En 2005, las pérdidas por concepto de no pago de IVA en la construcción de viviendas, que beneficia a los sectores pudientes, ascenderá a US$ 290 millones. Paradojalmente, el presupuesto anual del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu) para viviendas sociales es de US$ 386 millones, apenas un 25 por ciento mayor que las […]
En 2005, las pérdidas por concepto de no pago de IVA en la construcción de viviendas, que beneficia a los sectores pudientes, ascenderá a US$ 290 millones. Paradojalmente, el presupuesto anual del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu) para viviendas sociales es de US$ 386 millones, apenas un 25 por ciento mayor que las pérdidas producto del no pago de impuestos.
«La derecha económica vota y financia a la Concertación porque sabe que sus negocios serán cada vez mejores con ese sector en el gobierno. Una prueba concreta es la abstención de la vocera del comando de Michelle Bachelet, Carolina Tohá en la votación para terminar con los privilegios para los propietarios de viviendas de lujo. Ese hecho concreto vale más que mil palabras», señala Patricio Herman, presidente de la Agrupación Defendamos la Ciudad.
El pasado 6 de julio, el Gobierno Regional Metropolitano (CORE) aprobó en el mayor de los sigilos la reducción del perímetro de protección del Reactor Nuclear de La Reina, sin el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. Este hecho, lejos de parecer extraño, confirma la manera de actuar de la autoridad gubernamental en materia urbano ambiental, caracterizada por privilegiar los intereses del sector inmobiliario por sobre los derechos y la salud de la comunidad. En marzo de 2003, la revista Punto Final denunció algo parecido: la Cámara de Diputados y el Senado – también entre ‘gallos y medianoche’ – ratificaban en sólo seis horas, la modificación del Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), dando luz verde para expandir la ciudad en 90 mil hectáreas de las comunas de Maipú, Lampa, Pudahuel, Colina y Til-Til, los mejores suelos silvoagropecuarios del país.
«Nada nuevo bajo el sol», afirma Patricio Herman, presidente de la Agrupación Defendamos la Ciudad, organización ciudadana que se ha opuesto en forma tenaz a la expansión ilimitada de la ciudad de Santiago. Se han constituido en una verdadera ‘piedra en el zapato’ para los especuladores inmobiliarios, a quienes Herman identifica como ‘depredadores’, que no trepidan en contaminar y afectar la calidad de vida de la comunidad, con tal de lograr suculentos negocios, que consiguen a través de contactos e información privilegiada, asegura.
Pero la del Reactor de La Reina, es sólo una entre muchas batallas, acometidas por Defendamos la Ciudad. También han cuestionado la licitación que entregó la concesión vial de la recién construida Costanera Norte al grupo italiano Impregilo; y han denunciado las millonarias utilidades del sector de la construcción, producto de la franquicia que les permite descontar el 65 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). «Esto generó un costo para los chilenos de US$ 200 millones en 2004», sostiene el dirigente.
Su evaluación del Gobierno de Ricardo Lagos, es bastante mala. Piensa que en materia urbano ambiental el sector inmobiliario ha hecho lo que ha querido. «Se ha privilegiado el negocio privado sin considerar las externalidades negativas de los proyectos, cuyos efectos son asumidos por una ciudadanía que mayoritariamente carece de conciencia social», sentencia.
Clasismo inhumano
¿Cómo pudo actuar el CORE de manera tan unilateral al reducir el espacio de protección del Reactor Nuclear?
«El CORE es una instancia pública absolutamente desperfilada que opera bajo la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, establecida durante el gobierno de Patricio Aylwin. En esa instancia se decide – entre otras cosas – las materias referidas a los planes reguladores intercomunales y en el caso de Santiago, actúa como un vulgar ´buzón´ de las iniciativas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) u otros servicios públicos. La Contraloría General de la República había rechazado en dos oportunidades la medida, pero lamentablemente sucumbió a las presiones de la Municipalidad de Las Condes, del Minvu y de todos aquellos que estiman que ceñirse a la ley es una traba burocrática. El único miembro del CORE, que rechazó la aprobación fue Pedro Saitz del Partido por la Democracia, porque conoce la ley y es renuente a escuchar a los lobbistas».
