a) La unidad electoral de las elites en la segunda vuelta presidencial Iván Duque, candidato del denominado Centro Democrático, partido político creado por el ex presidente Álvaro Uribe en el 2013 ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo 17 de junio con 10.373.080 que equivalen al 54% de la votación total. Esta […]
a) La unidad electoral de las elites en la segunda vuelta presidencial
Iván Duque, candidato del denominado Centro Democrático, partido político creado por el ex presidente Álvaro Uribe en el 2013 ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo 17 de junio con 10.373.080 que equivalen al 54% de la votación total. Esta candidatura fue apoyada desde la primera vuelta por una coalición de derecha que incluía a sectores del partido conservador y a representantes de las iglesias protestantes. Había obtenido 7.567.785 votos en la primera vuelta, aumentando en 2.803.387 el número de votos. Pero, en esta segunda ocasión, el número de apoyos aumentó de manera considerable hasta el punto de contar con la totalidad de los partidos y maquinarias políticas ligadas al establecimiento, incluyendo los poderes regionales asociados con las empresas criminales que les siguen garantizando el control territorial. A ello se sumó el apoyo del Consejo Gremial Nacional, compuesto por los gremios empresariales y financieros de la ciudad y el campo más representativos del país. 1/ En una palabra, la candidatura de Duque en la segunda vuelta logró la unidad electoral del conjunto de las elites dominantes y de sus expresiones políticas.
Este consenso inter- elites surgió de las urgencias del momento electoral. Durante los dos mandatos del gobierno de Santos, los miembros del Centro Democrático focalizaron su oposición en la negociación política que se inició en La Habana en el 2012 y que terminó con la desmovilización de las FARC. Argumentaron que los acuerdos de paz oficializaban una supuesta impunidad con la comandancia guerrillera y se opusieron abiertamente a las transformaciones que estos mismos acuerdos anunciaban en los espacios rurales, al igual que a los cambios propuestos en el sistema electoral y en los mecanismos de representación política en general. Acompañaron esta oposición con un discurso patriarcal y homofóbico utilizando en defensa de la familia tradicional.
Estos argumentos terminaron por darles la victoria en el plebiscito de inicios de Octubre del 2016 ante la escasa legitimidad gubernamental y la imposibilidad de conformar un movimiento democrático y popular que acompañara el proceso de paz en ese momento decisivo. Entonces hubo que firmar un nuevo acuerdo, el llamado «Acuerdo del Teatro Colón», en el que los contenidos de los temas inicialmente pactados, fueron reducidos en su alcance- Adicionalmente, la implementación de los mismos ha sido deficitaria por cuanto quedó en manos de un Congreso con mayorías parlamentarias adversas.
A pesar de ello el bloque político dirigido por Uribe siguió insistiendo en que los acuerdos deberían sufrir una nueva revisión. La candidatura de Iván Duque tiene esa impronta, la cual, a su vez, remite a una explicación de clase. El «uribismo» expresa los intereses del latifundio tradicional ahora asociado con el latifundio resultado del despojo que ´produjo la guerra durante las últimas décadas y que según los cálculos más benignos llega a 6 millones de hectáreas. Por ello propugna por el estatus quo rural, porque las tierras despojadas sigan en manos de los victimarios, sus testaferros y aquellos que las apropiaron mediante el lavado de activos. Propugna igualmente por preservar la escasa tributación rural hasta el punto de oponerse a la tecnificación de los catastros. Fue por ello que Álvaro Uribe al final de su mandato, cuando ya los balances de la aplicación del Plan Colombia en las esferas gubernamentales norteamericanas y colombianas dictaminaban el triunfo militar de las fuerzas oficiales y un posible tránsito hacia la negociación política mantuvo la tesis de la inexistencia del conflicto armado. Aceptar lo contrario abría la discusión sobre el retorno de los desplazados del campo y el resarcimiento de las víctimas en los lugares del conflicto.
El gobierno de Santos ha expresado los intereses de los grupos financieros. En el ámbito rural encontró en el proceso pacificador un mecanismo para intentar legitimar la intensificación de la agroindustria procurando transformaciones que pueden ubicarse como parte de una racionalidad modernizante, en momentos en que el capital transnacional lo exige; han sido muchos los informes de las Instituciones Financieras Internacionales -IFIS-, particularmente del Banco Mundial, que dicen que Colombia es uno de los poco países en los que aún quedan espacios vacíos para la inversión agrícola mientras el comercio internacional de materias primas y alimentos, así como el segmento de las commodities en el mercado de capitales, siguen creciendo. En el 2011 logró con las mayorías parlamentarias que lo acompañaban expedir la ley de víctimas que no cumplió con sus objetivos 2/. Luego, en las negociaciones de La Habana reconoció la formalización de la propiedad de los colonos en zonas en que han sido la base social de las FARC y la conformación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para repartir entre campesinos sin tierra y comunidades étnicas en distintos lugares de la geografía nacional 3/
Además del propósito de legitimar los acuerdos el diseño del gobierno Santos apuntó a favorecer la consolidación del control corporativo de los territorios abriendo oportunidades de negocios a las grandes empresas asociadas a las cadenas de producción transnacional. 4/La formalización de la propiedad del pequeño productor campesino deviene en un requisito indispensable para que pueda incorporarse a un mercado rural en el que la producción en finca representa una pequeña parte de la cadena de valor en la agricultura globalizada. Estas contradicciones inter-elites cedieron el paso a un frente electoral de «los de arriba» ante la posibilidad de que un personaje ajeno al establecimiento llegara a la Presidencia de la República.
b) Una vez más, el «»uribismo»» triunfa electoralmente
Durante todo el recorrido de su campaña presidencial Iván Duque no hizo más que repetir el recetario con que el «»uribismo»» ganó el plebiscito que debió ratificar los resultados de la negociación política en La Habana. En esta oportunidad utilizó además la crisis de Venezuela que impacta en el país con sus migraciones fronterizas y cuyos migrantes compiten laboralmente en las ciudades ofreciéndose por bajos salarios, . La crisis de Venezuela le sirvió igualmente a la campaña de Duque para atemorizar a las capas medias bajo el argumento de que era el resultado de una política estatal expropiadora presentándose como el más férreo opositor. .En su discurso de campaña sumó el compromiso de cumplir con las reformas que viene exigiendo el gran capital a través de las IFIS y de las calificadoras de riesgo para toda la región y las cuales sintetizan una nueva fase de profundización del neoliberalismo, tales como una reforma pensional regresiva, recortes a la tributación empresarial y mayor flexibilidad laboral.
En la segunda vuelta los 10.373.080 votos de Duque le significaron un triunfo en 24 de los 32 departamentos. Ganó igualmente en 18 ciudades, resaltándose el caso de Medellín, pero perdió en Bogotá y en ciudades importantes como Cali, Barranquilla y Cartagena. Sin embargo, perdió en el área geográfica de mayor conflictividad social en los últimos años; el cinturón Pacífico en el suroccidente del país. La mayor votación la obtuvo Duque en el departamento de Antioquia en dónde llegó al monto de 2’537.361 sufragios, confirmando que esta región continua siendo el bastión del «»uribismo»». Se trata de un departamento tradicionalmente conservador y religioso en sus costumbres en la que el «»uribismo»» logró imponer en algunas regiones (caso Urabá) y como resultado de la guerra un orden social para estatal. Fue importante igualmente la votación por Duque en los departamentos de la zona oriental, limítrofes con Venezuela. Otro hecho a resaltar fue el de la votación en las regiones del eje cafetero, en las que un número importante de votantes proviene de las capas medias urbanas y rurales asociadas a la producción y exportación del café e igualmente de tradiciones culturales conservadoras. En esa región, el 27 de Mayo ganó Sergio Fajardo 5/. Fajardo fue candidato de la llamada Alianza Verde en la primera vuelta presidencial en coalición con un sector del Polo Democrático Alternativo dirigido por el MOIR 6/. La Alianza Verde, que actúa de manera formal como partido político pero que es una amalgama de agrupamientos con fronteras políticas difusas, hecha a la medida de las capas medias, presentó nacionalmente su campaña a nombre del «centro político» obteniendo 4.500.000 de sufragios. En el caso de las zonas cafeteras los votos de Fajardo giraron hacia Duque, a pesar de que miembros de la dirección de la Alianza Verde 7/ apoyaron a Petro. No ocurrió lo mismo en Bogotá en dónde ese acuerdo le representó un crecimiento aproximado de 700.000 votos.
