ver como el grado de perversión de nuestros queridos emprendedores alcanza una cota tan alta, que sólo son capaces de mirar por sus intereses, olvidándose por completo de la dignidad ajena. Por suerte, esta nueva modalidad de explotación todavía se halla en ciernes, es muy minoritaria, y, por ende, no se ha inoculado en la masa del tejido empresarial español. Sin embargo, se corre el riesgo de contagio. Bueno sería que sindicatos, gobiernos, partidos o cualesquier instancia intentase poner marras a estas embestidas que proceden de ciertos empresarios avaros. Como no sea de esta forma, y las medidas no provengan de instancias públicas o electas, las marras las urdirá y colocará la ciudadanía, con lo que ello puede acarrear, puesto que ésta empieza a ver como se consume la (poca) paciencia que le resta.
Oriol Alonso Cano es Docente de Filosofía y Epistemología de la UOC e Investigador en la Facultad de Filosofía de la UB.
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