El día lunes 30 de enero de 2017, se realizó en el auditorio de la casa de la cultura de Tuluá una reunión convocada por la personería municipal, entre las comunidades campesinas y las fuerzas militares (FFMM) y de policía, para abordar la problemática de seguridad y orden público que se padece en la zona […]
El día lunes 30 de enero de 2017, se realizó en el auditorio de la casa de la cultura de Tuluá una reunión convocada por la personería municipal, entre las comunidades campesinas y las fuerzas militares (FFMM) y de policía, para abordar la problemática de seguridad y orden público que se padece en la zona rural del municipio. En la reunión participaron el Dr. Rubén Darío Benítez, Personero Municipal, el Teniente Coronel Becerra, comandante del Batallón de Alta Montaña #10, el coronel Javier Martínez, asesor de seguridad y convivencia del alcalde, y un oficial en representación de la Policía Nacional; por parte de las comunidades participaron presidentes de JAC y dirigentes campesinos de corregimientos como Moralia, Monteloro, Santa Lucía, San Rafael, Piedritas, Puerto Frazadas, así como representantes de organizaciones sociales y de DDHH como la Coordinación Campesina del Valle del Cauca-CCVC, ANDAS y CPDH.
Las comunidades denunciaron que hay temor y preocupación por la grave situación de seguridad y orden público que se vive en toda la zona media y alta de Tuluá, evidenciada en robos, abigeato, amenazas, asesinatos y el rumor de que en algunos lugares boscosos se están concentrando de manera oculta hombres desconocidos. Así mismo, se denunció la erradicación forzada que adelanta el ejército en el corregimiento de San Lorenzo aun cuando las comunidades han manifestado públicamente su voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito en el marco del Programa Nacional de Sustitución Integral acordado en la Habana-Cuba entre el gobierno y las FARC-EP. Las comunidades también manifestaron que no hay confianza en la fuerza pública. De igual manera, se denunció que en el casco urbano se han presentado dos amenazas contra integrantes del comité La Paz Sí es Contigo que trabaja en la pedagogía de paz del acuerdo final.
La CCVC propuso el apoyo de la alcaldía y la personería para la organización de guardias campesinas, el fortalecimiento de las JAC, y el inicio de la implementación de manera integral del Acuerdo Final de paz, en particular en lo relacionado con la Reforma Rural Integral y los mecanismos para la protección de los territorio de conflicto, exigiendo respeto por los predios y los cultivos de los campesinos.
Ante la iniciativa de las guardias campesinas el comandante del Batallón de Alta Montaña comentó de manera estigmatizadora que esa era la propuesta de la guerrilla. Además, cuando el delegado del CPDH inició su intervención recordando el proceso de incursión paramilitar en el municipio a finales de los años 1990, fue silenciado abruptamente por el Personero Municipal, argumentando que el tema no iba al caso. El ejército presentó como propuesta la Red de Aliados para la Prosperidad, que no es más que la misma red de cooperantes impulsada en épocas de guerra para vincular a la población civil en el conflicto, e inspirada por la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno.
Así las cosas, resulta preocupante que a escasos meses de la firma del acuerdo final entre el gobierno nacional y las FARC EP, y en momentos en que toda la institucionalidad estatal debería estar aprestándose para avanzar en la implementación del mismo bajo los principios que enmarcan dicho acuerdo como la participación decisiva de las comunidades y la promoción de los valores democráticos, el ejército nacional continúe señalando y estigmatizando las propuestas y comunidades campesinas, y que sean los mismos representantes del Ministerio Público quienes se presten para impulsar iniciativas unilaterales del ministerio de defensa y las FFMM.
La Coordinación Campesina del Valle del Cauca declara públicamente que viene impulsando la figura de las guardias campesinas desde hace varios años en el departamento, como una figura legítima para la promoción de la convivencia y la tolerancia en los territorios campesinos, que parte de la necesidad de recuperar el tejido social y fortalecer los procesos organizativos propios de las comunidades, destruidos por tantas décadas de guerra, como base para la construcción de una verdadera paz con justicia social.
En este sentido, hacemos un llamado enfático al gobierno nacional, a la Comisión de Seguimiento e Impulso para la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI, y a la comunidad internacional que acompaña el proceso de paz en Colombia, para que rechacen los señalamientos de las FFMM contra las iniciativas del campesinado en Tuluá y el Valle del Cauca, y para que se genere un escenario departamental con representantes de las comunidades campesinas donde se esclarezca cómo se adelantará el proceso de implementación del acuerdo final en el departamento y cuáles serán las medidas y garantías de seguridad para los territorios de conflicto, las comunidades, organizaciones y dirigentes sociales.