El triunfo «uribista» lo oficializa un sistema electoral atrasado, sin voto electrónico, sin financiamiento estatal y vertebrado en torno a un Consejo Electoral con funciones administrativas, controlado por los políticos tradicionales . Este sistema permite el accionar impune de las redes clientelares y el flujo incontrolado de dineros lícitos e ilícitos para apoyar a los partidos con sus candidatos de ocasión. Esos dineros, a su vez, provienen de diversas fuentes. En primer lugar, del lobby de las grandes empresas interesadas en conseguir concesiones estatales para su propio beneficio, lo que ha terminado por internacionalizar la corrupción. El caso Odebrecht es paradigmático. En segundo provienen de la corrupción asociada al propio ejercicio de la política. Las propias estadísticas oficiales reconocen que por este concepto se esfuman anualmente aproximadamente $10 billones del erario público. En tercer lugar de la circulación desregulada del dinero del narcotráfico. 8/.
Debe añadirse que el narcotráfico del siglo XXI es diferente en su operación al de épocas anteriores. Para continuar ampliando el circuito de sus negocios en medio de las facilidades que le otorga la globalización financiera ha terminado por transitar hacia el poder político convencional, a actuar como una fracción del capital, «El narcotráfico ya no solo representa la ilegalidad y la operatividad fuera de todos los marcos establecidos por la ley, sino que, en el marco de un modelo mafioso, ha capturado al sistema político y económico y se ha empoderado de las estructuras de las sociedades convencionales» 9/.
Este acceso al poder político en el caso colombiano fue facilitado por la guerra interna que propició la alianza entre grupos de narcotraficantes y las fuerzas militares en la implementación de la política contrainsurgente 10/el surgimiento del paramilitarismo regional, la apropiación de rentas y patrimonio público por parte de empresas mafiosas, la apropiación de tierras por desplazamiento, el lavado de activos el control de rentas extractivas; en una palabra, la consolidación de una forma de acumulación criminal de capital que encontró en los partidos tradicionales y en el vetusto sistema electoral el camino para acceder a los espacios nacionales de decisión. 11/Álvaro Uribe desde que llegó a la Presidencia logró la centralización política de esos poderes cristalizados en el conflicto. Al mismo tiempo, Uribe ha sido un defensor a ultranza del gran capital y un artífice en la aplicación de las reformas neoliberales. Durante su mandato cumplió con las exigencias del Acuerdo Extendido que firmó Colombia con el FMI en 1999; aumento las exenciones tributarias a los grandes empresarios; y realizó una regulación para subsidiar tanto en la producción como en precios de venta a sectores de la agroindustria que transitaron hacia el renglón de los agro- combustibles (caña de azúcar y palma africana) impulsó una reforma laboral que recortó al máximo los derechos de los trabajadores.
Por todo ello, Uribe concita, al mismo tiempo, el apoyo de la «clase política emergente» y de los grupos empresariales y de sus expresiones partidarias. Esta hibridación política viene expresándose en los certámenes electorales desde cuando llegó por primera vez a la Presidencia en el 2002.
c) La campaña opositora de Gustavo Petro
Gustavo Petro realizó una campaña basada en la denuncia a las formas tradicionales de hacer política, a la corrupción, al clientelismo , al paramilitarismo al cual venía denunciando desde cuando fue parlamentario. Este tipo de campaña le granjeó el apoyo de un espectro pluriclasista de opinión democrática que incluyó desde la casi totalidad del movimiento social, organizaciones sindicales, campesinas y étnicas, a la mayoría de la izquierda y hasta capas medias y altas principalmente en la franja juvenil. Un aspecto clave de esta campaña fue la recuperación de la plaza pública. El crecimiento y la audiencia que logró esta candidatura no hubiera sido posible sin la negociación política con las FARC la cual desactivó las estigmatizaciones que los voceros del establecimiento utilizaron durante décadas en contra de la oposición política. Ello puede afirmarse a pesar de que las propias FARC pagaron el costo de enfrentar una opinión pública desfavorable que los redujo a 50.000 votos en las elecciones parlamentarias lo que precipitó el abandono de su candidatura presidencial.
El programa que esbozó la candidatura de Petro respetó las reglas de juego del neoliberalismo. Preguntado por un periodista del periódico «El Tiempo» antes de que se realizaran las elecciones presidenciales en primera vuelta «¿Por qué cree que su candidatura genera temores a los grandes empresarios del país?». Respondió: «La semana pasada hubo una productiva reunión con el Consejo Gremial Nacional y ha habido otras con fondos de inversión, calificadoras internacionales y con el Fondo Monetario Internacional. En todas ellas se ha construido un clima de confianza acerca de la estabilidad de la política monetaria y la autonomía del Banco de la República, el manejo de la regla fiscal y una mejor comprensión de la urgente necesidad de preparar al país para el agotamiento del petróleo con más agroindustria, metalmecánica, servicios inteligentes y turismo. La economía productiva que proponemos será 20 por ciento estatal y 80 por ciento de iniciativa privada». 12/
La ampliación de sus alianzas con miembros de la dirección del Partido Verde lo obligó a rebajar aún más el contenido programático de su candidatura. Firmo el compromiso de respetar sin ninguna objeción a la propiedad privada, la regla fiscal (pago regular de la deuda) y la institucionalidad vigente. 13/
El fundamento de su programa partía del propósito de desarrollar el capitalismo que, según él, los latifundistas y las elites rentistas y mafiosas han impedido. «Nosotros proponemos transitar hacia un modelo que convierta a Colombia en potencia agraria y ambiental y permita el desarrollo integral de la industria 14/. Para diferenciarse del supuesto apoyo del gobierno de Venezuela a su campaña acusación que aducían sus contradictores en campaña insistió en la necesidad de agotar el extractivismo: «Es decir, proponemos todo lo contrario a lo que ha sido tanto en la Venezuela de hoy como en la Colombia de hoy (…). Latifundios y extracción de recursos que el azar geológico nos dejó solo generan rentas, no ganancias productivas, porque los minerales, carbón y petróleo, y la tierra no son un proceso productivo, simplemente, están ahí.». En reemplazo a la economía extractiva propuso una transición energética bajo los parámetros del «capitalismo verde». Esta propuesta tenía antecedentes. Cuando fue alcalde de Bogotá intentó modificar sin éxito el sistema de transporte de la ciudad de la mano del grupo empresarial-gubernamental que en este sector representa la fundación Clinton. 15/
Durante la cumbre de Naciones Unidas COP 21 realizada en París asistió a una reunión paralela de Alcaldes de América Latina en la que criticó las conclusiones por cuanto le daba margen de acción a los grupos financieros sin hacer esfuerzos colaterales. Propuso entonces la aplicación del impuesto Tobin para conformar un Fondo de inversiones verdes 16/.
