«El Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera a la sociedad; tampoco es «la realidad de la idea moral», ni «la imagen y la realidad de la razón», como afirma Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de […]
«El Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera a la sociedad; tampoco es «la realidad de la idea moral», ni «la imagen y la realidad de la razón», como afirma Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos inconciliables, que es impotente para conjurarlos. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del «orden». Y ese poder, nacido de la sociedad pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado»
(F. Engels)
Toda crisis, además de traer un retoño en sus entrañas, clarifica y muestra con nitidez lo que sirve y lo inservible; aquello que se precisa mantener y lo que es necesario cambiar. La presente crisis general del capitalismo -que va para el cuarto año y cada vez más profunda- es tan global como el mismo modelo neoliberal y ha provocado movilizaciones sociales, protestas y exigencias de cambios estructurales en todos los continentes. Una nueva Constitución y la Revolución se ponen a la orden del día.
En Chile (cualquier semejanza con otros países no es casualidad), desde el mismo momento de asumir Piñera y la derecha más reaccionaria al gobierno, comenzaron los conflictos sociales de envergadura. El terremoto y las políticas torpes por su extremismo en beneficiar los intereses de las grandes empresas pudieron influir, pero las verdaderas causas provienen de decisiones tomadas en los gobiernos de la Concertación. La diferencia es que a Piñera y a la Alianza han debido enfrentar el declive terminal del ciclo neoliberal instaurado por la dictadura militar. Esta cuestión es además una de las razones de su victoria electoral (muchos vieron en sus promesas y en su equipo a los mejores ejecutivos empresariales del país como lo mejor para enfrentar la crisis). Así como el imperialismo norteamericano usó la feroz dictadura de Pinochet para instaurar y poner a prueba su modelo usando todos los medios de amarres con la intención de hacerlo «indestructible» y perpetuarlo en el tiempo, así de violento tendrá que ser su fin. La conjunción de los tres años de la Unidad Popular (donde por primera vez el pueblo se sintió gobierno), los diecisiete años de dictadura militar (con todas sus secuelas y heridas aun no sanadas) y los veinte años de adormecimiento de la Concertación, han creado un volcán lleno de magma que de no permitir su salida se transformará en un violento estallido.
Muchos consideran la Constitución fraudulenta instaurada por la dictadura militar y elaborada por Jaime Guzmán en 1980 como principal «piedra de tope» para cualquier transformación política económica o social en el país, porque todo cambio atentatorio contra el «libre mercado» la contraviene. En este marco, la consigna «Asamblea Constituyente» es una de las más invocadas por los movimientos sociales pues junto a la crisis del modelo también está la Constitución: su fundamento jurídico.
La Asamblea Constituyente podría, en teoría, ser la forma más democrática de un régimen capitalista como el nuestro si las elecciones de sus miembros fueran una expresión exacta de la voluntad del pueblo. Sin embargo, en la práctica, podría ser inviable o no ser muy diferente a las instancias democráticas actuales pues los amarres legales impiden algo semejante. Por eso no hay que asombrarse que la Concertación quiera transformarse en el adalid de una convocatoria para una Asamblea Constituyente pues dentro de las posibilidades reales, ella impondría su voluntad. El lema preferido de la Concertación cuando gobernó fue «dejad que las instituciones (del Estado) trabajen» o «la institucionalidad funciona» acomodándose perfectamente a la institucionalidad pinochetista y de vez en cuando realizando algunos retoques cosméticos a la Constitución. Tuvo su oportunidad, el pueblo creyó en ella, y despilfarraron veinte años sin crear los mecanismos necesarios para poner fin a la Constitución de 1980 y establecer una nueva a la medida de los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo.
El Partido Demócrata Cristiano, los ex partidos de la Unidad Popular como el Socialista y Radical, que en conjunto asimilaron a los miembros de los otros referentes que se disolvieron, fueron alguna vez los representantes políticos de las grandes masas populares. En los 20 años de Concertación, la «miel del poder» hizo que traicionaran al pueblo, lanzándose a sí mismos al basurero de la historia.
Cambiaron la representación de los intereses populares por la de los grandes empresarios. Además de transformarse ellos mismos en dueños o accionistas de grandes o medianas empresas una vez dejados los cargos gubernamentales pasaron a ocupar la de lobistas, asesores o ejecutivos de estas.