¿Cómo se conforma el CORE?
«Los miembros del CORE son políticos de nivel medio nombrados por las maquinarias de los partidos políticos, que se benefician del sistema binominal. Eso explica que hayan aprobado un proyecto de éstas características sin el Estudio de Impacto Ambiental, correspondiente».
¿Qué peligros para los habitantes de Las Condes y La Reina puede provocar esta decisión?
«El peligro será para los habitantes de las viviendas básicas que esperan construir allí. La idea de instalar a compatriotas de escasos recursos en parte de esos terrenos riesgosos para la salud humana, es una muestra más del comportamiento segregacionista e indolente de nuestras autoridades. Como no habrá Estudio de Impacto Ambiental, tampoco existirá participación ciudadana ni la obligación de implementar medidas de mitigación y reparación. En Chile, no sólo el sector privado evade la regulación ambiental, sino también el sector público y las municipalidades».
«Defendamos la Ciudad» también ha cuestionado la licitación que entregó la concesión vial de la recién construida Costanera Norte al grupo italiano Impregilo. ¿Qué aspectos de la Ley de Concesiones han sido vulnerados con esta operación?
«Precisamente, la mayor irregularidad la constituye la asignación del proyecto al grupo Impregilo y sus dos pequeños asociados chilenos, las constructoras Fe Grande y Tecsa. Ello, porque el trazado definitivo de la obra vial, actualmente en operación, es distinto al diseño original licitado. Esta ‘gracia’ le costó al Estado una suma importante de dinero, lo que representamos formalmente al jefe de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Camilo Rojas. Nuestro objetivo es comparar las cifras para saber por qué el gobierno ha sido tan ‘magnánimo’ con las empresas que ganaron la licitación. Estamos hablando de subsidios equivalentes al 40 por ciento de la inversión total, que a la fecha asciende a US$ 670 millones».
¿Y han logrado determinar la razón de tanta anuencia gubernamental con estas empresas?
«Estamos investigando, porque nos parece realmente muy extraño. En todo caso, no es la única anomalía en el proyecto Costanera Norte. Además, el MOP está prácticamente regalando a nueve sociedades de inversión e inmobiliarias, predios riberanos al río Mapocho en las comunas de Vitacura y Lo Barnechea, definidos como bienes nacionales de uso público. Estos terrenos fueron tomados después de las inundaciones de 1982 y existe en la actualidad un litigio judicial por el dominio de los predios. Como el contrato de concesión de la autopista, firmado por las partes en plena disputa, contempla multas por la no entrega en ciertos plazos de los terrenos donde se emplaza la vía, los funcionarios del MOP y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) están a punto de sucumbir a los intereses de estos privados, que saben como aprovecharse de un Estado débil y fláccido».
IVA y desigualdad
Ustedes también han denunciado que el sector de la construcción opera con altísimos márgenes de utilidad, gracias a la franquicia de descontar el 65 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). ¿Cómo logra este sector acceder a una exención tan alta? ¿Estamos frente a una situación de fraude tributario?
«Efectivamente, y el fraude se comete al amparo de la aplicación de las franquicias que tienen los compradores de ‘viviendas económicas DFL2 ampliables’. La mayoría de estas propiedades, aumenta su superficie útil de 140 m2, luego de las recepciones municipales finales. Incluso algunas inmobiliarias, concientes de la ausencia de fiscalización, instalan la calefacción en las terrazas, con el propósito de agrandar los dormitorios hacia esos espacios semi-abiertos. Estos inmuebles, se cotizan en el mercado a un valor que oscila entre las 6.000 y 8.500 Unidades de Fomento, dependiendo de su localización, orientación y altura».
¿Ésta exención sólo beneficia a los propietarios de los DFL2?
