En marzo de este año, al asumir la presidencia Michelle Bachellet, señalamos que «el nuevo gobierno genera esperanzas en muchos chilenos que hoy le dan su respaldo, pero debe quedar claro que para revertir las injusticias y discriminaciones no se puede confiar en la buena voluntad o la «sensibilidad» de los administradores actuales. Son los […]
En marzo de este año, al asumir la presidencia Michelle Bachellet, señalamos que «el nuevo gobierno genera esperanzas en muchos chilenos que hoy le dan su respaldo, pero debe quedar claro que para revertir las injusticias y discriminaciones no se puede confiar en la buena voluntad o la «sensibilidad» de los administradores actuales. Son los propios sectores sociales los que deben hacerse oír y luchar con fuerza, luchar no sólo por sus demandas mas urgentes, sino también por formas de organización y dirigencias comprometidas con esa lucha, como un proceso en dirección a un proyecto de auténtico y patriótico desarrollo para nuestro pueblo.»
Pues bien, eso es lo que ha ocurrido, la movilización social ha sido un protagonista innegable en los últimos meses; los pobladores sin casa y deudores habitacionales, los trabajadores subcontratistas, las organizaciones de la nación mapuche, los estudiantes universitarios, y en especial los secundarios, se han hecho escuchar y legitimaron en los hechos la movilización de masas como la principal forma de expresión.
En estas ultimas semanas, los «pinguinos» han sido protagonistas de movilizaciones cuya masividad y firmeza se acrecentaron en la misma medida que el gobierno, en especial el Ministro de Educación, han tenido una conducta contradictoria y torpe que sólo ha logrado agudizar el conflicto. Primero recurrieron a la satanización y el desprestigio de la movilización bajo la condena a la «violencia» , el » vandalismo» y «los encapuchados», buscando así manipular la situación y desviar el foco de los problemas reales. Luego, el Ministro de Educación comete el mismo error del año 2001 de la entonces ministra Mariana Aylwin, al decir que no dialogaría con estudiantes en toma o movilizados, en fin una seguidilla de errores que demuestran la lejanía de los gobernantes con la realidad social chilena.
Sin embargo, lo más torpe en términos de conducción es haber subestimado al movimiento estudiantil,, viéndose obligado el gobierno a asumir un debate nacional ya no sobre demandas económicas puntuales, sino también sobre un tema de mayor alcance como es la actual ley LOCE [1]. A estas alturas, la única salida digna que le queda al Ministro Zilic es presentar la renuncia a su cargo.
Analizando esta lucha en términos de sus contenidos, independiente de las justas demandas específicas sobre el pase escolar y la PSU gratuitas, o del resultado de la discusión sobre la LOCE, el verdadero tema de fondo o, estructural, es que este conflicto refleja las contradicciones sociales que genera un sistema educativo que no hace mas que reproducir las características injustas y desiguales del modelo económico neoliberal. La injusta distribución del ingreso que provoca el modelo en general se proyecta en el acceso y la calidad de la educación.
Como Rodriguistas pensamos que este movimiento, de acuerdo a la conducción que tenga, tiene la oportunidad de abrir paso a un proyecto de sistema educativo nacional publico de calidad y gratuito, basado en el desarrollo integral del individuo, lo que implica mejoras en la infraestructura (diseño y construcción de establecimientos educacionales, seguros, amplios, cómodos y acogedores) y equipamiento (cantidad y calidad acorde a las necesidades en cuanto a los computadores, libros, material didáctico, etc.) donde se motive la crítica, el conocimiento científico, la expresión artística, cultural y el reconocimiento de la identidad tanto individual como colectiva.
Sin embargo, también estamos concientes de que una política educacional es parte de la superestructura de la sociedad chilena, la cual hoy en día tiene una base o estructura económica que concentra la riqueza y la propiedad en pocas manos. Es decir, si se habla de soluciones «de fondo» auténticas y coherentes para la educación, se debe también impulsar la crítica y la lucha contra el modelo en su conjunto, o bien ligar una propuesta educativa alternativa a un proyecto de autentico desarrollo nacional soberano, punto que permite articular la lucha estudiantil con la de todos los sectores sociales, y que se concreta en la convocatoria a paro y movilización nacional para el 5 de junio.
Pensamos que una definición sobre este aspecto estructural de la sociedad puede ayudar a exponer los verdaderos intereses de todos los que desde el poder se han declarado solidarios con las demandas estudiantiles, y así vemos como conspicuos dirigentes de la UDI, Renovación Nacional y la Concertación, ahora «descubren» el problema de la educación chilena, y lo utilizan para sus pugnas por hegemonía o bien para perfeccionar el modelo neoliberal por medio de reformas parciales.
En todo caso este es un proceso abierto y en desarrollo, que en su trayecto irá despejando posiciones y proyectos más globales, pero que desde ya deja establecida una feroz crítica a las desigualdades intrínsecas del modelo y que como ya dijimos instala e incluso legitima, a pesar del oficialismo y de la campaña del terror de la prensa sistémica, la movilización de masas como la principal manera de conquistar las demandas más sentidas por los sectores sociales.
