Mientras el gobierno de Iván Duque se ahoga en casos de corrupción y en sus vínculos con el narcotráfico, trata de salir a flote haciendo populismo jurídico con el tema de la violación de menores y garroteando la constitución de 1991 [1], apelando a la emocionalidad para seguir consolidando el giro represivo y autoritario del Estado. Pero en medio de todo este populismo, la Fiscalía demuestra que tiene un corazón muy generoso cuando los violadores de menores son “los héroes de la patria”.
El día 21 de Junio, en la comunidad de Santa Cecilia, Risaralda, siete soldados secuestraron a una niña Embera de 13 años y procedieron a violarla brutalmente de manera colectiva. El Fiscal Barbosa imputó cargos a los siete soldados por “acceso carnal abusivo”, una figura diferente a la de “acceso carnal violento” [2]. Esta no es una cuestión meramente semántica. Esto implicaría que le menor consintió al sexo con los soldados porque no hubo resistencia física. Que se implique que una menor de edad haya consentido a tener sexo ¡con siete soldados! ya es una cosa macabra, brutal, violenta. Pero que el argumento sea que no habría habido resistencia física, es una cosa deshonesta. ¿Esperan que una niña de 13 años muerda y patee a siete soldados armados hasta los dientes? El profesor de derecho de la Universidad de los Andes, Ricardo Posada Maya, fue contundente:
“No hay acceso abusivo agravado. Podrían probar acceso carnal violento agravado. Ni eso saben distinguir bien. Ignoran la violencia a la que fue sometida la menor, la invisibilizan por ser funcionarios, la desestiman y eso, señores, es violencia. En este caso deben acusar bien…” [3]
Este punto no es menor: una mala imputación puede hacer que el juez no apruebe los cargos y que el caso se caiga. Es decir, la imputación de cargos del Fiscal no solamente significa que los soldados pagarían una condena de la mitad de lo que pagarían si se hubiera tipificado correctamente el crimen cometido. Como cosa aun más macabra, el Fiscal deja la puerta abierta para la impunidad por mala imputación de cargos. Y es que Colombia funciona así: el escándalo dura un día, todos se indignan, se rasgan las vestiduras, y a la semana nadie se acuerda del último escándalo, porque aquí uno vive en medio de un carrusel de escándalos. Una vez que pase la indignación, quedan las puertas abiertas para la impunidad –que sería más o menos la forma legal de decirles a los “héroes” que tiene luz verde para violar.
Además, servir a la justicia, en este caso, no pasa sencillamente por las penas que debieran recibir individualmente cada uno de estos violadores uniformados. Servir a la justicia pasaría por desmilitarizar los territorios rurales, las comunidades campesinas, indígenas y afros, pues a la sombra de esa militarización, suceden toda clase de horrores. Los soldaditos de la patria pueden cobrarse sus servicios de una manera no muy diferente a como los bárbaros en la Edad Media se cobraban sus servicios después de conquistar un imperio o una ciudad: saqueando y violando. Quién no lo crea puede hablar con cualquier campesino sobre cómo les saquean sus animales y sus fincas cuando les militarizan los territorios. De eso hay bastante dicho y no hay que agregar nada ahora. También les pueden preguntar a los campesinos cómo se comportan con las muchachas y las niñas en las zonas conquistadas. En muchas regiones, apenas llegan el ejército, los campesinos y los indígenas corren a esconder a sus hijas.
Ya casi nadie se acuerda del caso, pero esta no es la primera vez que un caso así ocurre. Otro caso casi calcado, pero donde además asesinaron a las víctimas, tuvo lugar el día 14 de Octubre del 2010, en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca. En esa ocasión, tres niños, Jefferson Jhoan Torres Jaimes (de 6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (de 9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (de 14 años), fueron secuestrados en su finca por soldados adscritos a la 5ª Brigada Móvil de la Octava división del Ejército colombiano, mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Luego del plagio, los niños sufrieron horrendas torturas, fueron violados y luego asesinados por degollamiento con machetes. Sus cuerpos, posteriormente fueron arrojados a una fosa común [4]. Este crimen, asumió un giro macabro cuando el día 22 de Marzo del 2011, en Saravena, Arauca, la jueza Gloria Constanza Gaona, de 37 años de edad cayó fulminada por cinco certeros disparos de un sicario en la esquina de la calle 29 con la carrera 16 [5]. Raúl Muñoz Linares, el subteniente responsable de las violaciones y del infanticidio, tuvo incluso la desfachatez de pedir cupo para su caso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) diciendo que su horrendo y atroz crimen fue cometido en el marco del conflicto armado [6]. En realidad, los abusos que se están cometiendo en nombre de la “paz” dan para todo.
Las organizaciones de mujeres de Risaralda están llamando a que en todo el país haya cacerolazos el Sábado 27 de Junio a las 7:00 pm llamando a protestar por este caso y para que cese la violencia contra niñas y mujeres. Una iniciativa sin lugar a dudas muy importante y todos, absolutamente todos, debemos estar en la calle ese día cacerola en mano llamando las cosas por su nombre: esto fue una violación y debe ser tratada como tal. Pero el problema de fondo no pasa por criticar tal o cual forma de violencia, ni por pedir penas más altas. El problema de fondo es la militarización del país, pues es la militarización la que crea las condiciones estructurales para que este crimen haya ocurrido. Y mientras esa militarización siga en pie, tendremos una y otra vez que volver a espantarnos de horrores como estos, cometidos en contra de mujeres, de niñas, de niños, de ancianos, de hombres, del que sea.
[1] https://rebelion.org/cadena-perpetua-otra-herida-mortal-a-la-constitucion-de-1991/
[4] http://anarkismo.net/article/17919