Desde el inicio de su campaña presidencial planteó la necesidad de que ECOPETROL, la empresa nacional de petróleos, creara una línea deinversiones orientada a la utilización de energías renovables, financiada en parte con los recursos de las regalías. Propuso la utilización de paneles solares en los hogares 17/. Los énfasis sustitutivos no llegaron hasta considerar una posible eliminación de las represas que están produciendo daños ambientales considerables y el desplazamiento de poblaciones en toda la geografía del país. Terminó aceptando que debían reducirse a inversiones a pequeña escala. Tampoco llegó a anunciar fórmulas para garantizar los recambios energéticos industriales como tampoco esbozó planteamientos sobre la relación producción-consumo energético.
El otro renglón económico en el que insistió presentándolo como alterno al extractivismo fue el de la agroindustria 18/. «El campo productivo nos lleva a la agroindustria, es decir, a aumentar el valor agregado de los bienes primarios de la agricultura, todo municipio colombiano si el campo fuese productivo podría ser agroindustrial.» 19/Para poder desarrollarla propuso un ejercicio distributivo previo dada la concentración de la tierra y el desperdicio de la misma en ganadería extensiva 20/. En este punto insistió en que tal distribución no se realizaría con expropiaciones sino con el aumento de las cargas impositivas. Al campesino le prometió alejarlo de la pobreza y de una eventual proletarización mediante los mecanismos de la «asociatividad» y el cooperativismo, que en el contexto del incremento productivo los convertiría en granjeros (farmers): «Desarrollar un campo productivo y democrático, que convierte al campesino en granjero y ciudadano es una de las tareas urgentes que emprenderemos.» 21/Porque, además, este propósito no era tan solo aplicable al campo, se trataba de un propósito general. «Lo que queremos es volver a millones de colombianos empresarios y fundamentalmente a mujeres y jóvenes como prioridad. Y no como pretende el discurso falso de la clase política esperar grandes empresarios de Colombia o del extranjero que nunca llegarán.» 22/
La apuesta por el desarrollo del capitalismo requiere obviamente la inversión en bienes de capital, lo que recuerda los debates obsoletos de las burguesías de la región durante el período de la sustitución de importaciones. «La industrialización integral es el desarrollo de los tres sectores de la industria, la de bienes de consumo no durables y durables, la de bienes intermedios, químicos y otros y el de bienes de capital, sin este último todo lo demás falla.» 23/.
Sobre el cómo conseguir los recursos financieros para apalancar estas transformaciones económicas Petro planteó la eliminación de las exenciones tributarias 24/ a los grandes empresarios y el fortalecimiento en aportes del régimen público pensional (Colpensiones) 25/en contravía a lo que vienen proponiendo los dueños de los fondos pensionales y la tecnocracia neoliberal.
En síntesis, el programa Petro Presidente de campaña era un programa liberal desarrollista que incluía reformas puntuales dentro del neoliberalismo, programa que desconoce la nueva división internacional del trabajo en dónde las inversiones industriales manufactureras en latino américa han sido relegadas a un plano secundario; que desconoce igualmente el funcionamiento de la globalización financiera que le entregó el control de la riqueza a los grupos financieros transnacionales, control que ejercen en los mercados de capitales, por donde circulan impunemente los dineros de la mafia. Obviamente que este programa es inviable en las condiciones actuales de la acumulación de capital. Sin embargo, al atacar el latifundio improductivo incluyendo aquel que es resultado del despojo y al oponerse a la circulación de rentas extractivas y financieras enfrentó a los ejecutores de la guerra interna y alentó aspiraciones democráticas. Fue esta la causa del por qué el movimiento social organizado se puso a su disposición. Un movimiento social fraccionado y derrotado por el terror de Estado y por las políticas neoliberales, sin capacidad de expresión propia, que encontró en esta campaña una posibilidad de cambiar el actual estado de cosas, mientras que paradójicamente el candidato insistía en el respeto a las reglas de juego del régimen social imperante para no amedrentar a las capas medias que conformaban un jugoso botín electoral.
Las apuestas ideológicas también hacen parte de la correlación de fuerzas y el neoliberalismo terminó por imponer su hegemonía . En el horizonte de las interpretaciones del funcionamiento de la sociedad y la política temas como el derecho al trabajo, la política distributiva, la soberanía, los derechos de los pueblos parecen relegados al pasado. No hacen parte del debate público. Es uno de los signos de la época.
El movimiento electoral que se conformó en torno a Petro terminó siendo un movimiento pluriclasista y amorfo 26/ de corte caudillista que expresa un descontento social combinado con el cansancio de franjas amplias de la población a las formas tradicionales de la dominación política, a la corrupción generalizada que ha infectado las tres ramas del poder. Incluye organizaciones feministas, juveniles, animalistas que él presentó como «nuevas ciudadanías». Expresa igualmente un interés por dejar atrás las secuelas de la guerra y las polarizaciones que entremezcla. Estas expresiones políticas, a pesar de sus limitaciones, no son despreciables en un país que ha abierto una transición política después de décadas de guerra secular. Confirma que existen posibilidades de conformar coaliciones políticas y sociales en la perspectiva de canalizar esa opinión democrática de amplio espectro hacia propuestas alternativas que enfrenten el régimen dominante.
El cuestionamiento al latifundio improductivo y a quienes obtienen rentas extractivas y financieras por parte de la campaña «Petro Presidente», produjo, al mismo tiempo, el cierre de filas de las elites dominantes después de la primera vuelta presidencial. Las contradicciones a propósito de la propiedad y el uso de la tierra en el mundo globalizado cedieron el paso a la preservación de intereses mayores; aquellos relacionados con la preservación del orden económico y la dominación política. En lo referente al orden económico, debe anotarse que la acumulación de capital incluye la recepción de los dineros de la mafia en las redes invisibles del sistema financiero; al mismo tiempo, la estabilidad macroeconómica depende de las inversiones extractivas, éstas permiten la obtención de ingresos fiscales, grafican el grueso de las exportaciones, posibilitan el equilibrio de la balanza comercial y el cumplimiento de las exigencias del capital globalizado. Intentar algo diferente, de momento, sería un «salto al vacío». En lo que atañe a la dominación política el conjunto de las elites comparten la necesaria continuidad del terror de Estado . Si la aplicación de este tipo de régimen les permitió ganar la guerra interna y les ha posibilitado igualmente arrinconar a las resistencias populares, por qué abandonarlo?. Un gobierno que no haga parte de esta tradición elitista cualesquiera sea su talante discursivo, constituye un riesgo innecesario.
d) La implementación de una paz en beneficio de los grandes empresarios
Después de la derrota del plebiscito que debió aprobar los acuerdos firmados en La Habana ocurrió una nueva negociación que terminó con los llamados » Acuerdos del Teatro Colón». 27/
En esta segunda versión el bloque político dirigido por el «uribismo» logró cambios considerables.
Así, en reconocimiento al papel protagónico de la mayoría de los obispos católicos y de los líderes de las iglesias protestantes en campaña hizo que se incluyera en el punto de los derechos de las personas a la familia como » el núcleo fundamental de la sociedad.» 28/
Igualmente desperfilaron el reconocimiento de derechos para la población LGBT.
De otra parte era evidente desde cuando comenzaron los diálogos de La Habana que el referente central de la negociación pasaba por la integración de los territorios periféricos que soportaron el conflicto a las instituciones nacionales. En los acuerdos de la Habana este referente fue incluido bajo el criterio de «enfoque territorial « 29/el cual aduce a una política de ordenamiento territorial corporativo en beneficio de clusters de negocios empresariales en el mundo globalizado. En la elaboración de los mecanismos de implementación quedó pactado un mecanismo bilateral en la toma de decisiones entre el gobierno y la guerrilla en un espectro amplio de temas que incluía desde el diseño de los planes territoriales de desarrollo hasta la selección de los beneficiarios de los programas locales. El documento firmado en el Teatro Colón adicionó a ese bilateralismo el visto bueno de las autoridades locales.