En términos de la organización estudiantil, no faltaron quienes se «sorprendieron» de su fuerza y masividad, o quienes lo atribuyeran a «nuevas formas de organización», opiniones que sin duda provienen de quienes no han sido parte o no han querido ver el proceso en su conjunto. El actual conflicto es la continuidad de una senda de organización y lucha que viene desde octubre del año 2000, con el nacimiento de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), que representa la superación dialéctica de la FESES, y que clava sus primeras lanzas el año 2001 en el conflicto por la administración de los pases escolares, cuando el gobierno intenta delegarla en el mafioso gremio de los empresarios microbuseros liderado por Demetrio Marinakis.
En esa oportunidad, luego de un proceso de masiva movilización callejera y un exitoso paro cuya prolongación doblegó la soberbia y la estupidez de la Ministra de Educación de entonces, Mariana Aylwin, el gobierno retrocedió en sus afanes y se devolvió al Estado la administración del pase.
Tal como ocurrió entonces, los aspectos organizativos que hoy dan fuerza al movimiento se sustentan en una construcción desde la base, desde cada colegio o liceo, con metodologías de conducción y dirección basadas en la democracia directa y participativa practicada en asambleas estudiantiles, y en la cual los dirigentes de ACES son funcionales y deben responden a las decisiones tomadas públicamente en dichas reuniones
Sobre las formas de lucha
No es algo cien por ciento inédito lo que se ha visto en este conflicto secundario, forma parte de las mejores tradiciones de construcción y lucha de la clase obrera, los pobladores y los estudiantes por muchas décadas. Sin ir más lejos, es lo que permitió el nacimiento de la FESES en el período de la dictadura. Podríamos decir que es un desarrollo en espiral del movimiento estudiantil secundario, donde de la demanda por la administración del pase el año 2001, se da el salto a cuestionar la ley que regula la educación chilena, lo cual en todo caso ya estaba presente como crítica desde el comienzo de la ACES.
En términos de las formas de lucha el movimiento secundario, así como otros sectores sociales, se destaca por el rescate de la acción directa de masas como una forma más de participación social. Y como era de esperarse, el gobierno y los medios de comunicación oficialistas han rasgado vestiduras por los «desmanes», «el daño a la propiedad pública y privada», etc. etc. Similar discurso hemos visto para enfrentar las movilizaciones del pueblo mapuche, los trabajadores y pobladores, o durante los actos del 1 y 21 de mayo, discurso y condena genérica a la cual se han sumado incluso sectores de la izquierda agrupados en el PODEMOS.
Sobre esto le diríamos al gobierno, la concertación y la derecha, que si les preocupan los efectos pues que no generen las causas, y en este contexto surgen las nociones de violencia directa (física) y violencia indirecta (estructural). La violencia es inherente a una estructura social injusta, a un orden social basado en la explotación del trabajo por el capital, en la exclusión y marginación económica, social y cultural de vastos sectores de la sociedad. De hecho la violencia no se reduce únicamente a su manifestación más ostensible, a su forma represiva. Esta última es sólo una vía que permite mantener maniobrando y desarrollándose a la violencia estructural en su conjunto, al capitalismo. En otras palabras, la violencia económica influye y se reproduce a través de todo el sistema consolidándose como violencia estructural.
En este marco, y mediante la manipulación y desinformación ideológica, se tiende a dar un carácter significativamente más negativo a la violencia directa que a la indirecta; se condena el destrozo de la propiedad pública y privada, pero no ocurre lo mismo con la miseria, la pobreza, la carencia de educación, vivienda o salud.
En este punto queremos manifestar que los revolucionarios reivindicamos el derecho del pueblo a utilizar organizadamente los medios ilegales y semilegales en la lucha social, incluyendo la violencia física cuando el Estado no deja otro camino, y en ultima instancia es una respuesta o una defensa frente a un estado de violencia inherente a una estructura social injusta, a un orden social basado en la explotación del trabajo por el capital, en la exclusión y marginación económica, social y cultural de vastos sectores de la sociedad. El desafío para los sectores populares es superarse en los niveles de organización y conducción centralizada cuando el enfrentamiento se hace necesario, para cumplir los objetivos fijados por el movimiento social, no sólo conteniendo la represión al menor costo posible sino también erradicando el espontaneismo, «la pose» o el sectarismo efectista.
[1] Esta ley orgánica de educación fue un legado de ultima hora de la dictadura (ley 18.962 de 10 de marzo de 1990), y que consagra un modelo educativo coherente con el modelo capitalista dependiente impuesto en nuestro país, el derecho a la educación de todos los chilenos es reemplazado por la «libertad de enseñanza», es decir la libertad de empresa y comercialización con la educación, los educandos son convertidos en consumidores en una lógica de libre competencia, con acción subsidiaria del estado en los niveles básico y medio y restringida en el nivel superior.