La fragmentación laboral generada por el neoliberalismo y con ello la atomización de los partidos políticos más las leyes de la dictadura en acuerdo con la Concertación como el sistema electoral binominal, hace imposible convocar una Asamblea Constituyente verdaderamente democrática. Jorge Arrate tuvo la desvergüenza de proponer al parlamento actual como Asamblea Constituyente cuando las encuestas de opinión -Adimark y CEP- le dan al conjunto de la Alianza y la Concertación un poco más de un 40%. La realidad, es que este parlamento nunca fue representativo de nuestra sociedad, nunca fue democrático. Más de la mitad de nuestro pueblo no está representado en ese parlamento y menos se pueden constituir como la máxima expresión democrática del país. Ni siquiera mediante una reforma constitucional que permita elecciones proporcionales es posible incorporar listas de las miles de organizaciones y colectivos para que el pueblo esté verdaderamente representado, amén de que los sectores más reaccionarios no van a permitir ningún cambio fuera del orden jurídico vigente.
Todas las manifestaciones populares y sociales del último año van más allá de simples reivindicaciones parciales o temporales. La mayoría exige cambios estructurales que la institucionalidad vigente es incapaz de satisfacer. Estamos inmersos en una crisis estructural del capitalismo que abarca todos los aspectos del sistema y que es imposible resolver mediante parches o cambios parciales. Un plebiscito «podría» resolver el problema de la educación gratuita y de buena calidad para todos pero no los de los mapuches, de los pequeños empresarios, de los trabajadores subcontratados, de los cesantes, de los campesinos, de los asalariados, de las minorías discriminadas, de la preservación del medio ambiente y la defensa de nuestras riquezas básicas, de la delincuencia, narcotráfico y drogadicción, del problema de la salud, entre otras lacras que genera el sistema.
Cuando el pueblo deja de sentirse representado por sus líderes históricos, asume por sí mismo la lucha por sus intereses, asume un rol más participativo y combativo. Eso ocurre en Chile, en un movimiento liderado por los estudiantes, las masas populares exigen cambios a todo nivel, está afrontando con arrojo una lucha contra el gran empresariado y su sistema.
El Estado y sus instituciones no son exclusivamente un instrumento para amortiguar los conflictos entre los diferentes sectores sociales. Cumplen un papel fundamental en la represión de los movimientos populares y sociales para enfrentar las crisis, tal como se percibe a lo largo de la historia desde el surgimiento del capitalismo y que ha incorporado a la literatura a personajes siniestros y crueles como Luis Bonaparte pasando por los zares en Rusia, Hitler en Alemania y Pinochet en Chile, personajillos útiles a los intereses de los sectores más fuertes y reaccionarios del capitalismo.
Los sectores más reaccionarios de las clases dominantes implantan dictaduras y desechan las mismas leyes que han promulgado y refrendado en contra de los intereses de las grandes mayorías. Leyes que en tiempos calmos, santifican pero en tiempos de crisis, arrasan sin ningún tapujo.
Que nuestro porvenir sea una dictadura con una feroz represión (doctrina del shock para reiniciar, «resetear» la voluntad del pueblo), una aguda confrontación o un paso relativamente pacífico a profundos cambios en nuestra sociedad depende exclusivamente de la organización y unidad que asuma la lucha del pueblo mismo. Esto de alguna forma está sucediendo de modo espontáneo a niveles del estudiantado y los sectores organizados de los trabajadores. No obstante, falta una enormidad para abarcar al conjunto de nuestro pueblo. Surgen embriones de instancias democráticas que es preciso desarrollar en todos los ámbitos del pueblo e ir creando Asambleas Ciudadanas o Populares en las cuales los trabajadores organizados y los estudiantes aporten con sus experiencias, iniciativas y conocimientos.
La disyuntiva real reside en que el capitalismo no tiene, en las condiciones actuales, con los mercados copados para invertir sus capitales, ningún futuro excepto una guerra de saqueos y apropiación de nuevos mercados o destrucción de fuerzas productivas que permitan el crecimiento y expansión del capital que justifique su existencia. Adoptará decisiones al margen de las leyes internacionales chantajeando y utilizando argucias, como en el caso de Libia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas; para evitar «muertes de civiles» han engendrado una guerra civil parcializándose con un sector y lanzando bombardeos indiscriminados tanto contra fuerzas gubernamentales como contra la infraestructura matando a civiles inocentes.
Lo que ocurre en Chile, no es una excepción. Los pueblos se levantan y exigen cambios ante la crisis del capitalismo: en los países árabes se han alzado contra los resabios feudales y monárquicos, contra sistemas y leyes arcaicas que impiden el libre desarrollo; en Grecia se rebelan los trabajadores contra el sistema en crisis; en España surge el movimiento de los indignados exigiendo cambios estructurales; en Israel ocurre lo mismo; en Inglaterra se generaliza un estallido social, en Italia, Francia, Alemania, protestan los trabajadores y los estudiantes. El mundo está en ebullición buscando el cambio del sistema que los oprime.