Un elemento clave en la negociación de la Habana fue la inclusión de temas concernientes a la política agraria nacional. Para el gobierno de Santos era importante legitimar la agroindustria en el periodo post-bélico más aún cuando según las propias estadísticas oficiales la exportación de hidrocarburos entra en su ciclo final en el 2022. Para las FARC la formalización de la propiedad de los colonos que han sido su base social y el otorgamiento simultáneo de «bienes públicos», como las vías terciarias, la asistencia técnica, servicios públicos domiciliarios y servicios sociales, al igual que la sustitución voluntaria de «cultivos de uso ilícito» era prioritario. Entonces, la fórmula acordada fue la del reconocimiento a un tipo de » desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes -agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala..»; y en la versión del teatro Colón se enfatizó en la importancia de las inversiones empresariales y del encadenamiento de la economía campesina a la producción a escala». 30/
La asistencia técnica desde la primera redacción aceptaba a los transgénicos 31/.
El requisito esencial para poder impulsar las inversiones en el campo es el de la formalización de la propiedad en toda la geografía nacional. «El 54,3% de los predios rurales del país se explotan sin títulos de propiedad» 32/, hacen parte del despojo, de las apropiaciones de latifundistas y empresarios rurales sobre los baldíos. 33/
No hay posibilidades de que lleguen grandes inversionistas agrícolas sin la «seguridad jurídica» de la propiedad. Las normas que apuntaron a la restitución de víctimas cuando se abrió el proceso de negociación política en el 2011 han sido un rotundo fracaso. El acuerdo exigía la creación de una juridicción agraria que aún no ha sido reglamentada.
La inclusión de las autoridades locales en la implementación del catastro rural y la limitación a la conformación de Zonas de Reserva Campesina en las que había insistido las FARC 34/fueron otras de las modificaciones suscritas en el Teatro Colón.
En el punto de participación política le fueron reconocidos a las FARC 10 parlamentarios (5 en Senado y 5 en Cámara) , personería jurídica como partido político y financiación estatal. Se abrió la posibilidad de otorgar 16 circunscripciones , llamadas «circunscripciones de paz» en las 16 zonas más afectadas por la guerra, para que las organizaciones sociales que allí habitan pudieran acceder a la representación parlamentaria.
En lo relacionado con la Justicia Especial de Paz-JEP- pactada como una forma de justicia transicional para juzgar tanto a guerrilleros como a responsables del Estado por los crímenes cometidos dentro del conflicto, ya las partes habían aceptado la ruptura de la cadena de mando tanto para guerrilleros como para fuerzas armadas y el juzgamiento simétrico de responsabilidades. 35/Faltaba por resolver el tema de quienes financiaron la guerra, lo cual quedó aplazado hasta la aprobación en el Congreso. Este fue el gran triunfo de los que lograron el rechazo del plebiscito; dejar ad referéndum del Congreso el grueso de la implementación de los acuerdos.
En el caso de la JEP entre el Congreso y la Corte Constitucional eliminaron la responsabilidad de quienes financiaron la guerra al decidir que éstos no pueden ser conminados a presentarse a este tribunal de manera obligatoria. 36/
El balance de aprobación de las normas que demandaba, la implementación de los acuerdos del teatro Colón por parte del Congreso es deplorable. En contraste con el cumplimiento que las FARC hizo de lo pactado , concentrando a los guerrilleros en las zonas definidas para el efecto y entregando las armas el 27 de Junio del año anterior en el municipio de Mesetas, departamento del Meta, la desidia de las bancadas mayoritarias controladas por el gobierno en el Congreso fue evidente.
Los proyectos de ley que fueron presentados para su aprobación desde las sesiones ordinarias de Marzo del 2017 en cumplimiento de los acuerdos fueron 1) En lo referente a cambios en el régimen de partidos y representación política el proyecto de ley que contenía las «circunscripciones de paz», fue archivado. Paralelo a ello, el gobierno conformó una Misión Electoral Especial compuesta por académicos y profesionales con experiencia en el tema para que le llevaran propuestas al legislativo . Durante las sesiones ordinarias del segundo semestre del 2017 estas propuestas fueron desechadas por el Congreso. 2) En el tema rural el proyecto de adecuación de tierras ni siquiera cuenta con ponencia; el que oficializa el catastro multipropósito apenas cuenta con ponencia, al igual que la adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal. 3) En lo relacionado con asuntos penales el proyecto de tratamiento diferencial a los pequeños cultivadores y pequeñas cultivadoras de coca tampoco tiene ponencia; el de sometimiento a la justicia de las bandas criminales le falta aprobación en plenaria; el proyecto de ley que reglamenta el procedimiento de la JEP fue aprobado hasta la semana pasada y dado los resultados de las elecciones presidenciales el «uribismo» logró incluir una sala especial para el juzgamiento de militares para propiciar una mayor impunidad. 4) En cuanto a los compromisos económicos el modificatorio del sistema nacional de regalías no tiene ponencia y el que modificó la ley del plan fue aprobado. 37/
Mientras tanto, el gobierno de Santos ha focalizado sus esfuerzos en completar el diseño institucional de lo que puede caracterizarse como una «paz corporativa» , una paz que expande la mercantilización de los territorios y el subsuelo en beneficio del gran capital. Desde la expedición del Plan de Desarrollo en los inicios del segundo mandato quedaron oficializados los Proyectos de Interés Nacional Estratégico-PINES- mecanismos institucionales destinados a favorecer la gran minería. 38/ Igualmente fueron incluidas las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social -ZIDRES- que ya cuentan con ley reglamentaria y que favorecen a la gran inversión aumentando la concentración y expropiación de la tierra 39/. Como si fuera poco cursa en el Congreso un proyecto modificatorio de la actual ley agraria con sesgo productivista que prioriza la inversión rural que cuente con capacidad patrimonial y tecnológica. Este proyecto elimina la normatividad que estipulaba que los baldíos deberían asignarse prioritariamente a los colonos y campesinos pobres y establece una «amnistía» a los empresarios que apropiaron baldíos de manera ilegal. 40/
En desarrollo del llamado «fasttrack» 41/ el gobierno expidió el decreto que permite utilizar una parte de los dineros del «Fondo Colombia en Paz» recibidos por el país dentro del portafolio de inversiones definido por Naciones Unidas-COP21 para el proyecto «pago por servicios ambientales»., bajo los parámetros del «capitalismo verde». 42/ Para el caso de la restauración de las «zonas más afectadas por el conflicto armado» (ZOMAC) el gobierno ya expidió un decreto de «obras por impuestos» 43/ siguiendo la experiencia de otros países periféricos, lo que es tan solo el inicio de un proceso de concesiones a empresarios para que realicen la reconstrucción. El plan nacional de construcción de represas continúa su implementación a pesar de los desplazamientos poblacionales y la destrucción de la naturaleza que produce. Las tres represas más importantes del país, El Quimbo, Hidrosogamoso e Hidroituango han producido daños irreparables. Esta última represa ha estado a punto de producir un tragedia humanitaria de enormes proporciones.
Concordante con lo anterior, las instituciones técnicas del Estado ya tienen los diseños soportados en contextos regionales y calificación del suelo para implementar las ZIDRES. 44/
Adicionalmente gobierno y empresarios han contratado grupos de académicos y técnicos para que desarrollen investigaciones con el objetivo de mejorar los diseños de inversión corporativa. 45/
Luego, la pacificación del país ha abierto nuevas posibilidades y espacios para los negocios. Los grandes grupos económicos así lo han entendido y saben que más allá de los vaivenes de la política el énfasis corporativo continuará.
