Varios municipios del departamento de Arauca, Colombia, han sido el epicentro de fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC desde el 2 de enero del 2022. Mientras el Gobierno Nacional insiste en incrementar la presencia militar en la región, las comunidades y organizaciones sociales han fortalecido las medidas de autoprotección.
El departamento de Arauca está ubicado al oriente del país, en la frontera con Venezuela. En esta región confluyen distintos proyectos minero-energéticos, así como fuertes procesos organizativos que han luchado históricamente por la defensa del territorio araucano.
Desde el domingo 2 de enero, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC se intensificaron en los municipios de Tame, Arauquita, Fortul y Saravena. El combate se ha sostenido durante días, afectando directamente el bienestar de la población civil.
Hasta el momento han sido identificadas 24 personas muertas, según la Defensoría del Pueblo, así como un número indefinido de retenciones y desplazamientos. Según el personero municipal de Tame, Juan Carlos Villate, solo en este municipio hay más de dos mil personas que han manifestado su voluntad de salir del territorio para salvaguardarse.
Desde esta misma fecha (2 de enero), las organizaciones sociales presentes en la región lanzaron alertas ante la gravedad de la situación e hicieron un llamado a los distintos entes estatales a garantizar la atención humanitaria de las comunidades que la requirieran. Además, el comunicado publicado por la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra hace énfasis en la necesidad de tomar medidas comunitarias de organización y autoprotección para enfrentar la crisis humanitaria.
Sin embargo, el Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque, junto al ministro de defensa, Diego Molano, ordenaron el despliegue de más de 600 soldados en los municipios del piedemonte araucano. Los militares, quienes integran dos batallones, llegaron este miércoles 5 de enero. Según el Ejército, con esta adhesión (625 militares) habría un total de 6.800 soldados en todo el departamento.
“Rechazamos de manera contundente las decisiones del gobierno central de imponer medidas de carácter militar”, afirmó en su comunicado la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), la cual también aseguró que esta militarización se enfoca en áreas en las que han establecido los proyectos autónomos de Territorios Campesinos Agroalimentarios.
Para Sonia López, representante de la Fundación Joel Sierra, “esta situación ha sido usada por el Estado para seguir justificando la alta militarización y con ello la agresión contra las comunidades y sus proyectos. Además de que es una forma de seguir preparando el terreno a los planes injerencistas e intervencionistas contra Venezuela, para los cuales éste territorio es geoestratégico”.
A lo largo de los años, las comunidades de la región han rechazado la presencia del Estado a través de la militarización, pues esta situación incrementa las violaciones de Derechos Humanos. Arauca es “uno de los departamentos más militarizados del país, con una relación aproximada de un soldado por cada 29 habitantes”, asegura el Informe sobre la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Arauca, presentado por la Fundación Joel Sierra a finales del 2021.
Ante esta situación, las comunidades y las diversas organizaciones de la región hicieron un llamado a los campesinos, campesinas, a la Guardia Interétnica, Campesina y Popular; y a la comunidad en general para activar los mecanismos de autocuidado y autoprotección que durante años han construido en el territorio.
“Hemos estado visibilizando la situación, llamando a las autoridades municipales y departamentales, a los organismos humanitarios y a la comunidad internacional para acompañar las iniciativas que se han propuesto desde las comunidades para proteger la vida y garantizar la permanencia en el territorio”, aseguró López.
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