Los pueblos del mundo tienen aun en la memoria las atrocidades de las guerras mundiales pasadas que es la salida que el imperialismo tiene para enfrentar las crisis. Ésta memoria y la voluntad de defender la vida, pueden ser decisivas para evitar una la guerra a la cual nuevamente nos conduce el imperialismo, que dado el alcance destructivo de sus armas, no conceden a la humanidad y al planeta ninguna posibilidad de sobrevivir.
A medida que los movimientos sociales se unan y coordinen, que sean capaces de generar propuestas alternativas al sistema capitalista, que superen las causas de las injusticias y le den esperanzas reales al pueblo; a medida que logren instancias dirigentes capaces y que consigan ser protagonistas de su futuro; se logrará evitar conducir al precipicio a la humanidad. Lo logrará cada pueblo en su país, en su propia realidad con sus propios intereses y su propia diversidad pero teniendo todos en común al mismo enemigo: al imperialismo, al capitalismo.
La creación de instancias verdaderamente democráticas como las asambleas populares donde participasen todos los sectores de nuestra población, podría echar los cimientos de una nueva Democracia Participativa y Popular, pues la democracia representativa quedó obsoleta junto al sistema capitalista. En la medida que sean abarcados y legitimados todos los sectores de nuestra sociedad, ellos se van a ir transformando en la estructura de una real democracia.
Los sectores dominantes recurrirán a todos los recursos para impedirlo; la Concertación hará intentos de adormecer al movimiento y organizaciones populares con «mesas de diálogo» y discursos demagógicos para asumir el liderazgo y suscitar la simpatía del movimiento por las futuras elecciones municipales. La Alianza en el gobierno recurrirá a la represión, control y desprestigio de los líderes y organizaciones populares, amenazas y amedrentamiento, provocaciones para desacreditar al movimiento, propuestas y medidas populistas a la usanza de Hitler en los años 30 del siglo pasado. Junto con esto se maniobrará para dividir al movimiento popular con discursos discriminatorios hacia sectores minoritarios (aquí sería contra los peruanos y bolivianos, con el argumento vil de que les quitan puestos de trabajo a los chilenos). Algunos de sus ministros fueron parte del gobierno dictatorial con amplia experiencia en represiones. El Partido Comunista establecerá alianza con la Concertación, pues se hizo parte del sistema al trasladar toda su lucha al parlamento, justo en el momento en que no debía hacerlo. En los hechos, se inhabilitó para resolver los problemas de las masas populares aislándose de éstas y mostrando total incoherencia con los principios y doctrina de Marx y Lenin que alguna vez pregonaron. Así como el Partido Socialista incorporó militantes a «La Oficina» (Dirección de Seguridad Pública e Informaciones) para combatir al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Lautaro y otras organizaciones que no aceptaron la continuidad del modelo, el Partido Comunista será parte de la desarticulación y neutralización de los movimientos sociales cumpliendo roles colaboracionistas con el gobierno. Es inevitable.
La multiplicidad de intereses, la fragmentación política y organizativa, la falta de organización en los trabajadores, debido a las leyes laborales imperantes, la falta de consenso en un proyecto transformador que represente los intereses inmediatos de todo nuestro pueblo son los obstáculos a superar. Sólo con ello, será posible realizar las transformaciones de fondo. El paso de la gran empresa y de las industrias estratégicas y las riquezas básicas a manos del Estado o bajo su control; la reestructuración de toda la institucionalidad vigente incluyendo las FFAA con cambios en su doctrina y todo el alto mando; la resolución definitiva de las violaciones de los DDHH durante la dictadura; la garantía de educación y salud dignas y gratuitas para toda nuestra población, la garantía del progreso preservando el medio ambiente e identidad cultural, son medidas necesarias y comunes a los intereses de la mayoría de nuestro pueblo.
El logro de estas transformaciones, sin entrar a una conflagración, dependerá de la fuerza que muestre el movimiento popular tanto en su accionar como en la capacidad de masificarse abarcando todos los rincones del país. Ello, sumado a la cohesión, organización y liderazgo con lo cual mostrará su capacidad de interlocutor válido ante las fuerzas dominantes. Que su fuerza permita legitimar una nueva democracia cuyo fundamento sea la participación de las masas en las decisiones políticas, único modo de incorporar los intereses de todos los sectores populares en las políticas nacionales. Solo la fuerza que demuestre el pueblo en su lucha impedirá que los sectores reaccionarios recurran una vez más a la violencia e implanten una dictadura abierta para acallar la voluntad de nuestro pueblo.
En definitiva la única manera de instaurar una nueva Constitución realmente democrática es con una revolución.