Esta es la explicación del por qué los voceros del grupo Sarmiento, el grupo financiero más cercano al gobierno Santos y el que mejor usufructuó la gobernabilidad, cuando giraron hacia la candidatura de Iván Duque en la segunda vuelta presidencial, añadieron que ese apoyo era condicionado a la continuidad del proceso de paz. Lo hicieron en página editorial del periódico «El Tiempo» , diario que pertenece al grupo, » En consecuencia, esta casa editorial da su respaldo al nombre de Iván Duque, cuyo programa de gobierno es serio y quien representa una esperanza de moderación y cambio generacional, deseable en la coyuntura(…)Es importante anotar que nuestro apoyo al proceso de paz con las Farc se mantiene firme y que cualquier intento de dar marcha atrás al reloj de la historia y el espíritu de los acuerdos suscritos será considerado un error garrafa». 46/
Mientras tanto el paramilitarismo continúa su accionar de manera impune en las regiones asociados a los poderes políticos locales y a las formas criminales de acumulación de la riqueza siguen cobrando víctimas. La Defensoría del Pueblo reconoció que entre el 1 de Enero del 2016 y el 27 de Febrero del 2018 han sido asesinadas en Colombia 282 personas, entre líderes sociales y defensores de derechos humanos. 47/ Durante el 2018 con fecha de corte del 2 de Junio fueron asesinados otros 98 líderes sociales. 48/ A muchos de los ex combatientes de las FARC se le ha dado ese mismo trato. «Tomando como referencia el informe de la Misión de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas ya son 40 los ex combatientes de las FARC asesinados desde Diciembre del 2016 cuando comenzaron los acuerdos de paz de La Habana.» 49/ Esto precipitó las declaraciones de Jean Arnault, representante Especial del Secretario General de la ONU, pidiendo garantías para la seguridad y la vida de los desmovilizados en Abril del año en curso. Estamos en presencia de la continuidad de la barbarie que inició la guerra interna en otro contexto.
A pesar de todo ello el actual Ministro de Defensa llegó a declarar de manera cínica que la mayor parte de estos asesinatos obedecían a » líos de faldas, de licor y de intolerancia entre vecinos» , negando el papel de las bandas criminales. 50/
El gobierno de Santos entrega entonces un proceso de paz con la impunidad garantizada a las fuerzas regulares del Estado, el paramilitarismo regional actuando en la impunidad y la oferta al gran capital de una red de negocios en los espacios vacíos que dejó la desmovilización de las FARC. . Estos contenidos no pueden soslayarse en aras de una defensa «in genere» de los acuerdos de La Habana.
e) El nuevo arribo del «uribismo» al gobierno
En medio de la campaña electoral el gobierno norteamericano pidió a la Fiscalía la extradición de Jesús Santrich uno de los dirigentes centrales de las FARC, por supuestas actividades de narcotráfico Hasta el momento las pruebas que se han presentado a la opinión pública son deleznables. Sin embargo, el propio Presidente Santos las avaló y la Fiscalía dictaminó el encarcelamiento. Existe una discusión jurídica sobre si los hechos fueron cometidos antes o después de haberse firmado el acuerdo de paz para definir el tribunal competente en el juzgamiento, bien sea la justicia ordinaria o la JEP. Iván Duque en campaña utilizó este caso para anunciar que lo extraditaría por encima de cualquier otra consideración. 51/Más allá de los alcances de este suceso lo relevante es que inicia el camino del alineamiento incondicional del nuevo Presidente con las políticas de Trump. Duque ha anunciado el retiro de UNASUR, para fortalecer la OEA, la denuncia del gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional y el decretar desierta la embajada en Caracas.
En el plano interno Duque se ha declarado partidario de criminalizar la producción de hoja de coca. Esto anuncia la sustitución forzosa de cultivos mediante aspersiones aéreas con glifosato que constituyen una tragedia humanitaria para las familias campesinas. Esta política de sustitución forzada elimina otro de los puntos de los acuerdos de La Habana al que ya se habían acogido 65.000 familias campesinas y aumentará las tensiones en regiones en dónde el circuito de la producción y venta de droga está controlado por carteles transnacionales como el de Sinaloa. El argumento de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca es el de que el número de hectáreas sembradas de coca llegó a 209.000 (el gobierno reconoce 180.000) Como siempre este argumento desconoce la corresponsabilidad de los países consumidores y los beneficios del capital financiero internacional. El gobierno de Santos ya cedió a la presión estadounidense y el 25 de Junio pasado mediante decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó nuevamente la fumigación con glifosato utilizando drones en las zonas cocaleras. 52/Duque generalizará el uso indiscriminado de estas fumigaciones.
En lo referente a temas económicos ya ha acordado con los gremios y conforme a las exigencias de las calificadoras de riego y las IFIS, presentar al Congreso reformas regresiva en pensiones , en tributación y en el código del trabajo para aumentar la flexibilidad laboral. En el caso de la JEP y aún sin que Duque se haya posesionado como Presidente, el parlamento que hasta las elecciones presidenciales había acompañado al gobierno , incluyó modificaciones de procedimiento congelando los procesos de militares comprometidos con delitos en el marco del conflicto hasta que se conforme una sala especial de instrucción, investigación y sanción con nuevos magistrados en la JE. Ese congelamiento podrá solicitarse hasta por 18 meses., tiempo en el cual debe estar en funcionamiento esta sala especial. Lo paradójico del caso es que ya más de 2000 militares y policías se han presentado ante la JEP y aproximadamente 1500 han recuperado su libertad. La disputa inter elites ahora ha tomado la forma de quien garantiza más impunidad a las fuerzas regulares del Estado una vez que el terror de Estado ha sido preservado.
Esta insistencia en debilitar aún más la justicia transicional es tan solo un componente de la estrategia global del «»uribismo»» de reducir funciones de la rama judicial. Durante la campaña Duque anunció la creación de una «súper Corte» que concentre las funciones que ejercen los altos tribunales para eliminarlos. Esta estrategia apunta a obtener un control presidencial sobre la justicia y pretende, al tiempo, oficializar la impunidad de los integrantes del «uribismo», incluyendo al propio Álvaro Uribe.
Duque ha trazado desde ya las líneas gruesas de su mandato. Pero este nuevo arribo del «uribismo» al gobierno no cuenta con las condiciones favorables que le entregaron el triunfo en el 2002. Ahora el conflicto interno está desactivado las denuncias internacionales contra Uribe aumentan 53/, existen muchos procesos judiciales en contra de sus familiares, integrantes del «Centro Democrático» y en contra del propio Uribe. Por ello ha mantenido un enfrentamiento constante con las altas Cortes e igualmente con el gremio de los periodistas. .
Los resultados electorales ,en medio de sus manifestaciones contradictorias, confirman que existe un espacio político para plantear propuestas democráticas y que la negociación política ha abierto un espacio diferente a la oposición política. Existe la posibilidad de conformar una gran convergencia democrática entre diversas organizaciones políticas y sociales que levante una plataforma de paz con justicia social, que levante reivindicaciones más allá de lo que ha quedado de los acuerdos de la Habana y opuesto obviamente a las últimas modificaciones introducidas por el «uribismo». El respeto a la vida de los líderes sociales y a los ex guerrilleros desmovilizados puede ser una consigna unificadora porque apunta al desmonte del paramilitarismo, a la denuncia al terror de Estado, al reconocimiento de las víctimas y a la denuncia a la impunidad judicial.
