«Esto refleja un racismo político contra las comunidades indígenas y una defensa acérrima de los intereses de la industria.»
La reciente aprobación de una indicación en la Ley de Presupuesto 2025 que suspende por un año el ingreso de solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios genera controversia por sus implicancias legales y sociales, razón por la que comunidades y juristas alertan sobre discriminación y perjuicios para las comunidades indígenas.
Congreso aprueba indicación que limita la Ley Lafkenche: comunidades denuncian racismo político y vicios de inconstitucionalidad
La Ley Lafkenche (20.249), promulgada en 2008, ha sido un pilar fundamental para la protección de los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios sobre territorios marítimos. Esta normativa permite, a través de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), la gestión sostenible y participativa de recursos naturales, asegurando la preservación de tradiciones ancestrales, con una gestión inclusiva y participación colectiva con diversos actores del borde costero.
Sin embargo, en un giro polémico, el Senado aprobó el jueves 21 de noviembre una indicación en la Ley de Presupuesto 2025 que deja sin aplicación temporal a esta normativa. La medida suspende por un año la recepción de nuevas solicitudes de ECMPO y establece un plazo de seis meses para resolver las aproximadamente 80 solicitudes pendientes, de lo contrario se rechazarían automáticamente, mediante el mecanismo de «silencio administrativo negativo», no contemplado originalmente en la ley 20.249.
La dirigenta mapuche williche originaria de la isla Llanchid, Yohana Coñoecar, vocera de la Red Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, criticó duramente esta acción: “El diputado Mauro González (RN) y la diputada Marcia Rafael (RN) incluyeron esta indicación para pedir mayor financiamiento, pero condicionaron el rechazo automático si no se resuelven las solicitudes en seis meses. Esto vulnera profundamente la ley”, afirmó.
Coñoecar también denunció una intención deliberada de obstaculizar los derechos indígenas: “Esto refleja un racismo político contra las comunidades indígenas y una defensa acérrima de los intereses de la industria. Además, buscan intimidar al gobierno para que no declare la inconstitucionalidad de esta indicación”.
La dirigente también llamó la atención sobre la desinformación y el odio generados por ciertos sectores políticos: “Estos grupos han alimentado el rechazo en regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes. Esto no ayuda al cuidado social ni a una convivencia armónica en los territorios”.
Desde el Observatorio Legislativo para Comunidades Costeras (OLMAR), su abogado, Vicente Díaz, advirtió sobre la gravedad del asunto: “El silencio administrativo negativo no está contemplado en la ley original y altera derechos ya reconocidos a los pueblos indígenas”. Asimismo, calificó el uso de la Ley de Presupuesto como un intento irregular de modificar una normativa permanente, señalando “graves vicios de inconstitucionalidad”, destacó una publicación de Defendamos Chiloé.
Esta cuestionada indicación legislativa, es comentada por los abogados Felipe Guerra y Christian Paredes Letelier, en una reciente publicación en Ciper Chile: La estrategia de utilizar la vía financiera de la Ley de Presupuestos para innovar en el contexto de leyes vigentes -como es este caso- no es nueva y ha sido cuestionada en varias oportunidades por el Tribunal Constitucional. En efecto, al suspender el ingreso de nuevas solicitudes de ECMPOs durante el plazo de un año e imponer un plazo de seis meses para llevar a término los procedimientos en actual tramitación, bajo sanción de tenerlos por rechazados, lo que se pretende es modificar una ley permanente y general -en este caso, la Ley Lafkenche- a través de una ley especial y temporal, lo que es ajeno a las materias propias de la Ley de Presupuestos. Como ha resuelto el Tribunal Constitucional, lo anterior atenta contra la naturaleza jurídica de la Ley de Presupuestos, al aprovechar esta vía de tramitación expedita para regular materias absolutamente ajenas a las ideas matrices o fundamentales de esta ley que “solo puede normar materias presupuestarias y de gastos”.
Más grave aún es el hecho de que este intento oblicuo por modificar la Ley Lafkenche vulnera abiertamente diversas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que emanan de tratados internacionales que Chile ha suscrito y que se encuentran vigentes, como lo es el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa frente a la adopción de medidas legislativas susceptibles de afectar directamente sus derechos e intereses, consagrado en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.