El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, condenó a 40 años de prisión a seis militares por el asesinato en 2008 del dirigente indigena Edwin Legarda Vásquez.

Los uniformados, ya en situación de retiro, fueron encontrados culpables de los cargos de homicidio agravado.

El dictamen implica al sargento viceprimero Alexis Ramírez Vivas, al cabo tercero Javier Alonso Osorio Díaz y los soldados profesionales Lisandro Caicedo Obando, Javier Francisco Belalcázar Trochez, Numar Armido Muitrón Cabezas y William Weimar Lemeche Hurtado.

Además la condena del juzgado obliga a los funcionarios a cancelar una multa de 2 mil 666 salarios mínimos legales vigente de 515 mil pesos (poco más de 286 dólares).

El fallo también inhabilitó a los militares durante 20 años para ejercer cargos públicos. Ante las medidas del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, la defensa apeló la sentencia.

Los seis implicados en el homicidio fueron recluidos en la cárcel de San Isidro en Popayán, informó la fiscalía.

Antes de esta sentencia, el pasado mes de junio el mismo juzgado de Popayán había declarado culpables a los militares. Posteriormente, un séptimo funcionario fue absuelto de los hechos, según informó la sección de la fiscalía en esa ciudad capital del Cauca.

Legarda fue asesinado el 16 de diciembre de 2008, cuando se trasladaba en una camioneta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) por la vía que conduce de la localidad de Inzá a Popayán (suroeste). Iba camino a buscar a su esposa, la líder indígena Aida Quilcué.

El auto en el que viajaba el dirigente fue encontrado con 15 disparos de fusil en sus lados y dos que entraron por el parabrisas.

Tras los hechos, los militares imputados argumentaron que el originario hizo caso omiso a una orden de detención emitida de un retén, por lo que abrieron fuego contra el vehículo que conducía.

Un día antes del homicidio, la esposa del fallecido, Aida Quilcué, había regresado de Ginebra, donde asistió a sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El CRIC ha denunciado que el objetivo del ataque era Aida Quilcué, por entonces consejera mayor de esta organización y quien había encabezado dos meses antes una protesta indígena que movilizó a más de 40 mil aborígenes por el suroeste del país y hasta Bogotá.

Por su parte, la dirigente indígena colombiana, Aida Quilcue, ha asegurado que el asesinato de su esposo, Edwin Legarda, «constituye un crimen de Estado, el Ejército lo asesinó».

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