La paz corporativa que ha venido implementando el gobierno Santos, faceta a no dudarlo continuará durante el próximo, viene siendo resistida en los territorios y ha tomado la forma de luchas en contra del extractivismo. Los defensores del territorio y las comunidades étnicas han actuado en contra de la explotación de hidrocarburos, en contra de la minería y de las represas y han denunciado el desplazamiento de las comunidades y la destrucción de la naturaleza. En las ciudades estas resistencias han tomado la forma de rechazo a los planes urbanísticos corporativos y de enfrentamiento a las grandes constructoras agentes del extractivismo urbano La unificación y coordinación de estas resistencias en una plataforma nacional es una necesidad.. Pero esas luchas cotidianas deben articularse a la propuesta de una transición energética soportada en decisiones democráticas de la sociedad, en el respeto a los bienes comunes y lejana a la mercantilización de la naturaleza que propone el capitalismo verde. El movimiento ecosocialista ha expresado reiteradamente su disposición a participar en la construcción de un movimiento de estas características.
Notas
1/ «El Consejo Gremial Nacional, integrado por 21 gremios de todas las actividades económicas que, en conjunto, representan el 60% de la producción nacional y generan el 73% del empleo formal de la economía. Estos gremios representan a 166.903 empresas micro, pequeñas, medianas y grandes que operan en distintos sectores de la economía…» Tomado del comunicado ´público de apoyo de este Consejo, Bogotá, 7 de Junio, en http://www.centrodemocratico.com/?p=1713
2/ Ley 1448 del 2011. «Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.» . Esta ley prometió reparaciones aceptando un despojo de 6 millones de hectáreas y hasta la fecha éstas tan solo han llegado a 250.000 hectáreas aproximadas. La precariedad de una justicia atrapada por el peso de los poderes políticos convencionales explica este resultado pírrico.
3/ Las fuentes de este fondo según el texto final del Acuerdo debían obtenerse de tierras producto de la extinción de dominio por haber sido adquiridas mediante lavado de activos y «otras actividades ilícitas», de tierras baldías, de aquellas que resultaren de la delimitación de zonas de reserva forestal, de tierras inexplotadas, aquellas adquiridas por motivos de utilidad pública y las tierras donadas. Hasta el momento no existe reglamentación.
4/ Una de las líneas transversales de los acuerdos de paz es el ordenamiento territorial corporativo en las regiones en que tuvo presencia las FARC y en la Frontera agrícola que viene abriéndose a la gran inversión empresarial incluyendo la extranjera mediante concesiones estatales. Tal es el caso de la llamada «Altillanura» una región ubicada en los llanos orientales que cuenta con 7 millones de hectáreas. Este ordenamiento corporativo facilita la opción de «clusters» empresariales asociados al capital globalizado.
5/ Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y una de las figuras políticas visibles del llamado Grupo Empresarial Antioqueño grupo que controla cerca del 14 % del PIB nacional y cuenta con empresas que invierten en el exterior así como con inversiones importantes en el sector financiero. Este grupo empresarial apoyó a Fajardo en la primera vuelta y a Iván Duque en la segunda. http://lasillavacia.com/silla-paisa/los-del-gea-comienzan-abandonar-fajardo-65813 .
6/ El MOIR cuenta con un parlamentario exitoso, Jorge Enrique Robledo. Es una organización de origen maoísta con presencia en el movimiento sindical y en organizaciones representativas del campesino medio, caracterizada por denunciar los tratados de libre comercio a nombre de una supuesta burguesía nacional, lo que le lleva a hacer alianzas con empresarios regionales generalmente de catadura reaccionaria. Su apoyo a Fajardo materializa un giro hacia alianzas con el gran capital.
7/ Antanas Mockus, quien fuera alcalde de Bogotá y reconocido por la utilización de símbolos alusivos a la antipolítica, y Claudia López, actual parlamentaria reconocida por sus denuncias al paramilitarismo fueron los miembros de la dirección de la Alianza Verde que apoyaron a Petro en la segunda vuelta.
8/ Incluso con el apoyo de políticas oficiales. En la expedición de las reformas tributarias, que se expiden en el país con frecuencia, uno de los puntos recurrentes es el de las amnistías tributarias para capitales en el exterior lo que significa una legislación con nombre propio. En la reforma tributaria que se realizó en 1992 esta amnistía estuvo condicionada a la compra de títulos de deuda pública.
9/ Carlos Medina Gallego, «Mafia, narcotráfico y bandas criminales en Colombia», Editado por la Universidad Nacional de Colombia, 2018 pag 27. Este autor toma el argumento de los textos de Jorge Chabat.
10/ Los instrumentos legales del Estado para proteger los derechos de propiedad fracasaron porque la seguridad pasó a ser función de la seguridad, esa fu delegada al trabajo coordinado entre la fuerza pública y las fuerzas privadas y éstas últimas disfrutaron, por su condición de aliados, de inmunidad para apropiarse de la tierra de los desplazados , y en muchos casos para coaccionar por la fuerza la legalización de la transferencia de propiedades. Este proceso desbordó las posibilidades de la justicia civil ordinaria para amparar derechos perdidos por violencia y superó las menguadas capacidades administrativas de los organismos encargados del catastro, registro, clarificación, titulación y distribución de la propiedad rural…» Alejandro Reyes Posada, «Guerreros y Campesinos», Editorial Ariel, 2016, Bogotá, pags 159 y 160.
11/ «La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones procesaron a 184 Congresistas o ex congresistas y 8 gobernadores entre 2007 y 2013. Doce ex presidentes del Congreso fueron llamados a la justicia. En febrero de 2013 se contaban 41 condenados y 5 declarados inocentes. La Procuraduría abrió 519 procesos disciplinarios contra funcionarios y dirigentes locales en su mayoría en concejos, asambleas y alcaldías…» Camilo González Poso, «El Complejo paramilitar se transforma», Indepaz, 4 de Marzo del 2017, en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/03/03.17-EL-COMPLEJO-PARAMILITAR-1.pdf
12/ El Tiempo, 22 de Mayo, enhttp://www.eltiempo.com/elecciones-colombia 2018/presidenciales/propuestas-de-gustavo-petro-candidato-a-la-presidencia-por-colombia-humana-219724
13/ El primer compromiso es no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que implica el compromiso de Petro a que, de llegar a la Presidencia, aplicará plenamente la carta constitucional que hoy rige el ordenamiento jurídico e institucional colombiano.
El segundo punto, es «respetar la propiedad privada en los términos ordenados en la Constitución, especialmente en su artículo 58». El tercero, es aplicar la regla de la sostenibilidad fiscal a la hora de implementar políticas públicas, lo que indica que el presidente no pondrá en riesgo la estabilidad económica del país. «Se respetará la llamada «regla fiscal» para disminuir gradualmente el déficit del gasto público. Se buscará un aumento de los ingresos fiscales estimulando el crecimiento de la economía», señala el acuerdo suscrito. «Los siete puntos del acuerdo con Petro», «El Espectador, 5 de Junio del 2018, en https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/los-siete-puntos-del-acuerdo-de-los-verdes-con-petro-articulo-792542
14/ Página Web, de campaña en https://www.petropresidente2018.com/category/colombia-humana/
15/ El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se reunieron en Cartagena para tratar temas de importancia para la ciudad. Hablaron de cambio climático que viene afectando al planeta y la importancia de implementar en la ciudad el transporte público movido por energía eléctrica entre otros.La Fundación Clinton, organización no gubernamental que se dedica a promover políticas de protección al medio ambiente, mediante la asociación entre empresas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos particulares, ha venido acompañando a la administración de Gustavo Petro en diversos temas relacionados con la implementación del piloto de taxis eléctricos, programa de buses híbridos y eléctricos, y en la creación del fondo de ciudades para la mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático…» «Petro y Bill Clinton se reunieron en Cartagena para tratar «temas de ciudad», El Espectador, 16 de Mato del 2013 en https://www.elespectador.com/noticias/bogota/petro-y-bill-clinton-se-reunieron-cartagena-tratar-tema-articulo-422290
16/ Página Web, de campaña enhttps://www.petropresidente2018.com/category/colombia-humana/
17/ «Dado que ya hay una tecnología desarrollada para transformar los techos en paneles solares «solo hay que cambiar la regulación para que cada familia genere su propia energía eléctrica a costo cero, lo cual permite transformar su casa en una unidad productiva y mejorar los medios de transporte, la ciudad, el campo y los pozos de agua». «Nuevos operadores y páneles solares: las alternativas de los candidatos frente a Electricaribe», El Espectador, 5 de Abril del 2018, enhttps://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/nuevos-operadores-y-paneles-solares-las-alternativas-de-los-candidatos-frente-electricaribe-articulo-748363
18/ Lo que es contradictorio con el discurso ambientalista dado que en la agroindustria se utilizan fertilizantes de derivados químicos. Sin embargo, cuando se refería a la economía campesina o a la de las comunidades étnicas reconocía la importancia de preservar las semillas orgánicas.