«Como Chile es el paraíso de los pudientes, quienes adquieren viviendas de lujo tampoco pagan el IVA por la compra de insumos de construcción. Por eso, apoyamos la iniciativa del diputado Carlos Montes, que propuso derogar este subsidio que profundiza las desigualdades tributarias existentes en el país. El objetivo del proyecto de ley era focalizar el subsidio sólo para las viviendas sociales. Inicialmente, las comisiones de Vivienda y Hacienda de la Cámara de Diputados, habían aprobado el término de la franquicia. Sin embargo, recientemente la Cámara de Diputados rechazó este proyecto del ley, con el apoyo en masa de la Derecha y con los votos de varios diputados concertacionistas. Quienes se abstuvieron – como los socialistas Fulvio Rossi y Carolina Tohá – también contribuyeron a salvaguardar los privilegios de los poderosos de este país».
¿Qué otra alternativa existe?
«Si el Presidente Ricardo Lagos no hace suya la modificación, por tratarse de tributos, el asunto quedará en nada y los pobres seguirán esperando indefinidamente el prometido ‘chorreo’, que supuestamente genera el crecimiento de la economía».
¿Qué proponen ustedes frente a estas irregularidades?
«Derogar las franquicias que benefician a los propietarios de las DFL2, porque de ‘viviendas económicas’, no tienen nada. También planteamos terminar el subsidio que beneficia a los dueños de casas de lujo. Si los dirigentes políticos asumieran sus responsabilidades, delegadas por una población mayoritariamente desinformada, el Estado percibiría mayores ingresos y podría construir más y mejores viviendas sociales. En 2005, las pérdidas por concepto de no pago de IVA en la construcción de viviendas, ascenderá a US$ 290 millones. Paradojalmente, el presupuesto anual del Minvu es de US$ 386 millones, apenas un 25 por ciento mayor que las pérdidas producto del no pago de impuestos. Por eso hay que ser muy claro: para generar políticas públicas orientadas a terminar con la inequidad social es fundamental aprobar la ley del IVA y suprimir la mendacidad institucionalizada de las viviendas económicas».
¿Qué acciones concretas han realizado para lograr lo que plantean?
«Hemos entregado todos los antecedentes al Minvu y a las comisiones sectoriales del poder legislativo para normalizar el mercado inmobiliario. Lamentablemente, como los actores beneficiados tienen buenos contactos con los políticos que deciden estas cosas, se mantiene la figura regresiva y falaz de las viviendas económicas. En Chile prevalece la hipocresía y el doble estándar».
A pocos meses del término del gobierno de Ricardo Lagos, ¿Cómo _evalúa usted su gestión en el ámbito urbano-ambiental y en general?
«El sector inmobiliario ha hecho lo que quiere. Para ello, ha tenido como comparsa al Minvu. En el tema urbano sólo se ha privilegiado el negocio privado sin considerar las externalidades negativas de los proyectos, cuyos efectos son asumidos por una ciudadanía que mayoritariamente carece de conciencia social.
En lo general, Lagos ha sido un continuador de los dos gobiernos anteriores. Es un pragmático, que ha sabido relacionarse con los dueños del capital nacional y transnacional, que son en definitiva quienes mandan. Sabe producir efectos comunicacionales, a través de medidas que en lo real aportan poco. Su gobierno no ha hecho nada para revertir la tremenda desigualdad existente».
Todo parece indicar que Chile transita hacia un cuarto gobierno de la Concertación. ¿Cómo visualiza usted un eventual gobierno de Michelle Bachelet?
«Tengo certeza que la derechizada Concertación ganará la elección en diciembre con Bachelet y también a nivel parlamentario. La derecha económica vota y financia a la Concertación porque sabe que sus negocios serán cada vez mejores con ese sector en el gobierno. Una prueba concreta de lo que digo es la abstención de la vocera del comando de Michelle Bachelet, Carolina Tohá en la votación para terminar con los privilegios para los propietarios de viviendas de lujo. Ese hecho concreto vale más que mil palabras».