19/ Página Web, de campaña en https://www.petropresidente2018.com/category/colombia-humana/
20/ Colombia tiene en el campo uno de los indicadores Gini más altos de la región. El 1% de los propietarios concentra casi que el 60% de la tierra apta para producir . La ganadería extensiva ocupa 32 millones de hectáreas mientras que la totalidad de la producción agrícola se realiza en 8 millones de hectáreas.
21/ Página Web, de campaña en https://www.petropresidente2018.com/category/colombia-humana/
22/ Ibid.
23/ Ibid.
24/ Lo que representa un monto anual considerable. A manera de ejemplo, la institución recaudadora de impuestos DIAN expidió una resolución que le posibilitó a las grandes empresas extractivas sumar el pago de regalías al pago del impuesto a la renta lo que ha significado una evasión tributaria de aproximadamente $14 billones.
25/ En Colombia el régimen pensional es mixto; combina el aporte a los fondos de pensiones con el aporte a una entidad pública – Colpensiones- que mantiene el sistema de solidaridad cruzada. Petro proponía que esta entidad recibiera los aportes del llamado cuarto pilar, es decir, los de los informales.
26/ De hecho, Colombia Humana es un movimiento electoral sin estructura partidaria, que se presentó por firmas a las elecciones presidenciales. En las elecciones parlamentarias conformó una coalición llamada Lista de la decencia. Obtuvieron 4 curules en Senado y 2 en Cámara.
27/ Teatro de arquitectura neoclásica, construido a finales del siglo XIX localizado en el centro de Bogotá. Allí se realizó la firma de los acuerdos de paz renegociados.
28/ El Acuerdo final reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona como fundamento para la convivencia en el ámbito público y privado y a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos de sus integrantes..» en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
29/ Un ejemplo de la aplicación de enfoque territorial es el de la Agenda Territorial Europea, «La nueva Agenda Territorial Europea 2020 (adoptada en el 2011) es el principal instrumento orientador de las políticas nacionales de ordenación territorial de los Estados miembros; y se caracteriza por un enfoque basado en las características de cada lugar, como potencial de desarrollo endógeno, a partir del cual impulsar la cohesión territorial en las tres escalas: local, regional y nacional; y al mismo tiempo hacer frente a los impactos, geográficamente diversos, del cambio global…» en http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/componentes/ordenamiento-territorial/ordenamiento-territorial/es/
30/ «Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes -agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento en condiciones de equidad de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento». En http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
31/ La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, sin restringir ni imponer otro tipo de semillas como las mejoradas, híbridos y otras…».
32/ Reconocido por el director de la UPRA, la oficina que dentro del Departamento Nacional de Planeación está encargada de determinar la calidad de los suelos en las diversas regiones del país. » El director de esta entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Felipe Fonseca, dijo a Dinero que en la actualidad el país tiene aproximadamente 3’691.000 millones de predios rurales que han sido identificados.Sin embargo, el gran reto del país sigue siendo la informalidad del campo ya que el 54,3% de los predios rurales del país se explotan sin títulos, lo que equivale a casi 49 millones de hectáreas…»Revista Dinero, Julio 30 del 2017 en www.dinero.com/pais/articulo/informalidad-en-el-campo-colombiano-unidad-planificacion-rural/248010
33/ También de la historia nacional, » La ocupación y uso del territorio colombiano ha sido un proceso conflictivo y violento, en el que ha jugado un papel determinante el esfuerzo de las elites por sujetar la mano de obra al servicio del régimen de latifundio y la reacción campesina de colonizar espacios de fuga donde pudieran liberarse del monopolio de la tierra y realizar proyectos independientes de acumulación económica..» Alejandro Reyes Posada, «Guerreros y Campesinos» Editorial Ariel, Bogotá, pag 396.
34/ Se trata de unidades asociativas campesinas en las que se limitan las extensiones de propiedad familiar. Fue creada por la ley agraria vigente (ley 160 de 1994) en la perspectiva de que siguiera aumentándose la frontera agrícola, Para las FARC esta forma asociativa ha sido importante en la relación con el movimiento campesino.
35/ En el caso de los militares mediante la «renuncia a la acción judicial del Estado».
36/ «El alto tribunal decidió que, contrario a lo pactado entre el gobierno nacional y las Farc, los terceros civiles que deben responder por esos delitos no podrán ser llamados a la jurisdicción y sólo comparecerán de manera voluntaria. Eso significa que el nuevo sistema, en la práctica, juzgará en masa a los excombatientes de la desaparecida guerrilla de las Farc y a los integrantes de la Fuerza Pública que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad…» En https://verdadabierta.com/corte-constitucional-dejo-a-medias-la-justicia-transicional/, 16 de Noviembre del 2017.Al día siguiente el Congreso que había dilatado la expedición de la ley estatutaria de la JEP esperando el pronunciamiento de este Tribunal, la aprobó con estos considerandos. Este fallo dejó igualmente en la justicia ordinaria la selección de tutelas expedidas por la JEP . Adicionalmente determinó que su duración será de 20 años.
37/ Esto tiene el propósito de articular la planeación nacional con los Planes de Desarrollo Territorial -PDTs- que serán implementados en las anteriores zonas de conflicto con el propósito de focalizar inversiones. Para ello el gobierno creó la Agencia de Renovación del Territorio -ART-la cual tiene por objetivo coordinar el conjunto de entidades, planes y programas en el territorio. Esta agencia debe actuar en 170 municipios que fueron escogidos mediante la utilización de cuatro indicadores, pobreza, violencia, fragilidad institucional y economías ilegales.
38/ «La Dirección de Minería Empresarial está encargada de gestionar los avances mineros requeridos para la implementación de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE), de manera que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.Es importante indicar que el Gobierno Nacional debe seleccionar como proyectos PINE aquellos de alto impacto en el crecimiento económico y social de Colombia, relacionados con minerales estratégicos para el país, que sea un proyecto viable y que representan una oportunidad de desarrollo social…» Página web del Ministerio de Minas y Energía en, https://www.minminas.gov.co/proyectos-de-interes-nacional-estrategico-pine
39/ En diversas regiones del país, la Altillanura, Guajira, Urabá chocoano y la Mojana-Sucre, regiones fértiles. La Corte Constitucional la declaró exequible en Mayo del año en curso. Termina con el criterio normativo anterior de que los baldíos deberían entregarse principalmente a colonos y campesinos pobres. Además de las críticas de la oposición parlamentaria OXFAM internacional criticó esta ley argumentando que «»legalizaría la acumulación irregular de predios por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra…». En https://www.semana.com/nacion/articulo/abece-de-la-ley-zidres-que-sanciono-santos/458494.
40/Principalmente en la llamada Altillanura, región de los llanos orientales Allí, el grupoSantodomingo grupo financiero de origen interno y hoy asociado a SAB Miller viene desde el 2011 implementando en esa zona un gran plan de inversión, «El plan es producir granos, principalmente soya y maíz, primero para el mercado interno y, en el largo plazo, para el mercado global. Santo Domingo es el símbolo de un nuevo estilo de inversionista que está asumiendo posiciones en la altillanura colombiana en la actualidad. Contrató a la firma Impar, con el fin de transferir la tecnología brasileña de Embrapa, la Agencia Brasileña de Pesquisas Agropecuarias. Esta agencia es reconocida mundialmente por ser el eje de la milagrosa expansión de la productividad alcanzada por ese país en las últimas dos décadas. El modelo incluye una paciente transferencia de tecnología de los expertos brasileños a los pobladores de la región, quienes deben aprender toda una gama de prácticas para el manejo de los suelos….». De momento el grupo Santo Domingo no es el único inversionista, » El gran pionero es el Grupo Empresarial Aliar, compuesto por el industrial santandereano Jaime Liévano y la empresa paisa Contegral, que ha hecho inversiones por US$100 millones y hoy cuenta con 13.000 hectáreas sembradas de maíz y soya. La Fazenda, como se conoce este proyecto, es uno de los grandes. El modelo de Aliar se basa en la configuración de una cadena de alimentos para el sector avícola de Santander..». Incursiones de gran inversión también vienen desarrollando el grupo Sarmiento y el grupo Eder, en este segundo caso, dueños de ingenios azucareros en el Valle del Cauca. Revista Dinero, » Los nuevos Llaneros», Febrero 21 del 2011, enhttps://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/los-nuevos-llaneros/113492
41/ En desarrollo de los acuerdos el gobierno fue autorizado para expedir decretos justificados en temas que ameritaban el carácter de urgencia para la implementación del proceso de paz Fueron denominados como fasttrack haciendo analogía con las autorizaciones que la legislación norteamericana le da al Presidente en temas comerciales.
42/ El Pago por Servicios Ambientales constituye un acuerdo con propietarios, poseedores y ocupantes de áreas estratégicas que generan servicios ambientales, les permite desarrollar actividades de preservación y restauración en sus predios(…) . Es primordial en la estrategia de preparación para la paz y el posconflicto, por eso el PSA está incluido en el portafolio temático del Fondo Colombia en Paz como alternativas integrales para el desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas por el conflicto armado. «Por décadas, factores como la presencia de cultivos de uso ilícito, la expansión de la frontera agrícola y el conflicto armado afectaron nuestros suelos y territorios, ahora que Colombia avanza por la senda de la paz estamos creando esos instrumentos para que nuestra naturaleza también se vea beneficiada con este nuevo país que ya empezamos a construir…» Declaraciones del Ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, en http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3025-con-la-politica-de-pago-por-servicios-ambientales-se-da-via-libre-a-los-incentivos-economicos-para-la-conservacion
43/ Decreto 1915 del 2017/ . 1)Obras por impuestos. El mecanismo de pago – Obras por Impuestos de que trata el artículo 238 de la ley 1819 de 2016 es un modo de extinguir las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementario, a través de la inversión directa por parte del contribuyente en la ejecución de proyectos de trascendencia social en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC..» enhttp://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201915%20DEL%2022%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
44/ En, «Áreas de referencia para identificar Zidres. Documento conjunto elaborado por el Ministerio de Agricultura y la UPRA-Unidad de Planeación Rural Agropecuaria.
45/ A manera de ejemplo, «Me llamó la atención entonces que la Universidad de Purdue y la de los Andes anunciaran una presentación sobre el progreso de la investigación contratada por el DNP que desarrollan en asociación con otras universidades, Corpoíca y otras instituciones, y asistí a la reunión con la esperanza de encontrar noticias alentadoras. Una de ellas fue que la investigación no se concentra solamente en el área de la altillanura, sino que se extiende a toda la región, que incluye siete departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés.También han desarrollado proyectos piloto para producir diversos bienes, algunos de los cuales se pueden desarrollar en fincas pequeñas y medianas, con lo que se abre la posibilidad de que el desarrollo del área no sea exclusivamente para grandes propiedades y cultivos de agricultura comercial. Es viable que se establezcan unidades de producción de varios tamaños, incluidas las fincas familiares, diversas formas de organización y de producción que crearían una oferta local diversificada de productos agropecuarios (cítricos, piña, otros frutales, alimentos para la población local, arroz, porcinos, piscicultura, cacao, caucho, palma africana, nueces y, por supuesto, maíz y soya en grandes extensiones)…», Rudolf Hommes, «Orinoquia». El Tiempo, 1 de Julio del 2018, en http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolf-hommes/orinoquia-rudolf-hommes-237836 /
46/ «Motivos de un Respaldo»., Editorial de El Tiempo, 9 de Junio del 2018, en http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/motivos-de-un-respaldo-a-ivan-duque-228530
47/ «282 líderes sociales han sido asesinados en los dos últimos años», Declaraciones del defensor del Pueblo Carlos Negrette en el diario «El País» de Cali. http://www.elpais.com.co/colombia/282-lideres-sociales-han-sido-asesinados-en-los-ultimos-dos-anos-defensoria.html
48/ RCN-Radio, 5 de Junio del 2018, en https://www.rcnradio.com/colombia/98-lideres-sociales-han-sido-asesinados-en-lo-corrido-de-2018-en-colombia
49/ «El número de combatientes de las FARC ya es alarmante», «El Pacifista» , en http://pacifista.co/el-numero-de-excombatientes-de-las-farc-asesinados-ya-es-alarmante/
50/ «Para el hombre que maneja la Defensa del país y de los ciudadanos, el ministro Luis Carlos Villegas, los más de cien asesinatos de líderes sociales no se deben a hechos relacionados con su actividad sindical, ni con la defensa que ellos hacen de sus comunidades y derechos. Según Villegas, la mayoría de estos hechos tienen como motivación líos de faldas, licor e intolerancias entre vecinos…» 18 de Diciembre del 2017, en https://www.kienyke.com/radark/asesinato-de-lideres-sociales-lios-de-faldas
51/ Gustavo Petro dentro de su realismo político, reconoció en este tema el cronograma de los acuerdos. Si el supuesto delito hubiera sido cometido después de la firma de los mismos, argumentó, lo extraditaría. Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal y el principal negociador por parte del gobierno en los diálogos de la Habana exigió pruebas de mayor contundencia.
52/ Asuntos legales «Colombia autoriza uso de drones para fumigar cultivos de hoja de coca con glifosato», en https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/colombia-autoriza-uso-de-drones-para-fumigar-cultivos-de-hoja-de-coca-con-glifosato-2743220
53/ Documentos desclasificados del Departamento de Estado de la década de los 90 apuntan a la vinculación de Álvaro Uribe con los carteles de la droga. » Luis Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal, formación política en la que militaba Uribe. (…) explicó al Gobierno de EE.UU. que Uribe había recibido «financiación» para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vásquez, miembro del Cartel de Medellín que dirigía el capo del narcotráfico Pablo Escobar.El senador Vélez Trujillo también indicó a los estadounidenses que fue Uribe quien inició contactos con la madre de Pablo Escobar, mientras el narcotraficante intentaba negociar un canal de comunicación con el entonces presidente, César Gaviria (1990-1994). «Documentos desclasificados de Estados Unidos vinculan a Álvaro Uribe con el narcotráfico», vanguardia.com, 25 de Mayo del 2018, enhttp://www.vanguardia.com/colombia/434108-documentos-desclasificados-de-estados-unidos-vinculan-a-alvaro-uribe-con-narcotrafic
Daniel Libreros C. es docente e investigador de la Universidad Nacional-sede Bogotá y miembro del Movimiento Ecosocialista.
Fuente original: http://vientosur.info/spip.php?article13981
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.